Cuatro alumnos de la UPV compiten en el concurso internacional de Airbus sobre aviación ecoeficienteVAL

VALENCIA.- Un equipo formado por cuatro alumnos de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) ha sido seleccionado para la segunda fase del concurso internacional 'Fly Your Ideas' ('Echa a Volar Tus Ideas'), que convoca la compañía Airbus, según informó la institución académica en un comunicado.

El objetivo de esta competición, en la que participan estudiantes de todo el mundo, es "premiar las ideas más innovadoras que contribuyan al desarrollo de la aviación y la mejora de la eficiencia energética del sector", indicó la misma fuente.

Bajo la denominación 'The Big Bang Team', el equipo está formado por Laura Barco, Javier Vidal, Almudena Grau y Antonio Almagro, estudiantes de cuarto curso de Ingeniería Aeronáutica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) de la UPV, quienes están siendo asesorados por el profesor del Departamento de Máquinas y Motores Térmicos, Ricardo Gozalbo.

El proyecto presentado por los estudiantes de la UPV, que lleva por título 'Sky Vision: Beyond the Windows', consiste en diseñar una aeronave más ligera de peso que las actuales, eliminando las ventanillas de la cabina de los pasajeros.

Como explica uno de los componentes del equipo, Antonio Almagro, "las ventanillas de los aviones presentan una complicación estructural, ya que al tratarse de agujeros en el fuselaje, debe reforzarse la estructura de manera adecuada y eso hace más pesado el avión".

El proyecto de estos estudiantes "propone sustituir las ventanillas, que siempre tienen una visión limitada, por una pantalla en la que, a través de un complejo sistema de cámaras, los pasajeros pueden ver lo que ocurre en las alas o en la cola del aparato durante el vuelo".

"Mediante este sistema, al reducir el peso de la aeronave, se consigue un efecto piramidal que permite una reducción del consumo de combustible y, por tanto, de las emisiones que se lanzan a la atmósfera", añadió.

En la primera fase de la competición han participado más de 2.350 estudiantes, agrupados en 225 equipos de 130 universidades de todo el mundo. El concurso destaca por la diversidad geográfica de los participantes, que proceden de 82 países de los cinco continentes. El equipo de la UPV representará a España en la segunda fase de la competición, junto con otros dos conjuntos formados por estudiantes de la Politécnica de Madrid.

Tras haber superado la fase inicial, el proyecto presentado por los alumnos de la UPV aspira, junto a otras 85 propuestas, a pasar a la final del concurso, que se celebrará en París. Los ganadores del concurso se darán a conocer el próximo 19 de junio durante la celebración del Salón Aeronáutico de Le Bourget.

En esta segunda fase del concurso, los estudiantes deben elaborar una memoria del proyecto más detallada, de una extensión de 5.000 palabras, y una presentación en forma de vídeo. En el proceso de desarrollo de sus propuestas están siendo asesorados por técnicos de la compañía.

Las cinco mejores propuestas pasarán a la final, donde los equipos tendrán que presentar el proyecto en persona ante un grupo de profesionales de Airbus y expertos de la industria aeronáutica. El equipo cuya idea demuestre el "mayor potencial" para reducir el impacto sobre el medio ambiente se alzará con la victoria y los 30.000 euros del premio.

El objetivo del concurso Airbus 'Fly Your Ideas' es mejorar la eficiencia de los aviones reduciendo su impacto medioambiental. Las propuestas de los alumnos se han centrado en una amplia variedad de ámbitos, que abarcan los nuevos materiales, las características de las aeronaves, el diseño, la fabricación y el rendimiento.

Este concurso supone una "nueva oportunidad" para que los estudiantes universitarios "muestren su potencial y apliquen lo aprendido en las aulas, al tiempo que la compañía conoce ideas que pueden llegar a convertirse en innovaciones aplicables al futuro aeronáutico".

La competición estaba abierta a estudiantes universitarios de todo el mundo, que estuvieran cursando una licenciatura, máster o doctorado en cualquier disciplina académica. Los equipos están compuestos por entre tres y cinco componentes y deben contar con un "intelectual sponsor", un profesor que les preste ayuda con la estructura y el desarrollo del proyecto.

Airbus es un líder mundial en la fabricación de aviones comerciales, y cuenta con la familia de aviones más moderna y completa en el mercado, con una capacidad entre 100 a más de 500 plazas. Más de 9.100 aviones Airbus han sido vendidos a más de 390 clientes y operadores en todo el mundo, y más de 5.300 han sido entregados desde que la compañía entró en el mercado por primera vez en los primeros años setenta.

González (BBVA) ve "inevitable" que el Estado intervenga en algunas entidades españolas con problemas

MADRID.- El presidente del BBVA, Francisco González, consideró hoy que es "inevitable" que el Estado intervenga en algunas entidades con problemas de solvencia como fórmula para minimizar los efectos negativos de la crisis internacional en la economía y acelerar la recuperación.

"Es inevitable la intervención de algunas entidades, es el camino más rápido y eficaz, porque permite distinguir entre activos buenos y malos", en contraposición con la nacionalización, dijo el presidente del BBVA, para quien "hay que aislar a los jugadores débiles para que la economía se recupere".

González, que participó en la conferencia internacional de ABC sobre 'Europa y América ante los cambios', abogó por la intervención y por utilizar el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) para sanear entidades, y devolver luego al sector privado la entidad ya saneada.

En este sentido, insistió en la necesidad de que las ayudas públicas que puedan recibir bancos y cajas sean "temporales y condicionadas" a un plan de reestructuración de la entidad en cuestión.

"En España hasta ahora no ha habido problemas de solvencia, pero la duración y profundidad de la crisis determinará si finalmente habrá problemas de solvencia en algunas entidades, por lo que hay que estar preparado para evitar el mayor impacto", aseveró González.

Para fortalecer el capital de las entidades que lo necesiten se requiere un alto grado de cooperación entre países que permita mantener un campo de juego justo, sin distorsiones graves en el mercado, consideró González, que calificó la crisis actual como "la más grave de los últimos 70 años" y auguró que será "muy fuerte y de larga duración", lo que obliga a trabajar al unísono a toda la sociedad civil.

González incidió en que en España no ha habido ayudas públicas, lo que convierte al país en el único del mundo occidental cuyo sistema financiero no ha necesitado inyecciones de capital, ya que los programas de ayudas se han centrado en apoyar la liquidez vía compra de activos y vía avales a las emisiones bancarias, que no tienen por qué provocar "ningún quebranto público" y contribuirán a paliar la desaceleración del crédito.

El presidente del BBVA explicó que el banco no ha recurrido a estos apoyos del Gobierno español dada su "responsabilidad" de buscar de financiación por sus propios medios y de "dejar más espacio" a otras entidades con menor 'rating' y, por tanto, con mayores dificultades para encontrar financiación.

Según concretó, el BBVA ha sido capaz de realizar una emisión de 1.000 millones de euros en el mercado. "No hemos hecho uso (de los apoyos del Gobierno) ni vamos a hacerlo en un tiempo", dijo González, tras recalcar que estas facilidades no son ayudas porque tienen un coste para las entidades. Asimismo, indicó que el BBVA es "el primer distribuidor" de productos del ICO

Sobre la evolución del crédito, constató que se está desacelerando y que "no puede ser de otra manera" a la luz de la evolución del PIB y el elevado endeudamiento de familias y empresas respecto a otros países, pero recalcó que los criterios de concesión de crédito "no han variado de forma significativa".

En este sentido apuntó el "enorme esfuerzo" en términos de renegociaciones de créditos que están llevando a cabo bancos y cajas de ahorros para evitar embargos de hogares y que las empresas no dejen de funcionar por falta de préstamos. "Esto es lo último que queremos, y esto no aparece en las cifras de crédito", argumentó.

Aunque recalcó que es peor no dar un crédito a alguien que lo puede devolver que dárselo a quien no puede, González afirmó que un banco no debe dar un crédito más allá de lo que la prudencia exige. "Haríamos un flaco favor al financiar un mal proyecto, porque esto sólo detrae recursos que podrían destinarse a proyectos más sólidos", alegó. "Sería inútil y contraproducente que los bancos forzaran la máquina", apostilló.

En este contexto, González auguró la reconversión industrial de la banca, ya que "no es posible que la banca minorista siga trabajando como hasta ahora", con una fuerte presencia física y una escasa presencia virtual. Este último pilar" avanzará de forma importante, ya que habrá pocos bancos físicos ganadores" en el nuevo escenario que se abra tras la crisis.

Por otro lado, Francisco González estimó que la prosperidad futura "depende del libre comercio", por lo que, a su parecer, habrá que dar pasos relevantes en esa dirección.

Francisco Caamaño, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, sustituye a Bermejo en Justicia

MADRID.- El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, Francisco Caamaño, hasta ahora secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, ha sido nombrado por el presidente del Gobierno nuevo ministro de Justicia, según informaron al mediodía fuentes gubernamentales.

Hombre de confianza de María Teresa Fernández de la Vega, desde 2004 es secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y llevó buena parte del peso de la negociación del Estatuto catalán cuando este fue remitido en 2005 a las Cortes para su tramitación.

