miércoles, 12 de mayo de 2010

El comité de dirección provincial del PP-Alicante se niega a presenciar el psicodrama de Camps

ALICANTE.- El comité de dirección del PP en la provincia de Alicante, incluido el presidente José Joaquín Ripoll, no acudió esta tarde a la reunión de la Junta Directiva regional del partido, convocada en apoyo del presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, según confirmaron fuentes de la dirección provincial del PP.

La decisión de no acudir al encuentro fue adoptada este mediodía, sin que hayan trascendido los motivos, según las mismas fuentes, después de que el Tribunal Supremo decidiera hoy reabrir la causa contra Camps y otros altos cargos del PP en relación con la trama "Gürtel".

La vicesecretaria de Comunicación del PP en la provincia de Alicante, señaló que hoy "lo que toca es mucha prudencia", al tiempo que recordó que "el PP está por encima de todo".

Los miembros del comité de dirección que han optado por no ir a la reunión son el presidente provincial del PP, así como la secretaria general y alcaldesa de Orihuela (Alicante), Mónica Lorente, el vicesecretario de Política Sectorial y alcalde de Alcoy(Alicante), Jorge Sedano; el vicesecretario de Organización Miguel Ortiz; la vicesecretaria de Política Local y alcaldesa de Villena (Alicante), Celia Lledó; el diputado nacional Miguel Peralta, así como la vicesecretaria de Comunicación y directora del Patronato de Turismo Costa Blanca, Gema Amor.

Castedo clama adhesión

Por su parte, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, aseguró en Valencia a la salida de la junta directiva del PPCV convocada tras decidir el Tribunal Supremo reabrir la causa de los trajes presuntamente regalados por la trama Gürtel, que el PP de la provincia de Alicante "ha estado y seguirá estando con Camps" y "estamos aquí porque creímos en él y lo seguiremos haciendo", aseveró.

Castedo, en alusión a la ausencia de miembros destacados del PP de Aicante como su presidente provincial, José Joaquín Ripoll, señaló: "estamos los tenemos que estar y seguiremos estando los que siempre hemos estado" y que "nunca nadie dude que Alicante, su provincia, desde el primero hasta el último pueblo, están con el presidente de la Generalitat y de este partido".

La alcaldesa se dirigió a los medios acompañada por representantes alicantinos asistentes a la Junta y preguntada por la ausencia de Ripoll y si éste apoya a Camps dijo que habría que preguntarle a él.

Asimismo, afirmó que "aquí está una representación muy grande de toda la provincia de Alicante, incluida la capital" y dijo que la provincia de Alicante no era "una persona ni dos".

Sobre la ausencia del presidente provincial, "porque no haya podido o querido" dijo que "tampoco necesitamos a ninguna presencia de más".

"Somos más que suficiente los que desde Alicante estamos con Camps como para echar absolutamente a nadie en falta", apostilló.

Sobre los que no han asistido, declaró que "son ellos los que tienen que decir por qué no han estado".

"Lo que nadie puede dudar ni decir es que Alicante no está con Camps".

En cuanto a la reunión de la Junta Directiva Regional, Castedo subrayó que Alicante, "como siempre, en su momento estuvo con su presidente Paco Camps; Alicante está con el presidente de nuestro partido, Paco Camps y Alicante seguirá estando con el presidente de nuestro partido, Paco Camps".

Psicodrama

"Todo el mundo en España, los 45 millones de españoles, saben que soy honrado, que tengo lo mismo que tenía cuando llegué a la política y nadie se puede creer que el presidente de una comunidad autónoma pueda venderse por tres trajes", proclamó Camps en la reunión, y sostuvo que es "absurdo y no sólo lo creo, lo cree el PP, la Comunitat entera y todos mis compatriotas, desde Finisterre hasta el Cabo de Gata".

"Es de risa, el proceso es de risa, no se sostiene, si no no estaría aquí tan feliz", dijo, y recalcó: "la gente normal de la calle me para y me dice, presidente no me lo creo".

Recalcó que nadie "en el planeta tierra puede darnos lecciones al PP de nada que tenga ver con honestidad, honradez y honorabilidad", sentenció el cuestionado presidente de la Generalitat.

Carlos Fabra dice que Camps tiene todo su apoyo

CASTELLÓN.- El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, afirmó hoy que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tiene "todo" su apoyo, y señaló que no tiene "ni la más mínima duda de que esto se resolverá favorablemente para él".

Fabra se pronunció en estos términos en un comunicado, el primero desde que dejó sus responsabilidades públicas por cuestiones de salud a mediados del mes de marzo, en referencia a la resolución del TS de reabrir la causa a Camps.

Al respecto, manifestó que desde su "más profundo respeto a las decisiones judiciales, Camps tiene "todo" su "apoyo" en estos momentos, y le trasladó que "no tengo ni la más mínima duda de que todo este proceso se resolverá favorablemente".

Asimismo, subrayó, una vez más, "la honestidad y honradez probada de Francisco Camps a lo largo de todo su mandato como presidente autonómico", puntualizó.

Las cajas de ahorro seguirán siendo públicas y no se privatizarán

MADRID.- El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró el miércoles que las cuotas participativas de las cajas tendrán limitados sus derechos políticos y no supondrán una privatización de este tipo de entidades.

"El hecho de que se admitan derechos a las cuotas participativas no supone que eso sea una privatización de las cajas", aseguró Zapatero en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados donde concretó sus medidas de austeridad adicionales para reducir el déficit público en 15.000 millones de euros en 2010 y 2011.

"Esas cuotas van a tener limitaciones para mantener su naturaleza jurídica (de las cajas)", dijo Zapatero.

Parte de la clase política, con las comunidades autónomas a la cabeza que disponen de una gran control sobre estas instituciones financieras, temen que otorgar derechos políticos abra la puerta a la privatización de las cajas.

Zapatero y el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, acordaron la semana pasada agilizar la reestructuración del sistema financiero y tener concluido el mapa definitivo del sector de las cajas de ahorros españolas antes del 30 de junio.

Ambos anunciaron además entre sus novedades conferir derechos políticos a las cuotas participativas como un mecanismo que les permita mejorar su solvencia.

Las cajas se están viendo especialmente afectadas por unos elevados ratios de morosidad y provisiones, que están consumiendo sus recursos propios.

Al contrario que los bancos, las cajas no pueden acudir a los mercados para ampliar capital y su actual sistema de venta de cuotas participativas resulta poco atractivo al no conceder derechos políticos al comprador y establecer límites máximos del 5 por ciento del capital.

Zapatero no dio más detalles sobre qué tipo de limitaciones tendrían esas cuotas si bien en el sector de las cajas se considera que podría haber diferentes topes atendiendo a las necesidades y a la naturaleza de cada caja.

El magistrado Flors continuará la tramitación de la causa que acordó seguir contra Camps

VALENCIA.- El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) José Flors continuará la tramitación de la causa que inició el pasado año contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros cargos del PP por presuntamente haber recibido trajes como regalo de la empresa Orange Market, relacionada con la 'trama Gürtel', "en la forma legalmente procedente".

En su día, este magistrado decidió que continuara la tramitación del procedimiento "con el mismo objeto" por el que se incoó, para investigar únicamente este presunto delito, y por el trámite del jurado.

El Tribunal Supremo acordó hoy por unanimidad declarar que ha lugar a los recursos de casación interpuestos por el ministerio fiscal y la acusación 'popular', ejercida por el PSPV, contra la decisión del TSJCV que acordó sobreseer la causa, en contra de la opinión del instructor, que en un auto de fecha 6 de julio de 2009, declaró terminadas las diligencias previas al entender que había "suficientes indicios racionales" para considerar que los hechos imputados a Camps; al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa; al ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos, y al jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho previsto en el artículo 426 del Código Penal.

Con esta decisión de hoy, el alto tribunal estima el primero de los motivos alegados por ambas partes, relativos a la infracción de ley. La sala, que ha deliberado sobre este asunto durante unas tres horas, estaba integrada por el propio presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra (que será además ponente de la resolución que se dará a conocer en los próximos días) y por los magistrados Perfecto Andrés, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta y Julián Sánchez Melgar.

El PSPV alegaba que el TSJCV, que sobreseyó las actuaciones al entender que no concurría la "necesaria relación causal" en el denominado tipo de cohecho pasivo impropio del artículo 426, había realizado una interpretación de la conexión de causalidad "irrazonable y arbitraria".

Por contra, indicaba que la jurisprudencia del Supremo exige una conexión causal "pero no entre la dádiva y el acto desplegado o a desplegar por la autoridad o funcionario, sino entre la dádiva o regalo y la condición de autoridad y funcionario". En esta línea, sostenía que el auto del TSJCV había caído en la "más absoluta incongruencia" y había "vaciado de contenido" el artículo 426 primer inciso.

El Ministerio Público sostenía por su parte que el TSJCV realizó en este caso una interpretación errónea del tipo penal de cohecho, puesto que, según el artículo 426 del Código, existe este delito desde el momento en que se realiza un regalo a un funcionario público en consideración a su cargo, sin que dicha dádiva suponga la realización inmediata de ningún acto concreto por parte de éste.

El TS ha aceptado estas alegaciones y ordena reenviar las actuaciones al instructor, quien acordó en ese auto del 6 de julio tramitar el procedimiento, con el mismo objeto por el que se dispuso su incoación y por los trámites establecidos para las causas ante el tribunal del jurado.

El magistrado celebró el 15 de julio del pasado año la comparencia prevista en la ley, de concreción de imputación, a cuyo acto, citó a todas las partes y personalmente a los imputados, que decidieron delegar en las defensas y no acudir.

A partir de este momento, Flors retomará la causa en este punto y habrá una nueva comparecencia en la que las partes alegarán lo que estimen oportuno e incluso se podrá pedir la práctica de nuevas pruebas si así lo deciden, previo a una posible apertura de juicio oral.

