jueves, 22 de julio de 2010

En recuerdo de José Vidal-Beneyto / Carlos María Bru Purón *

Casi desapercibida ha pasado una noticia proveniente de Estrasburgo: el Parlamento Europeo ha aprobado el 7 último una Resolución que -conforme al procedimiento legislativo ordinario de la Unión Europea (UE): propuesta de la Comisión, codecisión ente el Consejo de Ministros y los representantes elegidos por los ciudadanos-, reforma a fondo la actividad financiera dentro de la UE: somete a las entidades bancarias a exigentes ratios de solvencia, reduce desvaríos de ingeniería especulativa tal las “retitulaciones” e -importante- acaba con la peligrosa voracidad mediante incentivos por parte de sus "managers".

De unos meses atrás, tampoco es que tengamos muy en cuenta que la Comisión Europea puso a disposición de los Estados Miembros acechados por amenazas mercatorias, hasta 750.000 millones de Euros que, por lo menos, son útiles para evitar situaciones de bancarrota.

Y no restemos importancia al parachoques de amenazas confusas contra economías nacionales logrado por el Gobierno español al conseguir que se practiquen en la UE stress checks de entidades bancarias: cosa insólita que rompe un tabú hasta hoy inexpugnable.

Lo anterior no es mucho, y no es sino eco de esa refundación del capitalismo que enfáticamente y con la boca pequeña reclamara Sarkozy, de las más serias pero fundamentales medidas que Gordon Brown -tras nacionalizar el Northern Bank- , propuso en Octubre de 2009 sobre una "nueva gobernabilidad financiera internacional" e inclusive la inesperada opinión de Angela Merkel en pro de una tasa sobre los movimientos bancarios (según unos exégetas), o sobre las transacciones en general, al menos dentro del ámbito de la UE (según otros: en definitiva igual da, todo quedó en promesas).

Pero algo es algo en "tiempos revueltos" de crisis, no menos, sí más que lo resultante de las sucesivas y vacías sesiones del G-20.

En otro aspecto, de quiénes recuerdan los magros resultados de la Cumbre de Copenhague de Diciembre 2009 sobre Cambio Climático, pocos constatan que la más ambiciosa fue la UE, que procuró al 20 (año) el 20% (reducción de CO2) y 20 (% renovables); y que, no obstante la puñalada trapera de última hora por parte de EEUU y "emergentes", la UE sigue y acentúa su voluntad verde, inclusive con una reducción tóxica del 30%.

En la lejanía de los tiempos queda, quizá, el hecho de que el primer gran advenimiento ecologista mundial se llamó "Club de Roma" (1968), su primer Presidente el italiano Peccei, después el español Diez Hochleitner, todo ello años antes del revoltijo "Gaia", que con pasajero Lovelock a bordo, los norteamericanos lanzaran.

Para no hablar de lo geopolítico, de lo que la simple señal de la negativa de la UE en cuanto tal, en la ONU y por boca de De Villepin, y otros, a secundar la locura criminal bushiana respecto de Irak, parece bastante para saber quién es cada quién.


Todo lo anterior, y tantas cosas más, no se han hecho ni por 6, ni por 12, ni por 15, ni por 27 Estados al alimón en sucesivas épocas: es resultado directo de una acción en común democráticamente decidida por un nuevo Ente supraestatal que, por primera vez en la historia mundial, cobra existencia fáctica, personalidad jurídica y medios de acción.

Pero volvamos a la famosa crisis económica, de origen estrictamente financiero y de repercusión sistémica, tanto en su mundillo como, desgraciadamente, en lo social y medioambiental.

¿Qué se hizo, se hace o cabe hacer? Sí, en general bla, bla, bla…pero distingamos:

a) En lo global, un intento se dio en la Asamblea de la ONU 2009, el del grupo de expertos económicos, cada uno perteneciente a un Estado miembro de la Organización, esto es, 192, bajo la dirección técnica del Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. El dictamen resultante, reformista pero no revolucionario, causó el susto de las grandes potencias y se consiguió que pasase al cajón de los olvidos.


¿Cuáles eran estas propuestas?
Telegráficamente:
Bancos de propiedad pública, agencias rating no sobornables, supervisión y transparencia bancarias, no más paraísos fiscales, control de edge funds, fuera CD'S, control de incentivos, regulación global, reforma de BM y FMI, moneda de reserva multipolar, basada en, pero superadora, de los DEG's, inicio de Tasa Tobin, y sobre todo, gobernanza económica mundial incardinada en un Consejo Económico dotado de tanta fuerza como el de Seguridad, etc...

b) En lo gubernamental, y con un carácter cuya tímida progresividad no disfrazará nunca el estatismo de las plutocracias, desde el G-7 al G-8 y, hoy al G-20, hemos avanzado triunfalmente de la nada a la inanidad.

c) En lo pseudo empresarial, citemos ese reducto numantino, pero dotado de tentáculos lobbísticos que se reúne anualmente en Davos para mayor beneficio de la especulación financiera, de la industria del esquí y de las compañías de seguridad privada.

d) Y desde el otro lado, desde la calle, desde quiénes piensan para la gente, para la calle, para la plaza, para la tierra cultivada y la tierra selvática a conservar, para la fauna, para la flora, para los mares, para el Planeta en que vivimos y del que parece difícil salir, desde ese otro lado ha habido, sí, movimientos, manifestaciones, héroes e inclusive mártires: Seattle, Praga, Portoalegre, Génova, Barcelona, Copenhague, etc.

El esfuerzo de esta gente es encomiable, pero el resultado escaso. Una de sus grandes animadoras reconocía hace poco que esos “movimientos sociales y ecologistas (…) están en una lucha (…) desigual, sin (…) suficiente fuerza" porque, precisamente, la crisis injustamente golpea a quiénes pudieren ser protagonistas, hoy preocupados con sus problemas inmediatos.