Caamaño (en la imagen) nació el 8 de enero de 1963 en la villa coruñesa de Cee y se licenció en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela. Desde entonces, su trayectoria profesional ha estado vinculada al Derecho Constitucional, materia de la que fue Profesor Titular en la citada Universidad.

En 1993 fue designado Letrado del Tribunal Constitucional y en 2002 obtuvo la plaza de catedrático en la Universidad de Valencia.

Ha sido director de la Fundación Democracia y Gobierno Local y codirector de la revista Cuadernos de Derecho Local.

Dimite Fernández Bermejo

El nuevo nombramiento se produce poco después de que el ministro de Justicia y diputado del PSOE por Murcia, Mariano Fernández Bermejo, haya anunciado en rueda de prensa su dimisión como titular del departamento. Bermejo, que ha estado casi dos años al frente del ministerio, fue nombrado para ese cargo el 9 de febrero de 2007.

Bermejo ya había puesto en los últimos días varias veces su cargo a disposición del presidente del Gobierno, como consecuencia del escándalo generado por participar en una cacería sin licencia con el juez Baltasar Garzón, según informaron fuentes gubernamentales.

Esta mañana, Bermejo acudió al Palacio de la Moncloa y volvió a pedir a Zapatero que deseaba ser relevado en su cargo, argumentando que no deseaba interferir en la buena imagen del proyecto del Gobierno.

Aunque Zapatero le ha pedido que continuase, finalmente ha accedido a que Bermejo dejara la cartera de Justicia, agradeciéndole el trabajo que ha hecho al frente del ministerio.

A continuación, el jefe del Ejecutivo se dirigió al Palacio de la Zarzuela para comunicarle al Rey Don Juan Carlos la dimisión de Bermejo, que será sustituido por Francisco Caamaño Domínguez, hasta ahora Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, y que jugó un papel relevante la pasada legislatura durante la negociación del nuevo Estatut catalán.

Al filo de la una de la tarde, el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha adelantado hoy su decisión y ha anunciado el cese en su cargo. Ha sido su falta de destreza para resolver conflictos lo que ha terminado por provocar su marcha, según han reconocido en los últimos días fuentes socialistas. En una rueda de prensa ofrecida en el Ministerio, Bermejo ha asegurado que va a continuar como diputado en el Congreso, pero que irse es "lo mejor que podía hacer".

Entre los problemas que más han desgastado al ministro destaca por encima de todos la primera huelga de jueces de la historia de la democracia secundada el pasado miércoles por aproximadamente un tercio de magistrados, según el Consejo General del Poder Judicial, y dos tercios de acuerdo con los datos de las asociaciones. Además, el año pasado, en plena campaña electoral, los funcionarios de Justicia también siguieron un paro.

A pesar de recibir el respaldo públicamente de los miembros del Gobierno y del partido, como en la sesión de control de la semana pasada en la que el presidente Zapatero respondió con contundencia y negativamente a las peticiones de cese del ministro desde la bancada de la Oposición, el presidente estuvo visiblemente distante de Bermejo en el Congreso, al igual que el día antes en el Senado.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado viernes, la vicepresidenta del Gobierno, la valenciana María Teresa Fernández De la Vega, ya mostró, sin embargo, bastante frialdad a la hora de defender al ministro. Además, De la Vega desautorizó a Bermejo en su idea de reformar la ley para impedir que los jueces puedan hacer huelga, tal y como planteó el ministro el mismo día del paro. "El Gobierno no tiene como prioridad hacer esa ley", señaló De la Vega, jueza en excedencia especial.

El entorno de Zapatero ha venido confirmando en los últimos días que la salida de Bermejo era inevitable, si bien la idea del presidente era esperar a la primera remodelación el Ejecutivo, que previsiblemente se hará a finales de año, para evitar el aprovechamiento partidista del PP y no entregar a los jueces una cabeza, algo que no considera justo.

En los últimos días distintos dirigentes socialistas habían mostrado su incomodidad con las actividades privadas del ministro. Hoy mismo Patxi López aseguraba en una entrevista que no le gustaba ni a él ni a ningún socialista la afición cinegética de Bermejo, posición a la que se ha sumado José Bono. Previamente, el ex-ministro Jerónimo Saavedra había pedido la dimisión del titular de Justicia.

Bermejo ha asegurado hoy estar "agradecido" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien ha ido esta mañana a comunicarle su decisión a La Moncloa.

"Siempre ando ligero de equipaje, pero me voy con un bagaje envidiable", ha afirmado el ya ex ministro, quien ha concluido diciendo que no se trata de "un adiós" sino "un hasta luego", porque como diputado por Murcia seguirá trabajando para el mismo proyecto.

Estar, no ser crisis / Jordi Sevilla

Toda crisis es un estado de excepción, más o menos recurrente, que altera el funcionamiento habitual de las cosas, incluyendo el comportamiento de los sujetos. Es decir, que las cosas no suceden de la misma manera. En condiciones normales, un trabajador trabaja, un empresario invierte, un consumidor consume y un banco toma dinero prestado para, a su vez, prestarlo. En una crisis, sin embargo, hay paro, cae la inversión, se frena el consumo y los bancos no prestan.

Las pautas de conducta esperables de los agentes económicos varían, también, en sentido relativamente desconocido. Si en una situación normal abaratar el trabajo favorece la contratación, rebajar los tipos de interés estimula la inversión, un descenso en los precios o subir la renta de las familias incrementa el consumo y los bancos aumentan sus préstamos conforme sube su liquidez, durante una crisis nada de esto tiene por qué pasar, al menos, en la misma intensidad o con la misma rapidez de respuesta.

En una crisis, las leyes normales de la economía dejan de funcionar o lo hacen de otra manera. Por ello, hay que hacer cosas diferentes o con una intensidad y duración muy superiores para que tengan alguna probabilidad de surtir algún efecto en la dirección deseada.

Eso explica que inyectar liquidez en el sistema y bajar los tipos de interés -como se está haciendo de manera insistente- esté bien. Hay que hacerlo, pero no garantiza que los empresarios inviertan o las familias se endeuden como lo harían en situaciones normales. De igual manera, un incremento en la renta disponible de los consumidores como consecuencia de una bajada de los precios (la tasa de inflación está siendo negativa en España por primera vez en mucho tiempo) o de los impuestos (la devolución de los 400 euros), les posibilita comprar más, pero no asegura, en situación de crisis, que esa mayor liquidez se traslade al gasto y al consumo contribuyendo a reactivar la economía.

Por la misma razón, abaratar el coste del trabajo mediante la rebaja de las indemnizaciones por despido tampoco significa que se vayan a incrementar la contratación y la ocupación. Tengo dudas de que lo haga incluso en situaciones de bonanza, y, de hecho, en España hemos creado muchos millones de empleos en los últimos años sin que el vigente sistema de indemnización por despido haya sido un obstáculo.

Pero si un empresario se ve forzado a cerrar o a reducir plantilla porque le caen bruscamente la demanda o el crédito bancario debido a una crisis general como ésta, no contratará trabajadores nuevos aunque su coste de despido sea cero. Por último, si un banco tiene tocado su balance por activos dudosos que pueden llevarle a pérdidas, con elevada probabilidad, en algún momento futuro, atesorará la liquidez que pueda tener o recibir para hacer frente a esa eventualidad. Y cuanto mayor sea la posibilidad de que ocurra y más grande el volumen que tenga de activos con elevado riesgo, menor será su propensión a conceder créditos, por muy solvente que sea quien lo solicita.

En una situación de crisis, en suma, el miedo paraliza las reacciones.Pero las crisis económicas no son algo meramente psicológico que se supere con jaculatorias o prozac, ya que hunden sus raíces en la realidad: un millón de nuevos parados y subiendo, pérdida de riqueza al bajar un 40% el valor de nuestros activos, desplome generalizado de la actividad, son mimbres reales sobre los que se enreda la depresión.

Los agentes económicos condicionan, entonces, su comportamiento a dos cosas: la realidad tozuda de unos datos negativos generalizados y las expectativas sobre cuánto va a durar la situación a partir de su experiencia de crisis anteriores, su evaluación sobre la dimensión y magnitud de ésta y según cómo interpreten la reacción de los poderes públicos. Ahí entra el elemento anímico de la situación que se basa en un análisis conjunto de realidad e impresiones justificadas.

La tarea de los gobiernos es fundamental en ese contexto. La aportación del Estado resulta útil, precisamente porque su lógica social diferente le permite no actuar como una familia o una empresa. Si lo hacen bien, pueden contribuir a acortar el tiempo de crisis dentro de las restricciones que señala esta primera crisis globalizada donde la dimensión mundial de los problemas no se corresponde con la escala político-administrativa en la que se están buscando las soluciones.

Por poner un ejemplo muy claro: cuando el sector español de automoción es absolutamente internacional y exporta el 80% de lo que produce e importa otro tanto para montarlo, su recuperación es imposible que pueda hacerse sólo con el esfuerzo de nuestro Gobierno si no se reactiva también la demanda y la producción en otros países de los que dependemos.