Las decisiones que adopte el instructor podrán asimismo ser recurridas ante la sala del TSJCV, y las de ésta al Tribunal Supremo, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press.

La sala de lo civil y penal del TSJCV está formada por, además del instructor, los magistrados Carlos Climent --que no se ha pronunciado sobre este caso porque estaba de vacaciones cuando se decidió el sobreseimiento libre--; Juan Montero; Francisco Ceres y Juan Luis de la Rúa, presidente en funciones del alto tribunal valenciano, y que ha decidido no optar a la reelección.

La decisión sobre el sobreseimiento se adoptó con los votos a favor de De la Rúa --a quien la oposición atribuye una estrecha relación de amistad con Camps-- y José Ceres mientras que el magistrado Juan Montero entendía, en un voto particular, que el archivo sólo debía acordarse con respecto a Ricardo Costa.

El PSPV urge a Camps a dimitir ante las Corts, disolverlas y convocar elecciones en "un último acto de dignidad"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, pidió hoy al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que "tenga un último acto de dignidad" y "dimita ante las Cortes Valencianas".

"Que mañana vaya a las Cortes, que se convoque un pleno, que dé las explicaciones políticas que toque, las disuelva y se vaya y, por supuesto, que nos deje de vergüenzas, mentiras y reprobaciones", sentenció.

Alarte se pronunció así durante la rueda de prensa que ofreció, junto al portavoz del grupo socialista en las Corts, Ángel Luna, para valorar la decisión del Tribunal Supremo de reabrir la causa a Camps y a otros altos cargos del PP en relación con el 'caso Gürtel', en la que recalcó que "debe haber inmediatamente consecuencias políticas".

Así, reclamó al jefe del Consell que "no dimita entre los suyos, en un acto de autobombo y propaganda como siempre", en alusión a la reunión de la junta directiva regional del PPCV convocada para esta tarde, "después de que todos le digan que es un gran hombre, porque no lo es, ni como presidente ni tampoco como ciudadano".

"No hay más respuesta política ante la gravísima crisis de legitimidad institucional y de funcionamiento de todas nuestras instituciones que la disolución inmediata de las Cortes Valencianas y la convocatoria de elecciones anticipadas, y la retirada de la vida pública del presidente Camps y de todos y cuantos han participado en la trama Gürtel", insistió el líder del PSPV, quien recalcó que "es hora de más democracia y de más futuro para la Comunitat Valenciana".

Alarte urgió al PP a que "tome decisiones valientes y asuma sus responsabilidades políticas", por considerar que "tiene que tomar una decisión histórica: anteponer los intereses de los valencianos y las valencianas y nuestro futuro a los intereses de un imputado por graves delitos".

Igualmente hizo una "llamada a la responsabilidad a todos los militantes decentes del PP" y a "todos los dirigentes, concejales, alcaldes y diputados, a todos cuantos forman y constituyen el Partido Popular en esta comunidad y no son parte de la trama Gürtel" a que "exijan también democracia".

Alarte recalcó que "estamos ante una situación de crisis de legitimidad institucional sin precedentes en la historia de la Comunitat Valenciana", después de que "el alto tribunal, la más alta instancia judicial de nuestro país, acaba de reabrir el proceso penal contra el presidente de la Generalitat, acaba de volverlo a imputar por delitos de extrema gravedad, en este caso por cohecho, y acaba de decidir que cuanto determinó el magistrado Flors es correcto, se tiene que investigar y se debe llegar hasta el final".

Hizo hincapié en que, tras "meses de mentiras, de decir que no existía Gürtel, de someternos a la vergüenza de que nos engañaran deliberadamente y de que negaran la evidencia y la realidad, hoy no es ningún juez sospechoso, ningún funcionario que perseguir, ni ningún fiscal a quien cuestionar", sino que "es el más alto tribunal español el que ha considerado que Camps debe volver a estar imputado".

Alarte señaló que "Gürtel se montó, cada día parece más evidente, para hacer trampas en las elecciones, al igual que la actual dirección, y la anterior y la anterior, de la Ràdio Televisió Valenciana", y reivindicó que "esta trama dedicada a hacer trampas en la democracia, en la transparencia y en la honradez y normalidad democrática de nuestra comunidad, Gürtel y Canal 9, no pueden seguir determinando el devenir y el futuro de la Comunitat".

Defendió que "la gente necesita certidumbre y confianza, respuestas y un gobierno honorable, serio, en el que confiar" y ratificó la disposición del PSPV a "someterse a las urnas para plantear su propuesta de más democracia y de más empleo" y mostrar que "hay alternativa, proyecto y realidad para sustituir todo esto que a todos los valencianos de bien, da igual nuestra ideología o adscripción de partido político, nos avergüenza, nos sonroja y por supuesto, devalúa nuestras instituciones, nuestra democracia y nuestro autogobierno", sentenció.

Por último, informó de que mañana se reunirá la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV para "hacer un análisis a fondo" de lo ocurrido y aseguró que desean que Camps tenga "ese último acto de dignidad" por "el bien de las páginas de la historia de esta Comunidad".

Compromís dice que Camps debe asumir las responsabilidades políticas y "no seguir dañando" a la Generalitat

VALENCIA.- El síndic del grupo parlamentario Compromís, Enric Morera, afirmó hoy que lo que debe hacer el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tras la decisión del TS de reabrir la causa de los trajes, es "asumir las responsabilidades políticas y no seguir dañando el prestigio de la Generalitat, cosa que viene haciendo desde hace más de un año".

Según Morera, "la justicia hoy ha dado un paso adelante por aclarar el oscuro entramado del 'caso Gürtel', un caso al que estamos vetados los partidos opositores y no tenemos acceso ni a las facturas ni a los contratos".

Además, indicó en un comunicado que Camps "nos ha mentido en muchas ocasiones en las Corts y va siendo hora de que diga la verdad y pida disculpas públicas al parlamento y al pueblo que representa".

Recordó que a lo largo d un año, su grupo ha denunciado la "parálisis total" del Consell por temas judiciales y, a su juicio, "hace falta una regeneración, hace falta un cambio en las instituciones valencianas y no estaría de más una convocatoria de elecciones, porque no pueden gobernarnos quienes están citados a declarar en un tribunal por presunto delito de corrupción".

Por su parte, la coordinadora de EUPV y diputada del grupo de No Adscritos en las Corts Valencianes, Marga Sanz, anunció hoy que su organización ha convocado para mañana por la tarde concentraciones en las principales ciudades de la Comunitat para exigir la "dimisión inmediata" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, después de que el Tribunal Supremo (TS) acordara hoy reabrir la causa abierta al jefe del Consell y otros altos cargos del PP en relación con la trama "Gürtel", en la que estaban siendo investigados por delito de cohecho impropio por haber recibido presuntamente trajes como regalo de la empresa Orange Market.

Sanz indicó en un comunicado que se pide la dimisión "inmediata" de Camps como presidente de la Generalitat "por la dignidad de las instituciones del autogobierno del pueblo valenciano". La dirigente de EUPV llamó a la ciudadanía valenciana "a sumarse a cuantas movilizaciones se produzcan para exigir la depuración de responsabilidades del Consell, comenzando por su presidente, que ahora mismo vuelve a estar imputado por cohecho".

La coordinadora de EUPV afirmó: "no podemos permitir que el presidente de la Generalitat llegue con esa condición al juicio en el Tribunal Superior de Justicia".

"Sería una situación sin precedentes en nuestra democracia; Camps debe ir como ciudadano particular, sin ostentar el cargo de president del Consell", manifestó.

Los principales recortes del plan de austeridad anunciado por el Gobierno

MADRID.- El recorte de los sueldos de los funcionarios, la congelación de las pensiones (salvo mínimas y no contributivas) o la supresión del llamado 'cheque bebé' son algunas de las medidas del plan de reducción del déficit público anunciado este miércoles por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Los sueldos de los empleados públicos se bajarán un 5% de media a partir del mes de junio y se congelarán en 2011, anunció Zapatero en el Congreso de los Diputados.

Los salarios de los altos cargos del funcionariado sufrirán los mayores recortes y los miembros del Gobierno reducirán su sueldo un 15%.

A partir del 1 de enero de 2011, se suprime la ayuda de 2.500 euros por hijo nacido, implantada en el año 2007. La inversión pública bajará en 6.000 millones de euros entre este año y el próximo.

El Gobierno pedirá a las comunidades autónomas y los ayuntamientos que ahorren 1.200 millones de euros.

La ayuda española al desarrollo entre este año y el próximo se reduce en 600 millones de euros.

Por otra parte, Zapatero dijo que no descarta una subida de impuestos para las rentas más altas. En enero, ya había anunciado un plan que contemplaba una reducción del 10% en la contratación de funcionarios, que se sumaba a un incremento de impuestos y un presupuesto reducido para 2010.

Opiniones autorizadas

El secretario general de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, cifró en 1.400 euros el ahorro en las arcas públicas como consecuencia de la rebaja del 5% del sueldo de los funcionarios, dentro de los 15.000 millones del plan de austeridad adicional anunciado por el presidente del Gobierno.

Mollinedo rechazó las medidas planteadas para acelerar la reducción del déficit, que contempla también la congelación de las pensiones, por lo que pidió reorientar el recorte adicional a acercar el peso de la economía sumergida a la media de la UE, del 23% al 10% del PIB, lo que equivaldría a incrementar los ingresos fiscales en alrededor 38.000 millones de euros al año.

Asimismo, el secretario general de Gestha instó a prohibir los movimientos especulativos contra la deuda soberana de los países y contra el euro, ante el encarecimiento de las emisiones de deuda de 1.402 millones de euros, y abogó por incrementar en cinco puntos porcentuales el tipo impositivo de 295 entidades bancarias, con el fin de reportar 1.285 millones al Estado.

