domingo, 27 de mayo de 2012

El PSOE impulsará mociones en ayuntamientos para que la Iglesia pague el IBI de inmuebles

MADRID.- El PSOE impulsará mociones en todos los Ayuntamientos españoles para que la Iglesia y otras confesiones religiosas paguen el IBI de los inmuebles no destinados al culto, así como para que se presente una ley de libertad y conciencia religiosa y una revisión de los acuerdos de España con El Vaticano.

    Esta fue la decisión que tomó la comisión permanente de la ejecutiva federal en su última reunión, en la que solicitó al responsable de política municipal que pusiera en marcha las iniciativas correspondientes de los socialistas en los plenos municipales.
   De esta manera, el partido socialista ha preparado un documento modelo en el que se incluye una exposición de motivos para justificar esta moción. Así, recuerda que "la regla básica de un sistema fiscal justo" es que todos los ciudadanos e instituciones contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos "de acuerdo con su capacidad económica".
   A día de hoy, la Iglesia Católica está exenta de tributar por el IBI a raíz del Concordato con la Santa Sede (1979), y las confesiones judía, protestante y musulmana también lo están a través de los respectivos Acuerdos de Cooperación (1992).
   Estos beneficios fiscales totales o permanentes, recogidos a su vez en la vigente Ley de Haciendas Locales, se aplican a templos y lugares de culto, dependencias o edificios anejos destinados a la actividad pastoral o asistencia religiosa, locales destinados a oficinas, casas y conventos de órdenes y congregaciones religiosas.
   Sin embargo, los socialistas consideran que esta exención legal, que sólo está referida a las finalidades vinculadas al culto, debe ser revisada, ya que en las décadas precedentes "se ha realizado una aplicación extensiva de la misma", de forma que ha alcanzado a bienes inmuebles no vinculados al culto y no estipulados por la ley vigente como pisos, plazas de garaje o lonjas, entre otros.
   En ese sentido, el secretario de ciudades y política municipal, Gaspar Zarrías, ha señalado que el PSOE apuesta por una legislación que "evite privilegios y discriminaciones" por razón de convicciones y creencias, y que establezca un tratamiento fiscal de las distintas confesiones "igual que el del resto de instituciones".
   "Los socialistas defendemos que la fiscalidad debe ser el mayor instrumento de redistribución económica y social de los poderes públicos y es la manera más directa para que los poderes públicos puedan ejercer la solidaridad, contribuyendo a la cohesión social y a la prestación de servicios públicos a sus vecinos", ha resaltado.
   Por el contrario, Zarrías ha criticado la política fiscal del Gobierno ya que, a su entender, pretende condonar las deudas "a los que defraudan" y aumentar los impuestos a los trabajadores. Así, ha asegurado que "fruto de esa política" es el reciente Real Decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, que insta a las corporaciones locales a una subida del IBI entre el 4% y el 10% y cuya aplicación "obliga a incrementar la presión fiscal sobre los ciudadanos e instituciones".
   El dirigente socialista ha salido también al paso de las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Rouco Varela, en el sentido de que el pago del IBI por parte de la Iglesia Católica "puede afectar a otras acciones de la Iglesia como la que desarrolla Cáritas".
   Así, Zarrías ha pedido a Rouco "que no amenace" en nombre de esta ONG, ya que "son precisamente los impuestos de todos los ciudadanos" los que a través de subvenciones permiten a Cáritas "hacer la magnífica labor que hace". Además, ha pedido a Rouco Varela que diga "cuánto ha puesto la Iglesia Católica en los últimos años del presupuesto de Cáritas porque a lo mejor supone una sorpresa".

Los gestores de las Cajas quebradas se han llevado 93,2 millones de euros

MADRID.- La reciente nacionalización de Bankia ha despertado numerosas suspicacias. Aparte de la lógica preocupación por sus ahorros, muchos ciudadanos se preguntan por qué el Estado tiene que hacer tamaño esfuerzo cuando son muchos los directivos que han abandonado las Cajas de ahorro con elevadísimas indemnizaciones tras una dudosa gestión, que ha obligado al Estado a inyectar ayudas públicas, se pregunta 'Intereconomía'. 

No faltan voces que incluso piden la intervención del Fiscal General del Estado para que investigue dichas liquidaciones, además de los créditos que muchos de ellos mantienen con las entidades que abandonan. Los ex directivos han recibido ya más de 93 millones en indemnizaciones. Una cifra que sobrepasaría ampliamente los cien millones si se suman las cantidades pendientes de recibir. 
Antiguos gestores siguen reclamando un resarcimiento, como el que fuera director general de Caixa Penedés –entidad que hoy forma parte de Banco Mare Nostrum–, que reclama por vía judicial los 3,7 millones de euros que no le han dado a su salida de la entidad. Otros directivos han llegado incluso a blindar su futuro nada más incorporarse a su nueva responsabilidad. Es el caso del ex director general de Catalunya Caixa, Josep María Loza, que pactó una indemnización de diez millones de euros a su salida. Una suma escandalosa para una entidad nacionalizada desde septiembre. 
El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tiene casi el 90% de su capital, ha iniciado la venta de la firma, aunque, por el momento, el proceso no ha despertado gran interés.
Bankia, que ha protagonizado el mayor rescate de la historia de España, con cerca de 25.000 millones de euros, está ya en manos de José Ignacio Goirigolzarri, consejero delegado del BBVA hasta octubre de 2009, cuando abandonó la entidad tras recibir una liquidación por valor de 52 millones de euros, que puso fin a los desencuentros con el presidente del Banco, Francisco González. 
Al antiguo presidente de Bankia, Rodrigo Rato, que presentó su dimisión el 7 de mayo, le corresponde un plan de pensiones de 1,2 millones de euros, que según fuentes del sector podría percibir en acciones.
El panorama de las Cajas de ahorro en España ha dado un vuelco de 360 grados. El interés de los políticos por financiar proyectos innecesarios muchas veces y su exposición al ladrillo las han empujado al abismo. Su presunta solvencia ha dejado al descubierto profundos agujeros en sus cuentas. 
Sólo unas cuantas entidades han sobrevivido a esta hecatombe.

sábado, 26 de mayo de 2012

Rus sobre si se presentará otro candidato a la Presidencia Provincial del PP: "ni lo sé ni me importa"

VALENCIA.- El presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, ha afirmado este sábado, preguntado por si cree que se presentará otro candidato a la Presidencia Provincial del PP ha respondido: "ni lo sé ni me importa". Asimismo, ha asegurado que ya cuenta con los avales "suficientes" de los compromisarios natos para poder presentarse para su reelección como presidente del órgano provincial.

   Rus ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación después de asistir a la 'Fira Etnopobles. I fira de Museus Etjológics Locals' del Museu d'Etnología que se ha celebrado en el Centro cultural la Beneficència de Valencia.
   El presidente del PP provincial ha añadido que "en un partido democrático la gente puede expresar su opinión en los congresos a la hora de votar" y ha sostenido que hay "muchas personas capacitadas" para dirigir el ejecutivo provincial y "quien quiera puede presentarse".
   El congreso provincial del PP de la provincia de Valencia se celebrará el próximo 14 de julio en el Palacio de Congresos de Valencia. Están convocados 1.408 compromisarios, de los cuales 984 serán electos, 352 natos y 72 de Nuevas Generaciones.

El PSPV acusa a Barberá de haber adjudicado 'a dedo' contratos a cuatro empresas vinculadas con la trama

VALENCIA.- El concejal socialista en el Ayuntamiento de Valencia Pedro Sánchez ha acusado este sábado a la alcaldesa, Rita Barberá, de haber adjudicado en los últimos años 15 contratos 'a dedo' a cuatro empresas vinculadas a la trama Emarsa que habrían percibido más de 400.000 euros de las arcas públicas. 

   En un comunicado, Sánchez se ha pronunciado así tras conocer la respuesta oficial completa facilitada por el Ayuntamiento de Valencia a la pregunta del grupo socialista sobre la contratación de empresas que están siendo investigadas por el saqueo a la depuradora de Pinedo.
   En el listado aparecen un total de 29 contratos con las empresas Talent, Iva Leying, Incivsa e Intercontrol Levante, que han recibido más de un millón de euros de la administración local. Según esta información, el socialista ha explicado que "la mitad de los contratos se realizaron de forma directa por decisión del Gobierno local que preside Rita Barberá, sin dar opción a otros empresarios".
   Ha indicado, además, que algún contrato se realizó "en el umbral de la legalidad, es decir, por 59.999 euros, una cantidad situada justo por debajo de la cantidad que hubiera exigido otro procedimiento, 60.000 euros".
   Sánchez ha recordado que las empresas Talent e Intercontrol Levante han sido acusadas en sede judicial por el exdirector financiero de Emarsa, Enrique Arnal, de participar en el fraude generalizado de las adjudicaciones, mientras Iva Leying e Incivsa son las que tenían adjudicado en UTE el contrato de control de Emarsa durante la época del saqueo y no alertaron de irregularidades.
   El edil socialista ha alertado también de que la unión de empresas que explota Pinedo en la actualidad ascendió a gerente a Enrique Albors, quien antes trabajó como técnico de Iva Leying a pesar de que no denunció las irregularidades.
   El edil ha destacado que el listado de contratos facilitados por el Ayuntamiento sobre Incivsa "confirma nuestras denuncias de la extraña relación de esta empresa con la administración". Sánchez ha recordado que uno de sus administradores, Juan Carlos Girbés, trabajaba como técnico en el Ciclo Integral del Agua cuando su empresa recibió adjudicaciones de ese departamento municipal.
   "Con la información que tenemos creemos que ha quedado acreditado que el papel de Rita Barbera en Emarsa no era de simple espectadora, y debe dejar de esconderse de forma cobarde y dar la cara", ha indicado Pedro Sánchez, para quien la primera edil "no solo es la responsable de los nombramientos de los principales responsables de lo ocurrido, los señores Crespo, Cuesta y Arnal, sino que ha ayudado desde el Ayuntamiento de Valencia a que las empresas sospechosas resultaran beneficiadas e hicieran negocio".