La primera tarea de un Gobierno es trasladar confianza a los agentes económicos. Ni optimismo, ni pesimismo. Confianza. Para ello, tampoco los gobiernos deben comportarse igual en una situación de crisis que en una normal. Pero pueden aportar mucho dinero público para inyectar liquidez, garantizar los depósitos bancarios, incrementar las inversiones públicas, reforzar las políticas paliativas ante la crisis, endeudarse para mejorar la protección social y no conseguir mejorar la confianza de la sociedad, sobre todo si la gente percibe estos planes como una sucesión de medidas unilaterales anunciadas a golpe de telediario, como alguno ha definido la política del gobierno francés.

Entonces, hay que hacer algo más. Algo más que, en España, pasa por conseguir esa «colaboración nacional» a la que llamó el presidente del Gobierno en su reciente comparecencia. No sé si tendrán que ser otros Pactos de la Moncloa, pero necesitamos un revulsivo de acción y de unidad que consolide nuestra voluntad de salir de la crisis en torno a un programa de reformas coherentes, a la vez que amplio, equilibrado, compensado y negociado con todas las fuerzas políticas y sociales. Algo que asegure un corto estar en crisis, alejando los riesgos de ser en crisis. Y sí. Juntos podemos.

El Impiva respalda la investigación y desarrollo de un calcetín capaz de ayudar a regenerar la piel

VALENCIA.- El Impiva ha respaldado dentro del Programa de I+D una investigación puesta en marcha por la empresa valenciana Lurbel, en colaboración con el Instituto Tecnológico Textil (Aitex), y que ha dado como resultado el desarrollo de un calcetín con propiedades regeneradoras de la piel, con poder cicatrizante, de eliminación del olor así como del exceso de sudoración, según informó la Generalitat en un comunicado.

Todas estas propiedades son fruto de un "complejo proceso de I+D" realizado por la empresa y el instituto tecnológico de la Red Impiva que están determinadas tanto por la fibras utilizadas como por la estructura y diseño del calcetín, ya que se ha tenido en cuenta la anatomía del pie a la hora de definirlo.

El calcetín, testado y presentado internacionalmente en la feria para empresas dedicadas a la fabricación y venta de artículos deportivos, Ispo Winter 09 (Munich), se diferencia del resto por incorporar varias bandas ajustables que permiten mejor adaptabilidad al pie y mayor confort. Además no tiene costuras por lo que evita rozaduras con heridas.

Otra de las características de este calcetín es su capacidad de regular la temperatura corporal al permitir la entrada de aire del exterior, lo que ayuda a su salida y evita la sudoración y el olor del pie.

Este calcetín está constituido por cuatro tipos de fibras: Chitosán, Thermocool, Polyamide (nylon Ion Silver) y Lycra. El chitosan es un polímero que se obtiene de la naturaleza, sobre todo de la quitina presente en el esqueleto exterior (caparazón) de animales invertebrados como moluscos o crustáceos. El hecho de ser 100% natural confiere a las fibras compuestas con este material una "total biodegradabilidad y reciclabilidad".

Thermocool es un hilo compuesto por 50% de fibra multicanal, lo que le proporciona un efecto de disipación y evaporación del sudor, y un 50% de fibra hueca, que dota de un efecto termorregulador. La poliamida (Ion Silver), en este caso contiene partículas de plata de manera inherente a su constitución proporcionando al tejido propiedades antifúngicas, antibacterianas, evitando exceso de olor, y son un excelente evacuador del calor.

Las fibras de quitina poseen una gran cantidad de propiedades que ayudan al tratamiento de pieles delicadas. Entre estas características diferenciadoras destacan la capacidad de coagulación y regeneración de tejido blando.

Además de esta regeneración celular, destacan otras propiedades tales como activador corporal que acelera la cura de heridas o ampollas, gran capacidad de absorción y efecto antimicrobiano.

Estas fibras de quitina combinadas con otras, Termo Cool, por un lado e IonSiver, que contienen iones de plata, proporcionan al calcetín "nuevas propiedades", entre las que destacan poder cicatrizante; evitan que el calcetín se adhiera las heridas; eliminación del olor por su efecto bactericida y fungicida y evitan además infecciones por su poder antimicrobiano.

Además contrarrestan el exceso de sudoración, evitan la irritación de la piel y regulan la temperatura.

El PSRM pide a Valcárcel y Camps que exijan a sus diputados el voto en contra de las enmiendas del PP

MURCIA.- El diputado regional y secretario de Coordinación del PSRM-PSOE, Francisco Javier Oñate, manifestó que los presidentes de Murcia y Valencia, Ramón Luis Valcárcel y Francisco Camps, respectivamente, deben ser "contundentes" y exigir a sus diputados de Valencia y Murcia que voten en contra de las enmiendas del Partido Popular al Estatuto de Castilla-La Mancha.

"Eso es lo que debe desprenderse de la reunión que mantendrán mañana ambos presidentes en Alicante, pues de lo contrario una vez más acecharía un nuevo golpe al trasvase Tajo-Segura, como el que ya le asestaron en 2001 cuando permitieron elevar el mínimo trasvasable en la cabecera del Tajo a 240 hectómetros", explicó el socialista en nota de prensa.

Por eso agregó, "es muy importante que de esa reunión salga una posición contundente en contra de esas enmiendas del PP al trasvase Tajo- Segura".

Oñate señaló que "ha quedado patente que la número dos del Partido Popular a nivel nacional, María Dolores de Cospedal, ha podido más que Valcárcel y Camps en esta cuestión". También es verdad, continuó, que "ambos presidentes lo han estado ocultando durante estos días, pero al final ha podido más la realidad".

El dirigente socialista explicó la importancia de que el Partido Popular vote en contra de las enmiendas populares al Estatuto de Castilla-La Mancha relativas al trasvase Tajo- Segura, "porque son anticonstitucionales, invaden competencias del Estado, van contra la solidaridad de España y fijan el final del trasvase para 2015, así como la reserva estratégica de 600 hectómetros cúbicos".

Oñate apostilló que las enmiendas construidas por el abogado del Estado y diputado popular por Toledo, Arturo García Tizón, demuestran que "ha sabido defender los intereses de su Comunidad, frente a Ayala y Garre, que son abogados de secano y que no han aclarado qué van a votar".

El dirigente socialista también hizo alusión al informe jurídico, elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Rioja, Antonio Fanlo Lora, sobre las enmiendas relativas al agua del citado Estatuto, que evidencian su inconstitucionalidad, al tiempo que prevén, "no sólo en el preámbulo", que Castilla-La Mancha haga un informe previo a cada envío de agua, "lo que retrasaría estos envíos", explicó.

Asimismo, añadió, "contemplan que se sustituya progresivamente el agua del trasvase por ahorro de agua o por agua de otro trasvase".

Andanzas y pitanzas de 'Aqualium' en Valencia

SANTANDER.- (...) La sociedad pública del gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps encargada de gestionar grandes eventos adjudicó contratos con Aqualium. La Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana fue constituida en 2006 por el Gobierno de Camps para llevar a cabo los eventos promocionales de la Generalitat.

Esta Sociedad Pública era la encargada de contratar con terceros la celebración de estos eventos. En su primer año de vida adjudicó un contrato de asistencia técnica cultural a la empresa Aqualium. El contrato por un importe de 350.000 euros se adjudicó a dedo, mediante el sistema "negociado sin publicidad", atendiendo a razones de urgencia.

Desde 2004 Aqualium Spain, dedicada al diseño, desarrollo y asesoramiento externo en materia de proyectos vinculados al campo de las artes plásticas, con una especial dedicación al mundo de la pintura y de la escultura contemporáneas, propiedad de María Porto, tercera esposa de Francisco Álvarez Cascos, cuenta con este como asesor externo, según informa la página web de la empresa.

Aqualium ha tenido especial actividad en las ciudades más pobladas de España, entre ellas Madrid, Barcelona y Valencia, pero también llegó a capitales medianas como Logroño, donde logró un sustancioso contrato, y Santander. Son muestras de arte moderno, generalmente de grandes esculturas, que cimentan un buen negocio.

La pareja ha facturado un mínimo de cinco millones de euros a base de contratos de intermediación, organización o comisariado de artistas, exposiciones y obras en venta; un nutrido grupo de esos contratos los ha firmado con ayuntamientos –buena parte del PP, pero no faltan del PSOE– y entidades de ahorro como Bancaja, La Caixa o Cajastur, según informaba la revista Interviú en un amplio reportaje publicado hace dos años.

(...) Aqualium, empresa en la que Álvarez-Cascos figura como asesor externo, trabaja con administraciones de distinto signo, aunque con más frecuencia con las gobernadas por el PP. Entre el 8 de enero y el 25 de febrero de 2007, Aqualium organizó en Valencia una exposición al aire libre de esculturas monumentales del estadounidense Robert Indiana, uno de los pocos representantes vivos del pop art. Cascos preparó la muestra personalmente con la alcaldesa popular Rita Barberá que, aunque no financió la exposición, sí la autorizó cediendo el suelo.

Los alrededor de 300.000 euros que costó la muestra salieron de Bancaja. Como casi todas las cajas, esta entidad está controlada por políticos. El presidente de Bancaja es José Luis Olivas (PP), que presidió la Generalitat valenciana cuando Eduardo Zaplana se fue a Madrid para ser ministro de Trabajo.