Como medidas alternativas a las propuesta por Rodríguez Zapatero, Mollinedo también apostó por recuperar el Impuesto de Patrimonio de las grandes fortunas, ya que más de 47.000 contribuyentes cuentan con un patrimonio superior a 1,5 millones, el equivalente a un aumento de los ingresos de 1.240 millones.

En esta misma línea, desde Gestha instaron a elevar la tarifa del Impuesto de la Renta a los ingresos superiores a 600.000 euros y a eliminar las ventajas de las rentas del ahorro a las ganancias patrimoniales especulativas (Sicav) y las ventajas de los extranjeros residentes con ingresos de hasta 600.000 euros anuales.

Finalmente el profesor de Economía de Esade, Fernando Ballabriga, señaló que el sueldo de los funcionarios sufrirá una bajada real del 2% a consecuencia del recorte anunciado hoy el Gobierno, ya que los salarios se incrementaron en un 3% en plena crisis.

En este sentido, Ballabriga explicó que "hay que tener en cuenta que en 2009, cuando el resto de la economía se estaba empezando a ajustar, se incrementó el sueldo de los funcionarios en más de un 3%".

Por tanto, si se toman como referencia los salarios de 2008, fecha de inicio de la crisis, la reducción real sería de un 2%, afirmó el experto, que calificó las medidas adoptadas por el Gobierno de "acertadas pero insuficientes".

Así, Ballariaga defendió que los recortes salariales a los funcionarios "deberían ser superiores" en favor de aumentar las partidas destinadas a las inversiones públicas, ya que generan puestos de trabajo.

En este sentido, Ballabriga explicó que "el 60% del recorte total provendrá del sector público y, dentro de este porcentaje, tan solo el 20% proviene del recorte del salario de los funcionarios, mientras que la partida más afectada es la inversión pública, con un 40%".

El experto señaló que el recorte de la inversión pública es el que "más afecta en términos económicos, puesto que supone una menor capacidad productiva para el futuro".

El Tribunal Supremo ordena al TSJV seguir investigando a Camps por recibir trajes

MADRID.- La Sala de lo Penal Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad reabrir la causa contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otros altos cargos del PP en relación con la trama "Gürtel", en la que se investiga la presunta comisión de cohecho impropio por haber recibido trajes y otros regalos de la empresa Orange Market, que realizaba contratos con la Administración autonómica.

La resolución del alto tribunal, de la que solo se dio a conocer el fallo, supone la estimación de los recursos presentados por la Fiscalía y el PSOE valenciano (PSPV) contra la decisión que adoptó el pasado mes de agosto el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) de sobreseer la causa abierta al presidente de la Generalitat, al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa; al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y al jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafel Betoret.

Concretamente, el fallo dado a conocer este miércoles ordena el reenvío de las actuaciones al instructor de la causa en Valencia, José Flors, "para que continúe su tramitación en la forma legalmente procedente". El alto tribunal estima uno de los motivos de infracción de ley alegados por ambas partes, relativos a la interpretación que debe darse al tipo penal de cohecho impropio.

La Sala, que ha deliberado sobre este asunto durante unas tres horas, está integrada por el propio presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra (que será además ponente de la resolución que se dará a conocer en los próximos días) y por los magistrados Perfecto Andrés, Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta y Julián Sánchez Melgar.

La resolución del TSJCV anulada ahora por el Tribunal Supremo consideró que los hechos por los Camps y resto de ex altos cargos fueron denunciados en relación con la trama valenciana del "caso Gürtel" no constituía delito, por lo que sobreseyó las actuaciones.

Por su parte, la Fiscalía defendió que el archivo del caso fue prematuro porque la investigación continuaba abierta y podía aportar datos nuevos "acerca de las dádivas investigadas y los concretos actos de contratación realizados por parte de la Administración Pública valenciana a la empresa Orange Market", ligada a la red de Francisco Correa.

Consideraba además el Ministerio Público que el Tribunal Superior valenciano realizó en este caso una interpretación errónea del tipo penal de cohecho, puesto que, según el artículo 426 del Código, existe este delito desde el momento en que se realiza un regalo a un funcionario público en consideración a su cargo, sin que dicha dádiva suponga la realización inmediata de ningún acto concreto por parte de éste.

Por su parte, los socialistas valencianos alegaban en su recurso que la decisión del alto tribunal valenciano supuso una "infracción de ley" al realizar una interpretación "distinta" de la que se venía haciendo en este órgano del artículo 426 del Código Penal, que es el que tipifica el cohecho impropio.

Este tipo penal castiga con pena de multa de tres a seis meses a toda autoridad o funcionario público "que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente".

Según el PSPV, la interpretación realizada en esta causa por dos de los magistrados del tribunal valenciano --José Ceres y el presidente del TSJCV, Juan Luis de la Rúa--, es distinta de la que hizo el propio tribunal abril del pasado año, cuando se declaró competente para asumir las investigaciones del caso y acordó abrir diligencias previas por "posible delito de cohecho".

La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobreseyó el caso con el voto particular de uno de los magistrados, Juan Montero, que entendía que este archivo sólo debía acordarse con respecto a Ricardo Costa.

Los magistrados a favor del archivo sostuvieron por su parte que no había una relación "de causalidad" entre dádivas y la adjudicación de contratos a Orange Market, sociedad dirigida por Álvaro Pérez, 'El Bigotes' e investigada en el marco de la 'operación Gürtel'.

Por ello, resolvieron favorablemente los recursos de apelación planteados por los cuatro dirigentes del PPCV contra el auto del magistrado instructor de la causa, José Flors, quien sí había entendido que había indicios de cohecho pasivo en su actuación por haber aceptado supuestamente regalos de Orange Market.

martes, 11 de mayo de 2010

El Banco de España presiona a la CAM para que busque una fusión inmediata

VALENCIA.- La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) lleva meses intentado una fusión o un Sistema de Protección Institucional (SIP) con diversas entidades sin conseguirlo. El último intento con Caja Murcia se frustró el pasado lunes después de que ésta exigiera que la sede social estuviera radicada en la Región de Murcia. Pero antes de que esta posibilidad se fuera al traste, del mismo modo que se fue hace meses con la misma entidad, la CAM lo había intentado con Sa Nostra, la caja de las Islas Baleares, y un SIP con Caja Madrid. Ninguna de estas operaciones llegó a cuajar, según 'El País'.

La pregunta que ayer circulaba en el sector financiero valenciana era: "¿Cómo es posible que la cuarta caja de ahorros española no sea capaz de alcanzar ningún acuerdo pese a los esfuerzos que lleva realizando en los últimos tiempos?" Todas las respuestas, con mayor o menor intensidad, eran coincidentes: la CAM negocia bajo una fuerte presión del Banco de España, que insta una fusión inmediata ante su preocupante situación.

Carlos Egea, presidente de Caja Murcia, es sabedor de esta circunstancia y juega sus bazas para sacar el máximo provecho en las negociaciones. La sede social de la entidad que surgiera de la fusión fue un elemento determinante de la ruptura de las negociaciones, pese al acuerdo global alcanzado entre Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel.

Descartada la operación con Caja Murcia, una parte del consejo de administración daba por hecho que la solución más viable es la fusión o un SIP con Caja Madrid. El Banco de España, de hecho, presiona en esa dirección. Una opción que en su día fue mejor vista por la CAM, pero que ahora cuenta con la oposición de una parte de la entidad alicantina.

El consejo de ayer fue "triste", según un miembro del mismo, por la sensación de que la caja es la única entidad a la que presiona el Banco de España. Hubo algún miembro del consejo que expresó la sensación de que en unos días podría anunciarse la operación con Caja Madrid. Otro incidió en que cualquier decisión podía anunciarse en breve.

La tercera opción y la más problemática es la de Bancaja. La debilidad del Consell complica todavía más una fusión de la CAM con Bancaja, a diferencia de lo ocurrido con las cajas gallegas.

Un hecho cierto es que la CAM evidencia las presiones del Banco de España mucho más que el resto de entidades de ahorro. Si a finales de este año el presidente de la caja alicantina, Modesto Crespo, aseguraba en Madrid que la CAM sólo aceptaría fusiones que pudiera liderar e imponer su filosofía, el comunicado del consejo de administración celebrado ayer -que inicialmente se iba a convocar para aprobar el inicio del proceso de fusión con Caja Murcia- revelaba un estado de ánimo distinto.

"La CAM", rezaba la nota oficial, "está en una situación óptima para mantenerse entre los líderes del sector y ser competitiva a futuro, tanto si participa en algún proceso de integración como si no. Cualquier operación debe garantizar un avance cualitativo y cuantitativo para la capacidad competitiva de Caja Mediterráneo. (...) En un eventual proceso de unión con otra entidad, el mantenimiento de la actividad social será clave".

Si la CAM está "en una situación óptima", porqué evidencia tanto la necesidad de una fusión. Si sólo busca garantías parece claro que renuncia a liderar fusión alguna. Y queda clara su voluntad por mantener la Obra Social como está.

Ayer en el consejo de administración se explicaron las razones por las que no ha podido acordarse la fusión con Caja Murcia. Un acuerdo que saltó por los aires el lunes por la noche. Los murcianos, según diversas fuentes de la entidad, fueron endureciendo sus demandas conforme avanzaba la negociación. Hasta tal punto que el presidente de la caja alicantina, Modesto Crespo, llegó a renunciar a seguir en el cargo en la entidad que saliera de la fusión.

El Gobierno de la Región Murcia, que preside el popular Ramón Luis Valcárcel, mantiene su postura oficial favorable a las fusiones, "siempre que se haga de forma profesional, y por el bien de los ciudadanos", precisa Inmaculada García, consejera de Economía.

El Ejecutivo de Valcárcel no desdeña la unión de Caja Murcia con la CAM, aunque fuentes oficiales aseguran que el objetivo del Gobierno murciano en materia de fusiones es mucho más ambicioso y apuesta por un gran grupo, surgido de la integración entre Caja Murcia, la CAM y Caja Madrid. La nueva entidad sería la segunda caja de España, pisando los talones a La Caixa.