EUPV reclama a Cabré que explique en las Corts cuáles fueron los criterios y los procesos de contratación en Fundar

VALENCIA.- La diputada de EUPV en las Corts Valencianes Esther López Barceló ha reclamado este sábado al conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, que explique "cuáles fueron los criterios y los procesos de contratación en Fundar de hasta una veintena de personas", entre ellas, ha recordado, la gerente de la fundación, Laura Chorro, exconcejala del Ayuntamiento de Alicante y pareja del ex secretario general del PPCV y diputado autonómico Ricardo Costa.

   "Parece que la larga mano de Blasco era la que dirigía estas contrataciones", ha señalado en un comunicado Barceló, quien considera que Cabré tiene que dar "explicaciones inmediatas en las Cortes sobre cuál ha sido la política de personal de esta fundación, de la que la Consellería es participante, más cuando está inmersa en un proceso de Expediente de Regulación de Empleo (ERE)".
   López Barceló ha expresado su "sospecha" de cómo acabará este ERE: "Mucho nos tememos que aquellos que serán despedidos de Fundar,son los que han accedido de manera regular a su puesto de trabajo, mientras otros se podrán mantener en sus cargos".
   La parlamentaria de Esquerra Unida ha afirmado el poder del ex conseller Blasco "parece que llegaba a todos los rincones de las instituciones, y que sus conexiones personales acababan siempre con claros casos de enchufismo, como es el de Fundar".
   En su opinión, "es vergonzoso que se utilizara una fundación de voluntariado social para convertirla en una agencia de colocación de políticos y familiares, entre ellos, la ex concejal del Ayuntamiento de Alicante y pareja de Ricardo Costa, Laura Chorro".
   Por otro lado, López Barceló ha tildado "absolutamente vomitivos y repugnantes" los insultos proferidos por el responsable de la Fundación Hemisferio de la Comunitat Valenciana, César Augusto Tauroni, --que se encuentra en prisión-- y su abogado, a la diputada de Compromís Mireia Mollà, quien denunció la trama en torno a Hemisferio.
   Según informaciones publicadas sobre el sumario de la 'causa de cooperación', Tauroni y su abogado hablaron sobre Mollà en una conversación telefónica en la que el letrado preguntó: "la violamos o cualquier barbaridad, ¿no?", a lo que el empresario respondió: "sí, lo que sea".
   Para la parlamentaria de EUPV, "estas horribles palabras describen a la perfección la clase de individuos que tenemos delante, los cuales campaban y sacaban provecho de la administración pública con la cooperación con los países empobrecidos y presuntamente gracias al señor Blasco".

La DO Chufa de Valencia lanza una campaña para evitar el consumo de chufas africanas

VALENCIA.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Chufa de Valencia ha presentado la nueva campaña de promoción y defensa de "la auténtica horchata de chufa de Valencia", con la que busca evitar el consumo de chufas africanas.

   El presidente del Consejo Regulador, Antonio Gimeno, ha presentado la campaña en su nueva sede ubicada en el edificio del Conde de Zanoguera de Alboraya, junto a la consellera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua, Maritina Hernández, y el alcalde de la localidad, Miguel Chavarría, con gran parte de los miembros de la corporación.
   El objetivo de esta campaña es remarcar al consumidor la importancia de buscar en el establecimiento o en el envase de horchata, el sello que certifica la procedencia valenciana de la chufa con la que se ha elaborado; garantía de calidad por un lado y apuesta por la conservación del patrimonio natural de la huerta valenciana por otro, según han explicado desde la DO en un comunicado.  
   La campaña hace especial hincapié en que la chufa es un cultivo que, hasta el 2010, ha permitido vivir dignamente a sus productores y del que se puede y desean seguir viviendo. Asimismo, marca las claras diferencias entre la chufa valenciana y la africana.
   El Consejo Regulador tiene previsto difundir esta campaña principalmente, a través de las redes sociales, en las que cuenta con una gran implantación, con una cifra superior a los 20.000 seguidores en sus páginas en Facebook y más de 600 en Twitter.

El nuevo presidente de Bankia defiende a su predecesor y niega una "purga"

MADRID.- El nuevo presidente de Bankia, Jose Ignacio Goirigolzarri, que pidió el viernes una ayuda récord de 19.000 millones de euros al Estado, defendió este sábado al equipo precedente del banco, rechazando cualquier "purga" y exhortando a la "prudencia".

"Yo no he venido aquí a depurar ningún tipo de responsabilidad", afirmó Goirigolzarri, interrogado sobre la apertura eventual de una investigación interna, durante una rueda de prensa destinada a explicar el plan de saneamiento de este banco, en grandes dificultades.
"Tenemos que ser absolutamente prudentes en nuestros juicios" repitió, y afirmó que su predecesor, Rodrigo Rato, tuvo que enfrentarse a una situación "muy compleja".
Rato, muy conocido por haber sido ministro de Economía y director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como su equipo, fueron obligados a dimitir.
Según él, la revisión que eleva la pérdida de Bankia en 2011 a 2.979 millones de euros, y no un beneficio de 309 millones, como se anunció anteriormente, procede de la crisis económica, que lastró las cuentas.
El nuevo presidente del grupo expresó su confianza en obtener la ayuda del Estado, y precisó que el aporte del fondo público de ayuda al sector (FROB) podría producirse "a mediados de junio".
Bankia, cuarto banco español, pidió el viernes al Estado una ayuda de 19.000 millones de euros, una cantidad sin precedentes en España, ante el panorama, peor de lo previsto, de sus cuentas, muy expuestas a los activos inmobiliarios tóxicos. Este banco tiene activos inmobiliarios por 37.500 millones de euros, de los cuales la gran mayoría (31.800 millones) es de alto riesgo -créditos que podrían no ser devueltos, desahucios...-, como consecuencia del estallido de la 'burbuja' inmobiliaria en 2008.
Si se añade la ayuda anunciada el 9 de mayo, bajo forma de préstamo transformado en participación, el rescate público a Bankia es de unos 23.500 millones de euros, un récord histórico para el sector financiero español.
El Estado se comprometió a aportar los fondos necesarios a Bankia, que representa el 10% del sistema financiero español y es, por tanto, considerado un banco "sistémico", por lo que no puede quebrar sin contaminar todo el sector.

ICV califica el rescate de Bankia del "mayor expolio a la ciudadanía" de la democracia

LÉRIDA.- La portavoz de ICV y diputada en el Congreso, Laia Ortiz, ha calificado este sábado el nuevo rescate que ha solicitado Bankia por más de 20.000 millones de euros de "la mayor estafa y el mayor expolio a la ciudadanía" en la democracia.

"Entendemos que la ciudadanía esté indignada y perpleja viendo cómo se le están expoliando sus derechos sociales, están desmantelando los servicios públicos y se están rescatando los bancos a cambio de nada", ha afirmado en Lérida, donde ha visitado el Aplec del Cargol.
Ha argumentado que es un escándalo mayúsculo porque se está rescatando sin expropiar el patrimonio de la entidad financiera y ha considerado que el dinero público tendría que ir destinado a crear una auténtica banca pública al servicio de la ciudadanía.
"Creemos que se está dando dinero público de todos los ciudadanos y ciudadanas al sector financiero, socializando las pérdidas y en cambio privatizando los beneficios que puedan tener en un futuro", ha añadido.
En rueda de prensa, ha insistido en que se trata "de un engaño mayúsculo por parte del Gobierno" y ha criticado que el Gobierno diga que va a dar dinero y no diga ni la cantidad.
Así, ha agregado que su grupo continuará exigiendo una comisión de investigación en la que se depuren responsabilidades.
El Gobierno está poniendo un veto a la investigación sobre los responsables, según la ecosocialista, para quien el ejecutivo "está escondiendo debajo de la alfombra a los auténticos responsables que se han enriquecido en este expolio a la caja".
Se ha referido así a "los políticos responsables y también de los malos gestores comenzando por el señor Rato", aludiendo al expresidente de la entidad, Rodrigo Rato.