Esta misma exposición estuvo del 4 de mayo al 31 de julio de 2006 en el madrileño paseo de Recoletos con el apoyo del Ayuntamiento de Ruiz Gallardón y el Gobierno autónomo de Esperanza Aguirre. Son gigantescas piezas de acero o aluminio en vivos colores, que forman palabras como love o art. (...).

(En la imagen, el presidente de Bancaja, la alcaldesa de Valencia y el vicepresidente del Consell con María Porto, comisaria de la exposición de Robert Indiana, en su inauguración hace justo dos años).

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Amigos, trajes y otros líos políticos / Enrique Arias Vega

Hace tiempo que el panorama económico y político del país no andaba tan revuelto en perjuicio, sobre todo, de los pobres ciudadanos.

Como si no tuviésemos bastante con una crisis económica de proporciones devastadoras aún sin evaluar correctamente, ha comenzado una cacería más aparente que efectiva de políticos presuntamente corruptos y de tramas perversas que, más que tales, lo que sí evidencian es el oportunismo de algunos chorizos que medran a la sombra de los partidos.

Conclusión: el descrédito de la clase política en su conjunto. Ayer mismo, El Periódico de Catalunya publicaba un sondeo desolador, en el que todos los indicadores de la opinión pública son de los peores en los últimos diez años. También todos los líderes, incluido Rodríguez Zapatero, obtienen un suspenso, a excepción de Rosa Díez, quien con un 5 pelado triplicaría hoy día sus votos y escaños. Por algo será.

Pero, antes de extraer precipitadas conclusiones, recapitulemos lo que está ocurriendo.

A escala doméstica valenciana, el ataque contra el PP se inició con los contratos del conseller Serafín Castellano a un amigo con quien familiarmente comparte la propiedad de una finca. Al socaire de ese suceso se recordó por parte de la oposición el actual empleo del hijo de Font de Mora y hasta la participación de la familia de Juan Cotino en residencias para mayores.

Todo ello, probablemente, de un gran candor aunque en algún caso de notoria falta de prudencia. Los políticos no pueden vivir en urnas de cristal, aislados de la realidad, sin tener hijos, parientes ni amigos, algunos de ellos de gran competencia profesional. Pero ya se sabe que ciertos familiares han cavado la fosa pública de sus allegados, como le sucedió en su día a Alfonso Guerra con su hermano el conseguidor.

Donde la guerra mediática y de opinión ha alcanzado su paroxismo es en la insinuada imputación al presidente Francisco Camps de haberse beneficiado tres trajes.

Como ven, se trata de una modesta acusación que, además, aún estaría por sustanciarse, frente a las que en su momento padecieron los también presidentes autonómicos Demetrio Madrid, Jordi Pujol y Gabriel Cañellas, todos ellos posteriormente exonerados por los tribunales, a diferencia del socialista navarro Gabriel Urralburu, que él sí que se cayó con todo el equipo.

Y es que en la guerra partidista, la frontera entre la realidad y la fantasía, el delito y la insidia, es de un oportunismo interesado y feroz. Lo mismo sucede con la calificación de trama política a cualquier felonía.

En realidad, existen tres tipos de corrupciones: las que realizan delincuentes de cuello blanco que se benefician de su proximidad al poder, las que comparten con ellos aquellos políticos que reciben mordidas de los primeros y las auténticas tramas que propician la financiación ilegal de los partidos.

Aquí nadie está hablando de lo último. Eso sucedió en el PP en tiempos de Rosendo Naseiro, con el PSOE cuando Filesa y las comisiones del AVE, en el caso Pallerols de Unió Democrática, en la denuncia jamás investigada de Pasqual Maragall a Artur Mas de cobrar comisiones del 3 por ciento, etcétera, etcétera. Entre esas prácticas, hasta se podría considerar la condonación por La Caixa de 6,7 millones de euros al partido de José Montilla.

Ahora sólo se habla de latrocinios individualizados que deberán averiguarse hasta el último céntimo. Pero eso no impide la sospecha de que la magnificación mediática de los hechos acaecidos, su deliberada filtración gota a gota, el desconocimiento completo del sumario y otros pormenores de su utilización política vayan mucho más allá de la simple búsqueda de justicia.

Bastantes ciudadanos tienen la impresión de que, ante la inevitable catástrofe económica que se le viene encima, el Gobierno pretende acabar preventivamente con la oposición e impedir así que pueda tomar el relevo. Lo malo de ello, insisto, es que resulta afectado todo el sistema democrático en su conjunto.

En España no estamos, por supuesto, al nivel de países corruptos como Chad, Bangla Desh o Turkmenistán. Ni siquiera tenemos impresentables ministros beodos como el japonés Nakagawa. Pero entre todos estamos desprestigiando a la clase política y hasta al mismo sistema representativo.

Aún es muy pronto para que cunda el pánico, aunque es mejor poner el parche antes que la herida e impedir así que surjan movimientos populistas, como aquél de Pierre Poujade que en los años 50 se llevó por delante la IV República francesa.

Aquí, de momento, la semana pasada la Plataforma de las Clases Medias, que inspira el periodista Enrique de Diego, sacó a la calle en Madrid a unos miles de personas. Poco es, de momento, pero sí que supone un inquietante comienzo.

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La trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional arruina el futuro político de Esperanza Aguirre y Francisco Camps

MADRID.- El sumario que instruye el juez Baltasar Garzón se ha llevado por delante el poder de las baronías en el PP. Al margen de las consecuencias jurídicas y penales, el descubrimiento de la supuesta trama de corrupción que dirigía Francisco Correa ha tenido unos efectos políticos demoledores para los dos líderes autonómicos que ostentaban el mayor poder en el partido: los presidentes de Madrid y Valencia, según la periodista Magis Iglesia, de la agencia 'Colpisa'.

Mariano Rajoy se ha quedado así sin su principal adversaria, Esperanza Aguirre, pero también sin su primer y más importante valedor, Francisco Camps. Los otros tres gobernantes populares en Murcia, La Rioja y Castilla y León carecen de peso suficiente para reconstruir la estructura de poder ahora demolida bajo los efectos de la actuación de Garzón.

El resto de los responsables territoriales del PP no sólo están ayunos de influencia, sino que tienen serios problemas internos en sus filas, como ocurre en Baleares, Asturias, Cataluña o Canarias, donde el presidente del partido, José Manuel Soria, también está incurso en un procedimiento judicial supuestamente relacionado con un caso de cohecho y corrupción.

Los partidos populares de Madrid y Valencia comparten el mismo fenómeno porque sus respectivos líderes han librado una lucha sin cuartel con sus adversarios internos. Aguirre no da tregua a su competencia permanente con el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, mientras que Camps disputó la influencia y el poder a su mentor y ex presidente autonómico, Eduardo Zaplana.

Todos estos datos vienen a confirmar las sospechas de quienes siempre han pensado que una de las peores lacras del estilo de Rajoy es la falta de cohesión en los equipos dirigentes y la aparente indiferencia del líder a la hora de poner orden en sus filas.

El presidente del PP no ha sabido poner orden en la lucha interna en Madrid y ahora tampoco dispone de capacidad para adoptar medidas disciplinarias. En idéntica situación se encuentra con respecto a la Comunidad Valenciana porque, aunque quisiera tomar medidas ejemplares con el equipo de Camps o con el propio presidente autonómico si llegan a confirmarse las imputaciones que se insinúan en las filtraciones del sumario, no está en condiciones de hacerlo.

Dirigentes más veteranos recuerdan que a José María Aznar no le tembló el pulso cuando tuvo que deshacerse de barones autonómicos con tanto poder como el que tenían el cántabro Juan Hormaechea y el balear Gabriel Cañellas.

«Rajoy no se puede permitir ese lujo», apuntan estas fuentes y recuerdan que al actual líder del PP le resultaría imposible prescindir de las dos grandes autonomías en las que gobierna su partido porque «perdería capacidad e influencia».

El escándalo de la corrupción ya ha debilitado a los dos pesos pesados autonómicos. Aguirre tiene a dos alcaldes imputados, un consejero bajo sospecha y dos parlamentarios de su grupo que están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción.

La presidenta se ha visto obligada a asumir cuatro dimisiones (el alcalde de Boadilla, el director-gerente del Mercado Puerta de Toledo, el consejero de Deportes y el presidente de la comisión de investigación del espionaje), aunque mantiene la inocencia de todos y es un elemento activo en la divulgación de la tesis oficial que denuncia «una trama contra el PP» urdida por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, el juez de la Audiencia Nacional y la Fiscalía.

Francisco Camps, por su parte, no se encuentra en una situación más cómoda porque los focos de la actuación judicial apuntan en su dirección.

El presidente valenciano emuló a Rajoy cuando saltó a las primeras páginas de los periódicos la filtración del escrito en el que la Fiscalía lo incluía entre los posibles aforados de la causa que instruye Garzón. Se rodeó de su equipo de Gobierno al completo y, acompañado por la alcaldesa Rita Barberá, pronunció un solemne discurso en defensa de su honor e inocencia.

«Estaba muy sobreactuado y eso demuestra con claridad su extrema debilidad», sentenció un parlamentario que interpretó como un error la respuesta del político autonómico al que, en principio, se le podría acusar de vestir trajes pagados por una empresa de la trama.