Lo cual no empaña la razón y la justicia que ha movido y mueve a esa gente: “Otro mundo es posible”. O, más intensamente, “otro mundo es necesario”. La cuestión es que ese mundo sea viable, en el más literal sentido de que encuentre su camino más allá de la algarada, de la consecuente represión estatal y de la hasta ahora invencible trampa a ejercer por los llamados “mercados”.

Un camino, hubo, sí, hace 60 años, para un continente enlutado, empobrecido, dividido en ideologías al parecer incompatibles y a salvo del hambre mediante la generosa donación de la potencia vencedora en la II Guerra Mundial de aquel siglo.


Aquel continente, mejor subcontinente, encontró y puso en práctica un secreto a voces para vencer recelos, unir esfuerzos y prosperar: abatir fronteras de todo tipo, empezando por las comerciales, poniendo en común bienes (en un inicio los entonces estratégicos carbón y acero), planificar democráticamente y … como exigencia y como objetivo, un poder político supraestatal.

Posteriormente, llegó a una moneda común y, vista hoy el abismo a que ello puede abocar sin una política económica (fiscal y social) común, se apresta a dar los pasos necesarios en ese cambio.

Para ello, utiliza su andadura funcionalista -paso a paso- por el camino federal:

El procedimiento es lento y laborioso, 60 años llevamos de construcción europea, queda mucho por hacer, pero es el primer experimento de "unir en la diversidad", acertado lema de la UE, con base a tres elementos: "autonomía" (cá uno es cá uno, los Estados subsisten); "participación" (los Estados deciden, a veces por mayoría, los ciudadanos votan un Parlamento que también decide); "solidaridad", (unos responden por otros, y de ello son buena muestra los fondos de cohesión y el artículo 222 del Tratado de la Unión Europea que ampara a todos, inclusive frente al boicot energético).

¿Existe, nos preguntamos, camino y andadura otros para la por todos reclamada gobernanza económica mundial?

Valga un testimonio vital, hoy desgraciadamente ausente: José (Pepín)Vidal-Beneyto fue un incorformista radical, un altermundista infatigable. Pero nunca abandonó su militancia europeísta. Tanto, que a veces combatió los “pasos” porque exigía verdaderos saltos en la construcción política europea.

A un ritmo o a otro, desechadas revoluciones y, de una vez, firmes frente a poderes opacos, detentadores y especulativos, a quiénes queremos justicia en un orden mundial, nos conviene tener en cuenta que nada se inventa, que el método existe –federal- cuyo discurso los europeos, sin petulancia pero con apertura, podemos ofrecer.

(*) Consejo Federal Español del Movimiento Europeo

El ejemplo de Vidal-Beneyto guió el debate sobre el compromiso ético de los intelectuales

FERROL.- La segunda sesión de la tarde de hoy en el Carlos Gurméndez estuvo dedicada a José Vidal Beneyto (1927-2010), un intelectual ligado al “filósofo de las pasiones” y a su curso de verano, en el que participó en 2003, así como a Ferrol, donde recibió el premio José Couso en 2008. Su compañero del periódico El País José Ramón Ariño se encargó de glosar la trayectoria vital y profesional de Beneyto, al que definió como “un intelectual original y un innovador cultural”.

Ariño explicó que conoció a Beneyto en El País, en 1976, donde también estaba Carlos Gurméndez. El periodista comentó cómo el joven valenciano, perteneciente a una familia franquista, ingresó en el Opus y ejerció de secretario de Escrivá de Balaguer, aunque “los estudios y la cultura hicieron pronto a Pepín rebelarse contra la dictadura y antes de acabar la carrera de Derecho perdió la fe y abandonó el Opus”.

Sus estancias en Reino Unido y Alemania lo convirtieron en un “europeista convencido”, señaló Ariño, para quien Vidal Beneyto fue “uno de los tejedores del tapiz de la democracia española”. Recordó los años en los que se llamaba “señor Zavala” y viajaba con pasaporte falso por el mundo, ejerciendo, como lo denominó Santiago Carrillo, como “ministro de Asuntos Exteriores de la Junta Democrática”.

Vidal Beneyto participó también en la fundación de El País, donde publicó numerosos artículos denunciando “el giro derechista que la economía globalizada iba imponiendo a la política de los Estados”.

Ariño destacó este, y otros momentos de su vida, en los que el premio José Couso fue un adelantado a su tiempo. “Le gustaba decir que había que anticiparse”, recordó.

José Ramón Ariño compartió con los catedráticos Isidoro Reguera, Xavier Vence y Antonio García Santesmases una mesa redonda en la que se habló sobre el compromiso ético de los intelectuales, con la referencia constante a uno de los más brillantes, José Vidal-Beneyto.

España aboga por una "migración ordenada" y aclara que no es EE.UU.

SAN SALVADOR.- España tiene el reto de trabajar por una migración más humana y ordenada que garantice los derechos de los inmigrantes, dijo hoy en El Salvador la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración del Gobierno español, Anna Terrón, y aclaró que esta política es diferente de la de EE.UU.

"Seguramente tenemos una política restrictiva y efectivamente una política de entradas ordenadas, pero la otra cara de la moneda es que nosotros no somos EE.UU., no estamos trabajando permanentemente con una gran bolsa de personas sin ningún derecho", dijo Terrón.

"Nuestro reto es trabajar en una migración más humana, quiere decir más ordenada y quiere decir no exponiendo a las personas a situaciones de mucha vulnerabilidad", complementó.

La funcionaria, que asiste en la capital salvadoreña al II Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, iniciado hoy y que concluye mañana, señaló que si España no puede ofrecerle empleo a los migrantes "estas personas no tienen ningún futuro".

"No tiene ningún sentido que dejen sus países para ir a parar a una situación de infraempleo o de explotación, contra la que luchamos", añadió.

Indicó que España aprobó en diciembre del año pasado una ley de emigración que vincula las entradas y los permisos de residencia y de trabajo a la posibilidad de obtener un empleo en ese país.

"Nosotros queremos y creemos que podemos promover una cultura de regularidad, efectivamente porque damos los mismos derechos a las personas que vienen que los que tenemos las personas que estamos en España", sostuvo.

