martes, 24 de noviembre de 2009

Egipto investigará el accidente del Mar Rojo donde murieron dos turistas valencianos

EL CAIRO.- El Gobierno egipcio se ha comprometido a emprender una investigación y "en su caso exigir las responsabilidades oportunas" sobre el naufragio de un barco el pasado día 19 en el Mar Rojo en el que murieron dos valencianos que iban a practicar submarinismo, ha anunciado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de visita en El Cairo.

En rueda de prensa conjunta con el primer ministro egipcio, Ahmed Nazef, agradeció a las autoridades de este país el "apoyo" y la "condolencia" que le han transmitido por este suceso, así como las gestiones que han venido desarrollando en torno al accidente.

Zapatero se reunió previamente con los padres de los fallecidos en un hotel de El Cairo, a los que trasladó su "pesar" y el de Gobierno. Los familiares habían pedido la mediación del presidente del Gobierno ante las autoridades egipcias para que se investiguen las causas del hundimiento de la nave, en la que embarcaron para practicar submarinismo.

Precisamente, la hermana de la mujer desaparecida afirmó que sus padres habían viajado desde la zona del siniestro en Sharm el Sheij hasta El Cairo para ver si Rodríguez Zapatero les hacía "un hueco" en su "apretada agenda" y poderse reunir con él para pedirle su mediación.

La familia solicita que se baje al lugar en el que está hundido el barco, "no para recuperar los cuerpos", sino para conocer qué es lo que ocurrió, ya que "hay muchos supervivientes que dicen que hay negligencias". Lo que pretenden es que se investigue "y esto no vuelva a repetir; que ningún hermano más se muera ahogado", indicó Cristina.

Los dos fallecidos, Israel Pérez y María Lourdes González, de 33 años, eran pareja y residían en Valencia. Viajaban en el 'Coral Princess' junto a otros 12 turistas españoles, que han sobrevivido, con la intención de practicar submarinismo.

Cultura dice que el TS ha puesto "punto y final" al litigio del Teatro Romano de Sagunto

VALENCIA.- La Conselleria de Cultura considera que el último auto del Tribunal Supremo (TS) que rechaza demoler las obras de rehabilitación en el Teatro Romano de Sagunto "ha puesto punto y final a un largo proceso judicial que se inició hace 20 años" e "impide cualquier tipo de recurso o reclamación sobre el futuro de las obras".

La resolución permitirá, además, potenciar el "uso cultural y social" del monumento a través de una serie de obras de adecuación que está previsto iniciar en 2010.

Así lo aseguró este martes la directora general de Patrimonio Cultural Valenciano, Paz Olmos, quien recordó que en estas dos décadas la Generalitat no ha podido llevar a cabo el mantenimiento del teatro al estar el caso sub iudice y por eso "ahora está para una rehabilitación".

En este sentido, especificó que ésta consistirá en la musealización del monumento y en la adaptación a la normativa actual de cuestiones como la accesibilidad y la iluminación del recinto.

Olmos --que realizó estas manifestaciones a preguntas de los medios tras presentar la tabla 'La Piedad' de Juan de Juanes-- se refería de esta forma a la decisión del Alto Tribunal de rechazar el recurso interpuesto por el abogado Juan Marco Molines contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que estimó que existía una "causa de imposibilidad legal" para ejecutar la sentencia del TS que obligaba a demoler las obras de rehabilitación ejecutadas en el monumento por los arquitectos Grassi y Portaceli.

Al respecto, la directora general subrayó que "ahora que se ha despejado el panorama judicial" el objetivo es potenciar el uso del recinto "como teatro y como museo" con el fin de dar a conocer a todos los ciudadanos "qué significa el Teatro Romano, sus dimensiones y elementos".

Para ello, dijo, se realizará un itinerario expositivo y museístico del propio monumento que hará posible conocerlo con más detalle y relacionarlo con otros monumentos similares. De igual modo, apuntó que "existen unos proyectos básicos" --que no han sido encargados al no saber cómo se iba a resolver finalmente el asunto en los tribunales-- para la "adecuación de las instalaciones porque han pasado 20 años y los elementos de iluminación y de accesibilidad" han sufrido un cambio de normativa.

Sobre los plazos para ejecutar estos trabajos, Olmos calculó que este año se encargarían los proyectos --de hecho el de musealizacion ya se está concibiendo porque tiene que ir "al unísono" con la adecuación de las instalaciones-- "y el año que viene iniciar ya las obras".

Olmos especificó que a este proceso, "los técnicos de la Dirección General lo llaman rehabilitación, porque es el concepto técnico". Preguntada por si "cuando se habla de rehabilitar se refiere a las obras de Grassi y Portaceli", Olmos dijo que las obras del Teatro Romano que tiene en estos momentos el Teatro son las del proyecto realizado por Grassi y Portaceli pero matizó que las actuaciones no van a suponer ninguna modificación de lo ya existente.

Todo esto, continuó, "se enmarca dentro de un plan director elaborado junto al Ayuntamiento de Sagunt que considera la ciudad como un museo y que se completa con actuaciones como el Centro de Interpretación de Visitantes en el Castillo, el Museo Mestre Peña, la Morería o el Circo Romano".

Olmos agregó que, al potenciar el uso cultural del monumento con estas obras de adecuación, "se abre a unas mayores posibilidades, pero este es un tema a determinar también con el Ayuntamiento saguntino", concluyó.

Detenido el alcalde de Polop en relación a la muerte de su antecesor, también del PP

ALICANTE.- Efectivos de la Guardia Civil detuvieron en la mañana del martes al alcalde alicantino de Polop, Juan Cano Jiménez, por su presunta relación con la muerte de su antecesor en el cargo, Alejando Ponsoda, según informaron fuentes cercanas a la investigación.

Testigos vieron salir al primer edil, del PP, acompañado por agentes de la Guardia Civil sin esposar y con un ordenador portátil, según las mismas fuentes.

Esta es la séptima detención que se practica en el caso de la muerte de Ponsoda, fallecido en octubre de 2007 tras ser tiroteado cuando paró su coche frente a la puerta de acceso al garaje de su vivienda.

La Guardia Civil registró el lunes por la noche el Ayuntamiento y la casa del alcalde.

Testigos vieron salir del edificio consistorial al primer edil, --a quien su partido, el PP, ha decidido suspender cautelarmente de militancia a expensas de los resultados de la investigación--, acompañado por agentes de la Guardia Civil, sin esposar y con un ordenador portátil. Los agentes habían estado registrando la casa y el Ayuntamiento, en busca de pruebas relacionadas con la investigación.

La primera teniente de alcalde, María Dolores Zaragoza, aseguró este martes que la corporación municipal ha acogido con "lógico sobresalto" la detención del alcalde de la localidad, Juan Cano, por su presunta relación con la muerte de su antecesor, Alejandro Ponsoda.

María Dolores Zaragoza compareció ante los medios de comunicación y leyó un comunicado, en el que dejaba constancia del "lógico sobresalto" con el que la corporación ha acogido la noticia, aunque asegura que "la vida en la localidad continúa con normalidad, a la espera de que todo se aclare". De este modo, según el comunicado, la corporación quiere "pedir tranquilidad a todos los ciudadanos".

"La corporación sólo tiene constancia de la situación, a través de las informaciones de los medios de comunicación, sin que se sepa nada más", añadió Zaragoza, quien apeló a "la presunción de inocencia" y al deseo de que la "situación se aclare lo antes posible".

Por todo ello, los miembros de la corporación piden que se "deje trabajar a los agentes de la UCO de la Guardia Civil y a la Justicia, mientras esperamos, lo antes posible, la resolución del caso".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Alicante, Encarna Llinares, ha dicho: "El alcalde de Polop está en dependencias de la Guardia Civil, se están instruyendo diligencias, y la ley permite 72 horas en dependencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", comentó.

Así mismo, la subdelegada insistió en que hay que "felicitarse por el brillante trabajo que han realizado y está realizando la Guardia Civil, que ha permitido que en estos momentos ya haya seis personas encarceladas en relación a este asesinato".

Preguntada sobre la posibilidad de que se produzcan nuevas detenciones en las próximas horas, Llinares afirmó que lo desconoce y que "sólo" puede decir que "las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado continúan y continuarán trabajando para el esclarecimiento total" de los hechos.

"La investigación todavía no está cerrada, y sobre las causas, yo no les puedo decir absolutamente nada del grado de implicación de cada uno, porque son los jueces los que tienen esa responsabilidad y capacidad", explicó.

Con esta detención, la subdelegada remarcó que los ciudadanos tienen que tener "claro" que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado "trabajan intensamente sin valorar quién es ni dónde vive, trabajan y aplican la ley a rajatabla".


Esta es la séptima detención que se practica en el caso de la muerte de Ponsoda, fallecido en octubre de 2007 tras ser tiroteado cuando paró su coche frente a la puerta de acceso al garaje de su vivienda.

En estos momentos hay imputadas seis personas por su presunta implicación en esta causa, abierta por el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de la Vila Joiosa, que investiga los hechos.

Ayer mismo fue decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de las tres personas arrestadas el pasado viernes, dos de nacionalidad checa y un español, por su presunta relación con la muerte de Alejandro Ponsoda. En concreto, la jueza imputó a los ciudadanos checos los delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, mientras que el español --el último en ser interrogado a última hora la tarde de ayer-- está imputado por un delito de asesinato.

La investigación señala a los dos ciudadanos checos como los presuntos autores materiales del asesinato de Ponsoda, que falleció después de recibir varios tiros en la puerta de su casa, en la noche del 19 de octubre de 2007 en la pedanía de Xirles. El primer edil murió el 27 de octubre, después de varios días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital General de Alicante.

Reacciones vecinales

José Guillén, un vecino, comentó haberse sentido "un poco sorprendido" al enterarse esta mañana, por los medios de comunicación, de la detención del alcalde.

"No sé si hemos llorado de alegría o de pena, pero nos hemos sentido bastante sorprendidos", recalcó.

Sobre la detención del alcalde, señaló, asimismo, que había "rumores" en el pueblo, así como que la muerte de Ponsoda podría deberse a "cosas de urbanismo".