«Sabemos que todo lo que investiga la Policía es serio», confiesa un dirigente en privado. «Pero hemos tenido mucha suerte gracias a la afición cinegética de Bermejo, el hecho de que la causa la lleve Garzón y no otro juez más serio y que le haya reventado la investigación a la Fiscalía, que tiene ahora todo prendido con alfileres», añadió.

Pero «aunque no se pueda demostrar ningún delito y todo quede en unos trajes, los efectos políticos son indudables porque es una cacería en toda regla, a través de periódicos y telediarios», se queja otro dirigente territorial.

Zapatero advierte que no consentirá que se "intimide" a jueces y fiscales

VIGO.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, advirtió hoy en Vigo de que "no consentirá" que se "intimide" a jueces, fiscales o policías en "la lucha contra la corrupción".

Durante un mitin en el que compartió escenario con el secretario general del PSdeG, Emilio Pérez Touriño, el líder del Ejecutivo central recordó "lo que se está viendo y viviendo" en España durante los últimos días y solicitó a un pabellón abarrotado con más de 6.000 asistentes permiso para responder "a algunas cosas que han dicho dirigentes del PP".

Así, reafirmó su compromiso de evitar presiones sobre las fuerzas del orden y la justicia por parte del partido de la oposición, del que consideró que "no tiene liderazgo ni cohesión" y criticó que "sólo está dedicado a sus problemas" y "no a los de la gente".

Su auditorio le respondía con gritos de 'A la cárcel todos', en referencia a los miembros del PP implicados en las tramas de corrupción, después de que anoche el juez Baltasar Garzón -que se encuentra investigando la denominada 'Operación Gürtel'-- ingresara en una clínica tras sufrir una crisis de ansiedad.

Garzón recibe el alta médica tras permanecer un día ingresado

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón recibió hoy el alta médica alrededor del mediodía tras sufrir ayer una crisis de ansiedad e ingresar en las urgencias de un centro sanitario de Madrid, según informaron fuentes cercanas al magistrado.

Garzón, que presentaba un cuadro de tensión muy alta cuando llegó a las instalaciones sanitarias, abandonó la Audiencia Nacional poco después de las 14.30 horas del viernes sufriendo una congestión y con una mano en el pecho, según señalaron testigos presenciales.

Al llegar al hospital, Garzón fue sometido a varias pruebas analíticas y trasladado posteriormente a la unidad coronaria del centro, donde permaneció en observación. Allí, fue medicado para mejorar su situación.

Tras permanecer durante toda la noche en observación, los médicos decidieron esta mañana dar el alta médica al juez, que abandonó el centro médico en torno al mediodía para continuar la recuperación en su domicilio.

En la actualidad el juez se encuentra investigando la denominada 'Operación Gürtel', en la que se encuentran imputadas 37 personas por una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que habría ofrecido "dádivas y sobornos" a funcionarios y autoridades de administraciones del PP en las comunidades de Madrid y Valencia a cambio de favores políticos.

Garzón ingresa en Urgencias de un centro sanitario de Madrid por un fuerte dolor abdominal

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ingresó esta tarde en Urgencias de un centro sanitario de Madrid tras sufrir una crisis de ansiedad, según informaron fuentes próximas al magistrado, que añadieron que el instructor se encuentra fuera de peligro aunque previsiblemente permanecerá hospitalizado hasta mañana, sábado.

Garzón, que presentaba un cuadro de tensión muy alta cuando llegó a las instalaciones sanitarias, abandonó la Audiencia Nacional poco después de las 14.30 horas sufriendo una congestión y con una mano en el pecho, según señalaron testigos presenciales.

Al llegar al hospital, cuyo nombre no fue facilitado por expreso deseo del juez, Garzón fue sometido a varias pruebas analíticas y trasladado posteriormente a la unidad coronaria del centro, donde permanece en observación. Allí, fue medicado para mejorar su situación.

En la actualidad el juez se encuentra investigando la denominada 'Operación Gürtel', en la que se encuentran imputadas 37 personas por una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias que habría ofrecido "dádivas y sobornos" a funcionarios y autoridades de administraciones del PP en las comunidades de Madrid y Valencia a cambio de favores políticos.

El juez Garzón comenzó ya a inhibirse en favor de los TSJ de Madrid y Valencia en el caso de la trama de corrupción en la que podría haber más aforados, incluso diputados nacionales o senadores.

González Pons admite que el PP contrató en 2005 a una empresa de Correa

MADRID.- El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, admitió hoy que su formación contrató en 2005 una caravana electoral con la empresa Pasadena Viajes de Francisco Correa, cabeza de la presunta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, porque ofrecía "el mejor precio".

González Pons hizo estas declaraciones en una rueda de prensa, al ser preguntado por este extremo después de que 'El Periódico de Cataluña' publique en su edición de hoy que Correa trabajó para el PP durante más tiempo que el confesado por Mariano Rajoy, quien dijo que en 2004 había cortado relaciones con las empresas de Correa.

El responsable de Comunicación del PP indicó que las campañas electorales contratan "a quien ofrece mejor precio" y recordó que los medios de comunicación tienen "las facturas". "Creo que es bastante claro que cuando hay una oferta barata se puede contratar", concluyó.

Por su parte, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, reconoció hoy que el contrato adjudicado a la empresa Special Events en 2004 para el diseño, montaje y mantenimiento del stand del Ayuntamiento en el Salón Inmobiliario, valorado en 153.000 euros, fue amañado, y aseguró que se está investigando para descubrir quién cambió el informe técnico que fue elevado al Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) para decidir la adjudicación.

Y es que según las informaciones publicadas hoy por El País, en mayo de 2004 el Consejo de Administración de la EMVS, presidido entonces por Sigfrido Herráez, adjudicó un contrato a la empresa de Francisco Correa, actualmente imputado por ser el presunto cabecilla de la trama de corrupción que investiga el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dentro de la 'operación Gürtel'.

El problema radica en que a ese concurso se presentaron diez compañías y Special Events fue valorada como la quinta mejor oferta. Sin embargo, en un segundo expediente se convirtió en la segunda con más posibilidades y finalmente logró alzarse con el concurso.

"Lo que se produjo ahí fue una manipulación del informe técnico", explicó Gallardón durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, indicando que ésa es la explicación aportada por el propio Herráez y por la EMVS, que justificaron la adjudicación del acuerdo "de acuerdo con el informe técnico presentado ante el Consejo de Administración".

Es decir, que los miembros del Consejo que finalmente decidieron dar el contrato a Special Events lo hicieron basándose en un informe falseado, en el que se asegura que existe una valoración positiva de los técnicos en contra del expediente real que era totalmente contrario.

"Es un hecho gravísimo, una manipulación injustificada absolutamente y el Ayuntamiento actuará con toda la dureza del mundo contra quien haya inducido o producido esa manipulación. Es importante matizar esto porque no puede establecerse reproche sobre el Consejo de Administración de la EMVS, porque ellos adjudicaron de acuerdo con la propuesta que se les elevó", consideró el primer edil.

Por eso, el alcalde cree que todos los implicados en la decisión, "incluida la oposición que también tiene representación en la EMVS, decidieron de acuerdo con el informe técnico". "El problema es que el informe que se elevó al Consejo de Administración no se correspondía con el informe previo, había sido manipulado y queremos saber quién lo hizo y por qué razones", apostilló.

Así, explicó que en junio de 2005 la oposición pidió una relación de empresas como Special Events con las que el Ayuntamiento había contratado, y el resultado fue un listado de siete expedientes de 1996, 1999, 2001, 2004 y tres de 2005. "Dentro de ellos estaba éste, sólo que en ese momento no se hizo más que la relación, sin analizar la adjudicación, por lo que no se apreció la irregularidad", explicó.

Sin embargo, "ahora, como consecuencia de las informaciones aparecidas, se han cotejado todos los expedientes y en el único en el que hemos encontrado irregularidades es en éste, y cuando ayer la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, elevó la constatación de que había habido una propuesta de adjudicación diferente porque se encontró el informe técnico (original)", se presentó "una denuncia ante el juzgado de guardia".

"Ahora le corresponde al juez averiguar por qué la propuesta de adjudicación que se elevó (a la EMVS) no se ajustaba al informe técnico", indicó.

Asimismo, indicó que la comprobación del expediente de adjudicación ha sido posible gracias al hallazgo de los informes originales en la sede de la Empresa Municipal del Suelo, ya que no se encontraba en los registros de la Empresa Municipal de la Vivienda, y aseguró además que los servicios municipales ya están mirando "los distintos contratos menores que no van por concurso y que se pudiera haber realizado con cualquiera de esas empresas".

"Cuando tengamos el cotejo de todas las áreas se lo facilitaremos al Grupo Municipal Socialista y a los medios de comunicación", aseguró.

Camps desmiente la imputación y anuncia todas las acciones legales "en defensa de su honor y del PP"

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, desmintió hoy "de pleno" las informaciones que le vinculan con la investigación de una trama de corrupción por parte del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dentro de la 'operación Gürtel', que enmarcó en "un proceso abierto contra todo el PP", y anunció que emprenderá todas las acciones legales "en defensa de su honor, del PP y del cargo que representa".

