Así lo han indicado los portavoces de ambos grupos, Papi Robles y Borja Sanjuán, después de que la titular de la plaza 13 de Instrucción del Tribunal de Instancia de València haya procesado a 38 investigados por presunta corrupción en relación con el supuesto cobro de comisiones ilegales en adjudicaciones del Ayuntamiento de la capital del Túria y operaciones urbanísticas en otras localidades de la Comunitat Valenciana, que se habrían cometido entre los años 1999 y 2013.
Entre los procesados figuran el exvicealcalde de València con Rita Barberá, Alfonso Grau, sus dos hijas y yernos; el cuñado de la exalcaldesa fallecida, el abogado José María Corbín, y tres sobrinas de la ex primera edil; el ex director general de Transparencia y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de València, Jorge Bellver; el exportavoz socialista en el consistorio y ex subdelegado del Gobierno, Rafa Rubio; su mujer; el letrado y ex director jurídico de la extinta Divalterra, José Luis Vera; funcionarios, empresarios y abogados.
La magistrada sostiene que Grau, el empresario Jaume Febrer y Corbín formaron "una verdadera asociación con fines delictivos" al estar involucrados en las operaciones inmobiliarias en relación tanto al Ayuntamiento de València como a la entidad pública AUMSA, "de tal modo que podían amañar las adjudicaciones de obra o contratos con total libertad" dado el "control total" del consistorio tanto por parte de Grau como porque el abogado "podía actuar libremente en cualquier departamento" dado el "amparo personal" de su mujer -- que era hermana de Barberá, trabajaba en el gabinete de Alcaldía y figuraba como investigada aunque ya ha fallecido-- y la alcaldesa.
Para Robles, "la justicia es lenta, pero no se detiene, y la hora de que la corrupción que caracterizó la gestión de València por parte del gobierno de Rita Barberá y el Partido Popular sea juzgada en los tribunales ha llegado".
No obstante, cree que es "una lástima que este juicio llegue tan tarde y la propia Barberá no pueda hacer frente a su responsabilidad, en un caso en el que están imputados todos sus subordinados, familiares y cómplices que posibilitaron la explotación de los recursos de la ciudad y los vecinos de València para beneficio propio".
"Y se hace extraño que vaya a producirse cuando, de nuevo, en València padecemos un gobierno municipal que reproduce los mismos tics que Barberá: alfombra roja a los especuladores (ahora en forma de apartamentos turísticos) y más dificultades para los vecinos de la ciudad", ha manifestado la portavoz del grupo.
Compromís espera "no solo una rotunda condena para los responsables, sino un resarcimiento para la ciudadanía, principal perjudicada de aquellos años de saqueo perpetradas por el Partido Popular en la ciudad de València".
Desde el PSPV, consideran que lo que retrata la trama de Azud "es la forma de proceder, el modus operandi del gobierno de Rita Barberá en la ciudad de València".
"Es la manera que ha tenido el Partido Popular de saquear esta ciudad y su dinero público", ha apuntado Sanjuán, para quien "no tiene ningún sentido que la misma ciudad que fue saqueada por el gobierno de esta alcaldesa, hoy siga rindiéndole homenaje y le mantenga honores y distinciones como por ejemplo su nombre en el Puente de las Flores".
"El Ayuntamiento de València tendría que estar trabajando para recuperar el dinero que la familia de Rita Barberá presuntamente se llevó de todos los valencianos y valencianas y no para ponerle su nombre a puentes o para rendir homenajes a una etapa que está cada vez más claro que no es algo de lo que se pueda sacar pecho", ha señalado el portavoz.

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