Bankia dice que avisó a los inversores del "efecto adverso" en las acciones por su exposición al ladrillo

MADRID.- Bankia asegura que cuando se repartió el folleto informativo para preparar su salida a Bolsa, en junio de 2011, avisó a los inversores sobre el "efecto adverso" que podría tener en el precio de las acciones su exposición al 'ladrillo' y el "riesgo" de un aumento en los créditos morosos. 

   Así consta en la Memoria de las cuentas de Bankia de 2011 auditadas por Deloitte, en la que la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri argumenta que en dicho folleto advertía de la existencia de "factores de riesgo" que podrían afectar al negocio y su situación patrimonial.
   Todo ello, esgrime Bankia, podría degenerar en un "efecto adverso" en el precio de los títulos de Bankia, que se colocaron a 3,75 euros en el salto al parqué de la entidad. "Lo que podría llevar a una pérdida parcial o total de la inversión realizada", recoge la memoria.
   La entidad nacionalizada asegura que se advertía "particularmente" de los riesgos derivados de que las valoraciones de los activos inmobiliarios en el balance no correspondieran con su valoración realizable si tuvieran que venderse.
   Además, subraya que avisaba de que la entidad estaba sujeta a una "estricta y amplia" normativa sobre los niveles de solvencia y recursos propios.
   "Del examen conjunto del contenido del folleto, que incluyó, en especial, los factores de riesgo indicados resulta que, como se explicó, se advertía expresamente que podrían afectar de manera adversa al negocio, los resultados o la situación financiera, económica o patrimonial de Bankia o al precio de cotización de sus acciones", zanja la entidad.

Cayo Lara pide investigar responsabilidades penales en la gestión de cajas de ahorro

MADRID.- El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha pedido que se habrá una comisión de investigación para depurar las responsabilidades, "incluso penales" en las gestión de las cajas de ahorro.

   En el marco de la ejecutiva federal de IU celebrada este sábado en Madrid, Lara ha indicado que pidieron en el Congreso de los Diputados abrir una comisión de investigación, y que recibieron un rechazo del Partido Popular a tal iniciativa .
   "El PP, que presume de transparencia, niega dar explicaciones en el Parlamento e impide que se aclare la situaciones de las entidades de crédito en España", ha señalado.
   Lara se ha preguntado qué gestión han hecho los anteriores administradores con los recursos de los ciudadanos, pero también "qué es lo que ha hecho el supervisor del Banco de España que ha permitido que se produzca tamaño desastre" en Bankia.
   Además, el dirigente de IU ha reiterado el apoyo de la nacionalización de Bankia. "El Estado tiene que entrar para quedarse con carácter de permanencia en la banca pública en España, para que los clientes de las entidades no pierdan la seguridad".
   Asimismo, Lara ha indicado que la nacionalización no debe ser para salvar a los banqueros, sino "para dar una salida social a la crisis, dar créditos a las pequeñas y medianas empresas, y para apoyar un nuevo modelo de desarrollo productivo".
   Por último, Lara ha indicado que nadie sabe lo que necesita Bankia. "Primeramente eran 4.000 millones de euros para salvarla, en menos de una semana 7.500 millones, ayer 15.000 millones y tras el consejo de la entidad, 19.000 millones".

viernes, 25 de mayo de 2012

El Gobierno analiza con "todas las cautelas" la forma de ayudar a las CCAA

MADRID.-   La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el Gobierno está analizando "con todas las cautelas y garantías" un mecanismo de ayuda que permita a las comunidades autónomas financiarse a un coste menor.

   Así lo ha señalado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que este tipo de mecanismos son "complejos" y hay que analizarlos teniendo en cuenta todas las dificultades que entrañan.
   La portavoz ha reconocido que varias comunidades han trasladado al Gobierno la necesidad de contar con un mecanismo de este tipo y que el Ejecutivo trabaja en esta materia. "Cuando se apruebe se lo comentaremos", ha dicho.
   Ante la pregunta de por qué el Gobierno no informó el pasado viernes tras el Consejo de Ministros de la nueva cifra de déficit del año 2011 si ya la conocía, Sáenz de Santamaría se ha limitado a decir que este asunto no compete al Consejo de Ministros, sino a las comunidades y al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
   Además, ha recordado que el Gobierno envió un comunicado el viernes por la noche y que esta misma semana ha trasladado el nuevo dato a las instituciones europeas en un "ejercicio de transparencia".
   "Entiendo que es una novedad el cambio en la transparencia de las administraciones públicas", ha ironizado la portavoz, tras recordar que ha transcurrido muy poco tiempo desde que España conoció la nueva cifra hasta que se la comunicó a Bruselas.
   Sobre el aplazamiento que ha anunciado la Junta de Andalucía en la puesta en práctica de su plan de ajuste para negociar con los sindicatos, la vicepresidenta ha asegurado desconocer la paralización, y ha recordado que todas las comunidades tienen que cumplir.
   Así, ha pedido a todas las regiones que se ciñan a lo pactado en el CPFF y que ejecuten las medidas necesarias para cumplir con la consolidación fiscal, al tiempo que les ha advertido de que, a partir de ahora, tienen que enviar mensualmente la información de sus cuentas al Gobierno.

PSC y PSPV celebrarán una cumbre en Valencia por el Corredor Mediterráneo antes de verano

BARCELONA.- El primer secretario del PSC, Pere Navarro, y el secretario general del PSPV, Ximo Puig, han explicado este viernes que convocarán una cumbre en Valencia antes de verano en defensa del Corredor Mediterráneo para sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de priorizarlo ante la "amenaza" que supone la actitud del Gobierno.

   En rueda de prensa tras reunirse en la sede central del PSC, ambos han concretado este anuncio en un documento de siete puntos, donde exponen su acuerdo en reclamar un cambio de orientación a la política económica a los gobiernos de España, Cataluña y de la Comunitat Valenciana que priorice la reactivación económica y aparque los recortes.
   Ambos han explicado que priorizar el Corredor Mediterráneo puede ayudar a la recuperación económica y que quieren que se evidencie en su cumbre, donde quieren reunir tanto a representantes políticos de ambas comunidades como también a la sociedad económica y social.
   "Si el PP continúa bloqueándolo será un golpe muy importante para el futuro de Valencia", ha advertido Puig, quien ha criticado con Navarro la actitud recentralizadora del Gobierno respecto a las comunidades.
   Según el documento acordado entre ambos, el "maltrato" del Ejecutivo central contra el autogobierno tiene consecuencias también sobre la financiación y, en paralelo, a posibles inversiones que ayudarían a la reactivación de sectores productivos.
   También han defendido la reciprocidad en las emisiones de TV3 en la Comunitat Valenciana y de Canal 9 en Catalunya, por lo que han instado a los gobiernos autonómicos a garantizar su recepción con "plena normalidad".
 "No tiene sentido que dos territorios tan cercanos haya esta separación a nivel comunicativo", ha lamentado.
   Como socialistas, ambos han coincidido en destacar la importancia de potenciar las relaciones entre ambas formaciones y entre catalanes y valencianos, aparcando "batallas absurdas y estériles".

El Consell, dispuesto a cualquier gestión en el aeropuerto de Castellón, incluso a la "privatización absoluta"

VALENCIA.- El vicepresidente y conseller de Presidencia, José Císcar, ha asegurado este viernes que el Gobierno valenciano está "dispuesto a cualquier tipo de gestión, sea pública, sea pública-privada o sea de privatización absoluta", en el aeropuerto de Castellón.

   Císcar ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, junto al conseller de Economía, Máximo Buch, en la que han presentado el nuevo mapa de entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Comunitat Valenciana.
   Preguntado por la situación de Aerocas en este nuevo mapa, el vicepresidente ha destacado que esta entidad "lo que está haciendo es gestionar una infraestructura que es el aeropuerto de Castellón". Al respecto, ha señalado que sobre esta infraestructura el Gobierno valenciano "está dispuesto a cualquier tipo de gestión, sea publica, sea pública-privada o sea de privatización absoluta".
   "Lo que queremos es que ese aeropuerto funcione en las mejores condiciones de viabilidad económica para las arcas de la Generalitat y que, al mismo tiempo, preste servicio para el turismo de Castellón y de la Comunitat Valenciana para que el fue diseñado", así como "cualquier otro servicio que siendo un aeropuerto esté en condiciones de prestar", ha resaltado el también portavoz del Consell.
   Por su parte Máximo Buch, inquirido por si el hecho que Aerocas sea una sociedad que no se fusiona en ninguna entidad de derecho público implica que no habrá cambios en su estructura de personal, ha respondido: "no necesariamente".
   Según el Consell, "eso no quiere decir que no vayamos a plantearnos caso por caso, si se puede racionalizar y hacer más eficiente o no" las entidades que son "no fusionables". Así, ha indicado que "el hecho de que se mantenga separada no quiere decir que no se vaya a revisar en su caso la adecuación de las estructura a las circunstancias y necesidades actuales".

