VALENCIA.- La líder del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reclamado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que se pronuncien sobre la polémica en las adjudicaciones de las viviendas de protección pública (VPP) en Playa de San Juan (Alicante).
En estos términos se ha expresado Diana Morant, a preguntas de los medios, a su llegada a la XXXI Muestra del embutido artesano y de calidad de Requena (Valencia).
Diana Morant ha pedido a Feijóo, quien participará el próximo martes 10 de febrero en un diálogo en la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), que se pronuncie sobre el «escándalo» en las adjudicaciones de las viviendas de protección pública en Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante.
«Me gustaría que aprovechara esta oportunidad para pronunciarse sobre el escándalo que hemos conocido sobre la vivienda pública en Alicante. Una promoción de vivienda pública, la primera en 20 años, donde ha habido una adjudicación absolutamente oscura y presuntamente corrupta», ha comentado.
La líder de los socialistas valencianos ha recalcado que el Partido Socialista está pidiendo «la máxima responsabilidad», que, a su juicio, es la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala.
«Feijóo tendrá que pronunciarse ante esto. Incluso, hasta Pérez Llorca, que tampoco se está pronunciando porque está involucrado el Partido Popular de Alicante, pero también el PPCV», ha dicho.
La polémica ha llegado tras conocerse que la hasta hace unos días concejala de Urbanismo en el Ayuntamiento, Rocío Gómez, y que familiares de la también dimitida directora general María Pérez-Hickman, así como un arquitecto municipal, están entre los adjudicatarios de VPP.
Ante estos hechos han dimitido Gómez, Pérez-Hickman y el jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Miguel Ángel Sánchez, que negó tener vinculación «jurídica, patrimonial ni administrativa» con la promoción, aunque una de las adjudicatarias es la madre de sus dos hijas.
Del mismo modo, la Generalitat ha suspendido de empleo y sueldo a un funcionario por un visado de esta promoción, al ser marido de una solicitante que resultó adjudicataria y que es «funcionaria del Ayuntamiento de Alicante» y por supuestamente omitir datos relevantes sobre la unidad de convivencia de la que él formaba parte.
Sobre la situación de la exedil de Urbanismo, Barcala afirmó en el pleno al respecto que «al menos dos familiares estaban también implicados» y avanzó: «Ejerceremos acciones legales para que quienes ilegítimamente han adquirido viviendas en Les Naus las pierdan».
El alcalde también anunció la apertura de un expediente informativo a dos técnicos de Urbanismo beneficiarios directos de viviendas de esta cooperativa para conocer y, en su caso, depurar responsabilidades.
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