Terrón admitió que la crisis económica ha tenido un "impacto fuerte" en determinados sectores económicos en los que estaban empleados muchos inmigrantes, como la construcción, servicios y el empleo doméstico.

Detalló, al intervenir en el foro, que hay un 28 por ciento de los trabajadores extranjeros en situación de desempleo y que 480.000 extranjeros están recibiendo prestaciones por paro, al igual que se les otorga a los nacionales.

La funcionaria española aseguró que al 31 de marzo de 2010 se contaban 1.451.795 nacionales de países latinoamericanos sobre un total de 2.800.000 extranjeros no comunitarios en España.

Anunció, por otra parte, que trabajan en una segunda etapa del plan de integración y ciudadanía, que ya se había implementado entre 2007 y 2010 a un costo de 2.000 millones de euros (2.577 millones de dólares) y que consiste en "políticas públicas que pretenden facilitar la integración de los inmigrantes" desde ámbitos como la educación.

Fitch recorta el 'rating' de Caja Madrid por el deterioro del crédito

MADRID.- Fitch ha recortado el 'rating' a largo plazo de Caja Madrid hasta 'A' desde 'A+', y lo ha situado en perspectiva negativa, debido a la presión que soporta la entidad vía ingresos y al deterioro de su calidad crediticia, informó hoy la agencia de calificación.

Fitch justifica su decisión por el ratio de morosidad de la entidad que preside Rodrigo Rato, asi como por su exposición al sector inmobiliario y de la construcción, concentrada en algunas empresas.

La morosidad de Caja Madrid se estableció en el 5,4% a finales de 2009, pero si se incluyen los activos adjudicados y recompras inmobiliarias adjudicadas, el ratio se sitúa en el 6,2%, cifra que maneja Fitch.

Los niveles de capital de la caja madrileña se encuentran relativamente altos para su nivel de riesgos, con un ratio de 'core capital' regulatorio del 6,8%, considera la agencia de calificación crediticia.

A su parecer, la rentabilidad operativa se verá afectada este año y en 2011 por los bajos tipos de interés y la atonía del crédito, así como por el continuado crecimiento de las reservas para hacer frente a créditos dudosos, en un entorno de perspectivas de crecimiento económico apagado en España.

Por otro lado, la firma considera que será un reto para Caja Madrid mejorar su financiación a través de la red minorista, objetivo dentro del que valora positivamente el crecimiento del 10% los recursos de clientes y la mejora de tendencia en los depósitos. Fitch ha decidido mantener los 'rating' a corto plazo de Caja Madrid en 'F1'.

ESFUERZOS PARA REDUCIR LA MORA

Fuentes de la entidad consultadas por Europa Press subrayaron que pese al recorte, Fitch mantiene una calificación superior la media europea, y que solo hay 26 entidades con rating superior al 'A' del total de 360 sometidas a las notas de la firma.

Caja Madrid indica que este rating significa 'calidad crediticia elevada' y es el tercer nivel por arriba de los once escalones de Fitch, si bien confía en una mejora a medio plazo de sus calificaciones a raíz del cambio de tendencia observado en la morosidad.

La caja que preside Rato destacó que es "la única entidad de las grandes que han reducido su tasa de mora en los últimos nueve meses" y enfatizó que el saldo de créditos dudosos ha disminuido en 82 millones de euros hasta marzo, a lo que se suma la aceleración en la venta de inmuebles.

Con esta bajada de nota, Fitch sitúa el 'rating' de Caja Madrid en el mismo nivel que la nota de Standard & Poor's.

CGT-CAM reclama que "salga una postura clara que deje de perjudicar a la CAM"

ALICANTE.- El sindicato CGT-CAM ha reclamado que, de la reunión prevista el día 26 de julio por el consejo de administración de Caja Mediterráneo (CAM) para analizar el SIP, "salga una postura clara que deje de perjudicar la actividad de la CAM en el día a día, dando la sensación que el consejo y la dirección sólo se preocupan de sus cuotas de poder y de las posibles poltronas a ocupar", según ha informado en un comunicado el citado sindicato.

CGT-CAM ha expuesto que la dirección de CAM les somete a una "falta de información" al respecto, dado que se ha aplazado la reunión prevista con los sindicatos, para informares del grado de avance del proyecto e hitos completados, hasta que el consejo de administración de la CAM dé el visto bueno al contrato de integración.

Ante esta situación, CGT ha exigido "garantías para los puestos de trabajo y las condiciones laborales de la plantilla CAM, y que se produzca de inmediato un acuerdo laboral que vele por las mismas, mande Manuel Menéndez -presidente de Cajastur- o Roberto López -director general de CAM-".

En opinión de CGT, "unos y otros están demostrando, en este proceso, su falta de profesionalidad y criterio, al permitir que las discrepancias en las negociaciones estén en todos los medios de comunicación, afectando negativamente a la marcha de las entidades implicadas, especialmente a la CAM".

La posición de CGT-CAM "sigue siendo de oposición frontal al SIP, ya que este se dirige hacia la desaparición de la CAM y el resto de entidades de ahorro, convirtiéndolas en bancos, a una destrucción notable de puestos de trabajo y a una mayor precariedad de las condiciones laborales", según recoge el mismo comunicado.

Por ello, además ha reclamado que finalicen "ya las irresponsabilidades, la viabilidad de la CAM -plantilla e influencia social -está muy por encima de quien ocupe los puestos de dirección y del consejo", según han remarcado las mismas fuentes.

Alarte dice que Rajoy y el PP "pagarán en las urnas el colapso por corrupción de las instituciones" de la región

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha asegurado que el PP y su presidente, Mariano Rajoy, "pagarán en las urnas el colapso por corrupción de las instituciones de la Comunitat Valenciana" y ha exigido al líder nacional del PP "que tome medidas urgentes hoy mismo y expulse inmediatamente a Fabra, Ripoll y Camps".