Costa asegura que las cuentas del PPCV están "claras" por lo que la causa debe archivarse

VALENCIA.- El ex secretario general del PPCV y diputado en las Corts Valencianes, Ricardo Costa, ha considerado este viernes que la causa de financiación irregular del PPCV en la que está imputado debe archivarse ya que ha destacado que, con su declaración ante el magistrado que instruye este caso en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), ha contribuido a demostrar que las cuentas de los populares valencianos están "claras". 

   Costa llegó este jueves sobre las 9.30 horas de este viernes al TSJCV para comparecer como imputado en la supuesta financiación irregular del partido relacionada con la trama Gürtel, donde ha prestado declaración durante más de cuatro horas.
    El ex número dos del PPCV ha confirmado a la salida, sobre las 14.00 horas, que se había negado responder a las preguntas del abogado que ejerce la acusación popular ejercida por el PSPV, al igual que hicieran esta semana la extesorera y el exvicesecretario de organización del PP valenciano Yolanda García y David Serra, también imputados en esta causa.
   Costa, que tanto a la entrada como a la salida iba acompañado por su abogado, ha señalado a los numerosos periodistas que le esperaban que se encontraba "muy satisfecho" porque, ha dicho, "creo que he contribuido a demostrar que en el PPCV está todo correcto".  
   Además, ha destacado: "con mi declaración he contribuido a demostrar la inocencia del Partido Popular, que las cuentas están claras y que, por lo tanto, este proceso tiene que archivarse cuanto antes".
   El parlamentario ha agradecido "muchísimo la presencia" y "compresión" de los medios de comunicación, pero ha indicado que se retiraba a "descansar".

Císcar, sobre el sumario de Cooperación: "Algunos contenidos nos causan vergüenza ajena"

VALENCIA.- El vicepresidente del Consell, José Císcar, ha admitido este viernes que algunos de los contenidos del sumario de la conocida como 'causa de cooperación' que se están conociendo en los últimos días tras levantarse el secreto de sumario causan "vergüenza" ajena al Ejecutivo regional. Asimismo, ha insistido en que "hay que mantener la actitud de tolerancia cero contra la corrupción" y la "colaboración máxima y absoluta" con los tribunales de justicia.

   Císcar se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntado por los medios sobre los últimos datos conocidos del sumario, que revelan, entre otros aspectos, que el empresario César Augusto Tauroni, en prisión por esta causa, se refería a los países en desarrollo objeto de la cooperación como 'Negrolandia'.
   "Algunos de los contenidos que estamos conociendo nos causan vergüenza ajena", ha aseverado Císcar, que ha apuntado que algunas de las expresiones conocidas son "absolutamente reprobables", especialmente teniendo en cuenta que se trata de un área, la cooperación al desarrollo, que es "muy sensible" y "afecta a ciudadanos necesitados y a personas que viven en estado de pobreza".
 "Esto nos reafirma en que contra la corrupción tenemos que luchar con todas nuestras armas", ha recalcado.
   En la causa se investiga un supuesto fraude en las subvenciones concedidas por la extinta Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía --que dirigía el actual portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco-- en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011 destinadas a la cooperación al desarrollo con el tercer mundo.
   Por otra parte, preguntado por la valoración de la actuación de la extinta Conselleria de Solidaridad en el marco de la trama que se investiga, Císcar ha señalado que se ha creado una comisión en Justicia y Bienestar Social que está "evaluando y analizando todos los expedientes de cooperación" y tiene de plazo hasta mediados de junio para sacar sus propias conclusiones.
   Así, ha señalado que el Consell prefiere "esperar a conocer esas conclusiones y no hacer antes ninguna valoración". No obstante, ha recordado que se ha personado a través de la Abogacía de la Generalitat como acusación particular en el sumario y exigirán "todas aquellas responsabilidades penales y civiles necesarias" si de la investigación de la comisión se dedujera alguna responsabilidad. "No tengan la más mínima duda de que la vamos a seguir exigiendo", ha apostillado.
   Cuestionado sobre la razón por la que se mantuvo a la cúpula de la Conselleria después de que una directora general se marchara tras negarse a firmas los expedientes, ha indicado que "seguramente ese alto cargo no nos planteó la necesidad" y ha recalcado que, en cualquier caso, ya existe una investigación judicial en curso.
   "Dejemos trabajar a los jueves y a los tribunales, es un sumario muy voluminoso, muy completo, muy exhaustivo y va a haber unas conclusiones en sede judicial que antes o después vamos a conocer", ha apuntado Císcar, que ha insistido en que en estos momentos el "mejor servicio" que el Consell puede prestar es colaborar con la justicia.
   Sobre la exigencia de responsabilidades políticas, ha señalado que no hay "ninguna duda" del compromiso del presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, en la lucha contra la corrupción y ha apuntado que no queda "ningún alto cargo (imputado) en su puesto" y se han abierto los expedientes disciplinarios correspondientes a los funcionarios presuntamente implicados. No obstante, ha indicado que "la línea que marca la diferencia es la imputación"
   No obstante, respecto a la existencia de diputados autonómicos 'populares' imputados que conservan su acta, como Ricardo Costa --que declara este viernes en el TSJCV en la causa por la supuesta financiación irregular del PPCV--, ha señalado que cuando habla de esa "línea" se refiere a aquellos cargos que el Consell o el presidente tienen capacidad para nombrar y cesar, y no a los casos en los que ese cargo procede de la legitimidad de las elecciones.
   "El presidente de la Generalitat y el Consell donde tienen competencias actúan, no creo que pueda haber ninguna duda de cuál es nuestro compromiso en perseguir la corrupción: exigimos la máxima ejemplaridad y transparencia a los altos cargos", ha indicado Císcar, que ha puntualizado que, no obstante, en los ámbitos en que no pueden actuar hay que respetar la ley.
   Por otra parte, ha querido resaltar que la 'causa de la cooperación' no tiene "por qué poner en entredicho a la cooperación al desarrollo valenciana, al resto de ONG que hacen una labor importantísima".
   Ha recordado que en los últimos cuatro años la Generalitat ha destinado más de 150 millones de euros a cooperación al desarrollo, que ha ido a parar a más de 43 países y de la que se han beneficiado más de 8 millones de ciudadanos. En este periodo, la Comunitat Valenciana ha ayudado a financiar más de 900 proyectos y ha colaborado con más de un centenar de ONG, datos que para Císcar, "son más que suficientes para poner de manifiesto la importancia de la cooperación al desarrollo desde la Comunitat".

El PSPV cree que Fabra sí puede cesar a Blasco como portavoz y acabar con la imagen "lamentable" que da a la Comunitat

VALENCIA.- La presidenta y secretaria general del grupo socialista en las Corts, Ana Barceló, ha recordado este viernes al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que "sí puede cesar" a Rafael Blasco como portavoz y acabar con la imagen "lamentable que se da en la Comunitat Valenciana", según ha indicado en un comunicado.

   Barceló considera que el valor de la ética en política "está por encima de las cuotas de poder del PP y de cualquier partido" y ha pedido al presidente de los 'populares' valencianos que cumpla con su compromiso de tolerancia cero con la corrupción, "después de saber que el conseller Císcar ha señalado que los diputados imputados en casos de corrupción seguirán en sus cargos y con sus responsabilidades dentro del PP, ya les legitiman las elecciones".
   Con independencia de esto, Barceló ha señalado que Rafael Blasco es "el portavoz, la voz, del PP, una voz que está bajo sospecha y traslada una imagen lamentable de la Comunitat Valenciana".
   Barceló ha apuntado que el vicepresidente y portavoz de la Generalitat, José Císcar, ha dicho que todos los imputados en casos de corrupción "serían apartados de sus responsabilidades en el Consell, pero a renglón seguido señalaba que esta 'norma' no afectará a los diputados autonómicos por tratarse de cargos electos". En estos casos el PP si apela a "la presunción de inocencia", ha agregado.
   Desde el PSPV-PSOE, Barceló no ha dudado en señalar que en estas circunstancias "con más motivo" deberían aplicarse criterios de ética y deberían dejar sus responsabilidades en la cámara. "Se trata de un acto de decencia política que Fabra elude porque, efectivamente, el acta de diputado es suya y podría verse con un amplio grupo mixto si intentara imponer su autoridad en el partido", ha apuntado.
   Así, Barceló se ha referido en especial al caso de Rafael Blasco, no imputado, pero "sí envuelto" en el caso cooperación, con "ya demasiados datos sobre al mesa como para que Fabra pueda mantenerlo de portavoz".
   "Fabra --ha reiterado Barceló-- sí puede quitar de portavoz a Blasco ahora o si, en breve, resulta ser imputado, pero no lo hará porque él la línea roja de la corrupción la pone o la quita a su conveniencia".
   Barceló ha recordado que la censura de Císcar a las conversaciones conocidas a partir del sumario del caso cooperación, con insultos racistas, "no afectan posteriormente al portavoz Blasco".
   La presidenta y secretaria general del grupo socialista en las Corts no ha dudado en calificar de "burla" las declaraciones de Císcar, al destacar que "si la línea que marca la diferencia es la imputación debería valer también para los diputados".