La triple fusión fue unas de las condiciones que puso sobre la mesa el Gobierno murciano antes de materializar el primer paso para unirse con la caja alicantina. Precisamente, y según fuentes financieras, la delicada situación financiera de la CAM, detectada por el Banco de España, junto con la fecha tope del 20 de junio para poder acogerse al plan de ayudas del fondo para la reestructuración bancaria, justificarían la "urgencia" de la CAM por alcanzar una fusión.

"Si la CAM no se fusiona, a partir del 30 de junio podría pasar del 4º al 6º o 7º puesto en la lista de cajas españolas", apuntaron esas fuentes. Esas mismas fuentes aseguran que para materializar una fusión con Caja Murcia, el presidente de la CAM, Modesto Crespo (en la imagen), aceptaría una presidencia compartida el primer año, "e incluso cedería la presidencia a Murcia el segundo año".

Antes del consejo, los responsables de área y directores de oficina de la CAM fueron convocados para transmitirles un mensaje de tranquilidad.

Bancaja sustituye a Caja Murcia para la urgencia de la CAM

VALENCIA.-Tras el desaire de Caja Murcia, Caja Mediterráneo (CAM) se ha quedado sola. La caja que preside Modesto Crespo busca con quién fusionarse ante la presión del Banco de España. Sus condiciones se han suavizado bastante.La cúpula directiva de Caja Mediterráneo (CAM) expuso ayer a su consejo, reunido en sesión extraordinaria, la necesidad de cerrar en el plazo de dos semanas algún tipo de acuerdo tendente a una fusión -como pretende el Banco de España- o una integración.

La premura de tiempo viene marcada por el final del plazo para optar a las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que expira el 30 de junio.

El presidente de la CAM, Modesto Crespo, y el director general, Roberto López, expusieron al consejo que las opciones pasan por Caja Madrid. Este lunes, ABC avanzaba la voluntad de la entidad que preside Rodrigo Rato de reactivar esta operación.

Con todo, el principal elemento novedoso en la reunión mantenida ayer por el máximo órgano de gobierno de la CAM fue la alternativa de Bancaja. Por primera vez, los responsables de la entidad alicantina plantearon una eventual fusión con la entidad vecina.

De acuerdo con las versiones de los consejeros recabadas por este periódico, la opción de Bancaja «supondría actuar más con el corazón que con la cabeza». Además, diferentes informes indican que esta operación supondría la pérdida de 4.500 empleos y el cierre de 400 oficinas, por su solapamiento.

Con todo, la Generalitat y el empresariado de la Comunidad Valenciana apuesta mayoritariamente por una fusión que no trascienda los límites autonómicos. Una posición que choca con la pactada la pasada semana entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, que alimenta las opciones de Caja Madrid.

Hasta el último momento, los responsables de la CAM intentaron fraguar una fusión en la que ejercieran como entidad absorbente.

Como publicó ayer ABC, se produjeron contactos con Caja Murcia. Sin embargo, las pretensiones de esta entidad dieron al traste con cualquier opción de entendimiento, según se explicó ayer en el consejo.

A pesar de que la reunión se celebró en un ambiente «de despedida», según la opinión de algunos consejeros, la cúpula de la entidad trasladó un mensaje en positivo respecto a la solvencia y el futuro de la caja.

En este sentido, la CAM emitió un comunicado a través del cual su presidente resaltó que se hallan en «situación óptima» para mantener el liderazgo en el sector.

El consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM) se reunió ayer con la sensación de que el encuentro ya no tenía sentido. Convocado la semana pasada con una urgencia que se trató de matizar asegurando que se trataba de una reunión ordinaria, la reunión tenía como objetivo real dar el pistoletazo de salida a la fusión con Caja Murcia.

Sin embargo, tras dos días de intensas negociaciones y hasta un principio de acuerdo, la negativa de la caja que preside Carlos Egea supuso a un varapalo para la entidad con sede en Alicante, según 'Cinco Días'.

CAM mantuvo la convocatoria del consejo, tras el cual lanzó un comunicado en el que, sin hacer ninguna referencia a las negociaciones con Cajamurcia, fija los objetivos que tendría que cumplir cualquier operación en la que participara.

Frente a discursos anteriores, CAM ya no hace referencia a una condición que en otros momentos consideraba esencial, la de liderar la operación de reestructuración del sector en la que participe.

"Cualquier operación debe garantizar un avance cualitativo y cuantitativo para la capacidad competitiva de CAM, por lo que deberá responder a un racional económico, mejorar la capacidad comercial y potenciar el acceso preferente a la financiación de los mercados mayoristas", explicó en el comunicado.

Sobre uno de los aspectos clave, el del mantenimiento de la sede operativa en Alicante, no hay ninguna referencia. CAM se resigna a que "en un eventual proceso de unión se mantenga la actividad social". También reclama que continúe "la apuesta por el desarrollo económico de los territorios en los que está presente".

Sin más condiciones, CAM se ofrece al mercado ante la urgencia a la que le ha sometido el Banco de España, según fuentes del regulador, aunque insiste en que puede seguir en solitario. El problema para la caja que preside Modesto Crespo es que tres de las opciones que se han barajado en estos últimos meses están ahora casi vetadas.

Caja Murcia ha dicho que no por segunda vez, Caja Madrid no quiere asumir el empeoramiento de sus ratios que le aportaría CAM, y Caixa Galicia ya va por su cuenta.

Bancaja guarda silencio

Sus vecinos del norte han asistido a estos dos días de movimientos en Caja Mediterráneo con una cierta estupefacción. El lunes por la mañana en la sede de Bancaja empezaron a sonar los rumores de un posible acuerdo entre CAM y Caja Murcia.

La entidad que preside José Luis Olivas, aunque no entraba en el pacto que se estaba negociando durante el fin de semana, quiso saber de qué iba aquella historia en la que, además, los Gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana y de Murcia estaban jugando un papel destacado.

Bancaja ha guardado silencio durante estos días, pero está alerta por las repercusiones que pueda desencadenar la necesidad en la que parece embarcada CAM de encontrar alguien con quien compartir sus males. Ayer volvió a aparecer el viejo fantasma de la fusión Bancaja-CAM.

Hacienda halla irregularidades contables en el PP de Valencia

MADRID.- Un informe de la Agencia Tributaria apunta presuntas irregularidades en la contabilidad del PP valenciano, que podría haberse beneficiado de donaciones indirectas de determinadas empresas que sustituían al partido a la hora de abonar servicios a la empresa Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, considerado el responsable de la trama Gürtel en esa Comunidad.

El citado documento de Hacienda fue solicitado el pasado 6 de mayo por Antonio Pedreira, juez del tribunal superior de Madrid (TSJM), y analiza los pagos y cobros de Orange Market en el 2007, año en que se celebraron elecciones autonómicas.

La dirección popular, al conocer que se había difundido este informe, montó en colera: entiende que se ha buscado condicionar la decisión del Supremo en torno a Camps y anunció una querella contra el funcionario responsable del dosier, «por falsedad de documento público y prevaricación».

«Habiéndose rebasado el límite de lo admisible en el uso torticero y oscuro de las instituciones del Estado, el PPCV hará uso de todos y cada uno de los instrumentos que le asisten en un Estado de derecho para poner fin a la campaña estatal orquestada por el Gobierno socialista para dañar la imagen de este partido», avisó el PP en un comunicado.

En el ya mencionado informe de la Agencia Tributaria se señala que Orange Market, en el 2007, documentó mediante facturas e incluyó en su contabilidad «solamente una parte de los servicios realizados», pese a que también prestó otros «que no incluyó en su contabilidad, ocultando también el cobro recibido por ellos».

La Agencia Tributaria destaca que el receptor «único o principal» de estos servicios que dan lugar a cobros opacos «es el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV)». La conclusión es que «del gasto total de la campaña, incluyendo la parte correspondiente a la cuota del IVA repercutido –en los casos en que Orange Market emitió factura–, una parte fue pagada por el PPCV y otra por terceros».

En este contexto, se agrega que la «opacidad» con la que se entregan las cantidades a la empresa del Bigotes para el pago de los gastos de campaña electoral «hace presumir que no se correspondan con recursos declarados o transparentes».

«Por ello presumimos que esos pagos del PPCV se corresponden con donaciones o aportaciones anónimas recibidas de terceros», se sentencia.

Los conservadores aseguran no entender por qué la Agencia Tributaria se dedica ahora a sacar conclusiones de esta índole. «Nunca un informe sobre la actividad de un proveedor puede valorar la legalidad o ilegalidad de uno de sus clientes, máxime cuando el cliente en cuestión, el PPCV, tiene al día sus responsabilidades tributarias, fiscales y de control», dicen los populares.

El presidente de la CEV insta a reaccionar y cambiar el modelo económico y lamenta que "nos dormimos en los laureles"

VALENCIA.- El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), José Vicente González, aseguró hoy que, a corto plazo, el principal problema empresarial es la financiación y a medio y largo plazo, "la principal cuestión es como reformamos nuestro modelo económico".

En este sentido, lamentó que ante la crisis económica, "nos dormimos en los laureles, yo creo que todos, y además, cuando se presentó el problema, se reaccionó tarde; todavía hoy hay estamentos, incluso gubernamentales, que creen que la estrategia consiste en 'esto va a pasar y ya vendrán tiempos mejores; ya volveremos a dónde estábamos antes'".

El presidente de la CEV se manifestó en estos términos en la presentación del libro 'Casos de éxito. Soluciones competitivas para las pymes', manual que llega, recordó, "en un momento especialmente difícil", porque "no estamos pasando precisamente el mejor momento de la vida económica".

Entre otras cuestiones, aludió a "dificultades" como la "falta de confianza, caída de la demanda" y sobre todo, remarcó la falta de financiación, "que al final, es lo que hace imposible que las cosas continuen".