Así se ha expresado Alarte respecto a la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de pedir 15 años de cárcel y 2,3 millones de euros para el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por presuntos delitos de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales.

El líder socialista ha declarado que Rajoy es responsable político de cuanto ocurra en la Comunitat Valenciana porque "conoce, consiente y no actúa para frenar la corrupción". Por ello, ha reclamado "la disolución anticipada de las Cortes Valencianas" y ha emplazado a Rajoy "a convocar un Congreso del PPCV para situar al frente de su partido en la Comunitat a un militante honrado".

En este sentido, el secretario general de los Socialistas Valencianos ha realizado un llamamiento público "a todos los votantes del PP para que se unan a nosotros en la imperiosa necesidad de propiciar un cambio en la Comunitat".

"Los socialistas valencianos hemos convocado una reunión de la Ejecutiva de Castellón extraordinaria para pedirle a Rajoy que deje de ver a Fabra, Ripoll y Camps como unos ciudadanos y unos políticos ejemplares", ha subrayado el máximo responsable socialista tras exigir a Rajoy que "por decencia y honradez política actúe inmediatamente".

Asimismo, ha subrayado que "detrás de Ripoll, de los Zaplana, de Camps y de Fabra lo que hay es no respetar las reglas del juego democrático" y ha lamentado que no haya "ninguna institución, ninguna por encima de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que no esté investigada o intervenida por el poder judicial" y ha puesto como ejemplos la Diputación de Castellón, la de Alicante, la presidenta de Les Corts, varios vicepresidentes "y otros tantos consellers".

El máximo responsable socialista ha reiterado que Rajoy "debe intervenir expulsando hoy mismo a Fabra, Ripoll y Camps para contribuir a preservar el buen nombre de la Comunitat Valenciana, porque los valencianos y las valencianas no se merecen tener el gobierno que tienen".

Además, ha retado al líder nacional del PP a que "marque distancias con la corrupción, si es que puede, porque ni Fabra, ni Ripoll, ni Camps deben permanecer ni un minuto más condicionando el buen nombre y la reputación de esta tierra".

Por su parte, el PSPV de Castellón considera que la permanencia del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en sus cargos públicos y "el desprecio sistemático a dar explicaciones sobre el origen de sus ingresos millonarios y las causas de los mismos" constituye un "desafío inaceptable" a los "principios morales que sustentan la convivencia democrática".

Así lo indica la formación política en un manifiesto leído este jueves en Castellón después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido que se le imponga una pena de 15 años de cárcel y una multa de 2,3 millones de euros a Carlos Fabra por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública.

Al respecto, el PSPV señala que Castellón es "una tierra de ciudadanos honrados que aspiran a que sus políticos también lo sean", por lo que entiende que esta provincia "no merece permanecer más tiempo vinculada a los casos de corrupción que lastiman su imagen y buen nombre".

El Partido Socialista de Castellón lamenta en el escrito que la Diputación de Castellón viva "una situación de indignidad política sin precedentes" que "ha deteriorado enormemente la imagen de los auténticos valores de esta provincia" y considera que "la actitud cómplice y encubridora del resto de dirigentes del PP de Castellón marca y determina el nivel generalizado de decadencia e incapacidad para superar la corrupción y afrontar los innumerables desafíos de futuro que se le presentan a la sociedad castellonense".

"Todo el entorno político del acusado, desde Alberto Fabra, Javier Moliner y Marisol Linares, hasta Francisco Martínez, Luis Tena y Rubén Ibáñez, pasando por Miguel Ángel Mulet, Ramón Tomás Céspedes, Vicente Aparisi y Juan José Ortiz, entre otros, es responsable de la situación de descrédito y desgarro moral que vive la provincia", denuncia el PSPV provincial.

No obstante, asevera que "con su apoyo a Fabra, no están ayudando a un amigo; no están animando a un compañero de partido ni están consolando a un acusado", sino que "están avalando, potenciando y perpetuando una forma de hacer política basada en el amiguismo, y en el abuso de los cargos públicos para beneficio propio".

Para la formación política que encabeza Francesc Colomer, esta forma de hacer política "ha llevado a la provincia de Castellón a la delicada situación económica en que se encuentra" y, del mismo modo, "ha ido debilitando a Castellón durante estos últimos 15 años".

El PSPV también subraya en el manifiesto que los socialistas afrontan "esperanzados el reto de pasar página a 15 años de un modelo político, institucional y económico agotado".

"Es hora de cerrar un tiempo marcado por las prácticas autoritarias, los excesos y el abuso de poder en defensa del interés particular y la codicia sin límites", recalca.

Asimismo, y aunque el partido entiende que la permanencia en el cargo del presidente de la Diputación y de sus "cómplices" resulta "incompatible con toda esperanza de prosperidad colectiva y de atracción de inversiones productivas que generen futuro", lanza un mensaje de "confianza y de seguridad en el futuro".

En esta línea, hace hincapié en que "con la ciudadanía de Castellón afrontaremos con éxito el reto de superar la corrupción y abrir un tiempo nuevo".

"No nos resignamos", destaca el partido, quien expresa su "profunda determinación para cambiar las cosas. Interpretamos con claridad un sentimiento social mayoritario de regeneración de la vida pública".

"Asumimos la responsabilidad de liderar junto a la ciudadanía un proceso de cambio profundo que priorice la creación de empleo, la cohesión social y territorial, la transparencia y la honestidad como principios insobornables en una democracia avanzada", resalta el PSPV provincial, quien manifiesta que los socialistas de Castellón "damos la cara en defensa de la honradez de la política y proclamamos nuestra convicción de que otra provincia es posible".

El PSPV dice que Camps "intenta tapar" con el pleno del Consell en Bruselas "una legislatura marcada por sus ausencias"

VALENCIA.- La portavoz de Asuntos Europeos del Grupo Parlamentario Socialista en Les Corts, María José Salvador, ha asegurado este jueves que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, "intenta tapar una legislatura marcada por sus ausencias del Comité de las Regiones (CdR)" con el en relación al Pleno del Consell que se celebrará en Bruselas el próximo mes de octubre.