Guillén, que se declaró "muy amigo" del anterior alcalde, indicó que sintió mucho su muerte y que está deseando que "se aclare todo" y que "salgan los culpables".

"Que lo paguen, porque Alejandro Ponsoda no se merecía esto", agregó.

Otro vecino de Polop señaló que lo importante es que, "después de dos años", Alejandro Ponsoda y su familia "tengan justicia".

Asimismo, una mujer del municipio polopino indicó que la detención de Cano le ha sorprendido, puesto que Ponsoda y el actual alcalde "eran amigos de siempre e iban juntos en las listas" del PP.

Por su parte, María Jesús, vecina también del municipio, indicó que en el pueblo se oían "cosas y comentarios" sobre los supuestos autores de la muerte de Ponsoda, pero que "no hay nada en claro".

Se mostró "un poco" sorprendida por la detención de Cano, puesto que se desconoce quién podía estar detrás del asesinato, y apuntó que esta detención "algo tendrá en común", dijo, al tiempo que comentó que no sabe "qué determinará la justicia y en qué acabará todo".

"La justicia es la que tiene que ver si hay algo positivo o negativo en esta detención", comentó la mujer, quien pidió que "juzguen" a Cano "si es culpable", y si no lo es, "que lo suelten", que "es un padre de familia".

"También hay que pensar en la justicia que hay que hacer con el anterior alcalde, un buen hombre, trabajador, honrado, honesto, que quería a su pueblo, a su gente, y que era buen alcalde", agregó.

Esta vecina pidió, asimismo, que se haga "justicia" y que "se descubra la verdad" para que en el pueblo puedan descansar "tranquilos".

lunes, 23 de noviembre de 2009

Femeval aboga por actuar "con celeridad" para evitar "la mayor destrucción de la historia del tejido productivo"

VALENCIA.- El presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Vicente Lafuente, abogó por "actuar con celeridad" en una situación que tildó de "insostenible" por considerar que "de seguir así caminamos hacia la mayor destrucción de la historia del tejido productivo".

Criticó el "inadmisible panorama económico" al que se enfrentan las empresas, que está "marcado por un escaso apoyo hacia ciertos sectores estratégicos; por la falta de un modelo energético definido y una política fiscal que reactive la demanda, el consumo y la inversión; por la frivolidad de los agentes económicos; por las nulas facilidades de financiación; y por unos altísimos índices de morosidad, en especial de las administraciones públicas, que están provocando una de cada cuatro quiebras empresariales", dijo.

Además, agregó que a esta situación se suma "un despilfarro generalizado de la administración, unos ayuntamientos con unas arcas municipales en quiebra, un imparable incremento de la deuda pública y unos partidos políticos más centrados en resolver problemas internos, que en presentar propuestas eficaces que revitalicen la economía y generen empleo".

Lafuente indicó que se vive "la mayor crisis de confianza en la clase dirigente" y denunció que "los intereses de partido están primando sobre los intereses generales de la sociedad y están ofreciendo un espectáculo poco edificante que desvirtúa su papel como impulsores de soluciones y representantes de los intereses de todos los ciudadanos".

Por ello, reclamó "sentido común" a los responsables políticos para que "den una lección de madurez con la firma de pactos de Estado clave, que definan políticas realistas y efectivas".

En cuanto al incremento del empleo público, afirmó que "las administraciones se han convertido en un saco sin fondo de generación de empleo a través de la oferta pública" y criticó que "ningún gestor público está adoptando iniciativas de las que se pueda deducir alguna tendencia de austeridad".

En este sentido, pidió "moderación y prudencia" a las administraciones públicas para que "no permanezcan con las manos cruzadas, porque tienen un contrato temporal renovable cada cuatro años y deberían racionalizar al máximo sus actuaciones sabiendo que juegan con el dinero de los ciudadanos", subrayó.

"Si no se apoya con valentía a las empresas, en breve no estaremos hablando de porcentajes de desempleo, sino de irreparables índices de mortandad", sostuvo Lafuente, quien recalcó que la "solución" de la crisis "no se encuentra en subvencionar a los desempleados", sino en "dar a un trabajador un empleo estable, y no un subsidio temporal", que "aporta seguridad temporal" pero "es el principio del fin".

Además, instó a los empresarios a "mejorar su competitividad frente a otros mercados" y defendió "la necesidad de acometer una reforma laboral consensuada con todos los agentes sociales que aborde temas como el sangrante problema del absentismo laboral, la flexibilidad de contratos y horarios, la movilidad funcional y geográfica, la contratación a tiempo parcial, o un tipo de contrato fijo de carácter discontinuo, flexible y sencillo, como vía de creación de empleo", así como de "hablar más de productividad y menos de IPC".

El presidente de Femeval reclamó también "la reducción de las cotizaciones sociales que abonan las empresas a la Seguridad Social", que traten de "agilizar los procesos de tramitación de los ERE", la "rebaja" del Impuesto de Sociedades y "la eliminación del IAE como impuesto que penaliza la maltrecha economía de las empresas".

Lafuente hizo hincapié en "la necesidad de priorizar actuaciones que ayuden a reactivar el consumo de los ciudadanos como el Plan Prever" y pidió a la Administración que "continúe impulsando iniciativas similares en el ámbito nacional y que incluso aumenten su área de actuación hacia otros sectores", al tiempo que reclamó "un Plan Prever del metal para el sector de maquinaria".

Zapatero recibirá en Egipto a los familiares de los dos turistas españoles desaparecidos

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, recibirá este martes por la mañana en Egipto a los familiares de los dos turistas españoles fallecidos la semana pasada en las aguas del Mar Rojo, según informaron fuentes de Moncloa.

Zapatero se encuentra en viaje oficial a Egipto y aprovechando que va a coincidir allí con los familiares de los dos valencianos fallecidos la semana pasada cuando navegaban en un barco para practicar submarinismo en el Mar Rojo, mantendrá un encuentro con ellos en el hotel en el que se aloja el presidente del Gobierno.

El encuentro tendrá lugar a primera hora de la mañana, después de que algunos familiares de los desaparecidos hayan solicitado la mediación del presidente del Gobierno ante las autoridades egipcias para que se investiguen las causas del hundimiento del barco.

Precisamente, la hermana de la mujer desaparecida afirmó que sus padres han viajado desde la zona del siniestro hasta El Cairo para ver si Rodríguez Zapatero les hacía "un hueco" en su "apretada agenda" y poderse reunir con él para pedirle su mediación.

La familia solicita que se baje al lugar en el que está hundido el barco, "no para recuperar los cuerpos", sino para conocer qué es lo que ocurrió, ya que "hay muchos supervivientes que dicen que hay negligencias". Lo que pretenden es que se investigue "y esto no vuelva a repetir; que ningún hermano más se muera ahogado", indicó Cristina.

Al respecto, subrayó que la familia es consciente de que el barco está a mucha profundidad, 600-700 metros, por lo que no piden recuperar los cuerpos de la pareja, "sino que baje un pequeño submarino con una cámara y se averigüe cómo sucedió". Y es que, según Cristina, "es una negligencia que un barco así se vaya a pique en dos minutos".

Conscientes de que tanto Israel como Lourdes "están muertos" y que "no se puede hacer nada más", lo que persiguen "es que esto no le vuelva a suceder a nadie más".

"No sabemos qué pasó, y eso es duro", lamentó la joven.

En este sentido, Cristina indicó que las autoridades egipcias "no quieren sacar esto a la luz", porque "viven del turismo". Han atendido a los padres de los dos desaparecidos, "pero se cierran en banda en que es un accidente" y le quieren dar "carpetazo", señaló, y reiteró que para ellos no es un siniestro sino "una negligencia".

Cristina González dice que sus padres lo están pasando "mal" y que sienten "impotencia" porque las autoridades egipcias "no les hacen caso, quieren darlo por zanjado".

La joven pide a las autoridades egipcias que "dejen entrar a las españolas", y a las españolas, que son las que "tienen los recursos", que "hagan el favor de bajar y averigüen" lo sucedido, insistió.

La financiación de CC.AA. y ayuntamientos caerá un 19% en los PGE de 2010

MADRID.- El secretario general de Financiación Territorial, Juan Manuel López Carbajo, reconoció este lunes que las transferencias del Estado previstas en los Presupuestos Generales de 2010 para las comunidades autónomas y las entidades locales caerán alrededor de un 19%, aunque defendió que esta pérdida será "paliada" con otras medidas.

Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Senado, López Carbajo recordó que la cuantía transferida a los entes territoriales depende de los ingresos del Estado, por lo que en 2010 todas las administraciones se verán afectadas por la caída de la recaudación. Sin embargo, quiso subrayar que el descenso que sufrirán las comunidades autónomas y las entidades locales siempre será inferior al del Estado.

En concreto, indicó que las cuentas públicas de 2009 destinaron a las autonomías un total de 95.000 millones, mientras que en 2010 está prevista una cuantía de 76.500 millones de euros, lo que supone una bajada del 19%. Un descenso similar sufrirán las partidas destinadas a las entidades locales, que en 2009 se elevaron a los 16.400 millones, mientras que en 2010 se quedan en 13.300 millones.

Pese a este descenso, el secretario general del Ministerio de Elena Salgado quiso enfatizar que, en el caso de las comunidades autónomas, la pérdida estará paliada por los fondos adicionales que recibirán con cargo al nuevo modelo de financiación autonómica, que se encuentra en estos momentos en fase de tramitación parlamentaria.

Según explicó, las entidades locales también podrán aminorar los efectos del descenso de transferencias del Estado gracias al fondo estatal de inversión local para el próximo año, que permite destinar un 20% de sus 5.000 millones al gasto corriente de servicios sociales, sobre todo los relacionados con la educación y la dependencia.

Pese a estas explicaciones, el senador del PP Manuel Blasco acusó al Gobierno de aplicar las medidas de austeridad únicamente a las comunidades autónomas y las entidades locales "y no a las propias cuentas del Estado", ante lo que advirtió de la "preocupante" situación financiera que están atravesando las administraciones territoriales.