A su juicio, el principal problema para las empresas no es una reforma laboral. "Yo no creo que sea el principal problema; es un problema, sin lugar a dudas, hay que hacer esa reforma, pero si hablamos en términos de urgencia, la principal es la financiación" y a medio y largo plazo, "la principal cuestión es como reformamos nuestro modelo económico, que, habiendo tenido años brillantes, deberiamos haber reformado hace más tiempo".

En este sentido, lamentó que "nos dormimos en los laureles, yo creo que todos, y además, cuando se presentó el problema, se reaccionó tarde; todavía hoy hay estamentos, incluso gubernamentales, que creen que la estretegia consiste en 'esto va a pasar, es cuestión de dejarlo pasar y ya vendrán tiempos mejores; ya volveremos a dónde estábamos antes'".

Sin embargo, en su opinión, esta actitud es "un error descomunal" porque "si algo sabemos en esta crisis", de la que admitió que no se sabe cuando se saldrá, es que "pasará porque no hay mal que cien años dure ni cuerpo que lo aguante" y que "no va a ser después igual que fue antes". Esto, remarcó, "es seguro, nunca más; que nadie se crea que vamos a volver a la situación anterior".

A su juicio, se hicieron muchas cosas "que no se deberían haber hecho" y las hizo, especificó, "toda la sociedad", que "se embarcó a vivir por encima de sus posibilidades", pero también se refirió a los dirigentes, los bancos, las agencias de calificación, --que calificaban con triple A a los bancos que quebraban al día siguiente, dijo--.

No obstante, a su parecer, "lo peor de todo es que no hemos reaccionado a tiempo y es momento de reaccionar", porque, señaló, "de esto se puede salir de muchas maneras, según como se hagan las cosas".

El libro presentado, para el dirigente de la CEV, va en la línea de la organización empresarial en cuanto a la apuesta por la innovación, porque "el problema fundamental es nuestra falta de productividad" ya que el valor añadido por empleado es inferior a los competidores, sobre todo, en los sectores tradicionales.

Por ello, instó a "basarse en la innovación" sobre todo, en la gestión, comercialización e internacionalización de las pymes, algo que está a su alcance y les hará más productivas.

Por su parte, el presidente de Aecta, Tomás Guillén, aseguró que en el libro de recoge la experiencia de empresas que han mejorado su competitividad a través de la apuesta por las consultoras y empresas de servicios avanzados.

Entre otros aspectos, aludió a la innovación del mercado, la mejora de la eficiencia de los recursos y la profesionalización de la gestión y afirmó que en estos momentos, las empresas necesitan un cambio rápido en todas sus áreas.

La directora general de Industria e Innovación, Julia Climent, resaltó el "enfoque prático" del libro al difundir ejemplos "exitosos", de historias "reales y cercanas".

Afirmó que la Generalitat se une a este tipo de iniciativas, al tiempo que se mostró consciente de que hay que apostar por proyectos de este tipo en momentos de dificultades económicas y fomentar acciones innovadoras que sirvan para modernizar las estructuras productivas.

El PSPV dice que Orange Market obtuvo beneficios de más del 500% al subcontratar un congreso de Educación

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, manifestó hoy que la empresa Orange Market acabó por realizar cuatro trabajos "aparentemente distintos" y que la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte había encargado a tres empresas para la realización del congreso Familia y Escuela, celebrado en noviembre de 2006, a través de la subcontratación de los servicios, lo que le supuso "en la mayor parte de los casos un beneficio del 500 por ciento" en relación a lo que facturaron a la Generalitat.

Luna señaló, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Síndics, que para la realización del congreso Familia y Escuela "lo que supuestamente se contrató con tres empresas diferentes", una de ellas la propia Orange Market, lo acaba al final subcontratando ésta "sólo que a precios escandalosamente superiores".

Así, la Conselleria contrató con Down Town Consulting S.L por 11.716 euros la instalación de tarimas y sillas, pero realmente quien realizó este trabajo fue la empresa AQP, "que se lo facturó a Orange Market por un importe de 1.234 euros", aseveró el portavoz socialista.

Asimismo, la empresa valenciana subcontrató con Dixon Servicios Lingüísticos el servicio de traductores de italiano e inglés por 1.804 euros, que terminaron siendo facturados a la Generalitat por Diseño Asimétrico por 8.940 euros. "Es el milagro de los panes y los peces", sentenció Luna.

Cultura y Educación también contrató con Diseño Asimétrico el servicio de las acreditaciones por 3.045 euros, que finalmente llevó a cabo Gráficas Izquierdo por 1.235,67 euros. El contrato con Orange Market correspondía al suministro de 1.000 receptores de radio por 1.972 euros.

Los socialistas llamaron la atención sobre el hecho de que la Generalitat encargue los trabajos a dos empresas de Madrid, "sin implantación en la Comunitat" pero con la misma persona de contacto, Álvaro Pérez, y se preguntaron "quién llama a empresas situadas a más de 300 kilómetros para trabajos sencillos que pueden y deben realizar empresas locales".

Luna señaló que el informe de la Abogacía General de la Generalitat sobre el documento elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial del que se desprenden supuestas irregularidades en la contratación por parte de la Generalitat ha sido remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid y lamentó que en él se "despache en cinco líneas" este expediente, "sin referencia a contratos, normas aplicables ni empresas ni nada de nada".

Afirmó que el Consell "no puede contestar" poniendo los expedientes encima de la mesa "ni hacer un ejercicio de transparencia porque todo es un auténtico chanchullo desde el principio hasta el final".

Asimismo, advirtió de que pase lo que pase mañana "con el asunto de los trajes sigue quedando un importante procedimiento abierto que está instruyendo el juez Pedreira y del que todavía quedan muchas cosas por salir".

También se mostró "convencido" de que "más de uno de quienes han puesto las firmas en estos contratos tendrán que desfilar por algún palacio de justicia" y, al respecto, apuntó que se plantearán la posibilidad de solicitar más comparecencias en función de la declaración de Álvaro Pérez ante el juez el próximo 18 de mayo.

Por otro lado, el pleno de las Corts Valencianes debatirá la próxima semana la proposición no de ley presentada por el PP para reprobar a Luna por exhibir un informe que se encontraba bajo secreto de sumario y divulgarlo en sede parlamentaria, así como por su conducta y "actitud continua de descalificaciones, insultos, falsas afirmaciones e imputaciones sin base justificada que persiguen el descrédito del PP".

El portavoz socialista incidió en que esa iniciativa "no sólo no tiene encaje reglamentario sino que constituye una perversión de los procedimientos que la mayoría se dedique a reprobar a una minoría por una actuación parlamentaria que simplemente no les gusta".

La Junta de Síndics también aprobó la celebración el próximo jueves de la Comisión de la Mujer y Políticas de Igualdad para pronunciarse sobre el escrito presentado el pasado 22 de abril por las diputadas del grupo 'popular' en el que muestran su "indignación, rechazo y reprobación" por un "chiste machista y sexista" contado por Luna esa misma mañana en la sesión de control al presidente Francisco Camps.

La diputada de Compromís Mònica Oltra señaló que su grupo no se ha opuesto a la tramitación de la reprobación porque el PP "está en su derecho de debatir tonterías", de lo que deberán responder en las urnas, dijo, pero avanzó que votarán en contra, y lamentó la "doble vara de medir" del grupo 'popular' al rechazar otras peticiones de reprobación a los presidentes de las diputaciones de Castellón y Valencia, Carlos Fabra y Alfonso Rus, respectivamente, "en función del logotipo de quien las presenta".

Asimismo, indicó que la Mesa no admitió hoy la tramitación de dos preguntas de la coalición, una de ellas para conocer el número de aulas prefabricadas que existen en la Comunitat, y, al respecto, afirmó que el PP pretende que los diputados vayan a las Corts sólo "a adular a Camps". También acusó al portavoz 'popular', Rafael Blasco, de hacer "trampa" con la inclusión de interpelaciones y reclamó que cuando no comparece un conseller ésta se acumule a la sesión siguiente para mantener la "media" de dos interpelaciones por pleno.

El próximo pleno también debatirá la propuesta "pasteleada" por PP y PSPV, según señaló Oltra, para renovar la Sindicatura de Comptes, y afirmó que es "difícilmente comprensible" que los socialistas hayan podido llegar a un acuerdo en este sentido en un momento de "opacidad por no decir oscuridad total de las cuentas de la Generalitat".

Según el pacto alcanzado, seguirán en sus cargos el Síndic Major, Rafael Vicente Queralt, y los otros dos síndicos, Marcela Miró y Antonio Mira-Perceval, los dos primeros a propuesta del PP y el tercero, del PSPV. Compromís presentará una lista alternativa formada por los nombres de Rosa María Yagüe, Joan Sanchis e Isabel Carme Faus.

Luna reconoció que el acuerdo "no nos satisface al cien por cien" pero "en una situación de inestabilidad y de necesidad de control de las cuentas públicas lo que menos convendría es una Sindicatura de Comptes en situación de provisionalidad", aseveró.

Asimismo, preguntado por la ausencia de la presidenta de la Cámara, Milagrosa Martínez, en el acto de celebración de los 25 años de la institución, afirmó que la presidenta "ya ha puesto el listón donde lo tenía que poner" y, al respecto, destacó que lo que verdaderamente le preocupa es que "espere de pie y con las manos puestas a aplaudir" cuando entra el jefe del Consell en el hemiciclo "porque demuestra la sumisión del órgano que tiene que fiscalizar al Consell" y eso no ocurre en ningún parlamento democrático del mundo, aseveró.

Madrid, Barcelona y Valencia, entre las 30 mejores ciudades de Europa para hacer negocios

PARÍS.- Madrid, Barcelona y Valencia se encuentran entre las 30 ciudades mejor consideradas por los empresarios para hacer negocios y que, en su opinión, apoyan en mayor medida la iniciativa empresarial, según recoge una encuesta realizada por ECER-Banque Populaire.