Barberá lamenta la "demagogia" de la oposición municipal y dice que no desea "a nadie las amenazas" que conoce

VALENCIA.- La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha lamentado este viernes, en la celebración del pleno ordinario del mes de mayo, la "demagogia" de la oposición municipal en asuntos como los referidos a la seguridad y protección personal y ha dicho que no desea "a nadie" las amenazas, "incluso de muerte", que ella conoce. 

   "No deseo a nadie las amenazas, incluso de muerte, que yo conozco y tener a dos etarras a menos de 40 metros", ha señalado la primera edil. Se ha pronunciado de este modo durante el debate de los puntos referidos al área de Economía, Hacienda y Empleo, momento en el que la responsable municipal ha intervenido para responder a las críticas de la oposición por el vehículo oficial y el servicio de escoltas.
   Rita Barberá se ha referido de este modo a las alusiones que el concejal del PSPV Pedro M. Sánchez ha realizado a los gastos en su coche oficial y a las del portavoz de Compromís, Joan Ribó, al servicio de escoltas de los miembros del gobierno local durante el debate de la segunda, tercera y cuarta modificación de créditos extraordinarios y suplementos de crédito del Presupuesto de 2012.  
   Sánchez ha criticado que el gobierno local presupueste "por debajo de las necesidades", que haga "unos presupuestos irreales" y que recorte "donde no deben y no en gastos innecesarios". Ha citado el gasto de "37.000 euros en el coche de la alcaldesa a punto de acabarse el renting". Posteriormente, en otro punto del pleno el portavoz del PSPV, Joan Calabuig, ha dicho a Barberá que las alusiones a su coche eran "en términos alegóricos" y que su grupo no se mete en la seguridad de la alcaldesa.
   Por su lado, Ribó se ha referido a la decisión del equipo de gobierno de cambiar el modelo de coches oficiales y ha dicho que "el problema" y lo que ha estimado de "escándalo" no es el tipo de coche sino que los ediles del PP, "con la que cae, mantengan escoltas que deberían llamarse asistentes" por las tareas que asumen de asistencia a los concejales.
   "La seguridad es una excusa. No son los coches, son los policías que se sacan de los barrios en beneficio" del gobierno municipal, ha argumentado el responsable de Compromís.
   Respecto a las modificaciones de créditos extraordinarios debatidas, que han contado con el voto a favor de PP y PSPV y la abstención de EU y Compromís, la concejal de Esquerra Unida Rosa Albert ha valorado que el consistorio pague a los proveedores los 181 millones de euros que les adeudaba hasta el 31 de diciembre de 2011, aunque ha recordado que su grupo se opuso al Plan de Ajuste que esta operación requiere por los intereses que conlleva.  
   Albert ha considerado que las modificaciones de crédito aprobadas "constatan la situación financiera tan precaria del Ayuntamiento de Valencia" y ha censurado que, "una vez más", sean "los vecinos, a través del IBI, quienes tienen que hacer frente a la mala gestión económica del equipo de gobierno".
   Igualmente, ha criticado que estas modificaciones se usen para atender el pago de "muchas partidas aprobadas" que no habían sido dotadas de manera "suficiente" y ha citado como ejemplo el gasto de suministro de agua y luz.
   La edil ha pedido al gobierno local que "priorice" a la hora de pagar porque "en un momento de escasez de recursos" se ha priorizar "a las personas, los puestos de trabajo de quienes desarrollan su actividad en o para el Ayuntamiento" y dejar "en un segundo plano los intereses de las entidades financieras". Ha criticado que se de "luz verde a los EREs" de algunas contratas.
   El portavoz de Compromís, por su lado, ha censurado el nivel de endeudamiento del consistorio, según ha dicho "en el 140% y de 1.106  millones de euros" y ha destacado que "se ha presupuestado por debajo de las necesidades mínimas" y que eso ha llevado a "aumentar partidas para atender necesidades" como el pago del agua. Ribó ha expresado su respaldo al crédito para el pago a proveedores.
   Por su parte, el concejal socialista Pedro M. Sánchez, que también ha mostrado el apoyo del PSPV a esta operación de pago, ha lamentado, no obstante, que el Ayuntamiento se retrase en los pagos. Ha dicho que las tres modificaciones tratadas son "la foto" de los veinte años de "mala gestión" del PP, con "el crecimiento al límite de la deuda", "gastando sin presupuesto" y haciendo "presupuesto irreales" por "debajo de las necesidades" mientras se "atienden gastos innecesarios". También ha criticado la gestión del gobierno local por lo que respecta a las expropiaciones.
   En respuesta a la oposición, el concejal de Hacienda, Silvestre Senent, ha manifestado su satisfacción por el hecho de que los proveedores cobrarán el 31 de mayo las facturas pendientes hasta final de 2011 y ha asegurado que la deuda generada por ello es "asumible" por las arcas municipales con los número que tiene ahora. Además, ha defendido la política y gestión de expropiaciones del gobierno local, a la que se refiere una de las modificaciones.
   Ha indicado a Albert que el Plan de Ajuste municipal "no contempla ningún ERE" y que "no es responsabilidad" del PP "que una empresa privada que tiene una contrata con el Ayuntamiento lo plantee".
   Por otra parte, en el pleno se ha aprobado con el voto a favor de PP y PSPV y la abstención de EU y Compromís la tercera relación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos y obligaciones de 2012. Senent ha manifestado que éste es "un mecanismo" y procedimiento "normal" de la administración local "para poder incluir y pagar todas las facturas".

La CNMV suspende la cotización de los títulos de Bankia

MADRID.- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha suspendido cautelarmente, con efectos inmediatos, la cotización de los títulos de Bankia, al concurrir circunstancias que pudieran perturbar el normal desarrollo de las operaciones sobre dicho valor, sin precisar cuándo regresará al parqué.

   Esta decisión del supervisor tuvo lugar minutos antes de la apertura, por lo que la entidad no llegó a iniciar la negociación, lo mismo que su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), que también fue suspendido.
   La medida tomada por la CNMV se produce después de conocerse la intención del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, de proponer hoy a su consejo de administración un plan de capitalización para sanear la entidad que supondrá pedir al Estado una ayuda superior a los 14.000 millones de euros, informaron a Europa Press en fuentes financieras.
   Las acciones de Bankia cerraron ayer a un precio de 1,570 euros, con un descenso del 7,43%.

El Gobierno valenciano despedirá en torno a 4.000 empleados públicos

VALENCIA.- La Generalitat valenciana reducirá a 18 las entidades del sector público empresarial y fundacional de la Comunitat Valenciana --en el que también habrá cinco sociedades mercantiles con participación del Consell-- frente a las 66 actuales. En ellas se intensificará la colaboración público privada.