En este punto, acusó al Ejecutivo de "endosar" a las CC.AA. y a los ayuntamientos los efectos de la crisis e hizo especial hincapié en la situación de los municipios, que a su juicio "ha empeorado" desde que el PSOE llegó al Gobierno. "Tenían un enfermo muerto de hambre y le han dado una cerveza", puso como ejemplo el senador 'popular'.

El secretario general rechazó estas acusaciones y recordó algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno, como los fondos de inversión local o la oportunidad dada tanto a las autonomías como a las entidades locales de aplazar un año el pago al Estado del dinero que le deben reembolsar con cargo a los anticipos a cuenta.

Los inmigrantes no desplazan a los españoles de sus empleos durante la crisis

MADRID.- Los inmigrantes no están desplazando a los españoles de sus puestos de trabajo durante la crisis económica actual, según un estudio realizado por Adecco y el IESE-IRCO, en el que se indica que los extranjeros han perdido porcentualmente más empleos que los españoles y han ocupado menos puestos de trabajo.

Así, mientras que los ocupados españoles se han reducido un 6,9% en un año, los extranjeros ocupados han caído en un 9,3%, lo que se ha traducido, respectivamente, en la pérdida de 1.183.000 y 293.000 empleos.

En los últimos doce meses, mientras que los inmigrantes han ocupado casi uno de cada siete puestos de trabajo disponibles, han perdido uno de cada cino empleos. Dentro de los trabajadores extranjeros, los procedentes de países comunitarios son los que han sufrido la menor caída de la ocupación, con un -1,2%.

De esta forma, Adecco señala que mientras que éstos han mantenido la totalidad de sus empleos, los inmigrantes ocupados del resto de Europa se han reducido en un 22,1%, y los latinoamericanos y los del resto del mundo han sufrido un retroceso del 12%.

Así, a lo largo del último año, han perdido su empleo uno de cada 14 españoles, uno de cada cinco europeos no comunitarios y uno de cada nueve latinoamericanos e inmigrantes del resto del mundo, frente a apenas uno de cada 83 extranjeros de otros países de la UE.

"Por lo tanto, se deduce que todos los grupos de inmigrantes han perdido empleos, por lo que ninguno de ellos estaría reemplazando a españoles", señala Adecco, que apunta que los recortes más pronunciados se corresponden con los hombres latinoamericanos (-15,7%) y las mujeres de la Europa no comunitaria (-28,1%).

El informe revela que sólo en tres grupos de ocupaciones ha caído el número de trabajadores españoles frente a un incremento de los ocupados extranjeros, lo que, según Adecco, podría encuadrarse "parcialmente" en la hipótesis del reemplazo.

Se trata de las ocupaciones de directivos, profesionales y trabajadores cualificados de la agricultura y la pesca, pero Adecco precisa que en los tres casos el número de empleos ocupados por extranjeros ha sido inferior al que han perdido los españoles.

Esto demuestra, según este estudio, que en ninguna de las tres ocupaciones ha habido una sustitución generalizada de españoles por inmigrantes.

Tras analizar todos estos datos, Adecco concluye que el efecto perverso que está teniendo la crisis sobre el empleo no está provocando "al menos por ahora" una modificación significativa de la participación de los inmigrantes en las diferentes ocupaciones.

EU espera "impaciente" que Fabra cumpla las medidas del PP contra la corrupción para que sean creíbles

CASTELLÓN.- La diputada autonómica del grupo no adscrito en las Corts y representante de EU Marina Albiol afirmó hoy que su formación espera "impaciente" que el presidente provincial del PP y de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, cumpla las medidas impuestas por el PP contra la corrupción "para que éstas sean creíbles".

Según dijo, si el presidente del PP pretende hacer aplicar una serie de medidas contra la corrupción y por la transparencia, entre las que se encuentra la obligación de todos los cargos públicos de hacer una declaración de bienes e ingresos y actualizarla cuando haya cambios, "ha de de comenzar por exigir esa aplicación al presidente de la Diputación de Castellón, quien no está nada acostumbrado a hacer estos ejercicios de transparencia".

Para EU, "las propuestas que ahora presenta el PP contra la corrupción resultan contradictorias con sus actuaciones, pues es irónico escuchar que entre esta medidas se habla de dignificar la vida pública", ya que -afirmó la formación política- "estar imputado por diversos delitos y seguir manteniendo el cargo público, como es el caso de Fabra, no es precisamente un símbolo de dignidad, sino al contrario".

Albiol exige a Rajoy que "si realmente tiene interés en que los cargos públicos de su partido cumplan este documento, lo primero que tiene que hacer es retirar del panorama político a todos aquellos que han hecho justamente lo contrario que dicen su medidas, como aceptar regalos, como es el caso de Francisco Camps".

Por ello, considera que "si Mariano Rajoy no obliga de inmediato a cumplir este nuevo código, estas medidas serán una puesta en escena más, una mentira y una manera de manipular a la opinión pública".

El PPCV recuerda que el PSPV "no ha querido que se investiguen las cuentas de los partidos" en las Corts

VALENCIA.- El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Antonio Clemente, recordó hoy que el PSPV "no ha querido que se investiguen las cuentas de los partidos" en las Corts.

Clemente, que se refirió a las exigencias del PSPV para que el PPCV adopte medidas sobre el pacto contra la corrupción anunciado por el presidente del PP, Mariano Rajoy, subrayó que "los socialistas valencianos vuelven a demostrar su doble lenguaje porque se apresuran a presentar propuestas cuando se han opuesto en las Corts a que se investiguen públicamente las cuentas de los partidos políticos. Además de las 50 medidas presentadas solo han respaldado el 2% de las mismas y del resto no ha dicho nada".

Asimismo el secretario general comentó que mientras el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "hizo pública su declaración de bienes el pasado mes de abril", la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, publicó en el BOE unos datos "ininteligibles donde ni siquiera se puede localizar la casa de Beneixida en la que dice que vive o el piso de Madrid o el chalet de Segovia o el ático de Palma de Mallorca o en Ávila y por las que declara un valor catastral de escasamente 323.000 euros".

En este sentido, Clemente apuntó que "siguiendo esta estela el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, demostró que tampoco es transparente porque los datos hecho públicos son del inicio legislatura, es decir, de hace dos años. Este es un ejemplo más del concepto de transparencia que aplican los socialistas a sus políticas".

Clemente, además, indicó que "a día de hoy los ciudadanos ya no pueden consultar la declaración de bienes de los diputados socialistas en Internet porque, sorprendentemente, ha desaparecido de su página web y nos tendrán que explicar cuales son los motivos para que a día de hoy estén ocultos".

El PSPV dice que el viaje de Camps a Munich es una 'farsa promocional turística'

VALENCIA.- La portavoz de Turismo del PSPV-PSOE en las Cortes, María Isabel Lloret, ha afirmado que el viaje del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a la feria de turismo de Munich es una "farsa promocional turística y una huída hacia adelante".

Camps ha iniciado este lunes un viaje institucional a Munich para impulsar y ampliar las relaciones comerciales con Alemania, donde inaugurará la oficina IVEX-Tourist Info en Munich y se reunirá con las principales asociaciones de touroperadores para estimular la demanda de viajes hacia los destinos de la Comunitat Valenciana.

La diputada socialista, a través de un comunicado de prensa, ha insistido en que este viaje de promoción del turismo valenciano "es una burla al sector y parece más una huida hacia adelante de Camps que una defensa real de los intereses turísticos de la Comunidad Valenciana".

Lloret ha recordado que en los Presupuestos de la Generalitat para 2010, la partida destinada al turismo se ha reducido en un 9% y, sin embargo, ha aumentado los gastos corrientes que han pasado de representar el 50% hasta situarse en el 60% del total del presupuesto.

"Ésa es la fuerte apuesta que está haciendo el Consell de Camps por el turismo valenciano", ha ironizado y ha insistido en que el jefe del Consell "se marcha a Munich a promocionar un sector turístico al que está descapitalizando cada año y cuyo 60% del presupuesto se lo gasta en mantener su propia Conselleria".

El viaje de Camps a Alemania, a su juicio, servirá para lo mismo que su visita a Estados Unidos, para "firmar papeles en blanco para su propia promoción personal y no para promocionar el turismo valenciano", ha declarado.

"Nos preguntamos si tendremos algunas noticias exactas de lo que va a firmar allí o si, como ya es habitual, impondrán cláusulas de confidencialidad para evitar dar explicaciones de su gestión a los valencianos", ha apuntado.

domingo, 22 de noviembre de 2009

Los católicos proponen invadir la política "para acabar con la corrupción"

MADRID.- La receta para acabar con la corrupción no es otra que ser buen católico. Este discurso, que trasciende de las palabras de algunos miembros del Partido Popular, pertenece a la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), según revela 'Público'.


Aseguran que ante los casos de corrupción en el panorama político español, resulta "imperiosamente necesaria" la presencia de los católicos en la política, entendida ésta como "la actividad orientada para la consecución del bien común". Definen a los políticos actuales como actores "pasivos" de una sociedad que sufre de "anemia moral".

Ayer mismo, el diputado conservador, Manuel Pizarro, seguía esta misma línea al asegurar que hay que hacer "las cosas como Dios manda", y que con eso, es suficiente. Una receta mágica para acabar con la corrupción, que azota con especial gravedad en los últimos meses a miembros del Partido Popular, a raíz del conocido caso Gürtel. Mientras, su líder, Mariano Rajoy proponía medidas para combatir esta lacra. Unas normas, que para empezar, no cumple su partido .

Reivindicando de este modo su papel activo en la política, advierten que la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la ideológica, la educativa son objeto de preocupantes vulneraciones". Matizan, eso sí, que la exigencias "no son distintas" para católicos y no católicos.

Sin embargo, ensalzan la capacidad balsámica de la fe, que "le proporciona al creyente especial luz para percibirlas con toda claridad y la gracia, especial fuerza para cumplirlas". Todo este recetario se encuentra en el manifiesto de la asociación, perla de la clausura del XI Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
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Los propagandistas señalan que "no basta" con denunciar la corrupción política, si cada uno no asume la "responsabilidad moral que le corresponde" de hacer que toda la actividad política esté orientada a la consecución del bien común. Advierten, además, de que la presencia de los católicos en esta esfera será "verdaderamente eficaz" cuando "ellos y la comunidad a la que pertenecen estén poseídos por la convicción de la fuerza política del amor".

