VALENCIA.- La gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 233 víctimas mortales en la provincia de Valencia, se investiga desde enero de 2025 en la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja y suma numerosos tomos y declaraciones.
Así, un total de 690 personas han comparecido ante la jueza instructora del procedimiento, Nuria Ruiz, quien también ha dictado un total de 588 resoluciones hasta el momento en una causa en la que hay dos investigados y en la que se investigan delitos de homicidio y lesiones por imprudencia: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.
Estos son solo algunos de los datos sobre acciones ejecutadas por el órgano instructor desde que en enero del año pasado decidió asumir la investigación del procedimiento. Se daba la circunstancia de que este juzgado tenía unas diligencias abiertas inicialmente por 75 fallecimientos en municipios del partido judicial de Catarroja.
La magistrada se ofreció a asumir todas las denuncias y querellas interpuestas en diferentes órganos judiciales --una veintena-- en el marco de la dana y centralizarlas en un único procedimiento. Fiscalía dio su aprobación y decidió crear un equipo integrado por cinco profesionales en medio ambiente y Anticorrupción para encargarse de las diligencias.
Desde entonces, la instructora no ha cesado en pedir documentación y tomar declaraciones. Ha dictado ya 588 resoluciones judiciales --autos, providencias, diligencias de ordenación y diferentes decretos del propio juzgado--, según se ha confirmado en fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
A estas resoluciones se suman los 54 autos dictados por la sección segunda de la Audiencia Provincia de Valencia para resolver recursos de apelación contra las decisiones adoptadas por la propia jueza instructora.
Así mismo, la instructora ha acordado dos prórrogas, de seis meses cada una, en el procedimiento --la última de ellas está acordada el pasado mes de septiembre hasta el próximo 30 de abril de 2027--.
Adoptó esta medida ante la «gran complejidad», «extrema gravedad» de la causa y por estar pendientes de practicar interrogatorios a testigos, pruebas documentales y están en estudio otros fallecimientos para determinar si se suman a las víctimas de la dana de 2024.
Comisión rogatoria
Entre otras cuestiones, queda pendiente de recibir contestación de la comisión rogatoria a EEUU --a Telegram y WhatsApp-- de intentar recuperar los mensajes a través de estos medios que intercambió José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat y diputado en Les Corts, Carlos Mazón, el día de la riada.
El pasado mes de julio las autoridades estadounidenses informaron a la jueza que WhatsApp «no recopila ni conserva información de contenido para sus suscriptores (usuarios)», por lo que se excluía la posibilidad de recuperación del contenido de los mensajes borrados por Cuenca, que hubiera mantenido el día de las riadas con los investigados en la causa, con el propio Mazón y con otros altos cargos.
No obstante, la magistrada pidió mantener la comisión rogatoria «al objeto de obtener los datos correspondientes a intervinientes, fecha y hora de remisión de los mensajes o comunicaciones de WhatsApp» el día de las riadas.
233 víctimas y seis en estudio
Por el momento, la causa suma un total de 233 fallecidos en la provincia de Valencia, la última de ellas es una vecina de Catarroja que falleció un mes después de la barrancada, el 28 de noviembre de 2024, en el Hospital La Fe de València, tras sufrir una hemorragia intracraneal derivada del hematoma subdural al caerse en su domicilio por la entrada de agua.
La instructora consideraba que existía una relación de causalidad entre el golpe sufrido por esta víctima durante la inundación de su casa y su ulterior fallecimiento en el centro hospitalario. En la actualidad, la magistrada estudia todavía otros seis casos más por si se podrían incluir en el procedimiento, han indicado las mismas fuentes.
Por otro lado, la jueza ha citado durante la investigación a un total de 713 personas --incluidas los dos investigados-- para prestar declaración. De ellas, hasta el mismo día 29 de octubre habrán comparecido 690 ante el órgano judicial.
Así mismo, hay en torno a 40 abogados personados en la causa en representación de las acusaciones particulares --perjudicados--, defensas --dos-- y acusaciones populares.
Figura de Carlos Mazón
Precisamente, una de las últimas personaciones en la causa ha sido la de Carlos Mazón. La magistrada instructora solicitó el pasado mes de marzo al TSJCV su imputación en la causa al ver indicios de delito contra él y por su «actividad negligente» durante las riadas.
A su juicio, la emergencia por la dana «de facto se detuvo en el mismo momento en que se entró en el reservado» del restaurante El Ventorro para comer con una periodista.
Sin embargo, el alto tribunal valenciano lo rechazó al estimar que la imputación del 'expresident' no podía basarse en «conjeturas y sospechas».
Tras este movimiento, la jueza decidió llamar a Mazón a testificar en el procedimiento --le ha recordado en varias ocasiones durante la instrucción que puede declarar-- y, paralelamente, el 'expresident' solicitó al juzgado su personación, algo que le fue rechazado.
Mazón recurrió esta decisión ante la Audiencia y los magistrados le dieron la razón al amparo de los artículos 118 y 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Audiencia concedió su personación para que no se viera privado de conocer la actividad probatoria de investigación que le concernía, «una actividad que pudiera tener --en función del resultado de algunas de las diligencias acordadas-- transcendencia inculpatoria futura».
La jueza tuvo que dejar sin efecto su citación como testigo en la causa y, desde entonces, el 'expresident' está personado con un abogado. Su personación ha sido cuestionada por diferentes partes del procedimiento.
De hecho, asociaciones de víctimas --como la Associació Víctimes de la DANA 29 Octubre 2024-- tiene presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se pueda salvaguardar los derechos de las víctimas a la tutela judicial efectiva y se anule el aforamiento del 'expresident' Mazón por «abuso de derecho y fraude de ley».
Otro frente abierto es en el Supremo. El PSPV interpuso una querella contra Mazón por falso testimonio en la comisión de la dana en el Congreso. La Fiscalía pidió a la sala segunda del TS que solicitara al TSJCV el auto en el que rechazó su competencia para investigar a Mazón y el alto tribunal lo requirió la pasada semana para decidir si le investiga por falso testimonio.
Respaldo del CGPJ a la jueza
También recientemente, el pasado mes de septiembre, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó diferentes quejas interpuestas por la exconsellera de Justicia Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso contra la instructora en relación a una grabación sonora efectuada a su marido, también magistrado, en una diligencia del procedimiento, sin consentimiento de la autoridad judicial ni del letrado de la Administración de Justicia.
Pradas y Argüeso sostenían la existencia de «irregularidades» que vulneraban derechos fundamentales de las partes --injerencia-- y ponían en cuestión la «equidad del procedimiento», pero el CGPJ archivó las quejas al considerar «inválida» la grabación al marido de la instructora.
No hay comentarios:
Publicar un comentario