Según Salvador, Camps y Rambla "se han ausentado injustificadamente y no han participado a los largo de los últimos años en los debates europeos en el único órgano en el que las regiones y municipios de los estados miembros de la UE tienen voz, voto y más competencias desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa".

En esta línea, calificó la política de Camps en Bruselas de "auténtico fraude", por "basarla de manera vergonzante en ejercer el victimismo machacón de siempre contra el Gobierno de España, o para huir de la Comunitat valenciana y del control parlamentario".

"Son casi cuatro años en los que Camps no ha sabido aprovechar ni lo órganos ni las instituciones europeas en beneficio y en defensa de los intereses de los valencianos", ha señalado Salvador, quien ha criticado que ahora "pretenden salvar la política de la silla vacía" en Bruselas con todo un Pleno del Consell, con lo que supone económicamente la celebración de este acto en tiempos de crisis", remarcó la portavoz del PSPV-PSOE en materia de Asuntos Europeos.

Por citar un ejemplo, Salvador se ha referido a la creación de un Comité Valenciano de Asuntos Europeos en cumplimiento del Estatut d' Autonomia, que derivó, en lugar de para crear un órgano de asesor creíble, en la formación de un comité formado por miembros del Consell, que, en definitiva, "se ha limitado a una función de 'autoasesoramiento' del que nada se sabe desde que en octubre de 2009 los grupos votamos su creación en sede parlamentaria".

Por lo tanto, ha lamentado que Camps se centre en celebrar un Pleno del Consell en Bruselas "para tapar su nula política europea".

"Camps ha organizado un Pleno del Consell en Bruselas para ocultar el triste balance de esta legislatura en Europa marcado por sus ausencias y las de Rambla de los plenos del Comité de Regiones y de sus comisiones, donde realmente se defienden los intereses de los valencianos en Europa", ha concluido.

Compromís lamenta el veto del PP a las comparecencias de consellers para explicar los contratos con Over Marketing

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha lamentado la decisión de Mesa de las Cortes, con los votos del PP, de no aceptar la petición hecha por este grupo parlamentario para que comparezcan en la Cámara los consellers Vicente Rambla y Serafín Castellano, como también el ex conseller González Cepeda para explicar los contratos otorgados por la Generalitat a la empresa Over Marketing, que está siendo investigada por su relación en una supuesta trama de corrupción a las Islas Baleares.

Morera, en un comunicado, se ha referido así a la decisión del PP de este miércoles, de rechazar su petición, y ha señalado que "la opacidad de un gobierno que no quiere que se sepa qué hace, con quién trabaja, de la forma como trabaja y cuánto se gasta del dinero público, es un inicio de corrupción".

"Negar comparecencias a los grupos parlamentarios de la oposición es negar información a la ciudadanía, es ocultar, es manipular y es pervertir el sistema democrático, reduciendo las cortes a su mínima expresión", ha subrayado.

Morera ha apuntado que, además del veto a las comparecencias, les preocupa que las que sí que se aceptan "no se hacen" y ha recordado que el pasado 23 de junio el director general de RTVV, José López Jaraba, tenía una comparecencia en las Cortes y no vino a dar explicaciones".

Por otro lado, ha destacado que la empresa Over Marketing es una mercantil "vinculada a la trama de corrupción que afecta a la ex presidente balear Jaume Matas, a la que la Generalitat valenciana concedió contratos por un valor de 3,5 millones de euros a la sociedad que está implicada en 'la Operación Pasarela'".

El síndic de Compromís ha señalado que Serafín Castellano, en la actualidad titular de Gobernación, "en el año 2002 como conseller de Sanidad concedió una campaña de dos millones de euros a Over Marketing".

"Vicente Rambla, cuando fue titular de Sanidad el año 2005, también adjudicó trabajos por un valor de 815.649 euros a esa empresa balear y Carlos González Cepeda, adjudicó 698.000 euros en una campaña para las elecciones autonómicas y municipales de 2003", ha añadido.

El 80% de puertos españoles tienen EREs temporales

LAS PALMAS.- El coordinador del Consejo Internacional de Estibadores (IDC), Antolín Goya, ha asegurado que en el 80 por ciento de los puertos españoles se están produciendo expedientes de regulaciones de empleo (ERE) temporales debido a la caída de actividad.

"Estamos prácticamente en el 80 por ciento de los puertos españoles asumiendo regulaciones de empleos temporales, rotativos", afirmó.

Goya que ha asistido a Las Palmas de Gran Canaria para participar en la asamblea general del IDC, señaló que "entre todos" los estibadores se están repartiendo los efectos de la crisis.

Añadió que el "80 por ciento" del salario que cobran los estibadores va en base a la actividad, por lo que el sueldo se lo han bajado en un "25 por ciento directamente".

"Trabajamos menos, cobramos menos. Hay puertos donde el nivel ha caído mucho, el tráfico internacional ha caído y eso supone mucha menos ocupación", apuntilló.

Otro de los temas que se tratarán son los problemas que están "sufriendo en especial en todo el Mediterráneo y toda la zona europea con los efectos de la crisis, la caída de actividad y la necesidad de captar, de buscar tráfico para que los puertos pueden mantener las plantillas y sobrevivir".

miércoles, 21 de julio de 2010

Marga Sanz asegura que Camps "quiere lavar su imagen con el dinero de los valencianos" con el pleno en Bruselas

VALENCIA.- La coordinadora de EUPV y diputada autonómica, Marga Sanz, ha asegurado este miércoles que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "quiere lavar su imagen con el dinero de los valencianos" con la celebración de un pleno del Consell en Bruselas.

Sanz, en un comunicado, ha instado al presidente de la Generalitat a retirar la convocatoria del pleno del Consell para el próximo mes de octubre en Bruselas, "porque, además de que no le ve ninguna utilidad ni sentido, cree que es un derroche desorbitado de dinero público, y que forma parte de la campaña de limpieza de imagen del propio Camps y su gobierno".