Por todo ello, proclaman con "urgencia" la actuación de "todos y cada uno para regenerar la moral y, democráticamente, la vida y las instituciones políticas", al tiempo que reiteran su disposición a dialogar con quienes, desde sus diversas opciones religiosas e ideológicas, "están comprometidos en la lucha contra la corrupción política". y reconocen en las personas "el principio, sujeto y fin de todas las instituciones".

Dimitidos, pero no fusionados / Josep Torrent

Si los valencianos levantáramos en alguna ocasión los ojos de nuestro ombligo, descubriríamos que no somos tan únicos ni tan singulares, a pesar de la cargante propaganda que emite la Generalitat y sus voceros. Desde finales de junio, asistimos al espectáculo que nos ofrece el Consell a cuenta de la fusión de las cajas de ahorro de la Comunidad Valenciana.

Cierto es que en punto a hacer el ridículo nuestro gobierno es difícilmente superable, pero el debate sobre la conveniencia o no de fusionar a Bancaja con la CAM es idéntico a la mayoría de los que se vienen produciendo en España sobre la misma cuestión.

Si alguien se tomara la molestia de comprobar lo que ocurre en Galicia, comprobaría que la confrontación entre Vigo (Caixanova) y A Coruña (Caixa Galicia) se parece como una gota de agua a otra a lo que ocurre entre Alicante (CAM) y Valencia (Bancaja).

Los argumentos que utilizan los vigueses para oponerse a la fusión con Caixa Galicia, con su alcalde Abel Caballero, ex ministro de Agricultura con Felipe González, al frente, más la Cámara de Comercio y la patronal de la provincia de Pontevedra están calcados de los que esgrimen José Joaquín Ripoll, la Cámara alicantina y la patronal Coepa cuando se oponen a la unión con Bancaja.

Desconozco si Galicia tiene los problemas de vertebración de la Comunidad Valenciana y si Vigo tiene tantas tentaciones cantonalistas como desde Valencia se achacan a Alicante. Pero si en dos zonas tan alejadas geográficamente se mantienen las mismas posturas, es seguro que los motivos de fondo no tienen nada que ver con razones identitarias y sí mucho con intereses concretos de segmentos sociales muy concretos.

Si la confrontación entre Vigo y A Coruña es similar a la que se da entre Alicante y Valencia, no se puede decir lo mismo de la manera de afrontar los problemas por parte de los gobiernos autonómicos. En Galicia, su presidente Alberto Nuñez Feijóo propuso el pasado jueves un pacto con partidos políticos, sindicatos y patronal para acercar posiciones y buscar apoyos para la fusión entre las dos entidades financieras gallegas.

Feijóo se ha marcado un plazo de diez días para hacer posible ese gran pacto social y político; pero no parece que lo vaya a tener fácil. Caixanova, con el apoyo de los políticos y empresarios de Vigo, no está por la labor.

Pero la diferencia entre Feijóo y los dos Camps (Francisco y Gerardo) es notable. Mientras en Galicia se busca el consenso para afrontar una tarea de las que justificarían una legislatura, en la Comunidad Valenciana se apuesta por el disenso y la confrontación con posturas irresponsables, frívolas, erráticas e imprudentes.

Al anuncio en junio de este año por parte del Consell de la conveniencia de un pacto entre Bancaja y la CAM; contestó el líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, con la oferta de una negociación sobre el mapa financiero autonómico. Oferta que fue recibida con olímpico desprecio. Gürtel lo ensucia todo, pero sobre todo nubla las mentes de los responsables del gobierno valenciano, incapaces de pensar con claridad. Sus problemas personales son de tal magnitud que han perdido el rumbo hace tiempo. Van a la deriva.

Sólo así se explica las constantes contradicciones en que caen sobre el futuro de las cajas de la Comunidad Valenciana. Incapaces de mantener el timón fijo, los Camps (nuestros particulares Hernández y Fernández) tienen todas las papeletas para convertirse en verdugos y enterradores de las cajas de ahorro, por utilizar la expresión de Xavier Vidal-Folch.

Lo más grave de todo este asunto es que Gerardo Camps, el mismo día en que metió la pata hasta el corvejón anunciando que la CAM iba a entrar en pérdidas en 2010, hizo un análisis lúcido de la situación. Una situación bipolar, con dos grandes cajas nucleadas alrededor de Caja Madrid y la Caixa en la que la Comunidad Valenciana saldría perdiendo.

De ahí la conveniencia de reforzar el eje Bancaja-CAM para que en el futuro las cajas de ahorro se asentaran sobre tres puntos, no sobre dos. Pero la lucidez desaparece cuando tropieza con la frivolidad. Y al vicepresidente económico eso le ocurre con demasiada frecuencia.

En el funeral de las cajas no estarán solos los Camps. Jorge Alarte ha optado por un silencio táctico. Su postura a favor de la fusión es tan reservada que no se le oye. Si alguien tiene que incinerarse en la pira alicantina que sea el PP de Francisco Camps, debe pensar. Y quién debería ocupar un puesto destacado es la secretaria general de los socialistas de Alicante. Ana Barceló, para defender a la CAM, no ha tenido más ocurrencia que confrontarla con Bancaja. Una cosa es defender los intereses de la provincia y otra que la boina localista la deje cegata.

Y con los políticos, ilustres patronales como la Cierval, que prefiere creer a un vicepresidente mentiroso, antes que fijar una posición. O el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, José Enrique Garrigós. Tan discreto, tan callado, tan mudo. En la Cámara alicantina han pasado de la exuberancia verbal de Antonio Fernández Valenzuela al silente Garrigós. Qué cosas.

Las cajas de ahorro concentran el mayor riesgo hipotecario del sistema financiero español y los próximos años van a ser muy duros. Nada volverá a ser igual que antes de la crisis. Lo saben en Bancaja y lo saben en la CAM.

La primera, ahora mismo, permanece aparentemente inmóvil porque cree que con sus recursos podrá resistir los embates del temporal; pero la segunda, digan lo que digan sus directivos, no para de moverse: Caja Murcia, fusiones virtuales con Caja Madrid y Caixa Galicia. Los contactos son permanentes. Con los hechos demuestra que es partidaria de una fusión, pero no con Bancaja.

La metedura de pata de Gerardo Camps del pasado miércoles es motivo más que sobrado para que hubiera presentado su dimisión inmediata. No lo hizo y optó por la mentira. No vale la pena exigir que se marche. De hecho la mayoría del Consell dimitió de sus responsabilidades hace tiempo. Pero en eso también sintoniza muy bien con la sociedad valenciana, cuyos ciudadanos llevan años dimitidos, anestesiados con el pan y el circo. Veremos qué pasa ahora que no hay ni una cosa ni la otra.

www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Dimitidos/fusionados/elpepuespval/20091122elpval_4/Tes

González Pons sentencia en Valencia a Camps: "No hay ninguna intención de recurrir el caso Gürtel"

VALENCIA.- El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aseguró este domingo que el PP "no tiene ninguna intención de recurrir el 'caso Gürtel' por Sitel" sino que la "única pretensión" es que se regule el sistema de escuchas, que calificó como "el 11888 particular" del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

González Pons se pronunció en estos términos en una rueda de prensa, hoy en Valencia, al ser preguntado por las declaraciones que realizó el pasado viernes la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, quien señaló que el Consell estudiaría pedir la nulidad de la parte del proceso que afecta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, si se comprobara que en las grabaciones telefónicas que le realizaron se utilizó el sistema Sitel.

Según dijo, el PP quiere "llegar hasta el final" del 'caso Gürtel', "que se depuren todas las responsabilidades y que se aclare hasta la última consecuencia". Así, apuntó que si el proceso "al final tiene que hacernos algún daño, también tiene que servirnos para limpiarnos", por ello insistió en que los miembros de su formación son "los primeros interesados en que ni por Sitel ni por Sital, el 'caso Gürtel' acabe siendo anulado".

"Queremos que llegue hasta su última sentencia", aseveró.

No obstante, apuntó que al denunciar la "posible ilegalidad" del sistema de escuchas, el PP pretende que "ningún inocente sea escuchado como si fuera un sospechoso, ni que los sospechosos acaben hablando como si fueran inocentes".

Además, subrayó que "lo único" que pide su partido es que se regule el sistema Sitel mediante una Ley Orgánica, porque "parece mentira" que sí exista una norma para la protección de datos o las escuchas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y no haya una ley "que regule cómo utiliza Rubalcaba su 11888 particular, que es Sitel, el teléfono al que llama cuando quiere saberlo todo".

En cuanto al Pacto por la Transparencia y contra la Corrupción cuyas medidas concretó ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy, el vicesecretario de Comunicación apuntó que "no hay campeones contra la corrupción en la política nacional", puesto que "todos los partidos, de una manera u otra, hemos padecido en algún momento de nuestra historia algún caso de corrupción que nos ha ofendido y avergonzado".

Por ello, señaló que se trata de medidas para "sanear la vida pública" que negociarán con otros grupos parlamentarios y que, en caso de no llegar a acuerdos, se aplicarán dentro del PP. Preguntado en concreto sobre la publicación de la declaración de bienes patrimonales de los cargos públicos, indicó que es una medida que se incluye en el Pacto y que "cuando entre en práctica, será para todos los diputados de España".

En esta línea, dijo estar "convencido" de que si no se "ataja" la corrupción "no saldremos de la crisis económica", puesto que la "sensación de corrupción generalizada", que matizó que es "en algún sentido injusta, porque el 95 por ciento de los concejales no sólo son honrados sino extraordinariamente generosos por dedicarse a la política a cambio de nada", es "uno de los lastres que hace que a España le cueste recuperarse".