   Así lo ha explicado el conseller de Economía, Industria y Comercio, Máximo Buch, que ha comparecido en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell junto al vicepresidente valenciano, José Císcar, para presentar el nuevo mapa de entidades del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Comunitat Valenciana.
   El impacto económico superará los 1.000 millones de euros, de los que 773 millones ya estaban contemplados en los Presupuestos de la Generalitat para 2012. Asimismo, 61,3 millones se derivan de las recientes medidas contenidas en el Plan de Reequilibrio Financiero de la Comunitat Valenciana.
   También se contempla un ahorro que puede ser de hasta 215 millones de euros en 2013, de los cuales entre 160 y 200 millones será por la "optimización y eficiencia" en la gestión" y entre 12,5 y 15,5 millones de euros por el establecimiento de "sinergias de fusión".
   En cuanto a la reducción de personal, oscila entre el 40 y el 50 por ciento sobre unos efectivos totales de 7.555 empleados, por lo que tras el proceso de reestructuración se mantendrá una plantilla de entre 3.700 y 4.500 empleados. El ahorro en gastos de personal se cuantifica en un margen de 100 millones de euros.
   Asimismo, Buch ha explicado que el número de directores generales disminuirá y algunos de ellos pasarán a ser directores de entes concreto. En el caso de que haya cargos que "pierdan competencias" el Consell realizará una "revisión salarial".
   La nueva estructura se implementará a lo largo del segundo semestre y estará culminado el 31 de diciembre de 2012. El nuevo mapa del sector público empresarial y fundacional estará compuesto por seis áreas de funcionales de planificación y ejecución de las políticas públicas como son: Cultura, Arte y Ocio; Movilidad y Transporte; Medioambiente y Gestión de Residuos; Sanidad y Bienestar Social; Innovación, Competitividad e Investigación; y Promoción, Construcción y Gestión de Infraestructuras.
   Estas áreas integrarán 18 entes, de las que siete son entidades de derecho público, cinco sociedades mercantiles y seis fundaciones. A éstas hay que añadir cinco sociedades mercantiles con participación de la Generalitat inferior al 50 por ciento como son Valencia Parque Central Alta Velocidad, Alta Velocidad Nodo de Transporte, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Parque Empresarial de Sagunto y Valencia Plataforma Intermodal y Logística.
   En concreto, el área de gestión de Cultura, Arte y Ocio estará compuesta por CulturArts Generalitat, entidad de derecho público que integrará las funciones del Institut Valencià de la Música, Teatres de la Generalitat, Proyecto Cultural de Castellón, Instituto Valenciano del Audiovisual y de la Cinematografía Ricardo Muñoz Suay, Fundación de les Arts Reina Sofía, Instituto Valenciano de Arte Moderno, Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales y Fundación La Luz de las Imágenes.
   También formarán parte de esta área las sociedades mercantiles Ciudad de las Artes y las Ciencias, Ciudad de la Luz y Circuito de Motor y Promoción Deportiva.
   Respecto a Movilidad y Transporte, esta área la formará la entidad de derecho público Operador de Ferrocarril que integrará a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). En cuanto al ámbito Medioambiente y Gestión de Residuos, de él dependerá la entidad de derecho público de Tratamiento de residuos y saneamiento de aguas residuales que integrará la actividad de tratamiento de residuos que realiza Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) y sus filiales, y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar).
   El área de Sanidad y Bienestar Social, por su parte, estará formada por una entidad de derecho público de Bienestar Social que asumirá las funciones del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados (Ivadis) y la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa).
   En este ámbito también se encuadra la Fundación Valenciana de la Investigación Sanitaria y Biomédica que integrará las actividades de la Fundación de la CV para la investigación del Hospital de Elche, la Fundación de la CV para la investigación del Hospital de Alicante y el Centro Superior de Investigación en Salud Pública. También forman parte de este holding las fundaciones para la investigación de los hospitales La Fe y el Clínico de Valencia.
   Dentro del área funcional de Innovación, Competitividad e Investigación formarán parte la entidad de derecho público de área de Innovación y Competitividad que integrará las actuaciones del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Valenciana (IMPIVA), Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) y su filial, Agencia Valenciana de la Energía (AVEN), Agencia Valenciana de Evaluación y Prosepectiva (AVAP).
   También la Fundación CV Región Europea, la Fundación Valenciana International University y la Fundación para la Investigación que integra Fundación para la investigación agroalimentaria y el Centro de Estudios del Mediterráneo (CEAM).
   El ámbito Promoción, Construcción y Gestión de Infraestructuras estará compuesto por una entidad de derecho público de Promoción, Construcción y Gestión de Infraestructuras que integrará las actividades del Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), Construcciones e Infraestructuras Educativas (Ciegsa) y Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva). Además, formarán parte de esta área las sociedades mercantiles aeropuerto de Castellón y Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa).
   El mapa se completa con la Corporación Pública Empresarial Valenciana, entidad de derecho público que será la encargada de la coordinación y control-económico financiero de las entidades de derecho público. La Corporación también asumirá la titularidad de las acciones que la Generalitat posee de las sociedades mercantiles.
   Por otro lado, las sociedades mercantiles con participación inferior al 50 por ciento de la Generalitat son Valencia Parque Central Alta Velocidad, Alta Velocidad Nodo de Transporte, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Parque Empresarial de Sagunto y Valencia Plataforma Intermodal y Logística.
   La nueva configuración del mapa supondrá la integración en la Generalitat o en entidades de la nueva estructura de 35 entes como la  Agencia Valenciana de Movilidad, Fundación para el Estudio, Prevención y Asistencia a las Drogodependencias, Fundación de Ayuda a las Víctimas del Delito y Encuentro Familiar, Consell Valencià de l'Esport, Centro Superior de Investigación en Salud Pública, Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana, Fundación de la Comunidad Valenciana de las Artes o Fundación Servicio Valenciano de Empleo, entre otras.
   Las entidades que quedan excluidas son el Patronato del Misteri d'Elx; la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica, Agricultura y Conservas SA; Tecnología e ingeniería de sistemas y servicios avanzados de telecomunicaciones SA; y las fundaciones de Estudios Bursátiles y Financieros, Generalitat Valenciana-Iberdrola, Instituto Portuario de Estudios y Cooperación y Oftalmológica del Mediterráneo.

Bankia pide al Estado un total de 23.465 millones y ampliará capital por 12.000 millones

MADRID.- El Grupo BFA-Bankia ha pedido ayudas públicas por importe de 19.000 millones de euros, que se suman a 4.465 millones de euros iniciales ya comprometidos, con lo que el total de recursos que el Estado inyectará en la entidad se eleva a 23.465 millones. Además, la matriz procederá a capitalizar su filial Bankia, con una ampliación de capital de 12.000 millones de euros.

   Así figura en el plan de saneamiento y recapitalización presentado por el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, al consejo de administración de la entidad, que le ha dado su visto bueno, y que se solicitará formalmente al Banco de España. El plan cuenta con el conocimiento del Gobierno y del instituto emisor.
   Se trata del mayor importe de ayuda pública que recibirá una entidad para su saneamiento en toda la historia de España. El Gobierno sostuvo recientemente que el esfuerzo público para culminar la reestructuración financiera no superaría los 15.000 millones de euros.
   Esta solicitud de ayudas se produce después de que Bankia reformulara las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio 2011, tras una revisión en profundidad de la cartera crediticia, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
   Bankia ha detectado la necesidad de saneamientos adicionales en su cartera inmobiliaria de 4.000 millones de euros, en el resto de su cartera crediticia de 5.500 millones, así como minusvalías latentes de 6.700 millones de euros, principalmente en la cartera de participadas y los activos fiscales.
   Concretamente, Bankia necesita 12.745 millones de euros para cumplir con los requerimientos de provisiones y capital por el riesgo inmobiliario exigidos en los últimos decretos de saneamiento financiero aprobados por el Gobierno. Así, Bankia elevará la cobertura por el riesgo del 'ladrillo' al 48,9%.
   Tras el saneamiento y recapitalización, el ratio de capital principal de BFA se situará en el 9,8%, mientras que en el caso de Bankia se establecerá en el 9,6%.
   En primer lugar, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ejecutará "a la mayor brevedad" la conversión en acciones ordinarias del préstamo de participaciones preferentes por importe de 4.465 millones de euros concedido en 2010 para la integración de las siete cajas de ahorros.
   Una vez realizada la conversión, el Estado suscribirá una ampliación de capital de 19.000 millones de euros en BFA para que dé cumplimiento a los requisitos regulatorios. Tanto la conversión del préstamo como la ampliación se acometerán en el mes de junio y supondrán una participación de control del Estado en BFA.
   Finalmente, BFA recapitalizará su filial Bankia por 12.000 millones de euros mediante una ampliación de capital asegurada en su totalidad por la matriz y con derecho de suscripción preferente para los accionistas existentes. Está previsto que la ampliación de capital en Bankia se complete en octubre y culmine así la nacionalización.
   Goirigolzarri sostuvo que con estas medidas coordinadas con el Gobierno y el Banco de España, "los clientes de Bankia pueden tener la absoluta confianza de que sus ahorros están ahora más seguros y garantizados que nunca".
   Según aseveró, "las medidas de recapitalización refuerzan la solvencia, la liquidez y la solidez del grupo y permiten afrontar una nueva etapa de desarrollo del negocio bancario y avanzar en la consolidación de una gran franquicia".

Dimite todo el consejo de administración de Bankia salvo Goirigolzarri y Verdú

MADRID.- El consejo de administración de Bankia ha presentado hoy su dimisión en bloque, salvo el presidente, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado, Francisco Verdú, ha informado la entidad financiera en un comunicado.

   Esta decisión se produce después de que el Estado haya tomado el control accionarial de la entidad que ha solicitado este viernes 19.000 millones de euros en ayudas públicas para llevar a cabo su plan de saneamiento. Esta cifra no incluye los 4.465 millones de ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que el Estado suscribió en preferentes de la entidad.
   Tras la salida de los anteriores integrantes del consejo de administración de Bankia, el órgano de gobierno del banco ha acordado una profunda renovación, reduciendo su número de miembros de 18 a 10.
   Así, empresarios ejecutivos de diferentes sectores sustituyen a los anteriores representantes políticos y sindicales que componían el consejo de administración hasta ahora.
   En concreto, se incorporan al consejo de administración de Bankia José Sevilla, como consejero ejecutivo, y como independientes Joaquín Ayuso, Eva Castillo, José Wahnon, Javier Campo, Jorge Cosmen, Fernando Fernández y José Luis Feito.
   Además el Consejo de Administración ha acordado el nombramiento de Amalia Blanco como directora general adjunta de Comunicación y Relaciones Externas de Bankia.
   De esta forma, la primera línea directiva de Bankia queda configurada con su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, en lo alto del organigrama, del que dependen directamente el secretario general, Miguel Crespo y la directora general adjunta de Comunicación y Relaciones Externas, Amalia Blanco. Por debajo, se sitúan José Sevilla, al frente de la Dirección General de Presidencia; Francisco Verdú, como consejero delegado; y Antonio Ortega, encabezando la Dirección General de Personas, Medios y Tecnología.
   Todos los nombramientos, que se han producido por cooptación, deberán ser refrendados por la Junta General de Accionistas de Bankia, que ha sido convocada por la entidad con carácter ordinario en Valencia para el próximo día 29 de junio, en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria.