En este sentido, ha cuestionado las razones dadas por el Consell para celebrar uno de los plenos en Bruselas y se ha preguntado "cuál es la verdadera intención al trasero". "Estamos cansados de la supuesta proyección de la imagen del País Valencià, más bien lo que intenta Camps es lavarse la cara ante el Parlamento Europeo".

"Izquierda Unida además sospecha que la idea de convocar un plenario en Bruselas podría esconder también otras intenciones del PP, como la de plantear al Comité de las Regiones la posibilidad de dar el visto bueno al trasvase del Ebro".

"No podemos más que llegar a esta conclusión, tras observar el camino que está siguiendo la comisión de cambio climático de las Corts Valencianes y ahora la convocatoria de este pleno del Consell", ha afirmado.

EUPV señala que la pena solicitada por Fiscalía "demuestra la gravedad de los delitos" de Fabra

VALENCIA.- La diputada autonómica de EUPV considera que la pena solicitada por la Fiscalía Anticorrupción "demuestra la gravedad de los delitos que se le imputan al presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra".

Albiol, en un comunicado, se ha referido así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que se le imponga una pena de 15 años de cárcel y una multa de 2,3 millones de euros al presidente de la Diputación de Castellón por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública.

En este sentido, ha afirmado que tanto el presidente del PP, Mariano Rajoy, como la formación 'popular' "son también responsables por no haber retirado de la vida política a Fabra hace años". "Es insoportable tener que tolerar a este personaje funesto día tras día al frente de una institución provincial carece de todo tipo de credibilidad y que ha caído en la ignominia".

Albiol ha señalado que la dimisión de Fabra "debería producirse hoy mismo, que no pase ni un solo día más como presidente de la Diputación, la cual, lamentablemente, necesita otras depuraciones, como las de Francisco Martínez y Vicent Aparici".

La dirigente de izquierdas considera que la petición de la Fiscalía de una pena de prisión de 15 años "significa muchas cosas, una de ellas que los presuntas delitos cometidos por Fabra son de mucha gravedad, tal y como hemos denunciado hasta la saciedad desde EUPV".

"Sólo esperamos ahora que el proceso judicial siga adelante, y que el PP asuma la responsabilidad política que le atañe y obligue a Fabra a retirarse de la vida pública política, tal y como debería de haber hecho hace años", ha apuntado.

Iniciativa afirma que el "daño" que le ha hecho Fabra a Castellón "ya no se cura ni con su dimisión"

CASTELLÓN.- El portavoz de Iniciativa en las comarcas de Castellón, Carles Mulet, ha asegurado este miércoles, después de conocer la petición de la Fiscalía Anticorrupción de 15 años de prisión para el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, que el "daño" que le ha hecho el también presidente del PP en la provincia a Castellón "ya no se cura ni con su dimisión".

"Del Fabra que se defendía diciendo que no se le acusaba de nada, ahora estamos ya delante del que se está acusado como delincuente ay para el que la Fiscalía, y no un empresario amigo suyo ni la acusación particular, pide ni menos ni más que 15 años, una sanción de 2,3 millones de euros y 15 de años de inhabilitación para cargo público", ha señalado Mulet.

"Nunca lo historia de la democracia la Fiscalía había pedido penas tanto elevadas para un político de la importancia de un presidente de Diputación, por lo tanto, las pocas dudas que podían existir sobre la deshora de Carlos Fabra, se disipan con esta petición", ha sentenciado.

Para el portavoz ecosocialista "el guión que seguirá el PP, cómplice desde Rajoy hasta el último militante que no pide responsabilidades, será atacar directamente a la Fiscalía, del mismo modo que si es condenado atacarán al juez, técnicas que han hecho virar a los conservadores del pretendido centro hasta comportamientos propios de un partido fascista, que se dedica a cuestionar a todos los estamentos del Estado de Derecho cuando éste no actúa a su dictado", ha censurado.

Mulet ha afirmado que Fabra ha hecho un mal irreparable a Castellón, puesto que, "además de ser un nefasto gobernante, que ha gestionado caciquilmente el dinero de todos, además de ser un defraudar de Hacienda, durante los siete años que se ha aferrado a la poltrona desde que estalló 'el caso Fabra', ha dañado la imagen de la provincia, a la que ya se relaciona con la corrupción".

"Sólo por esto ya sería suficiente por exigirla la dimisión", ha apostillado.

Desde Iniciativa se ha considerado que "mientras ha durado el escándalo del Caso Fabra, la Diputación Provincial ha sido un ente que ha costado muchísimo a los contribuyentes, y que no ha servido por solucionar los problemas de los municipios, sino que se ha practicado un clientelismo que ha desviado el dinero de todos a contados feudos del PP que egoístamente se han beneficiado de los recursos de los demás".

"Llevamos muchos meses de crisis y no hemos conocido de la Diputación ni una sola propuesta ni medida para hacerle frente. Fabra y sus segundos, también investigados por la justicia, se han dedicado a emplear la Diputación como su coraza, utilizando los recursos públicos para su defensa judicial, o el ataque; interponiendo decenas de denuncias contra la prensa y la oposición para intentar acallar el mayor escándalo de corrupción del Estado Español", ha agregado.

Por último, Mulet ha remarcado que pedir la dimisión o cese de Fabra, es clamar en el desierto porque "el PP es ya el Partido de la Corrupción, y Fabra puede ser condenado en firme y convertirlo los conservadores en casi un mártir".

"Por esto lo que esperamos es que los votantes decentes del PP se revelan y buscan alternativas frente a una casta política enquistada", ha concluido.

Compromís cree que Rajoy es "el culpable" de que Fabra continúe a pesar de estar imputado

VALENCIA.- El Grupo Parlamentario de Compromís en las Corts Valencianes ha considerado este miércoles que el líder del PP, Mariano Rajoy, es "el culpable" de que continúe al frente de su cargo Carlos Fabra "a pesar de estar imputado".