La Audiencia de Madrid desestima el recurso de De la Vega sobre las declaraciones de Pons por su empadronamiento

MADRID.- La Audiencia de Madrid ha desestimado el recurso que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, presentó ante la sentencia del Juzgado de primera instancia número 63 de Madrid --de marzo de 2009-- que desestimaba la demanda que interpuso contra el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, por "intromisión ilegítima" en su derecho al honor, debido a unas manifestaciones que el dirigente 'popular' realizó a los medios de comunicación en diciembre de 2007 sobre el empadronamiento de la vicepresidenta en Beneixida y la reclasificación de unos terrenos de su propiedad.

El auto, emitido el pasado viernes, recoge que la acusación de González Pons de que De la Vega se empadronó de forma "irregular" y por medio de un primo suyo en Beneixida "en ningún caso puede ser considerado una intromisión ilegítima en el honor de la demandante cuando es notorio que los políticos de distinto signo aprecian su 'vecindad' y 'residencia habitual' a fin de atribuirse las candidaturas de las diferentes demarcaciones electorales aun cuando, en el desempeño de sus actuaciones profesionales, habitualmente residen en otro lugar".

Por ello, esta afirmación de González Pons --continúa la sentencia--, "con independencia de la posible infracción" del reglamento de población y demarcación de entidades locales que pueda suponer la acción a la que se refiere, "puede ser perfectamente calificado como 'irregular' sin, por ello, lesionar la dignidad de la persona a la que se refiere la información, menoscabar su fama o atentar contra su propia estimación".

Respecto a los terrenos, el texto indica que De la Vega, y con anterioridad su familia, "era propietaria de terrenos agrícolas en el municipio de Beneixida; que, como consecuencia de su reclasificación, pasaron a ser terreno industrial y que, tras el desarrollo del PAI y urbanización del polígono industrial en que se encontraban dichas tierras, el precio del terreno ascendió de 9 euros el metro cuadrado (rústico) a entre 70 y 100 (industrial)" y que tras ello, se procedió a la venta de dichos terrenos por 72.000 euros.

La sentencia apunta que las declaraciones del vicesecretario González Pons sobre este aspecto "impiden apreciar la directa imputación a la demandante de hechos que la hagan desmerecer en la opinión pública, limitándose el demandado --González Pons-- a comunicar en la rueda de prensa lo que escuchó de terceros así como dejar constancia de la relevancia que, de ser ciertos aquellos hechos, tendrían en las elecciones en que participaban" en la que ambos se presentaban como candidatos por Valencia.

La vicepresidenta presentó en diciembre de 2007, el día en que se conoció que González Pons sería el candidato del PP por Valencia a las elecciones generales de 2008, una querella por unas declaraciones realizadas por el dirigente 'popular' en referencia al empadronamiento de De la Vega en Beneixida, en Valencia, provincia por la que iba a ser cabeza de lista del PSOE.

En marzo de 2009, el Juzgado de primera instancia número 63 de Madrid desestimó dicha demanda y De la Vega decidió recurrir ante la Audiencia Nacional, que se pronunció el pasado viernes y también desestimó el recurso.

Esteban González Pons, que hoy informó en Valencia sobre la decisión judicial, indicó que le ha "ganado el juicio" a De la Vega "por segunda vez" y consideró que la sentencia "reconoce" que "decía la verdad" cuando afirmó que la vicepresidenta se había empadronado en Beneixida para "demostrar lo que no era, valenciana", y que su familia se había beneficiado de un "pelotazo urbanístico" en esta localidad.

Por ello, el vicesecretario de comunicación pidió a De la Vega que "regularice" su situación y se empadrone en Madrid, que es donde vive, y que, "si tiene dignidad suficiente, dimita" por "haber mentido" y por "incumplir manifiestamente la ley e intentar que los tribunales callaran a un parlamentario de la oposición" o bien que "explique qué razones tiene para no dimitir".

El dirigente 'popular' destacó que con la sentencia "queda a salvo la libertad de expresión de los candidatos políticos", por lo que "nunca más, ningún candidato político tendrá que sentir miedo si la vicepresidenta, no satisfecha con presionarle a través de los medios de comunicación, le amenaza con llevarle a los tribunales".

"David ha vencido a 'Goliata'", aseveró.

Así, instó a De la Vega a "pedir disculpas" a los valencianos por "empadronarse irregularmente" en Beneixida y porque "ha criticado la política urbanística de la Generalitat habiendo sido ella, hipócritamente, la que se había beneficiado de una reclasificación y, por tanto, de esta política" y a él mismo por haberle "insultado".

De la Vega recurrirá la sentencia


La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) para "defender sus derechos y honorabilidad".

Desde el Gabinete de la Vicepresidencia del Gobierno, destacaron que María Teresa Fernández De la Vega, "como no puede ser de otra manera, acata la sentencia", aunque matizaron que "no la comparte".

El PSPV cree que Rajoy está "inhabilitado" para hablar de lucha contra corrupción mientras Fabra siga en el cargo

CASTELLÓN.- El secretario de Organización provincial del PSPV y diputado provincial, Francisco Valverde, consideró hoy que el presidente del PP, Mariano Rajoy, está "inhabilitado" para hablar de lucha contra la corrupción "mientras mantenga en el cargo a Carlos Fabra" al frente de la Diputación de Castellón y del PP provincial.

Valverde consideró en un comunicado que "no puede ser creíble una persona que dice luchar contra la corrupción y luego califica de político ejemplar al presidente del PP de Castellón, a pesar de que lleva seis años sin haber explicado quién le ingresaba más de 600.000 euros en sus cuentas bancarias en un solo año en cheques al portador y en dinero en metálico y, lo que es peor, dinero que, según la Agencia Tributaria, escondió a Hacienda, motivo por el que el año en el que le salió a devolver 4.000 euros tenía que haber pagado en realidad 150.000".

El dirigente socialista realizó estas declaraciones después de que Rajoy anunciara ayer en Sevilla un paquete de medidas para luchar contra la corrupción. Por este motivo, el secretario de Organización del PSPV propuso al presidente del PP que vaya a la Comunitat Valenciana a exponer esas medidas, porque "a los primeros que tiene que convencer para que las apliquen es al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a Fabra quienes, de forma sistemática, utilizan la administración pública para favorecer a determinadas empresas", manifestó.

Francisco Valverde insistió en que Mariano Rajoy "no tiene ninguna credibilidad para hablar de lucha contra la corrupción cuando mantiene al frente de la Diputación a una persona a la que el fiscal anticorrupción pide cárcel por, presuntamente, haber falsificado cuños y documentos para obtener licencias de productos fitosanitarios de valor millonario en el mercado y que tuvieron que ser retirados de la circulación por ser nocivos y peligroso, no puede seguir en el cargo".

"Una persona imputada por delitos contra la administración, como el tráfico de influencias, el cohecho, así como presunto fraude fiscal, entre otros", añadió. Por estos motivos, el secretario de Organización, preguntó a Rajoy si en su decálogo de medidas para luchar contra la corrupción "se contempla la posibilidad de que un cargo público pueda seguir en el puesto mientras recibe cantidades millonarias de dinero en sus cuentas y las esconde a Hacienda".

El PSPV espera que los dirigentes del PP valenciano hagan públicos sus bienes "ahora que se lo pide Rajoy"

VALENCIA.- La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista en las Corts, Carmen Ninet, consideró hoy "sorprendente" que en las 50 medidas contra la corrupción que anunció ayer el presidente del PP, Mariano Rajoy, se contemple hacer públicas las declaraciones de bienes de los cargos institucionales, "algo que los socialistas valencianos hemos propuesto hasta en cinco ocasiones en las Corts y cinco veces el PP valenciano de Francisco Camps nos ha dicho que no", criticó.

Para Ninet, que se expresó en estos términos en un comunicado, esto demuestra que "lo que pretenden los 'populares' es disimular la que les está cayendo encima con el caso Gürtel y no luchar verdaderamente contra la corrupción que campa entre sus filas".

"Ahora sabemos que la oposición rotunda de Francisco Camps y el PP valenciano a hacer públicos sus bienes y actividades se explica por las amistades de Camps con 'El Bigotes' y la implicación del presidente valenciano en la trama Gürtel", añadió.

La diputada socialista expresó que "ahora que Rajoy anuncia esta medida a bombo y platillo, Camps, Rita Barberà y Esteban González Pons podrían haberle contado a Rajoy por qué se han negado en la Comunitat Valenciana, sistemáticamente, a la aplicación de esta medida que propusimos los Socialistas Valencianos".

"Queremos saber si han cambiado de opinión o si, una vez más, van a desautorizar a su jefe, a Rajoy, y van a seguir practicando el oscurantismo", recalcó.

Asimismo, la dirigente del PSPV afirmó que lo socialistas valencianos van a ser "fieles" a su propuesta y, en este sentido, mañana, lunes, presentán en las Corts, "una vez más, la petición para que se hagan públicos los bienes y actividades de todos los diputados y diputadas de la Cámara". "Esperamos que esta vez el PP no busque excusas para escabullirse y evitar otra vez la transparencia, la ética y la decencia imprescindibles en la vida pública", agrumentó.

Por otra parte, Ninet incidió en que el PSPV "apoya" las medidas de Mariano Rajoy, pero le instó a que "añada a su lista" las nueve que le propuso ayer el secretario general de los Socialistas Valencianos, Jorge Alarte.

"La Comunitat Valenciana necesita, entre otras cosas, una Administración transparente, una Radio Televisión Valenciana (RTVV) pública de verdad, objetiva y al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y que la dignidad democrática vuelva con la dimisión de Camps y la convocatoria de elecciones autonómicas ya", apuntó la dirigente socialista.

Más de 110.500 inmigrantes residentes en la Comunitat Valenciana podrían votar en las próximas elecciones municipales

VALENCIA.- Un total de 872.870 inmigrantes residen en la actualidad en la Comunitat Valenciana, de los que más de 110.500 podrían acudir a las urnas en las próximas elecciones municipales previstas para el año 2011, según la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía.

Estos datos se desprenden de los tratados de reciprocidad que el Gobierno de España ha suscrito o prevé hacerlo con diferentes países.