Así, apuntó que su "culpa" deben ser las encuestas que le dan una mayoría superior a las pasadas elecciones sobre el Partido Socialista.

Camps, en una declaración leída en el Palau de la Generalitat flanqueado por todo su gobierno, salvo un conseller por motivo de salud, así como de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, dijo sentirse "profundamente indignado" por estas informaciones, que se hacen eco de que la Fiscalía le implica en la 'operación Gürtel' a raíz de unas supuestas grabaciones a una imputada que aludía al pago de 30.000 euros en trajes para el jefe del Consell, algo que, según recordó, ya desmintió "en su momento, como parece ser la misma persona que también se desmintió ante el juez".

El presidente de la Generalitat enmarcó la situación a este "extraño proceso de sumario y de filtraciones interesadas" para "dividir" el partido, crear "incertidumbre" y el "ataque" entre ellos y después "la desafección" de sus militantes y simpatizantes. "No lo han conseguido y pido tranquilidad y paciencia a todos mis compañeros porque saldremos más reforzados si cabe de esta amarga experiencia, de esta amarga situación", subrayó.

Asimismo, advirtió: "de esta filtración se desprende una hipotética investigación a una persona aforada que podría anular todo el procedimiento y cuando lo que se busca es la persecución del delito un error de estas características tendría una nefastas consecuencias judiciales".

Camps señaló que se enteró de la noticia a las 6.00 de la mañana y al respecto indicó: "recuerdo cuando al principio de la democracia, se me dijo que a diferencia de la dictadura, al albor de la mañana quien llamaba era el lechero y no una falsa imputación".

"Esto más que una causa parece un proceso abierto contra todo un partido político", remarcó. "Como tal así lo asumo", declaró.

De hecho, recordó a todos sus compañeros "perseguidos, acosados y que con causas sobreseídas han sufrido daños irreparables", así como las "detenciones televisadas de compañeros de partido que han quedado en libertad sin cargos" y "a alcaldes que ya no lo son por falsas imputaciones".

"Hoy han quedado en nada como Bertolt Bretch, ayer un concejal, hoy un alcalde, mañana el presidente de una comunidad autónoma", lamentó.

En esta línea, anunció que si estas acusaciones siguiesen adelante pedirá la comparecencia de todos los funcionarios que han trabajo con él en sus distintas etapas de concejal del Ayuntamiento de Valencia, de teniente de alcalde, de conseller, de secretario de Estado, de vicepresidente del Congreso, de delegado del Gobierno o actualmente presidente de la Generalitat para que "puedan claramente decir si alguna vez he pedido alguna decisión al albur de cualquier circunstancia".

Del mismo modo, solicitará también la comparencia de todos los presidentes de las empresas españolas o valencianas públicas y privadas que hayan tenido relación alguna con sus responsabilidades políticas para que "digan si alguna vez insinúe algún tipo de contraprestación". Asimismo, reclamará la comparecencia de todos los alcaldes de la Comunidad Valenciana de todos los partidos políticos para que "digan si alguna vez les indique alguna decisión".

"Veinte años de vida pública al servicio del interés general", sintetizó.

Camps sostuvo que desde el primer momento "se ha buscado la división del partido, la incertidumbre y el ataque entre nosotros, no lo han conseguido".

"Después --agregó-- la desafección de nuestros militantes y simpatizantes y no lo han conseguido y por fin el desestimiento de los que creemos en la libertad y en la democracia y no lo han conseguido". Por ello, subrayó: "pido tranquilidad y paciencia a todos mis compañeros porque saldremos más reforzados si cabe de esta amarga experiencia, de esta amarga situación", garantizó.

En ese sentido, indicó que ayer mismo, "no hace ni 24 horas", le pasaron una encuesta de la Comunidad Valenciana que señalaba que de celebrarse hoy elecciones autonómicas la distancia entre el PP y el PSOE sería "todavía superior" al de los pasados comicios. "Esta debe ser mi culpa", sostuvo.

Del mismo modo, manifestó que a lo largo de las semanas "en este extraño proceso de sumario y de filtraciones interesadas, toda información ha sido rechazada por falaz, igual que la de hoy". "Toda información referida a la Comunidad Valenciana. Una detrás de otra", recalcó.

Así, insistió en que "ninguna de las filtraciones interesadas se ha sostenido más de 24 horas". "Ni una de las filtraciones interesadas ha soportado el paso de una jornada", recalcó.

De hecho, remarcó: "hemos vivido un proceso mediático paralelo sin garantías que hemos tenido que ir contestando a golpe de nota de prensa" y también, agregó, "esta falta de garantías procesales las estudiaremos y las tendremos en cuenta, entre otras cosas porque de la filtración se desprende una hipotética investigación a una persona aforada que podría anular todo el procedimiento y cuando lo que se busca es la persecución del delito un error de estas características tendría una nefastas consecuencias judiciales", advirtió.

En esta línea, recordó que ya presentó querella contra quien le atribuyó aquellos hechos y anunció: "ejercitaré todas las acciones legales en defensa de mi honor, del Partido Popular y de la dignidad y honradez de cargo que tengo encomendado por el pueblo valenciano".

Camps anuncia la comparecencia del Consell en las Corts

VALENCIA.- El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, anunció hoy en el pleno de las Corts Valencianes, donde se celebra la sesión de control al Consell, que todos los miembros de su gobierno comparecerán en las comisiones parlamentarias correspondientes de la Cámara autonómica para explicar "con tranquilidad, transparencia y sentido de la lealtad y la responsabilidad todo aquello que pregunten" los diputados de la oposición.

Asimismo, el presidente de la Generalitat preguntó al grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes si "de verdad" cree que él puede estar imputado "por lo que se está diciendo estos días", después de que hoy se conociera la información sobre su presunta vinculación con la trama de corrupción que investiga Garzón.

Camps hizo el anuncio de la comparecencia de su Consell durante su intervención en el Parlamento para responder a la pregunta formulada por el portavoz socialista, Ángel Luna, que instó al responsable autonómico a dar "muchas muchas explicaciones" sobre la relación de la administración valenciana con las empresas investigadas por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en la operación Gürtel.

La pregunta de Camps al grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes sobre si "de verdad" cree que él puede estar imputado "por lo que se está diciendo estos días", después de que hoy se conociera la información sobre su presunta vinculación con la trama de corrupción que investiga Garzón, fue en contestación a la intervención del portavoz adjunto del PSPV, Ximo Puig, que le pidió que dijera "si asumiría la responsabilidad política" en caso de resultar finalmente imputado.

Un experto asegura que las cajas rurales "pueden superar todos sus retos con su actual modelo de gestión"

VALENCIA.- El socio director de Cli Consultores, Ignacio Suárez-Zuloaga, aseguró que las cajas rurales "pueden superar todos sus retos con su actual modelo de gestión", durante su intervención en las Jornadas Económicas organizadas por la Federación de Cajas Rurales de la Comunidad Valenciana.

Suárez-Zuloaga pronunció hoy la ponencia 'Las entidades de menor tamaño frente a un entorno turbulento', en la última sesión de estas jornadas, que giró en torno a la situación que atraviesa la economía y su efecto sobre las cooperativas de crédito y sus particularidades, conferencia en la que defendió el correcto comportamiento de las entidades más pequeñas ante la situación actual.

"Las entidades de menor tamaño se están enfrentando a uno de los entornos más adversos que cabía imaginar pero, en comparación, están ofreciendo unos resultados mucho menos negativos que la gran mayoría de las grandes entidades", sostuvo Suárez-Zuloaga.

Además, estimó que la salida de las fusiones no es una "solución mágica" y planteó que "la mayoría de los retos que deberán afrontar las entidades de menor tamaño pueden ser superados con medidas de gestión ajenas a las fusiones e intervenciones".

Por su parte, el economista jefe de Intermoney, José Carlos Díez, pronunció la ponencia 'España en la tormenta perfecta', en la que analizó el canal de contagio que tuvo España ante la crisis internacional, las fortalezas y vulnerabilidades de la economía española y especialmente del sistema bancario.

Así, expresó su plena confianza "en la calidad y capacidad de nuestros responsables bancarios para volver a demostrar al mundo que España es el sistema de banca minorista más eficiente del planeta".

Las jornadas concluyeron con la intervención de Ángel Luis López Roa, catedrático de la UCM, quien analizó en su intervención 'Las crisis superpuestas' la crisis financiera internacional, caracterizada por la sequedad de los mercados por la desconfianza ante la existencia de activos contaminados, y la crisis de la economía española por sus características diferenciadoras con la internacional, y cómo están absorbiendo estas crisis superpuestas las entidades financieras españolas.

Remarcó asimismo que "las cajas rurales, con cuota de mercado reducida, fragmentadas, pero con seguimiento próximo de sus clientes, no parecen encontrarse tan expuestas, si bien requieren ganar dimensión para poder acometer las mejoras necesarias y situarse en una posición más sólida ante la gravedad de la crisis".

El encargado del cierre de las XVIII Jornadas Económicas de la Federación de Cajas Rurales de la Comunidad Valenciana fue el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada, quien resaltó que las rurales tiene "un papel muy importante" por su "historia, capacidades, profesionalidad en el sector" y su "cercanía, que es absolutamente vital", dijo.