   CURRÍCULUM DE LOS NUEVOS CONSEJEROS
   José Sevilla, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por Cunef, es director general de Presidencia de Bankia desde el pasado 16 de mayo. Ha sido director general de Riesgos, director del Área de Presidencia y director de la División de Estrategia y Finanzas de América en BBVA. Fue consejero de BBVA Bancomer. Antes de unirse a BBVA trabajó en Merrill Lynch y FG Inversiones Bursátiles.
   Joaquín Ayuso, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, es vicepresidente de Ferrovial, donde ha desarrollado toda su carrera, y miembro de su comisión ejecutiva. También pertenece a los consejos de administración de Holcim España y de National Express. Es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios.
   Eva Castillo, licenciada en Derecho y Empresariales, es consejera de Telefónica y pertenece a las comisiones consultivas de estrategia, calidad y regulación de la operadora. También es miembro del Consejo de Administración de Telefónica Czech Republic y de los consejos asesores de Telefónica Digital y Telefónica Internacional. Es consejera de Old Mutual. Previamente ha trabajado en Merrill Lynch, donde llegó a ser presidenta de su filial española.
   José Wahnon, licenciado en Ciencias Económicas y PMD Harvard, es miembro del Consejo de Administración de Ezentis y presidente del Comité de Auditoría de la entidad. Ha desarrollada casi toda su carrera en PwC. Fue socio responsable a nivel nacional de la división de Servicios a Entidades Financieras, socio responsable para España de la División de Auditoría y miembro de la ejecutiva de la firma en España y en Europa.
   Javier Campo, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, es presidente del Grupo Zena (Foster Hollywood, Domino's Pizza, La Vaca Argentina, Cañas&Tapas o Burguer King). También es presidente de la Asociación Española del Gran Consumo y consejero del Grupo de Alimentación Palacios. Asimismo, es miembro del Consejo Asesor de AT Kearney. Empezó su carrera profesional en Arthur Andersen. Ha sido presidente mundial del Grupo Dia y miembro del Comité Ejecutivo Mundial del Grupo Carrefour.
   Jorge Cosmen, licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Master MBAI por el Instituto de Empresa, es presidente de ALSA y copresidente de National Express. Ha trabajado en empresas del sector turístico, bancario y de comercio en España, Suiza, Hong Kong y China.
   Fernando Fernández, doctor en Ciencias Económicas, es profesor de Economía y director de la Cátedra del Sistema Financiero Internacional del IE Business School. Es consejero de Red Eléctrica. Ha sido economista jefe de Banco Central Hispano y de Banco Santander.
   José Luis Feito, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Es técnico comercial del Estado y embajador del Reino de España. En la actualidad preside las patronales de autopistas española (ASETA) y europea (ASECAP), la Comisión de Política Económica y Financiera de la CEOE y el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, el Banco de España y AB Asesores Bursátiles.

Bankia desvela que perdió 2.979 millones de euros en 2011

MADRID.- Bankia perdió un total de 2.979 millones de euros en el ejercicio 2011 debido a saneamientos en créditos y activos adjudicados, y a las nuevas valoraciones de las participadas, según informó la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri.

   Estos 'números rojos' se desprenden de las cuentas revisadas y sin salvedades de los auditores, explicó Bankia, tras comunicar que recibirá del Estado un total de 23.465 millones de euros para asegurar su viabilidad.
   Estas pérdidas de casi 3.000 millones de euros durante el pasado ejercicio contrastan con el beneficio neto atribuido de 309 millones que Bankia comunicó para este periodo en rueda de prensa el pasado mes de febrero.
   La entidad precisó entonces que la ganancia suponía un descenso del 13% en relación a los resultados proforma del año anterior, pero que arrojaba un crecimiento del 14% excluyendo el efecto de las dotaciones a provisiones realizadas por la nueva normativa.
   La CNMV decidió no publicar los resultados anuales de BFA y Bankia a falta de recibir el informe de auditoría correspondiente que las refrendara, lo que precipitó la decisión del Gobierno de diseñar un plan de saneamiento con dinero público y desencadenó la dimisión de su entonces presidente, Rodrigo Rato.
   El organismo regulador debería haber recibido las cuentas auditadas el pasado 30 de abril, por lo que BFA y Bankia podrían enfrentarse a una sanción. En su caso, las entidades remitieron la información con fecha de 4 de mayo y sin auditar a través de hecho relevante.
   Los reparos de la auditora Deloitte de estampar su rúbrica en las cuentas anuales respondían a diferencias irreconciliables de valoración de los activos con la dirección de Bankia por importe de miles de millones de euros.
   Según el plan de viabilidad aprobado este viernes Bankia ha detectado la necesidad de saneamientos adicionales en su cartera inmobiliaria de 4.000 millones de euros, en el resto de su cartera crediticia de 5.500 millones, así como minusvalías latentes de 6.700 millones de euros, principalmente en la cartera de participadas y los activos fiscales.

S&P sitúa a Bankia, Popular y Bankinter en 'bono basura'

MADRID.- La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's ha decidido rebajar en un escalón el rating a cinco entidades españolas, situando en la categoría de inversión denominada 'bono basura' a tres de ellas, Bankia, Popular y Bankinter, según informó la agencia en un comunicado. 

   Esta decisión se produce como consecuencia del recorte en dos escalones el rating de España a finales del pasado mes de abril, desde 'A/A-1' a 'BBB+/A-2', al entender que existen "riesgos significativos con respecto al crecimiento económico y a la ejecución presupuestaria", algo que podría repercutir en su opinión negativamente en la calidad crediticia de España.
   En concreto, la agencia ha recortado en escalón, desde 'BBB-' a 'BB+', las calificaciones de estas tres entidades, al mismo tiempo que ha rebajado también en un peldaño los ratings de Banca Cívica, desde 'BB+' a 'BB', y Banco Financiero y de Ahorros (BFA), desde 'BB-' a 'B+'. Ambas entidades ya estaban en categoría de 'bono basura'.
   Por otro lado, la agencia ha mantenido sin cambios las calificaciones de otras nueve entidades españolas. Así, confirma las calificaciones a largo plazo de Santander (A-), Banesto ('A-), Santander Consumer (A-) BBVA ('BBB+'), Kutxabank ('BBB-'), Banco Sabadell ('BB+'), así como la de la Confederación Española de Cajas de Ahorros ('BBB-'), y los ratings a corto plazo de BFA ('B') y Caixabank ('A-2').
   Tras esta decisión, la agencia también ha decidido mantener en revisión para un posible rebaja el rating de cinco entidades españolas, Bankia, BFA, Caixabank, La Caixa e Ibercaja. Por su parte, el rating de Banca Cívica sigue en revisión para un posible incremento de la nota.
   La agencia explica que ha recortado el rating de estos cinco bancos debido al deterioro del perfil crediticia propio de cada entidad, que ha sido revisado después de analizar los riesgos económicos a los que enfrente la industria bancaria, debido al impacto que tendrán en el modelo de negocio de Bankinter y en las posiciones de capital de las otras cuatro entidades.
   Asimismo, explica que incorpora por primera vez en los ratings a largo plazo de Popular y Bankia, y de forma indirecta en el de BFA, un impacto positivo del potencial apoyo que recibirían en el corto plazo del Gobierno. "Creemos que el gobierno español aportaría probablemente apoyo en el corto plazo para respaldar cualquier potencial descenso en el capital en estas dos instituciones si fuera necesario", incide.
   Por otro lado, la agencia explica que la perspectiva 'negativa' que otorga a las calificaciones de Santander y sus subsidiarias, BBVA, Popular, Sabadell, Kutxabank y Bankinter refleje la posibilidad de nuevas rebajas de rating si se percibe una creciente presión sobre la fortaleza financiera de los bancos en unas "débiles condiciones" de la economía española. En el caso de Santander y BBVA, la perspectiva 'negativa' también se debe a que esa es que ostenta la deuda soberana de España.
   En el caso de la CECA, explica que su rating mantiene una perspectiva 'estable' debido a que ve actualmente "poco probable" en cambio en la evaluación de su perfil crediticio independiente en los próximos años, siempre y cuando se cumple el escenario base que prevé la agencia.
   Asimismo, explica que mantiene la amenaza de rebajar a Caixabank, La Caixa e Ibercaja a la espera del resultado de las adquisiciones pendientes, ya que su integración podría tener un impacto negativo en su solvencia. Por el contrario, podría aumentar la de Banca Cívica al creer que podría beneficiarse de su integración con Caixabank.
   Además, S&P justifica su decisión de mantener en revisión para una posible rebaja las notas de Bankia y BFA por las "incertidumbres" que rodeen a la reestructuración y el plan de recapitalización de Bankia, así como a los riesgos que puedan surgir durante su implementación.
   Por último, S&P ha rebajado la nota al sistema financiero español desde el grupo '5' al grupo '6' dentro de su escala del uno al diez que mide la fortaleza del sector financiero en función del riesgo país, 'Bicra' por sus siglas en inglés (Banking Industry Country Risk Assessment).