En concreto, según la clasificación, Madrid ocupa el puesto 21 de la clasificación, por encima de las otras dos ciudades españoles de la encuesta, Barcelona (puesto 29) y Valencia (puesto 30).

La ciudad alemana de Fráncfort es la ciudad europea mejor considerada por los empresarios para hacer negocios, seguida por la sueca Malmö, la polaca Varsovia, y las alemanas Hamburgo y Berlín.

Algunas de las principales capitales europeas se encuentran por debajo de Madrid en la clasificación, como es el caso de Bruselas (puesto 24), París (puesto 26), Atenas (puesto 31) Londres (puesto 33) o Roma, que cierra la clasificación en el puesto 37. Por el contrario, Lisboa (puesto 6) y Ámsterdam (puesto 17) superan a las ciudades españolas en el ranking.

El estudio de ECER-Banque Populaire se ha realizado sobre 37 ciudades de 18 países europeos. Se ha usado una base de datos de 170.000 empresas y se ha encuestado a 4.500 hombres de negocios, el doble que en anteriores ediciones de la encuesta.

El presidente de la CEV aboga por la fusión CAM-Bancaja

VALENCIA.- El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), José Vicente González, recordó hoy que la fusión que prefiere es la de Bancaja-CAM y aunque admitió que "para que dos se casen, tienen que querer" ambos, advirtió que "son tiempos de reforzar las estructuras de las cajas de ahorros, y por qué no, de despolitizarlas".

El dirigente de la patronal indicó a preguntas de los periodistas que la fusión que más le gusta, como ha dicho en otras ocasiones, es la de Bancaja con la CAM, "pero claro, para que dos se casen, tienen que querer casarse los dos; no basta con que sea uno sólo", dijo.

Recordó que "ayer parecía a media tarde que lo que se iba a anunciar hoy iba a ser una fusión" o "alguna otra cosa de ese tipo" con Caja Murcia, "pero al final, parece que no llegaron a un acuerdo y supongo que lo que van a hacer es debatir en el Consejo de Administración las otras alternativas que tienen que estudiar".

González reiteró que las dos cajas superan la recomendación del Banco de España de poseer como mínimo 50.000 millones de euros como activos, pero, añadió, "qué duda cabe que son tiempos de reforzar las estructuras de las cajas de ahorros, y por qué no, de despolitizarlas".

Camps y Valcárcel apuestan por fusionar la CAM y Caja Murcia

ALICANTE.- Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, presidentes de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, respectivamente, apuestan por fusionar la Caja de Ahorros del Mediterráneo y Caja Murcia. El acuerdo entre los dos gobiernos tropieza, sin embargo, con las exigencias del presidente ejecutivo de Caja Murcia, Carlos Egea, que exige más contraprestaciones a las acordadas inicialmente, según 'El País'.

La fusión, caso de llegar a buen puerto, sería la primera interregional que se produciría en España y no necesariamente debería acabar ahí. Las opciones para ulteriores acuerdos con Caja Madrid e, incluso, con Bancaja siguen abiertas, según fuentes vinculadas a la operación.

Portavoces oficiales de Caja Murcia insistieron ayer en que las negociaciones estaban rotas por completo, una afirmación que era desmentida desde Alicante, donde se relativizaba la posición de fuerza de la entidad murciana, asegurando que lo único que buscaba Caja Murcia era consolidar más su postura en las negociaciones.

El principio de acuerdo pasa por compartir al 50% la representación en todos los órganos de gobierno de ambas entidades. La sede social de la caja fusionada se ubicaría en Murcia. La sede operativa se mantendría en Alicante. El detalle no es menor, puesto que las oficinas centrales de la CAM emplean a casi 1.000 trabajadores en la actualidad.

No es la primera vez que la CAM se acerca a Caja Murcia. Y la oferta negociada este fin de semana era aparentemente generosa.

La CAM, con unos activos de 75.532 millones de euros, es mucho mayor que Caja Murcia, cuyos activos suman 22.163 millones. Pero, sobre el papel, Caja Murcia supera a la CAM en muchos otros indicadores.

La CAM cerró 2009 con unos beneficios de 203 millones de euros. Caja Murcia ganó 182. El coeficiente de solvencia de la CAM era del 11,4%. El de Caja Murcia, del 15,6%. La CAM presentó un índice de morosidad del 4,53%. La ratio de mora en Caja Murcia es del 2,68%. Y la cobertura de la morosidad alcanzaba el 71% en la CAM frente a un 107% en Caja Murcia.

Las ratios de Caja Murcia y el volumen de la CAM, según fuentes conocedoras de las negociaciones en las que han participado representantes de las dos cajas y de los dos gobiernos autonómicos, hacen aconsejable la fusión que, por otra parte, apenas supondría coste social alguno, toda vez que en Murcia, donde el problema podría ser mayor, no se ha producido una competencia salvaje entre las dos entidades.

Por otra parte, las ratios de CAM y Caja Murcia son difícilmente contestables por el Banco de España, que ha dado luz verde a fusiones más dificultosas.

El principio de acuerdo, pendiente de cerrar por las exigencias de Carlos Egea, contempla una presidencia rotatoria que podría ser bicéfala en el primer año. La sede operativa estaría en Alicante, la social en Murcia y los órganos de gestión, paritarios. Para la CAM es muy importante mantener la sede operativa, eso significaría el mantenimiento de 1.000 puestos de trabajo y una mayor cercanía a los puestos de gestión.

No es la primera vez que se produce un acercamiento entre la CAM y Caja Murcia. Ambas entidades ya mantuvieron conversaciones en otoño pasado. Caja Murcia sólo se acercó a la CAM cuando la Junta de Andalucía le impidió cualquier contacto con Caja Sur, la primera opción de Carlos Egea, el presidente ejecutivo de la entidad murciana. Fuentes financieras de Alicante apuntan que Carlos Egea hizo valer entonces los indicadores de Caja Murcia para exigir "el control prácticamente absoluto" de una futura caja fusionada.

Un año después, la situación financiera ha cambiado, internacionalmente, en el país y en el sector de cajas de ahorro, La otra alternativa, la de la fusión con Caja Madrid, cayó como un jarro de agua fría en la capital de la Comunidad Valenciana. "La CAM se diluiría como un azucarillo en el seno de Caja Madrid y se convertiría en una 'territorial' de la madrileña", se ha llegado a señalar.

La opción de la fusión de la CAM con Caja Murcia parte con notable respaldo entre el empresariado y la clase política de Alicante. Esos sectores recelan de una hipotética unión con Caja Madrid, básicamente, porque la sede operativa, por tamaños de ambas cajas, se quedaría en la capital de España. "No hay color, antes con Caja Murcia que con Caja Madrid", señalaron.

La posible fusión entre Caja Madrid y la CAM también planeó ayer en la asamblea ordinaria de la entidad madrileña. No obstante, su presidente, Rodrigo Rato, eludió hablar de la CAM y de ninguna otra entidad que pudiera ser objeto de su interés, según informa Europa Press de fuentes de la asamblea.

"Cualquier operación de crecimiento inorgánico que pueda aparecer será analizada y aprovechada siempre que encaje dentro de nuestra estrategia", aseguró el máximo responsable de Caja Madrid, convencido de que la caja saldrá reforzada de este nuevo mapa financiero que se está dibujando, "y será ganadora", según precisó.

Modesto Crespo, presidente de la CAM, afronta hoy un consejo "ordinario" de la caja alicantina al que tenía previsto llegar con un acuerdo al menos avanzado con Caja Murcia. Fuentes de la CAM apuntan que está previsto abordar cuestiones relativas a una posible "integración" y especulaban anoche con la posibilidad de que el equipo directivo intente recabar el respaldo del consejo para analizar operaciones de fusión. Durante la última reunión del consejo ya se abordaron cuestiones relativas al denominado Sistema Institucional de Protección (SIP), según las mismas fuentes.

Las dos cajas en cifras

- Oficinas: La CAM cuenta con un total de 1.007 oficinas. Mientras, Caja Murcia tiene abiertas un total de 448 sucursales.

- Beneficios: La CAM cerró 2009 con unos beneficios de 203 millones de euros, mientras la entidad murciana cerró el ejercicio con una ganancia de 182 millones.

- Morosidad: La CAM presentó un índice de morosidad del 4,53%, y la ratio de mora de Caja Murcia es del 2,68%. Y la cobertura de morosidad en la CAM llegó al 71%, frente al 107% de la caja murciana. El coeficiente de solvencia de la CAM es del 11,4% por el 15,6% de la Caja de Murcia.

- Activos: Sobre el papel la CAM tiene un tamaño mucho mayor, ya que sus activos suman 75.532 millones de euros, mientras que los de la entidad murciana se quedan en los 22.163 millones de euros.

La proximidad del 15 de junio, fecha que marcada como límite para presentar propuestas para acceder al FROB (Fondo de Reordenación Ordenada Bancaria), habría animado las conversaciones entre las dos cajas, sobre todo a CAM, a la que el Banco de España le está acuciando para su reestructuración.

Además, los frecuentes contactos del último mes entre los presidentes de las dos comunidades autónomas, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, ambos del PP, han contribuido a retomar un posible pacto, animados por el acuerdo alcanzado entre el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del PP, Mariano Rajoy.

Pese a que en las reuniones se avanzó en aspectos clave, las negociaciones se rompieron ayer por la mañana. Aunque hay varias fuentes que insisten en que la necesidad de fusionarse de CAM para no ser absorbida por Caja Madrid podría provocar la reapertura de las negociaciones entre ésta y la entidad que preside Carlos Egea.