El presidente de la federación, Cirilo Arnandis, destacó por su parte que "lo que hace unos años era para algunos un gran problema, nuestro tamaño, hoy en día es una fortaleza".

"Surgimos para evitar la usura que en aquel momento se daba en el mundo rural y nuestras particularidades nos han permitido llegar a día de hoy queriendo mantener nuestras diferencias para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes. Siempre hemos tenido los pies en el suelo y así seguirá siendo por muchos años más", sentenció Arnandis.

El gasto farmacéutico crece un 1,40% en enero en la Comunidad Valenciana

VALENCIA.- El gasto farmacéutico creció en la Comunitat un 1,40% en enero de 2009, en relación al mismo periodo de 2008, según muestran los datos remitidos a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad y Consumo por las comunidades autónomas.

En total, el gasto farmacéutico registrado en enero de 2009 ascendió a 1.058.085.198 euros, lo que supone un 2,06 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado, mientras que el crecimiento del gasto interanual mantiene su moderación y se sitúa en el 6,49 por ciento.

Con ello, la región se coloca como la cuarta región en la que se ha registrado un menor crecimiento, tras Murcia (0,27%), Andalucía (0,46%), Madrid (0,46%). Por el contrario, las que han tenido un gasto mayor han sido Melilla (30,54%), Ceuta (5,95%), Castilla-La Mancha (5,59%) y País Vasco (5,54%).

Respecto al gasto interanual, el mayor incremento lo tienen Melilla (16,80%), Canarias (8,96%) y La Rioja (8,81%), y el menor crecimiento corresponde a Madrid (4,61%), Cataluña (5,51%) y Extremadura (6,11%).

En el gasto medio por receta se mantienen los valores moderados de los últimos meses, ya que se ha registrado un crecimiento del 1,35 por ciento respecto a enero del año pasado y la variación resultante es del 0,25 por ciento.

En cuanto al número de recetas facturadas en enero, los datos muestran un crecimiento del 1,81 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 80.423.317, lo que sitúa el aumento interanual en el 5,07 por ciento.

En este apartado, destacan los crecimientos de Melilla, Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura, mientras que Cantabria, Castilla y León, Baleares y Galicia han sido las de menor crecimiento.

Adif inicia las obras de la fase I del Canal de Acceso de la Red Arterial Ferroviaria

VALENCIA.- Adif, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento, ha iniciado las obras correspondientes a la Fase I del Canal de Acceso de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia, comprendidas en la Línea de Alta Velocidad entre Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia. El importe de adjudicación de la Fase I de las obras asciende a 24.789.200 euros y el plazo de ejecución es de nueve meses, según informaron en un comunicado fuentes de la entidad pública.

Este proyecto está financiado por Valencia Parque Central Alta Velocidad 2003, sociedad constituida por el Ministerio de Fomento, la Generalitat valenciana, el Ayuntamiento de Valencia, Adif y Renfe Operadora, y se incluye en el marco de los compromisos adquiridos por el Ministerio de Fomento, la Generalitat y el Ayuntamiento.

La nueva línea de alta velocidad Madrid-Castilla La Mancha-Comunidad Valenciana-Región de Murcia se integra en el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte del Ministerio de Fomento (PEIT) para los años 2005-2020. Al respecto, resaltaron que los estudios y proyectos de la nueva línea así como la construcción de la plataforma de los subtramos de Buñol, Cheste, Aldaya y Picanya han sido cofinanciados por Ayudas de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T).

Dentro del Marco de Apoyo Comunitario 2000-2006, las ayudas globales concedidas por la Unión Europea a la nueva línea de alta velocidad alcanzan la cifra de 575 millones de euros con cargo al Fondo de Cohesión, 125 millones de euros con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y 48 millones de euros con cargo a fondos RTE-T.

Para el periodo 2007-2013 parte de la plataforma de la línea va a ser cofinanciada por el Fondo de Cohesión, dentro del Programa Operativo Fondo de Cohesión-Feder 2007-2013. Asimismo, el suministro y montaje de vía y las instalaciones van a ser cofinanciadas por el Feder, a través de los programas operativos de Castilla La Mancha 2007-2013, y Comunitat Valenciana, 2007-2013 y diversas actuaciones de alta velocidad van a ser cofinanciadas por el Feder, a través del programa operativo Murcia 2007-2013.

Las obras de construcción de plataforma de vía de la Fase I del Canal de Acceso contienen los elementos previos necesarios para el desarrollo de las obras que permitirán la llegada de la alta velocidad a la estación provisional.

La nueva plataforma, con capacidad para cuatro vías, se construirá al lado derecho --en sentido de entrada a Valencia-- de la ubicación que ocupan actualmente. El desvío de ambas líneas y la construcción de un trazado paralelo son necesarios para liberar el espacio que ocupan y por el que transcurrirá la línea de alta velocidad.

Asimismo, se produucirán desvíos de las líneas convencionales que conectan con Castellón y Xàtiva, de 1.590 metros de trazado, y 1.400, respectivamente. También se procederá a la construcción de muros pantalla y cubierta de losas en los falsos túneles que servirán de conexión entre Canal de Acceso y Nudo Sur.

Finalmente, se llevará a cabo la instalación de 300 metros de muros pantalla en el lado oeste, además de la reposición del tramo de Colector Sur, para su puesta en servicio en fases posteriores, ubicado en la Calle Pianista Iturbi, junto al puente de Giorgeta.

La Fiscalía solicita a Garzón que se inhiba de la causa de la 'Operación Gürtel'

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción solicitó hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que se inhiba en la causa por la que investiga la trama de corrupción relacionada con la operación Gürtel a favor de los tribunales superiores de justicia de la Comunidad Autónoma de Madrid y de la Comunidad Valenciana.

Esto supondría que "la investigación de la totalidad del sumario recaería en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, salvo determinados hechos, perfectamente escindibles, que correspondería investigar al Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma de Valencia", indica el Ministerio Público en una nota de prensa.

La Fiscalía aclara que las dos fiscales encargadas del caso --Concha Sabadell y Miriam Segura-- presentaron esta mañana en el Juzgado Central de Instrucción número 5 este informe, que les solicitó Garzón para que se pronunciaran sobre los pasos a seguir en el caso de que pudiera haber imputados aforados en la causa.

La nota de prensa destaca que el Ministerio Público "respeta el carácter secreto de las actuaciones" por lo que se limita a manifestar que en su escrito solicita a Garzón "la elevación de 'exposiciones razonadas' a los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia.

No obstante, la Fiscalía no explica los motivos que han conducido a Anticorrupción a realizar esta petición y se remite "a las o razones que se exponen en el referido informe", que no se ha hecho público.

El pasado viernes, Garzón anticipó en el auto por el que rechazó la personación del Partido Popular (PP) en la causa que "existen serios indicios de que personas vinculadas a esa formación política podrían tener responsabilidad en esa causa o en aquellas otras que se incoeen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de algunas de ellas".

En su auto afirmaba que la resolución mediante la que se inhibirá de la causa "se producirá una vez concluya el análisis policial/pericial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente".

La investigación correspondería al Tribunal Supremo en caso de que los imputados fueran miembros del Gobierno y diputados nacionales y senadores y de los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid o Valencia si ocuparan estos cargos a nivel autonómico.

La Comunidad Valenciana, tercera autonomía con mayor seguimiento de la huelga de jueces

MADRID.- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cifró hoy en un 35,47 por ciento (1.621 jueces) el seguimiento de la huelga convocada hoy en la práctica totalidad de órganos judiciales españoles en demanda de mejoras estructurales en la Administración de Justicia.

Estos datos responden a la información facilitada por los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, según los cuales la Comunidad Valenciana fue la tercera autonomía con mayor seguimiento de la huelga, de un 60,19 por ciento, tan sólo por detrás de Aragón y Murcia.

Según una nota hecha pública por el Consejo las movilizaciones ponen de manifiesto que "existe una amplia voluntad de cambio en la Justicia española", si bien este órgano destacó "el alto grado de responsabilidad de los jueces y magistrados, especialmente de aquellos que, en su mayoría, han decidido atender a los ciudadanos".

Los primeros datos oficiales difieren en gran medida de los ofrecidos a la misma hora por los convocantes (el comité de huelga y las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente), que hablan de un seguimiento de los paros por parte del 70 por ciento de la carrera (2.192 jueces del total de 4.570 existentes).

Según los datos oficiales, que según el Consejo aún son provisionales, la comunidad donde porcentualmente se ha producido un mayor seguimiento de la huelga ha sido Aragón, donde un 65,35 por ciento de los jueces han parado (un total de 83 de los 127 que ejercen en dicho territorio); seguida de Murcia, con seguimiento del paro del 62 por ciento (84 de 134); Comunitat Valenciana, con un 60,19 por ciento (han parado 254 del total de 422 ejercientes en esta comunidad); Extremadura, 56,99 por ciento (han parado 53 de un total de 93 jueces) , y Canarias, con un 51,22 por ciento de los jueces en huelga (hicieron huelga 105 de 205).