El Gobierno promete un mecanismo para inyectar liquidez a las CC.AA

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha trasladado este viernes al portavoz parlamentario de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, que el Gobierno "no dejará caer" a ninguna comunidad autónoma, pero a cambio les exige que cumplan su compromiso con el objetivo de déficit. El Ejecutivo tiene encima de la mesa "varios mecanismos" para resolver los problemas de liquidez de las autonomías pero aún no ha tomado una decisión sobre cuál será el que pondrá en marcha, aunque será "pronto", indican fuentes gubernamentales.

   Rajoy ha trasladado a Duran, durante la reunión que han mantenido durante una hora y media en el Palacio de La Moncloa, que el Ejecutivo se siente "responsable" de todas las comunidades y que, por lo tanto, tiene el "compromiso claro" de no dejar tirada a ninguna. En este punto, ha recordado que su gabinete ha puesto en marcha la Ley de Estabilidad Presupuestaria y espera que todas las CC.AA. cumplan el compromiso con el déficit.
   El portavoz en el Congreso de los nacionalistas catalanes ha solicitado la creación de hispanobonos al jefe del Ejecutivo, quien le ha señalado que el Gobierno está estudiando "varios mecanismos" --no tiene por qué ser necesariamente hispanobonos-- y no ha tomado aún una decisión, aunque será en breve, indican fuentes gubernamentales. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas apuntó recientemente la posibilidad de que hubiese previsto un instrumento para junio y, de hecho, debe celebrarse una reunión en próximas fechas del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
   Poco antes de la reunión, los medios de comunicación recogían unas declaraciones del presidente de la Generalitat, Artur Mas, pidiendo ayuda al Estado para refinanciar la deuda de Cataluña este año y subrayando que su comunidad necesita "pagar a fin de mes", unas palabras que, según fuentes gubernamentales, Duran no ha comentado con Rajoy. Sin embargo, en la rueda de prensa que el portavoz de CiU ha ofrecido después ha resaltado que se ha hecho una "mala interpretación" de esas palabras y que "de ninguna manera" Artur Mas ha solicitado el rescate de Cataluña.
   Ante la propuesta de Duran para que sea la UE y no el Gobierno el que encargue de recapitalizar los bancos con problemas sin necesidad de que lo pida el Gobierno, fuentes de Moncloa se han limitado a señalar que en este momento los bancos españoles no necesitan acudir al fondo europeo de rescate para recapitalizarse.
   Asimismo, Duran ha planteado la reclamación de la Generalitat de que Cataluña tenga un sistema de financiación propio y nuevo, el llamado pacto fiscal, pero ha admitido que este viernes no acudía a Moncloa a hablar de ese asunto. El presidente del Gobierno se ha limitado a "escuchar atentamente" las palabras del dirigente de CiU sobre el pacto fiscal, sostienen las fuentes consultadas.
   En materia económica y europea, Rajoy y Duran han constatado su sintonía en muchos aspectos. El jefe del Ejecutivo le ha informado sobre las reuniones que ha mantenido estos últimos días con mandatarios europeos y el debate que se planteó el miércoles en el Consejo Europeo de Bruselas, así como los cinco mensajes que llevó a esa cumbre: un compromiso claro con la austeridad y la consolidación fiscal; la aprobación de reformas en España para conseguir crecimiento; y la necesidad de hacer reformas también en Europa para ganar competitividad.
   En cuarto lugar, el presidente del Gobierno hizo hincapié en ese Consejo Europeo que hay que resolver los problemas de liquidez y garantizar la sostenibilidad de la deuda, así como lanzar un compromiso claro con el euro, apostando por mecanismos de más integración. Según las mismas fuentes, Rajoy ha tenido la impresión de que el portavoz parlamentario de CiU ha compartido esta exposición y análisis.

jueves, 24 de mayo de 2012

CCOO y UGT, contra la nacionalización de Bankia para luego venderla

MADRID.- Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se han mostrado hoy contrarios a que el Estado haya nacionalizado Bankia con el único propósito de volver a venderla cuando esté saneada.

En declaraciones a los medios durante una concentración contra la reforma laboral ante el Congreso, Toxo ha dicho sobre lo ocurrido con Bankia que no comparte que se nacionalicen las pérdidas de los bancos para luego privatizarlos una vez saneados con el dinero público.
"El sector financiero necesita una reestructuración. El debate sobre la banca es interesante, pero no por la vía que esta planteando el Gobierno", ha asegurado Toxo.
Por su parte, Méndez ha considerado que la entrada del Estado en el capital de algunos bancos privados no puede ser considerado como la constitución de una banca pública, sino como "una argucia" para justificar que se esté recortando en educación y sanidad, mientras "se mete dinero en Bankia".

Anticorrupción recurrirá la exclusión del delito de cohecho en el caso Fabra

VALENCIA.- La Fiscalía Anticorrupción recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia de Castellón de excluir el delito de cohecho en el denominado "caso Fabra", contra el presidente provincial del PP de Castellón, Carlos Fabra, según el escrito presentado hoy por Anticorrupción en la Audiencia.

Un comunicado de la Fiscalía Anticorrupción anuncia que el recurso de casación se interpondrá en las próximas semanas y será elaborado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
La sección segunda de la Audiencia de Castellón estimó recientemente un recurso de Fabra y descartó el delito de cohecho en esta causa.
Esta circunstancia motivó que el pasado 22 de mayo la Audiencia de Castellón anunciara la devolución al Juzgado de Instrucción número 1 de Nules la causa sobre el expresidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en esa provincia porque no se consideraba competente para juzgarlo.
El juzgado de Nules había remitido el caso a la Audiencia para que procediera a la apertura del juicio oral, pero sin el delito de cohecho, "el caso le corresponde a un juzgado de lo penal, no a una sala de la Audiencia", según la decisión anunciada el pasado martes.
El 20 de enero, el juzgado de Instrucción número 1 de Nules acordó la apertura del juicio oral contra Carlos Fabra, al que impuso una fianza de 4,2 millones de euros por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la hacienda pública.
Fabra presentó un recurso de apelación contra esta decisión por entender que no debía ser imputado por cohecho, y la Sección Segunda de la Audiencia estimó su petición el pasado 4 de mayo, manteniendo, no obstante, que podría haber existido tráfico de influencias.
El Juzgado número 1 de Nules, que ha tenido nueve titulares en los últimos ocho años, dio por concluida el pasado mes de diciembre la instrucción de esta investigación, abierta en diciembre de 2003 tras dos querellas presentadas contra Fabra por el empresario Vicente Vilar, titular de Naranjax, una mercantil de productos fitosanitarios.
Naranjax tenía pendientes de aprobación varios productos por parte de los Ministerios de Agricultura y de Sanidad, y Vilar trató de contactar con Fabra a través de sus respectivas esposas, Monserrat Vives y Amparo Fernández, que eran amigas.
Según el auto, existen indicios de que Fabra medió con las autoridades y funcionarios públicos para agilizar la tramitación y obtención de las autorizaciones haciendo valer su condición de presidente de la Diputación.
La denuncia que originó estas diligencias fue presentada en diciembre de 2003 por Vilar y, a raíz de la misma, Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta de 1999, tras lo cual el juez ordenó investigar sus cuentas desde ese año hasta 2004.
Fabra y su mujer, durante los ejercicios fiscales entre 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados, según ese auto.
Las cantidades defraudadas en ese periodo suman más de 880.000 euros por parte del expresidente y más de 580.000 por parte de su esposa.

El Supremo avala que Interviú publicara datos económicos de Carlos Fabra

MADRID.- El Tribunal Supremo (TS) avala la publicación por parte de la revista Interviú (Grupo Zeta) de documentación económica y fiscal del expresidente de la Diputación de Castellón y líder del PP en esa provincia, Carlos Fabra, y su esposa María Amparo Fernández.

Así lo señala el alto tribunal en una sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo, que avala una resolución de marzo de 2009 de la Audiencia Nacional, que habían recurrido ante el Supremo Fabra y Fernández.
La AN había avalado en su día esta publicación de Interviú que contenía datos y documentos fiscales y económicos de Fabra y Fernández, en relación a una investigación llevada a cabo por la Agencia Española de Protección de Datos sobre un supuesto delito contra la administración y fraude fiscal.
Ahora, el TS se pronuncia en el mismo sentido porque considera que no hay pruebas suficientes sobre quién fue el responsable de la filtración de esta documentación sobre Fabra publicada por la revista Interviú, con lo que entiende que "no es posible iniciar el procedimiento sancionador".