El punto de desencuentro está en quién se queda con la gestión de la caja resultante. Este aspecto ya frustró las negociaciones hace algo más de un año. CAM llegó a ofrecer una fusión "entre iguales". Es decir, pese a que tiene mucho mayor tamaño, el reparto de consejeros que resultaría tras el pacto dejaría a los dos territorios casi a la par. Incluso ofreció presidencia rotatoria.

Sin embargo, en la ubicación de la sede operativa, se produjo el mismo desencuentro anterior. Egea no está dispuesto a dejar en manos de la cúpula de CAM la gestión, según 'Cinco Días'.

Con todo, la negociación ha llegado mucho más lejos que los contactos de otros momentos. De hecho, la caja con sede en Alicante mantiene para hoy un consejo de administración que se celebra en fechas poco habituales del mes. Desde la entidad se insistió en que se trata de un encuentro ordinario.

"Es un compromiso del presidente, Modesto Crespo, y el director general, Roberto López, adquirido en la pasada reunión", señalaron fuentes oficiales. "Informarán de cómo se desarrolla el proceso de reestructuración del sistema de cajas en España", añadieron. Ese consejo debía coincidir con otro de Cajamurcia, pero ayer no se llegó a convocar.

«En los últimos 15 años jamás se producido una convocatoria urgente del Consejo. Algo muy gordo se espera».

Asimismo, en la cúpula de la CAM se han detectado algunos movimientos de operaciones urgentes, «que debían estar aprobadas para esta misma semana».

La operación podría ejecutarse de dos formas: una fusión pura, en la que las dos compañías se unen para constituir una nueva, o una fusión por absorción.

En esta última, una sociedad absorbe a otra, que se disuelve. En el caso de CAM y Caja Murcia, lo lógico sería pensar que será este último tipo de fusión puesto que los activos de la caja alicantina triplican a los de la murciana.


Roberto López Abad, director general de la CAM, lleva meses buscando cajas pequeñas para liderar un Sistema Integral de Protección (SIP), con un objetivo por encima de todos: superar en tamaño a Bancaja, su gran rival. Y aquí es donde entra una segunda posibilidad de integración que se podría poner hoy sobre la mesa del consejo, según 'El Economista'.

Se trata de un SIP que lideraría la CAM y en el que se integrarían varias de las cajas más pequeñas, en concreto las de Ontinyent, Pollensa, Badajoz, Rioja e Insular de Canarias. A la operación podrían sumarse Caja Círculo, Inmaculada y Laietana.

La Caja del Mediterráneo (CAM), cuarta caja en tamaño, era una de las señaladas por el Banco de España para protagonizar una operación de integración antes del 30 de junio, lo que hace suponer que en el consejo de hoy se informará de algún avance y, posiblemente, se dará el pistoletazo de salida a alguna operación de integración.

La opción de Caja Madrid cuenta con el rechazo frontal del PP y el PSOE en la Comunidad Valenciana, ya que el deseo del Gobierno de Francisco Camps, que apoyan los socialistas y, entre otros, la patronal valenciana, es que Bancaja y la CAM mantengan su independencia y lideren procesos de fusión como tercera y cuarta entidades más grandes.

Si esto no fuera posible, Camps intentaría repetir la jugada de Núñez Feijóo en Galicia y fusionar las dos grandes cajas valencianas, pero su debilidad política y la oposición de los alicantinos harían muy difícil la operación.

Según fuentes financieras, el consejo de CAM se enfrenta esta tarde a una especie de ultimátum del Banco de España, al que visitó ayer lunes, para escoger pareja entre Caja Murcia, Caja Madrid o alguna de las dos entidades gallegas. Pero de entre todas las opciones, la única dispuesta a dar el visto bueno a la operación es la entidad madrileña, donde la llegada de Rodrigo Rato como presidente provocó cierto recelo en la caja con sede Alicante, insinuando que sólo aceptaría fusiones en las que lidere y pueda imponer su filosofía.

Hoy por hoy, Francisco Camps, no disfruta de una posición de peso respecto a Génova como para hacer valer su operación ideal: una fusión Bancaja-CAM.

La CAM no tiene otra opción mejor que la caja madrileña, pero la Generalitat Valenciana, que tendría capacidad de bloqueo si se opta por la fórmula de la fusión, mantiene su idea de que la región no pierda centros de decisión financiera y todavía aspira a la consecución de una fusión entre Bancaja y CAM, tercera y cuarta cajas de ahorros españolas. De hecho, los activos consolidados de ambas sumarían más de 186.000 millones. Sin embargo, esta opción no parece factible, según 'Abc'.

Fuentes no oficiales señalaron ayer que directivos de la entidad alicantina habrían viajado a Madrid el pasado fin de semana para entablar contactos con el equipo de Rato. Incluso, consejeros de la CAM consultados por este periódico apuntan la posibilidad de que Caja Murcia pudiera formar parte de la operación.

El gobernador del Banco de España. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, pronosticó hoy un "futuro complicado" para aquellas entidades financieras que necesiten reestructurarse y no lo hagan antes del 30 de junio, fecha en la que expira la vigencia del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

lunes, 10 de mayo de 2010

UGT lanza una campaña contra la explotación laboral ante el "relajamiento" de las autoridades

MADRID.- UGT desarrollará a partir de hoy una campaña contra la explotación en el trabajo ante el aumento de la economía sumergida y el "relajamiento" de los controles para detectar estas irregularidades.

"Como consecuencia de la crisis se ha producido cierto relajamiento para perseguir la explotación laboral", denunció el secretario general de UGT, Cándido Méndez, en rueda de prensa para presentar la campaña de la central, al tiempo que cuestionó la medida 'estrella' de esta legislatura: "Resulta bastante incoherente defender un nuevo modelo productivo con la convivencia de la explotación laboral".

Así pues, Méndez pidió la colaboración de la Administración Central y las comunidades autónomas con el fin de "fortalecer" la persecución a esta "fuente de negocio ilegal". Por su parte, el director general de Inmigración, Markus González Beilfuss, valoró la iniciativa del sindicato y compartió la necesidad de "implicar" a todos los agentes sociales y económicos de la sociedad.

"La lucha contra la explotación es un problema social y no individual, por lo que requiere de medidas especiales y consensuadas", enfatizó.

Con todo, el sindicato liderado por Méndez considera que, tras las reformas del Código Penal y de la Ley de Extranjería, ahora es el momento "adecuado" para abordar y detectar con "eficacia" la explotación en el trabajo.

En concreto, el Código Penal, cuya reforma se encuentra aún en tramitación parlamentaria, tipifica por primera vez el delito de trata de seres humanos, entre otras causas, con la finalidad de explotar laboralmente a las víctimas, en tanto que la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España recoge la inclusión de documentar a las víctimas de la trata de seres humanos cuando son inmigrantes irregulares.

En España sube la preocupación por los políticos y la corrupción

MADRID.- El paro seguía siendo el pasado mes de abril el principal problema de los españoles, pero aumenta la preocupación por la clase política, que repite en tercer lugar pero subiendo más de tres puntos, y por la corrupción, que sube hasta el sexto puesto, desplazando a la inseguridad ciudadana y la vivienda.

Así se refleja en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al pasado mes de abril, realizada en un total de 2.479 entrevistas personales realizadas en 239 municipios de 49 provincias entre los días 6 y 14 de ese mes, justo cuando se levantó el secreto de sumario del 'caso Gürtel' y se preparaban las medidas económicas surgidas de las conversaciones de 'Zurbano'.

Si el desempleo se encontraba en el 82,9 por ciento de las respuestas en marzo, ese porcentaje descendió 3,2 puntos en abril, hasta situarse en el 79,7 por ciento, bajando del 80 por ciento por primera vez en el presente año.

La segunda preocupación seguía siendo los problemas de índole económica en general, presente en el 46,8 por ciento de las respuestas, un porcentaje que supera en 1,5 puntos el registrado el mes anterior pero por debajo de los datos de enero y febrero.

En tercer lugar, aunque con una importante distancia en relación con las dos principales preocupaciones de los españoles, repite la clase política, pero ahora es citada por el 19,4 por ciento de los encuestados, 3,6 puntos por encima del dato reflejado en marzo y marcando la cota más alta del último año.

Además, y mientras la inmigración (13,3 por ciento) y el terrorismo de ETA (12,3 por ciento) se mantienen en los puestos cuarto y quinto, la corrupción y el fraude emerge como sexta preocupación de los españoles, al ser citada en el 9,4 por ciento de las respuestas, superando por primera vez en los últimos años A la inseguridad ciudadana (9,3 por ciento) y a la vivienda (6,5 por ciento). A ello se añade un 4,6 por ciento que entre los problemas del país citan al Gobierno, los políticos y los partidos.

En cuanto a la percepción subjetiva, los problemas que afectan más personalmente a los españoles continúan siendo, al igual que en el mes anterior el paro (42,5 por ciento), seguido de los problemas económicos (38,3 por ciento). En tercer y cuarto lugar se encuentran la vivienda (6,7 por ciento) y las pensiones (6,5 por ciento).

Asimismo, el estudio del CIS de abril indica que dos de cada tres españoles (63,4 por ciento) califica de 'mala' o 'muy mala' la situación política de España, mientras que la situación económica es percibida así por el 74,4 por ciento de los encuestados (2,4 puntos menos que en marzo), frente al 2,8 por ciento que cree que es 'muy buena' o 'buena'.

Además, crece el optimismo de quienes creen que la economía estará mejor dentro de un año. Un 26,9 por ciento augura que estará peor, lo que supone 2,3 puntos menos que en marzo, frente al 22 por ciento que confía en que mejorará, casi un punto más que el mes anterior.

Rajoy dice que sus palabras de apoyo a Camps fueron malinterpretadas y que acata las decisiones judiciales

MADRID.- El líder del PP, Mariano Rajoy, aclaró hoy ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP las palabras que él mismo pronunció el pasado jueves de apoyo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, alegando que se habían malinterpretado, informaron fuentes 'populares'. Además, quiso dejar claro que respeta y acata las decisiones judiciales.