Así, el portavoz de Compromís en la cámara autonómica, Enric Morera, ha considerado, tras conocer al petición del fiscal de 15 años de cárcel para Fabra, que "está más que demostrado que el PP "se dirige desde Madrid".

"Desde allí se destituyó a Ricardo Costa y desde allí deberían de comenzar a tomar medidas para frenar los casos de corrupción que afectan al PP en el País Valenciano", ha opinado.

"Rajoy es el culpable de que continúe Carlos Fabra a pesar de estar imputado. A estos casos se han sumado Francisco Camps y José Joaquín Ripoll y la única acción emprendida por Rajoy ha sido atacar y desacreditar a la fiscalía y a la policía, en vez de afrontar la situación y comenzar a depurar responsabilidades. Si Rajoy acepta a políticos corruptos gobernando instituciones, lo mejor que puede hacer es irse a su casa", ha declarado Morera.

De igual modo, ha considerado que el presidente del PP "está inhabilitado por su falta de acción y por darle la espalda a los graves casos de corrupción que afectan a los dirigentes de su partido, especialmente a los del País Valenciano".

Según Morera, "la corrupción política vuelve a ser noticia de nuevo hoy y la protagoniza Carlos Fabra, un viejo conocido de los tribunales a quien la fiscalía pide ahora 15 años de prisión".

"El asunto es grave porque 15 años de cárcel no te los piden por saltarte un semáforo en rojo, sino por cosas más complejas", ha ironizado.

Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Fabra

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción pide que se le imponga una pena de 15 años de cárcel y una multa de 2,3 millones de euros al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda Pública.

Los otros imputados en el denominado 'caso Fabra', instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1º de Nules --Maria Amparo Fernández, esposa de Fabra; el empresario Vicente Vilar y la mujer de éste, Montserrat Vives-- se enfrentan a penas de prisión de entre cuatro y ocho años.

En su escrito, la Fiscalía señala que en 1999 Vicente Vilar, administrador único de la firma de productos fitosanitarios Naranjax SA, y su esposa, Montserrat Vives, se pusieron en contacto con Carlos Fabra para que, valiéndose de su cargo como presidente de la Diputación castellonense, tratara de influir ante los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de dichos productos.

Añade que las actuaciones de Fabra ante los ministerios se produjeron entre los años 1999 y 2002, constando diversas reuniones tanto con responsables políticos como administrativos de los citados Ministerios y de las Cortes Generales.

En este punto, se refiere a una reunión celebrada el 12 de julio de 1999 con Fabra, el entonces ministro Jesús Posadas, y el secretario de Hacienda y diputado por Castellón Juan Costa, entre otros, en la que se trató, entre otras cuestiones, "la situación de retraso en la tramitación de licencias para la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios y en las que se informó sobre el estado administrativo en el que se encontraban las solicitudes" cursadas por Vilar.

Asimismo, señala que Fabra realizó una tarea de intermediación "en favor no sólo de las empresas propiedad de Vilar y Vives, sino también de su esposa, y que estuvo dirigida a conseguir una mayor agilización en la concesión de licencias para la producción de productos fitosanitarios, valiéndose para ello de sus relaciones con Miguel Vicente Prim y Vicente Sánchez Peral, que era subdelegado del Gobierno en Castellón, y llegando a mantener reuniones con el director del gabinete de Presidencia, Alfredo Timermans del Olmo, y con la ministra de Sanidad, Celia Villalobos"

Además, la Fiscalía apunta que en abril de 2000, Carlos Fabra constituyó una sociedad (Carmacas SL) de la que era administrador único y titular del 90% de participaciones sociales y que utilizó parte de su facturación para "ocultar los pagos" realizados por Vicente Vilar.

El escrito también refleja que durante el período 1999 a 2004 Carlos Fabra y María Amparo Fernández "tuvieron ingresos que fueron ocultados a la Hacienda Pública, los cuales no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados".

De este modo, especifica que en 1999 los ingresos no declarados de Fabra fueron de 518.388 euros; de 328.520 euros en 2000; de 295.317 en 2001; de 369.876 en 2002; 358.256 en 2003 y 217.212 en 2004 (algo más de dos millones de euros en total). En el mismo período, constan ingresos no declarados de su esposa por valor de unos 1,6 millones.

Dicha "ocultación de ingresos", apunta la Fiscalía, dio lugar a que fueran "defraudados" a la Hacienda Pública diversas cantidades anuales, todas ella superiores a 120.000 euros. En el caso de Fabra estas fueron de 253.254 euros en 1999, y de 158.976, 141.302, 174.836 y 158.105 en los sucesivos ejercicios hasta 2003. Igualmente, las cifras de Fernández alcanzaron entre 1999 y 2003 los 162.295 euros, 145.835, 124.963 y 153.276 euros.

Por todo ello, el fiscal considera que Carlos Fabra es autor de los delitos continuados de tráfico de influencias y cohecho y de otros cinco contra la Hacienda Pública. Por su parte, a María Amparo Fernández se le atribuyen cuatro delitos contra la Hacienda Pública y a Vicente Vilar y Montserrat Vives, un delito de cohecho.

En concreto, el fiscal pide para Fabra un año de prisión por el delito de tráfico de influencias y cinco de inhabilitación para empleo o cargo público; por el de cohecho cuatro años de prisión, multa de 600.000 euros, 10 de inhabilitación especial para cargo público, así como comiso de las cantidades percibidas.

Por los delitos contra la Hacienda Pública demanda, por el correspondiente a 1999, dos años de prisión y multa de 500.000 euros; por el del año 2000, dos años de cárcel y 3000.000 euros de multa; por el de 2001, dos años de prisión y 350.000 euros; dos años de prisión más y 350.000 euros por el delito de 2002 y otros años de cárcel y 300.000 euros por el correspondiente a 2003.

Para María Amparo Fernández, la petición de cárcel es de ocho años y multa de 1.186.000 euros. En el caso de Vicente Vilar, solicita cuatro años de prisión y multa de 600.000 euros, lo mismo que para Montserrat Vives.