El Congreso de los Diputados ya autorizó, el pasado 29 de octubre, la firma de estos convenios con Chile, Colombia, Perú, República del Cabo Verde, Islandia, Trinidad y Tobago, Paraguay y Ecuador que suman un total de 86.385 nuevos votantes y en breve lo hará con Argentina y Nueva Zelanda.

Con Noruega, ya está en vigor desde 1990, posibilitando que los nacionales de estos países residentes en España --más de 100.000 personas-- puedan votar en las elecciones municipales, aplicando el principio de reciprocidad.

Si todo sigue según lo previsto, los nuevos electores extranjeros podrían decidir hasta 27 concejales en los municipios valencianos más poblados, como son Valencia, Alicante, Elche, Castellón de la Plana, Torrevieja, Gandía, Torrent, Benidorm, Sagunto y Paterna.

sábado, 21 de noviembre de 2009

Sólo 3 de los 17 ministerios del Gobierno central distinguen entre el valenciano y el catalán

VALENCIA.- Las dificultades del PSOE para sacar adelante en el Congreso las iniciativas del Gobierno -derivadas de su crónica debilidad parlamentaria- le han obligado a plegarse de forma asidua a las exigencias emanadas de las fuerzas nacionalistas.

En este contexto, PNV, CiU y ERC han logrado que el Ejecutivo emprenda la tarea de traducir en las lenguas cooficiales del Estado los contenidos de las páginas web de la Moncloa, los diecisiete ministerios y los organismos públicos que dependen de éstos.

La iniciativa correspondió a la actual vicepresidenta económica, en su etapa al frente de Administraciones Públicas. Elena Salgado se comprometió el pasado mes de marzo a realizar una serie de mejoras e innovaciones en materia lingüística, como la plena accesibilidad a las web de los Ministerios en cualquier lengua, así como a la red electrónica de servicios públicos, mejoras en impresos y formularios o la elaboración de un informe anual con las quejas de los usuarios.

En plena crisis, el Gobierno ha afrontado un gasto que se sitúa en el entorno de los 100.000 euros por cada uno de los departamentos, pero ha sido incapaz de unificar los criterios de selección lingüística. De hecho, sólo tres de los diecisiete ministerios -Fomento, Cultura y Sanidad- distinguen en sus respectivos sitios de internet el valenciano del catalán, según 'Abc'.

El Ministerio de Industria se decanta por la fórmula catalán/valenciano bajo el epígrafe de «benvinguts». Por contra, cinco departamentos -Economía, Asuntos Exteriores, Trabajo, Vivienda e Innovación- discriminan el valenciano y sólo ofrecen la opción de «catalán».

En terreno de nadie, la página web de La Moncloa encabeza el grupo en el que directamente no se especifica si el servicio de traducción, siempre a través de la pestaña «benvinguts», corresponde a la lengua catalana o la valenciana. En este capítulo se encuadran Presidencia, Educación, Política Territorial, Justicia, Interior, Medio Ambiente e Igualdad. La excepción la marca el Ministerio de Defensa, que no ofrece información en otra lengua que no sea el castellano.

La disparidad de criterios se extiende a organismos dependientes del Ejecutivo. La Agencia Tributaria y la Agencia Estatal de Meteorología sí distinguen entre valenciano y catalán en la accesibilidad de las respectivas webs.

Por el contrario, el Tesoro Público sólo ofrece la línea en catalán, mientras que otros de los sitios más empleados, como el INEM, el BOE o el Consejo Superior de Deportes, no realizan discriminación alguna entre ambas lenguas. Mientras, altas instituciones del Estado, como el Banco de España o el Senado, sí ofrecen la posibilidad a los usuarios de sus páginas web de acceder a los contenidos en internet. El Congreso, sin embargo, sólo emplea el castellano.

Valencia duplica sus 'sin techo' por la crisis económica

VALENCIA.- Cáritas Diocesana de Valencia y el resto de entidades del Equipo Interinstitucional de Trabajo con las Personas sin Hogar atendió el pasado año en la capital valenciana a un total de 1.118 hombres y mujeres sin techo, de los que "el 58%, es decir más de 600 personas, fueron casos nuevos surgidos, principalmente a consecuencia de la crisis", según informó el Arzobispado en un comunicado.

El responsable del programa de la entidad caritativa dedicado a este colectivo, Sergio Cruz, señaló que la crisis "está haciendo que muchas personas que tenían poco ahora no dispongan de nada y se vean obligadas a acudir a estas entidades a pedir ayuda".

En este sentido, aseguró que "el papel de ayuda a estas personas que desempeñaban las familias dentro de sus propios hogares viene a menos por la disminución de recursos económicos, lo que hace que ya no las puedan mantener y acaben antes en la calle".

Del mismo modo, ante el impacto de la crisis, Cruz manifestó que en muchas familias "se quiebran relaciones que ya antes estaban deterioradas", lo que provoca que algunos de sus miembros "no se mantengan en el seno familiar" y añadió que la crisis "también está dificultando la situación de las personas sin hogar que vive en esa situación de una forma crónica".

Para el próximo 2010, se prevé que "haya un aumento de peticiones de ayuda en los centros y recursos que atienden a personas sin hogar en Valencia como consecuencia de la crisis económica y el fuerte desempleo", según señaló el Equipo Interinstitucional.

Con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que se celebrará mañana domingo, Cáritas hizo un llamamiento a la solidaridad, junto con las demás entidades del Equipo Interinstitucional.

Aquí figuran la Asociación Valenciana de Caridad, el Centro de Atención a Personas Sin Techo del Ayuntamiento de Valencia, los Hogares San Martín de Porres, el Hogar Social Juvenil de Aldaia, la fundación RAIS y Sant Joan de Déu, Serveis Socials.

De los más de un millar de personas sin hogar atendidos por el Equipo Interinstitucional un 86% eran varones y un 14%, mujeres. De ellos, el 75% eran españoles y el 25% extranjeros, con una edad mayoritaria de 30 a 50 años.

En la actualidad, el trabajo de estas entidades está orientado a acciones que van desde la prestación de servicios de higiene, comedor y alojamiento, hasta la promoción socioeducativa y laboral.

Con respecto a la situación de las personas atendidas, el 55% de ellas presenta adicciones al alcohol, drogas y juego, mientras que un 15% sufre enfermedad mental diagnosticada.

Además, el 6% sufría alguna enfermedad común, un 6% padecía enfermedad infecto-contagiosa, un 4% presentaba discapacidad y el 2% estaban convalecientes de alguna otra enfermedad.

El Día de las Personas Sin Hogar, que tiene este año como lema 'Su historia es parte de la nuestra. Todos contamos', es una oportunidad para que "la sociedad se acerque a este colectivo y tome conciencia de la carencia de derecho y del acceso a los mismos que sufren las personas sin hogar en terrenos como la salud, la vivienda, el trabajo o la formación, entre otros", señaló el Equipo Interinstitucional.

Con motivo de la jornada, la asociación Fundar albergará una exposición fotográfica sobre la realidad de la calle en su sede, sita en la calle Fuencaliente, 1, de Valencia, que estará abierta del hasta el 30 de noviembre.

Además, del 23 al 25 de noviembre se realizará la I Jornada sobre Personas sin Hogar organizada por Cáritas interparroquial de Gandia en la Casa de la Cultura de la ciudad ducal. Durante las jornadas, profesionales y voluntarios de diversas entidades que ayudan a personas sin hogar expondrán la problemática del colectivo y aportarán propuestas.

Nace en España el partido de Internet con núcleos fuertes en Valencia y Castellón

BARCELONA.- El Partido de Internet celebra del 20 al 22 de noviembre su congreso fundacional en Barcelona, con el fin de convertirse en la primera formación política que se compromete a orientar sus votaciones según le dicten los internautas.

Los principales objetivos del Partido de Internet, que carece de ideología concreta y que prevé concurrir a las elecciones generales de 2012, son instaurar un sistema de listas abiertas, acabar con el bipartidismo PP-PSOE y "regenerar la democracia utilizando las ventajas de la democracia directa", ha informado en un comunicado.

Los diputados electos del Partido de Internet, que tiene ya sus bases en Barcelona, Sabadell, Valencia y Castellón, se comprometerán a votar en el Congreso de los Diputados y en el resto de cámaras lo que decida en Internet la mayoría de usuarios que se conecten. De esta forma, los internautas teledirigirían la acción política de estos diputados en cada votación:

"Una persona, vote o no, esté afiliada o no, al Partido de Internet en 2012, podrá después de los comicios escoger a su representante virtual desde la web del Partido de Internet o votar directamente sobre una de las leyes que se encuentren en trámite parlamentario en ese momento desde su casa mediante su DNI electrónico".

Cayo Lara asegura que tramas como la Gürtel "hacen que se tambaleen los cimientos de la democracia"

MADRID.- El coordinador de IU, Cayo Lara, ha trasladado a la Presidencia Ejecutiva Federal de esta formación la propuesta de un "gran" pacto de Estado político para luchar contra la corrupción "a todos los niveles" -municipal, autonómico y estatal- porque, advirtió, "hace que se tambaleen los cimientos de la democracia".

Esta es la principal conclusión de informe presentado por Cayo Lara en la sede del órgano de dirección de IU, donde puso en valor la iniciativa anticorrupción de 20 medidas presentada a comienzos de noviembre por IU, que, a su juicio, es "la más completa lanzada hasta ahora", y avanzó que se presentará "pronto" en el Congreso de los Diputados.

Asimismo, recordó que en las últimas semanas, las novedades de casos de corrupción como Gürtel o Pretoria, "no han cesado" y lamentó que en Madrid, Valencia, Murcia, Canarias, Baleares o Cataluña son algunas de las comunidades donde "se han acrecentado casos" que han acabado implicando a "militantes y ex militantes de partidos como el PP, el PSOE o CiU, entre otros".

Lara calificó de "inconcebible", que, mientras "muchos" presuntos implicados en estas tramas corruptas "campan libremente a sus anchas y se retrasan declaraciones y vistas orales", otras personas "honradas, como (el alcalde de Seseña), Manuel Fuentes, ven cómo el peso de la justicia cae sobre ellos con una condena por calumnia ante la denuncia presentada por Francisco Hernando 'El Pocero' por un artículo publicado".