El pasado jueves, Rajoy indicó que apoya a Camps y que será el candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas. Y a renglón seguido, añadió que lo será aunque la Justicia "diga lo que quiera" el próximo día 12.

Estas palabras provocaron una oleada de críticas, sobre todo en las filas del PSOE, que acusaron al presidente del PP de no respetar las decisiones judiciales. Esta misma mañana, el presidente fundador, Manuel Fraga, señaló que, aunque fue una respuesta "improvisada" pero que se podía "mejorar".

A puerta cerrada, ante la plana mayor del PP, Rajoy aseguró que quería tomar la palabra para aclarar este extremo porque no quería que se hiciera una interpretación incorrecta de sus declaraciones. Además, quiso dejar claro que se refería a la reunión que tendrá el Supremo el día 12 de mayo (si archiva o reabre el caso de los trajes presuntamente regalados por la trama) y no se refería a la decisión final que tomará la Justicia.

Al término de la reunión, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, indicó que Rajoy ha asegurando que sus palabras "descontextualizadas producían interpretaciones incorrectas" y que quería "reafirmarse en su acatamiento al 100 por cien" a las decisiones que tome la Justicia.

"Creemos en el Estado de Derecho y la Constitución, que garantizan la independencia judicial", agregó.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, no acudieron hoy a la reunión del Comité Ejecutivo Nacional porque a esta misma hora asisten en Valencia a la presentación de un modelo del coche Ford, que se fabricará en esta Comunidad.

Sí que han asistido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel; y el presidente de la Rioja, Pedro Sanz. También estuvieron presentes varios presidentes regionales: Antonio Basagoiti (País Vasco); José Manuel Soria (Canarias); José Ramón Bauza (Baleares); Luisa Fernanda Rudi (Aragón), entre otros.

The Guardian recomienda a los británicos visitar el barrio antes de que las máquinas "hagan un gran agujero"

VALENCIA.- El rotativo británico 'The Guardian' recomienda en un artículo visitar el barrio valenciano de El Cabanyal antes de que las máquinas "hagan un gran agujero" para prolongar la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.

El artículo --publicado este fin de semana en la sección de viajes del diario inglés y difundido hoy por la Associació de Veïns el Cabanyal-Canyamelar-- se pregunta "cuál es el precio" que debe pagar Valencia por el "rápido progreso" acometido en los últimos años y que la "ha convertido en una de las ciudades más de moda de España pero, con la amenaza de las excavadoras en uno de los barrios más antiguos y con mayor carácter" de la ciudad.

En el escrito, firmado por el crítico y periodista de viajes Jason Webster, se explica que la "tercera ciudad de España ha recorrido un largo camino desde que Kenneth Tynan --crítico de teatro-- la apodara 'la capital del anti-turismo'", hace ahora 40 años.

"El barrio antiguo ha sido renovado, el complejo de la era espacial construido por Santiago Calatrava, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, está virtualmente completo, la America's Cup navegó hacia esta ciudad en 2007, y un año después el Gran Premio de Fórmula 1", recuerda.

En este sentido, el rotativo indica que la ciudad ha pasado de estar "abandonada y olvidada por la familia española a volverse un destino de moda" y asegura que "parecía fácil imaginarse que los valencianos no volverían a cometer los crímenes arquitectónicos del pasado, que el litoral de cemento y la construcción de bloques de apartamentos faltos de carácter pertenecía a un recuerdo doloroso". Sin embargo, "estábamos equivocados", sentencia.

Por eso, The Guardian aconseja a los británicos que visiten Valencia este verano, que no olviden recorrer "el viejo barrio de pescadores".

"El Cabanyal. Este barrio de trabajadores y joya del estilo art-nouveau --oficialmente patrimonio histórico protegido-- podría dejar de existir en su forma actual dentro de poco. Si los gestores del Ayuntamiento siguen con su idea, las excavadoras continuarán haciendo un gran agujero que atravesará el centro del barrio para ampliar un moderna avenida hasta el mar", afirma.

"Los vecinos residentes han protestado enérgicamente, y el tribunal de mayor rango del país --el Tribunal Constitucional-- ha ordenado parar las demoliciones, pero la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, insiste en seguir adelante", añade la publicación.

Por último, el periódico concluye con un recorrido por la historia del Cabanyal, nacido en el siglo XIII, y que "debe su nombre a las hileras de cabañas de pescadores, con techo de paja y ubicadas en la línea de playa, también llamadas 'barracas'.

El Supremo revisará el archivo de la queja contra De la Rúa por su supuesta amistad con Camps

MADRID.- El Tribunal Supremo revisará la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar la queja que un particular formuló contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Juan Luis de la Rúa, por no abstenerse en el sobreseimiento de la trama valenciana del 'caso Gürtel' pese a que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que estuvo imputado por estos hechos, le consideró "amigo".

Así consta en un auto dictado el 12 de abril pasado por los magistrados de la Sección Tercera Maurandi Guillén y Lucas Murillo en el que admite a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el abogado oriolano José Luis Mazón contra el archivo de la queja, que fue acordado el pasado 26 de noviembre por la Comisión Disciplinaria del CGPJ.

El letrado, que también presentó la queja archivada por el órgano de gobierno de los jueces, solicitó al alto tribunal que revise el archivo de esta denuncia y sancione al magistrado por infracción del deber de abstención.

La Comisión Disciplinaria del CGPJ archivó la queja contra De la Rúa a pesar de admitir que la imparcialidad del magistrado estaba "en cuestión" después de que el presidente Francisco Camps se refiriera a él como "amigo".

La resolución del órgano de gobierno de los jueces, que fue notificada el pasado 19 de enero, ponía "en cuestión" la apariencia de imparcialidad ante la sociedad de De la Rúa,"no sólo por lo manifestado por el presidente del Gobierno de la comunidad autónoma, que se admite como hecho probado, sino también por tratarse del presidente de la Sala Penal competente para el conocimiento del recurso y por intervenir finalmente en su deliberación y fallo".

Pese a esta argumentación, la Comisión Disciplinaria decidió no seguir adelante con la información previa abierta con motivo de la denuncia presentada por el abogado contra De la Rúa, al entender que la investigación realizada por los Servicios de Inspección del CGPJ no encontró hechos objetivos de entidad suficiente "para considear indiciariamente probada una amistad íntima entre ambos presidentes, ni tampoco una conciencia de tal amistad íntima" por parte del propio presidente del TSJCV.

En su queja ante el Consejo, Mazón defendía que el magistrado --que votó a favor del sobreseimiento de la investigación contra Camps y otros tres miembros del Ejecutivo valenciano-- incurrió en una "falta disciplinaria muy grave" derivada de una "infracción del deber de abstención", al que según decía, le obligaba su amistad con el líder autonómico.

El PSPV reclama un plan estratégico turístico que tenga como eje la llegada del AVE a Valencia

VALENCIA.- El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, reclamó hoy un plan estratégico de desarrollo turístico para la ciudad de Valencia que tenga como eje fundamental "las grandes potencialidades de la llegada del AVE como oportunidad para el desarrollo económico y para mejorar posiciones" turísticas que la ciudad está perdiendo en relación a Madrid y Barcelona, afirmó.

Alarte, tras reunirse con vecinos de los barrios valencianos de San Vicente y San Marcelino acompañado de concejales socialistas del ayuntamiento de Valencia, remarcó que el AVE "debe convertirse en una gran oportunidad de desarrollo estratégico, de desarrollo turístico y de avance para el conjunto de la Comunitat", pero especialmente, para la ciudad de Valencia, por ser su puerta.

El dirigente socialista manifestó que piensan exigir a la Generalitat y al ayuntamiento que "pongan encima de la mesa un plan para aprovechar todas estas oportunidades para el desarrollo turístico de la ciudad", para que los valencianos y la ciudad "no pierdan" el AVE.

El AVE, insistió, "es el futuro de hoy y el futuro de mañana, porque ya ha llegado, en los próximos meses vendrán los primeros pasajeros" y, recalcó, Valencia "tiene todo lo que cualquier ciudad del mundo aspiraría a tener: playa, patrimonio histórico, una ciudad dinámica, barrios importantes con sabor, peculiaridades y con características propias; lo tiene todo menos unos gobernantes capaces de un desarrollo estratégico y de aprovechar las oportunidades".

Según lamentó, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá "ha perdido hace tiempo el tren del turismo y Camps con ella" porque este sector ha caído en el último trimestre en Valencia "de tal manera que ha descendido a niveles del año 2006", mientras que ciudades como Madrid o Barcelona "no sólo no retroceden en la recepción de visitantes, sino que aumentan en torno al diez por ciento".

También criticó que la bajada es especialmente de visitantes extranjeros, "casi un nueve por ciento", indicó, frente al 2,5 de descenso en los turistas españoles.

El plan estratégico turístico de Valencia es "una petición permanente de los concejales del ayuntamiento; de los hosteleros, del tejido turístico y es una realidad que no existe", advirtió.

Por su parte, la portavoz socialista en el ayuntamiento de la capital, Carmen Alborch, manifestó que el barrio que hoy visitaron es uno de los que más necesidades y menos presupuesto tiene, y aseguró que el Gobierno Central ha invertido siete millones de euros en la zona y el ayuntamiento, "cero euros", aseguró.

Barberá, a su juicio, no está preocupada por las carencias escolares del distrito, donde "no hay ni una escuela infantil" y afirmó que el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha cedido a través del Ministerio de Defensa terrenos para la construcción de centros escolares y viviendas mayoritariamente destinadas al alquiler.

También aludió a "problemas de movilidad" y recordó que prometió en elecciones el Centro Cultural de La Rambleta cuyo cumplimiento genera "grandes dudas". La portavoz de la oposición municipal lamentó también que la Generalitat "no ha mejorado la seguridad" en la línea de metro de la zona, en la que se registró el accidente de julio de 2006.