En Madrid, la huelga ha sido seguida por el 37,12 por ciento de la Carrera, un total de 22 jueces de los 598 que ejercen en esta comunidad, mientras que el seguimiento más bajo se ha registrado el País Vasco con 9,17 por ciento de los jueces parados (apenas 20 de los 218 que ejercen en dicha comunidad).

En otros territorios el seguimiento de la huelga, según el CGPJ, ha sido el siguiente: Andalucía, el 27,67 por ciento (han parado 202 jueces de los 730 ejercientes); Asturias, el 24,26 por ciento (33 de 136); Baleares, 38,61 por ciento (39 de 101); Cantabria, el 39,71 por ciento (27 de 68); Catilla y León, el 25,26 por ciento (72 de 285); Castilla-La Mancha, el 29,24 por ciento (50 de 171); Cataluña, el 33,57 por ciento (239 de 712); Galicia, el 36,48 por ciento (116 de 318); La Rioja, el 14.71 por ciento (5 de 34); Navarra, el 25 por ciento (15 de 60).

El seguimiento de la protesta ha sido inapreciable en los órganos centrales como el Tribunal Supremo, donde no ha parado ninguno de sus 74 magistrados, mientras que la Audiencia Nacional han hecho huelga dos, el juez de Instrucción número 6 Eloy Velasco y el magistrado de lo Contencioso-Administrativo de este órgano Carlos de Rozas.

Como primera reacción a la huelga, y en espera de la comparecencia pública anunciada por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, para las 18.00 horas de hoy, el órgano de gobierno de los jueces ha hecho pública una nota en la que se destaca que la voluntad hecha pública hoy por este colectivo por primera vez en la historia exige tanto al Consejo como al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en este ámbito "trabajar en pro de la reforma necesaria".

"El CGPJ, como órgano de Gobierno, continuará, como ha venido haciendo hasta ahora, con todos los esfuerzos precisos para conseguirla", concluye el escrito.

'Mercadona' baja los precios un 10% de media desde octubre

VALENCIA.- Mercadona llevó a cabo una bajada media del precio de sus productos del 10 por ciento desde octubre tras realizar "una profunda revisión" de su surtido y dar de baja cerca de 800 referencias --400 de Bosque Verde, Deliplus, Hacendado y Compy, y otras 400 del resto de marcas--, según informó hoy la compañía en un comunicado, en el que resaltó que esta "relevante" reducción, en una compra media tipo de 600 euros al mes, se tradujo en "un ahorro de 60 euros".

Señalaron al respecto que esta rebaja, de un 10 por ciento de media, fue posible "gracias a la decisión tomada por la compañía el pasado mes de octubre", cuando "optó por adaptarse a la realidad del contexto y a la reducción del precio total de la compra que demandaban sus clientes".

De este modo, Mercadona "no sólo ha ahorrado dinero a los más de cuatro millones de hogares que realizan sus compras en sus supermercados, sino que también supone una inyección a la economía española de más de 100 millones de euros al mes, lo que contribuye a incentivar el consumo", subrayaron las mismas fuentes.

Para ello, la cadena valenciana realizó durante estos meses "una profunda revisión de las más de 9.000 referencias que componían su surtido, eliminando todo elemento que añadiese coste innecesario al proceso", un "trabajo de optimización" con el que dieron de baja cerca de 800 referencias, 400 de ellas de producto recomendado --Bosque Verde, Deliplus, Hacendado y Compy--, y 400 del resto de marcas.

Sobre esta cuestión, desde la compañía recalcaron que "en todos los casos, no cumplían los criterios de rotación de venta, estaban duplicadas y, lejos de aportar valor al cliente, no respondían a necesidades reales pero incrementaban el precio final del carro de la compra en sus supermercados".

Además, el grupo presidido por Juan Roig implantó la venta de fruta y verdura a granel "en aproximadamente la mitad de los supermercados", y posibilitó así "la bajada del precio por kilo de estos productos".

"En todos los casos, los ahorros conseguidos como consecuencia de las decisiones tomadas se han trasladado en su totalidad a los clientes, puesto que se han aplicado exclusivamente a la reducción del precio final del producto", resaltaron las mismas fuentes, quienes aseveraron que gracias a los positivos resultados obtenidos hasta el momento, "seguirá revisando permanentemente su surtido, con el objetivo de ofrecer a sus clientes el carro de la compra de mayor calidad y más barato del mercado".

Mercadona, con capital íntegramente nacional, cuenta en la actualidad con 1.212 supermercados repartidos por toda la geografía nacional, donde desarrollan su vida profesional 61.500 personas, todas ellas con contrato fijo.

De acuerdo a su apuesta por la industria agroalimentaria nacional, la firma realizó compras en 2008 por valor de 14.000 millones de euros a más de 2.000 proveedores españoles, tanto de productos como de servicios, cifra que representa un 1,4 del PIB español.

El 76% de los jueces de la provincia de Valencia secundan la huelga

VALENCIA.- El 76,10 por ciento de los jueces de los partidos judiciales de la provincia de Valencia secundaron hoy la huelga convocada por este colectivo para reivindicar la mejora de los medios personales y materiales de la Administración de Justicia, en una jornada que transcurrió sin incidencias significativas, según comentó el juez decano de Valencia, Pedro Viguer.

En total, en la provincia de Valencia, el seguimiento de la huelga alcanzó el 76,10 por ciento, mientras que en la ciudad, esta cifra se incrementó hasta llegar al 81,32 por ciento, al sumarse a la convocatoria un total de 74 jueces, frente a 17 que decidieron no adherirse --sin contar con jueces sustitutos y con los que se encuentran de baja--.

Por lo general, según indicó el juez decano, no hubo ninguna incidencia relevante, y se cumplieron "a rajatabla" los servicios mínimos, en una jornada que calificó como "bastante tranquila" y "exitosa".

El 50% de jueces y magistrados de la provincia de Castellón secunda la huelga

CASTELLÓN.- El 50 por ciento de los jueces y magistrados titulares de la provincia de Castellón, --21 de 42--, está secundando la jornada de huelga convocada para hoy para demandar una modernización de la administración de Justicia, según informó en rueda de prensa el juez decano de la Audiencia de Castellón, José Luis Conde Pumpido.

Por partidos judiciales, el juez decano señaló que en Castellón la incidencia de la huelga es del 66 por ciento -secundada por 14 de los 22 jueces-; en Vila-real y Nules es del 100 por cien -secundada por los cinco y dos jueces titulares que prestan sus servicios respectivamente-; mientras que en Vinaròs y Segorbe la incidencia ha sido nula.

La protesta en Castellón también ha incluido una jornada de puertas abiertas, así como una concentración en las puertas de la Ciudad de la Justicia, en la que el presidente de la Audiencia Provincial, Carlos Domínguez, leyó un comunicado con las principales reivindicaciones de los jueces.

Zapatero, contra la corrupción urbanística

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró hoy que el Grupo Socialista y el Gobierno siempre están abiertos a considerar nuevas medidas de caracter normativo y preventivo que "puedan generar una mayor fuerza en la prevención contra comportamientos irregulares o delictivos".

Zapatero respondió así a una pregunta parlamentaria de la diputada del Grupo Mixto Uxue Barcos, acerca de si tiene previsto el Gobierno tomar medidas para atajar la corrupción de los Ayuntamientos.

A este respecto, el presidente recordó que el Gobierno ha venido trabajando en los últimos años para "reforzar todos los mecanismos en esa lucha contra la corrupción, y de manera singular en el ámbito urbanístico".

"Medidas que han reforzado los medios y las funciones de la Fiscalía Anticorrupción, y así también se ha creado la figura del fiscal coordinador del medio ambiente y urbanismo. Se han reforzado los medios policiales con la creación de grupos específicos de Policía y Guardia Civil contra delincuencia urbanística", explicó.

Añadió que, además, está la Ley del Suelo, en la que se introdujeron "diversas previsiones específicas para combatir" la corrupción urbanística. Citó también las reformas normativas en materia local sobre las obligaciones de publicidad de los bienes e intereses de los miembros de los Gobierno, así como el endurecimiento de su régimen de incompatibilidades.

Reconoció, eso sí, que es "verdad" que el conjunto de casos que están dando lugar a sumarios o actuaciones por parte de la Fiscalía ponen de manifiesto que hay un "combate contra lo que pueden ser comportamientos delictivos, que afectan a un número ayuntamientos, en todo caso relativo, pequeño, en el conjunto de los más de 8.000 municipios que hay".

La diputada Barcos, por su parte, señaló que las medidas que enumeró el presidente eran "interesantes pero no suficientes", y pidió que se resuelva la financiación de los ayuntamientos, porque "su falta de financiación los convierte en un talón de aquiles del sistema", tal y como demuestran "los casos que copan las páginas de los periódicos".

Asimismo, estimó necesaria "más transparencia" al promover mayor colaboración con la administración de Justicia en los casos que se requiera, y pidió transparencia política. "Lo ha pedido el PSOE en el caso del espionaje madrileño. Es precisa transparencia política y aceptar las comisiones de investigación junto a las investigaciones judiciales", recalcó.

Ante estas afirmaciones, Zapatero puntualizó que "desgraciadamente" muchos supuestos de corrupción o delitos en el ámbito municipal no tienen que ver con las necesidades de financiación de los ayuntamientos sino con "otro tipo de necesidades mucho más inmorales".