En el apartado económico, Lara destacó que "sigue la gravedad de la crisis y la incertidumbre", donde, a su juicio, "siguen los efectos" del Plan E, el "estancamiento" del mercado de la vivienda, la "caída" en la producción industrial. "Mientras, Rodríguez Zapatero sigue con sus bucólicas predicciones afirmando que la economía española está en puertas de salir de la crisis y que lo peor ya ha pasado", ironizó.

En este contexto, manifestó el "total apoyo" de IU a la movilización que preparan las centrales sindicales mayoritarias para el próximo día 12 de diciembre, un hecho que, a su juicio, "supone la antesala posible de otras convocatorias de mayor calado de no empezar a solucionarse el problema del desempleo".

Alarte acepta las medidas contra la corrupción de Rajoy y le sugiere otras nueve, como transparencia urbanística

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, destacó que acepta todas las medidas propuestas por el presidente del PP, Mariano Rajoy, para luchar contra la corrupción y le sugirió otras nueve, como que cualquier persona implicada en causas relacionadas con la corrupción sea apartada de la vida pública, que exista "transparencia" en materia urbanística y que todos los diputados hagan pública su declaración de bienes.

Alarte anunció que remitirá un escrito a Rajoy para sugerirle nueve medidas más. En este sentido, manifestó su deseo de que las acepte y "las haga cumplir inmediatamente en la Comunitat Valenciana".

Entre las propuestas de Alarte, se encuentran la que pide garantizar que la Administración valenciana sea "transparente" y se permita tener acceso a todos aquellos contratos que la oposición solicite, ya que, según el dirigente socialista, "después de una sentencia del Tribunal Constitucional, el PP aún no ha facilitado al PSPV la documentación relativa a los contratos del Consell con la trama Gürtel".

Además, añadió que se han rechazado 440 preguntas de los socialistas valencianos presentadas en las Cortes desde 2005.

También exige que "se acabe con la corrupción" en los medios de comunicación, para conseguir que Radio Televisión Valenciana (RTVV) sea "realmente una televisión pública, al servicio de los ciudadanos", así como que se auditen todas las cuentas del ente público, "sobre todo durante la etapa en la que Pedro García fue director, por su presunta implicación en la trama Gürtel".

Alarte también pide que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "responda siempre a todas las cuestiones que se le planteen" y, en este sentido, que el Gobierno valenciano "nunca más vuelva a convocar una rueda de prensa donde no se permitan las preguntas".

También emplaza a que se evite "la impunidad de aquellos que toman parte en operaciones de corrupción" y que la publicidad "no pueda emplearse para premiar a unos medios u otros en función de su línea editorial".

Asimismo, solicita que cualquier persona del Partido Popular que se encuentre implicada en causas relacionadas con la corrupción sea "inmediatamente" apartada de su cargo y de la vida pública. En ese sentido, exige a Rajoy que, en nombre de Camps y del PP, "se disculpe ante la sociedad valenciana por haber implantado un modelo de hacer política que ha provocado el descrédito en las instituciones valencianas".

El secretario general de los socialistas valenciano también pide que se restituya la "dignidad democrática" en la Comunitat Valenciana y, "por el principio de responsabilidad política, se aparte a Francisco Camps de la Generalitat, por su implicación en el caso Gürtel y por su especial responsabilidad al frente de las instituciones".

Otra de las medidas que plantea a Alarte consiste en que cada jueves el presidente de la Generalitat se someta a la sesión de control de las Corts y "no continúe evitándola, como hasta ahora, para poder zafarse de dar cualquier tipo de explicación sobre temas que interesan a la ciudadanía".

En otro orden de cosas, exige a que exista "transparencia" en materia urbanística, ya que "la política urbanística de Camps ha propiciado situaciones de corrupción generalizadas y fomentadas, principalmente, a causa de la actuación del Consell".

Finalmente, pide que Francisco Camps, al igual que todos los diputados, publiquen íntegramente su declaración de bienes y propiedades.

Pajín acusa al PP de irresponsable por "poner en duda" el sistema para "anular" el proceso judicial de Gürtel

ORENSE.- La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, acusó hoy al PP de "poner en duda" el sistema de vigilancia Sitel con el fin de "anular" el proceso judicial del 'caso Gürtel', algo que reprobó por ser una "irresponsabilidad".

Pajín se pronunció así durante su intervención en la apertura del congreso del PSdeG en Orense, respecto a las declaraciones efectuadas ayer por la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, quien señaló que el Consell estudiaría pedir la nulidad de la parte del proceso que afecta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, si se comprobara que en las grabaciones telefónicas que le realizaron se utilizó el sistema Sitel.

Tras esto, Pajín recordó que este sistema fue instalado durante el último Gobierno del PP con el objetivo de "vigilar bajo tutela judicial a presuntos delincuentes", y aseguró que "jamás nadie lo ha puesto en duda", al tiempo que señaló que cuenta con el "aval" del Tribunal Supremo en nueve sentencias.

En este punto, cuestionó "lo que son capaces de hacer algunos" y criticó que "pretendan tejer una gran mancha oscura sobre la política y la capacidad de servicio público".

"Yo reivindico el valor de la política", proclamó Pajín, tras explicar que ésta "sirve para cambiar la realidad y garantizar derechos".

"No estamos para crear problemas a la gente, sino para darle respuestas", incidió.

Por otro lado, destacó que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es "el que más ha combatido la corrupción", aunque hizo hincapié en que a "muchos" socialistas "no les hizo falta que se cambiaran las leyes para cumplir un principio inquebrantable: el de no aceptar regalos por contratos".

EUPV considera que Rajoy "debe obligar" a Fabra a cumplir su paquete de medidas contra la corrupción

CASTELLÓN.- La diputada autonómica en las Corts Valencianes y miembro de EUPV, Marina Albiol, señaló hoy que si el presidente del PP, Mariano Rajoy, pretende hacer aplicar una serie de medidas contra la corrupción y por la transparencia, entre las que se encuentra la obligación de todos los cargos públicos de hacer una declaración de bienes e ingresos y actualizarla cuando hayan cambios, "debe empezar por exigir esa aplicación al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, quien no está nada acostumbrado a hacer estos ejercicios de transparencia".

Albiol se expresó en estos términos en un comunicado en relación al anuncio que hizo hoy Rajoy de un paquete de medidas para luchar contra la corrupción, que inciden sobre todo en la necesidad de que haya más control y transparencia en la contratación pública y en "evitar el fraccionamiento y la concentración de contratos mediante el abuso de los contratos menores".

La responsable de EUPV consideró que las propuestas que ahora presenta el PP contra la corrupción "resultan contradictorias con sus actuaciones". Así, tildó de "irónico" que entre estas medidas se hable de la "dignificación de la vida pública", puesto que, según Albiol, "estar imputado por varios delitos y seguir manteniendo el cargo público, como es el caso de Fabra, no es precisamente un símbolo de dignidad, más bien al contrario".

Por ello, la diputada autonómica exigió a Mariano Rajoy que "si realmente tiene interés en que los cargos públicos de su partido cumplan este documento, lo más adecuado es que primero retire del panorama político a todos aquellos que han cometido justamente lo contrario que dicen las medidas, como por ejemplo aceptar regalos, como es el caso del presidente de la Generalitat, Francisco Camps".

Albiol advirtió de que si Rajoy "no obliga de inmediato a cumplir este nuevo código, sin duda estas medidas serán una puesta en escena más, una mentira y una manera de manipular a la opinión pública".

Del mismo modo, criticó que el PP "traiciona de manera continuada su propio código ético, elaborado durante la época de José María Aznar". Así, "al contrario de lo que este documento dice, ha seguido manteniendo en el cargo a miembros del partido imputados por delitos muy serios", y precisó que "el ejemplo por antonomasia es Fabra".

El Gobierno español ve un lento retroceso de El Saler

VALENCIA.- El Gobierno central asegura que en la playa de El Saler, en el término municipal de Valencia, se ha observado un "lento retroceso" como consecuencia de la "falta de aportes de sedimentos al mar", pero destaca el "amplio margen de seguridad" de la Dehesa de La Albufera.

El Ejecutivo contesta de este modo por escrito y mediante una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por el diputado del PP por Valencia Ignacio Gil Lázaro. Este último pretendía conocer las medidas preventivas ante el retroceso de la playa de El Saler debido a la falta de aportes de sedimentos del mar.

La administración central explica en esta respuesta parlamentaria que "en la actualidad se está haciendo un seguimiento de la línea de costa que refleja un lento retroceso de la playa debido a la falta de aportes de sedimentos al mar".

A pesar de ello, el Gobierno indica que "no obstante, la gran anchura de la playa y su campo dunar permiten disponer de un amplio margen de seguridad de la Dehesa de la Albufera que, a corto plazo, no plantea mayores problemas sedimentarios".

Igualmente, señala que a esta seguridad "contribuyen también todas las actuaciones que se han llevado a cabo en la zona" referidas a "recuperación de espacios dunares" y "demolición del antiguo paseo marítimo, que actuaba como auténtica trampa para la dinámica litoral".

Alarte denuncia que la Generalitat "intenta anular pruebas" del caso Gürtel

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, denunció hoy que la Generalitat intenta "anular pruebas" de la trama Gürtel. Asimismo, criticó que el Gobierno valenciano "utiliza las mismas técnicas defensivas procesales que estructuras mafiosas dedicadas al blanqueo de dinero y a la compra de voluntades políticas".

Alarte se expresó en estos términos ante los medios de comunicación en relación a las declaraciones realizadas ayer por la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, quien señaló que el Consell estudiaría pedir la nulidad de la parte del proceso que afecta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, si se comprobara que en las grabaciones telefónicas que le realizaron se utilizó el sistema Sitel.

Al respecto, el dirigente socialista lamentó que ayer Sánchez de León, "en nombre de Francisco Camps, se abonó al intento del Gobierno de la Generalitat de anular pruebas" para "salvar" al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y "garantizar la nulidad de un proceso", así como la "impunidad" de Álvaro Pérez, que actualmente se encuentra en prisión.

"¿Cómo es posible que un miembro del Gobierno valenciano utilice las mismas técnicas defensivas procesales que estructuras mafiosas dedicadas al blanqueo de dinero y a la compra de voluntades políticas?", se preguntó Jorge Alarte, quien aseguró que esta situación le produce "vergüenza" y que es "inaceptable en términos democráticos".

Asimismo, el secretario general de los socialistas valenciano hizo hincapié en que el Ejecutivo valenciano se encuentra "a la deriva" y está "colapsado y en plena vorágine antidemocrática". En este sentido, consideró que las últimas semanas en la Comunitat "no pueden más que provocar indignación democrática y exigencia de un cambio de rumbo inmediato".

Sobre este asunto, indicó que en dos semanas se ha visto al presidente de la Generalitat "perder los papeles en las Corts, hablando en términos de violencia política", unas declaraciones que, en opinión de Alarte, son "inaceptables e indignantes desde el punto de visto político y de la convivencia democrática".

Además, "se ha visto a Camps increpando y hablando en mitad de una calle a ciudadanos en lugar de mantener una posición racional, exigible como presidente", añadió.

Del mismo modo, el responsable socialista aseguró que esta misma semana el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, "ha intentado socavar lo más básico y esencial, en este caso, la credibilidad de una de las cajas más importantes de España y una de las dos más importantes de la Comunitat Valenciana".

La familia de la desaparecida en Egipto pide al Gobierno que "ponga todos los medios necesarios para recuperar los cuerpos"

VALENCIA.- La familia de la joven valenciana desaparecida junto a su pareja el pasado jueves en aguas del Mar Rojo, tras hundirse el barco en el que se encontraban para realizar submarinismo, pidió hoy al Gobierno central que "ponga todos los medios necesarios para recuperar los cuerpos", en cuya búsqueda trabajan las Fuerzas Armadas egipcias.

La hermana de la desaparecida denunció que "fue una negligencia que se hundiera el barco, porque preguntaron si estaba en buen estado y les dijeron que sí" y reclamó que las autoridades españolas "hagan la investigación pertinente para que esto no se vuelva a repetir".

La joven señaló que "aunque la situación es complicada por la profundidad a la que creen que se encuentra el barco, no es imposible llegar hasta él" y se mostró "convencida" de que "el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, va a poner todos los medios necesarios para que por fin puedan llegar hasta el barco".

En este sentido, indicó que el buque de salvamento y rescate de la Armada denominado 'Neptuno' "tiene un vehículo que puede bajar hasta en nivel entre 600 y 1.000 metros de profundidad", mientras que "otro buque de la Armada tiene medios para bajar hasta los 1.200 metros", niveles en los que "se supone que puede estar el barco", dijo.

Por otro lado, agradeció a la Generalitat el "apoyo" brindado a su familia "desde el primer momento" y destacó que el presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, y el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, "se pusieron en contacto inmediatamente" con ellos y "movilizaron todo lo necesario para que pudieran desplazarse a El Cairo" los padres de la desaparecida.

"Han estado a nuestro lado y se encargaron de los billetes, el hotel y todos los detalles para que mis padres pudieran viajar cuanto antes", relató la joven, quien valoró asimismo la "presión" realizada por el jefe del Consell "para lograr que el Gobierno ponga todos los medios necesarios para que puedan llegar hasta ellos".

viernes, 20 de noviembre de 2009

El PP desautoriza a Camps por sugerir la 'nulidad' del 'caso Gürtel'

MADRID.- El PP no pedirá nulidad de actuaciones en el 'caso Gürtel' en ningún caso, según el portavoz nacional del partido, el valenciano Esteban González Pons, desautorizando así lo anunciado hoy por una miembro del Consell.

La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, anunció que el Consell pedirá la nulidad de todo el proceso en caso de que se compruebe que el sistema fue utilizado para interceptar las conversaciones del president, Francisco Camps.

Sánchez de León señaló que, a juicio del Consell, "no hay una suficiente regulación" Sitel y, por tanto, no "están suficientemente garantizados los derechos fundamentales, no por el sistema sino por la forma en que se está aplicando".

Esta declaración no ha encontrado el apoyo de la dirección nacional del PP.

De hecho, Génova ha desautorizado en público tal planteamiento. Según su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, "el PP no quiere que se anule el procedimiento de 'Gürtel' en ningún caso".

Y lo ha argumentado así: "Primero, porque dejaría una sombra de sospecha sobre el PP; segundo, porque queremos llegar hasta el final depurando responsabilidades políticas y penales y tercero, porque nuestra lucha por la legalización de Sitel es por los inocentes tratados como sospechosos y no por los sospechosos que quieren ser tratados como inocentes".

La campaña contra el sistema Sitel no es exclusiva del PP. La polémica puesta en marcha por los conservadores no ha pasado desapercibida en el ámbito judicial y varios abogados empiezan a incluir en sus recursos referencias a la presunta inconstitucionalidad de las grabaciones telefónicas.

Hasta en nueve procesos, varias de ellos por delitos de narcotráfico, el Supremo ha avalado con sentencias la constitucionalidad de Sitel. En la última, hecha pública el jueves, el alto tribunal especifica, además, que el sistema es "preferible" a otros que funcionaba con anterioridad.

El juez Pedreira investiga la fundación que organizó la visita del Papa a Valencia

VALENCIA.- La consejera portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, ha confirmado hoy a 'El País' que el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, investiga la relación de la trama corrupta con la fundación que organizó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia.

"El juez ha requerido la documentación sobre la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia", ha reconocido la consejera de Justicia y Administraciones Públicas al término de la reunión semanal del Gobierno valenciano.

La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, participada por la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valencia, gastó en 2006 más de 12,2 millones de euros para organizar la visita de Benedicto XVI sin que hasta la fecha haya detallado qué servicios contrató, a quién ni en qué condiciones.

El juez Pedreira también ha solicitado a Canal 9-Ràdio Televisió Valenciana el contrato con la empresa Teconsa para la sonorización e instalación de pantallas durante la visita del Papa. Un contrato con el que la trama corrupta que dirigía Francisco Correa habría obtenido más de un millón de euros en comisiones ilegales, según la investigación policial.

Gürtel preparó un año antes el negocio

Un año antes de la visita del Papa a Valencia, que se produjo los días 8 y 9 de julio de 2006, la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa ya estuvo estudiando sobre el terreno la instalación de pantallas y la sonorización para el acontecimiento, una actividad que Ràdio Televisió Valenciana -cuyo director general, Pedro García, era amigo de Álvaro Pérez-, tras obtener en exclusiva los derechos de emisión, otorgaría meses después, mediante contrato negociado sin publicidad, a la constructora Teconsa por 6,4 millones de euros y de la que la red de corrupción acabaría cobrando más de un millón en comisiones ilegales, según un informe de la policía.

Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, se afanó en los preparativos con grandes expectativas, según fuentes que participaron en la organización de la visita, ya que las Administraciones valencianas gobernadas por el PP anunciaron el V Encuentro Mundial de la Familia como un evento que reuniría en Valencia a más de dos millones de asistentes. Cifras muy hinchadas para una reunión que se quedó en la octava parte, ya que concentró a unas 250.000 personas.

Orange Market, la empresa valenciana de la trama, comenzó a contactar con proveedores, a hacer localizaciones junto al Jardín del Turia y a preparar las actividades. Sin embargo, a mediados de 2005, la prensa local, en especial el diario Levante-EMV, publicó que los responsables de la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, eran socios de la empresa Special Events, una firma vinculada también a las actividades del PP en otras comunidades autónomas, y que trabajaba en paraísos fiscales. Desde entonces, Orange Market pasó a un segundo plano.

Y asumió protagonismo en la organización la empresa Trasgos, autora del logotipo del acontecimiento. De hecho, el director de la sociedad, Antonio Puig, participó en la visita que el enviado del Vaticano, el cardenal Antonio López Trujillo, hizo en julio de 2005 a Valencia para inspeccionar varios de los escenarios del viaje del Pontífice y recibir información sobre los preparativos.

Sin embargo, Trasgos también tuvo que dar un paso atrás, ya que el comisionado para el Encuentro Mundial de la Familia, Enrique Pérez Boada, había sido consejero de la firma desde finales de 2003 a inicios de 2004. Pérez Boada, director entonces y ahora, del Instituto Valenciano de Finanzas, el banco de la Generalitat, era la cabeza visible de un equipo vinculado a Juan Cotino, entonces consejero de Bienestar Social, quien se hizo cargo desde el Gobierno que preside Francisco Camps, de la logística del acontecimiento.

Para ello se creó la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, integrada por la Generalitat, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento y el Arzobispado, una entidad opaca que se ha negado a facilitar el destino de los fondos públicos que ha manejado. Se sabe que gastó hasta 12,2 millones de euros, según las cuentas de aquel ejercicio. Pero eso sólo es una parte del coste que tuvo el acontecimiento.

El equipo formado al amparo de Cotino, constituido en buena medida por miembros o simpatizantes del Opus Dei, incluía, entre otros, a Henar Molinero, que fue secretaria general de la Fundación V Encuentro y ahora es subdirectora de organización del área de Análisis y Seguimiento en Presidencia de la Generalitat; Javier Jiménez, profesor de Derecho en la Universitat de València, que fue gerente y coordinador del V Encuentro Mundial de la Familia, y José Vicente Herrera, que fue subdelegado del Gobierno en Valencia en la época de Aznar, asesor de Cotino cuando era director general de la Policía y director de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios.

Herrera ejerció de jefe de seguridad del V Encuentro Mundial de la Familia y, posteriormente, como director de Seguridad y Operaciones de la Copa del América.

Fuentes próximas a los preparativos de la visita han asegurado a este periódico que el propio Francisco Correa asistió, aunque sin revelar su identidad, por lo menos a una de las primeras reuniones sobre los eventos, antes de que Orange Market pasara a una posición más discreta. En las conversaciones grabadas por la policía, dirigentes de la trama aluden a la visita del Papa y al papel relevante reservado en su organización a Álvaro Pérez.