Carlos Fabra y María Amparo Fernández también deberán indemnizar a la Hacienda Pública en las mismas cantidades que supuestamente defraudaron más los intereses correspondientes devengados desde el último día de presentación voluntaria de las declaraciones fiscales.

Por último, la Fiscalía pide en su escrito que se proceda a formar pieza de responsabilidad civil para asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas tanto de la defraudación tributaria a la Hacienda Pública, como de la correspondiente multa e intereses de demora, como del resto de delitos imputados.

Malestar en la CAM por los acuerdos que su presidente alcanzó en el SIP con Cajastur

ALICANTE.- Caja Mediterráneo (CAM) tiene problemas fuera y dentro. El Banco de España dio el pasado viernes a la entidad alicantina una semana para sumarse sin peros a la fusión fría con Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Esto se produjo después de que su Consejo aprobara respaldar el SIP (Sistema Institucional de Protección) excepto en lo referente a la delegación de las facultades en el consejero delegado de la nueva entidad, cargo previsto para Manuel Menéndez, presidente de la caja asturiana.


Pero la CAM tiene otro frente interno abierto. En el Consejo de Administración hay un fuerte malestar con su presidente, Modesto Crespo, al que se considera el único beneficiado en la negociación de las condiciones del SIP, recuerda hoy 'El País'.

La CAM pactó una participación en el SIP del 40%, la misma que Cajastur, mientras que Caja Extremadura supondrá el 11% y el 9% restante Caja Cantabria. Unos porcentajes que se reflejarán en los nombramientos de los 12 miembros del futuro Consejo de Administración. El presidente de la nueva entidad sería Modesto Crespo y el consejero delegado Manuel Menéndez.

El acuerdo incluyó que Menéndez y Crespo ocuparan sus puestos seis años prorrogables a otros tantos, salvo que el Consejo decida lo contrario por unanimidad. Esta condición, con el equilibrio de poderes previsto, blinda en la práctica la presidencia de Crespo en la que será la tercera caja de ahorros española y la quinta entidad financiera.

Pero además, el acuerdo también prevé que Menéndez tenga la potestad de nombrar al equipo directivo de la nueva entidad hasta el segundo nivel, lo que incluye al actual director general de la CAM, Roberto López, que en el proceso negociador se ha perfilado como uno de los dos futuros directores generales.

Modesto Crespo fue designado para la presidencia de la CAM en junio del año pasado y cuenta con el respaldo del presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, del PP, cuya ausencia en todo el proceso de fusiones vivido por las cajas de ahorros ha recibido numerosas críticas.

El próximo lunes, previsiblemente, se celebrará la reunión de Consejo de Administración de la CAM que debe fijar la postura definitiva de la caja sobre el SIP, según aseguraban ayer fuentes financieras.

Las mismas fuentes advierten de que aunque en este foro pueda expresarse el malestar existente con Crespo, será en la asamblea general prevista para el próximo mes de septiembre cuando las discrepancias con su gestión se materializarán.

La CAM celebrará el lunes un Consejo de Administración para "tratar" el SIP

ALICANTE.- El Consejo de Administración de Caja Mediterráneo (CAM) celebrará el próximo lunes una reunión en la que se "tratará" el Sistema Institucional de Protección (SIP) junto a Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.

Así lo han anunciado hoy fuentes de la entidad alicantina, que han explicado que el Consejo de Administración es de carácter "ordinario" y han señalado que en el orden del día se ha incorporado, entre otras cuestiones, la propuesta de abordar el SIP junto a las otras tres instituciones financieras.

Este Consejo de Administración tendrá lugar después de que el pasado viernes el Banco de España se reuniera con CAM para tratar de salvar su alianza en el SIP liderado por Cajastur.

La mayoría del consejo de administración de la CAM no teme que el Banco de España pueda abrir un expediente sancionador a este órgano porque "no ha habido ni directrices ni notificación alguna al consejo de la CAM por parte del supervisor.

"Todo está dentro de la normalidad", añaden y confían que, finalmente, el SIP que la entidad ha decidido formar con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria "salga adelante", a pesar de las dificultades y la fase crucial en que se encuentra en estos días por las pretensiones del que será su futuro consejero delegado y presidente de Cajastur, Manuel Menéndez.


El asturiano reclama poderes irrevocables durante los doce años que duraría su mandato, pero se ha encontrado con la oposición unánime del consejo de la CAM, que el pasado jueves rechazó aceptar estas exigencias, que no estaban en el protocolo de intenciones, y que, ahora, la entidad asturiana quiere incluirlas en el contrato definitivo del SIP, que presidirá el mandatario de la CAM, Modesto Crespo, por doce años, al igual que Menéndez, tal y como figura en el preacuerdo (seis años prorrogables a otros seis, si no hay acuerdo sobre su sustituto).

El consejo sí aprobó el documento de integración, excepto los términos referidos a la delegación de facultades al consejero delegado. La réplica de Cajastur fue manifestar que el SIP "estaba en peligro".

Las cuatro entidades mantienen esta semana intensas reuniones para desbloquear la situación y alcanzar un acuerdo. Las negociaciones se cree que se prolongarán en los próximos días para abordar el contrato del SIP.

En el seno del máximo órgano de la CAM confían en que las negociaciones se reconduzcan e insisten en que el rechazo unánime expresado por el consejo sobre las excesivas atribuciones que reclama Cajastur debe mantenerse.

"Hay que seguir adelante", subrayan varios vocales. Los consejeros repiten que las condiciones impuestas por el futuro ejecutivo del nuevo banco que se cree no sólo van en contra del código de buen gobierno, sino que rompen el equilibrio de poder establecido en el protocolo aprobado en mayo y que reparte a partes iguales la participación en el SIP entre CAM y Cajastur, que lideran la operación. Ambas tendrían un 40% en el "holding", mientras que la extremeña y la cántabra tendrían un 11% y 9%, respectivamente.


El acuerdo adoptado por Caja Mediterráneo el pasado jueves fue respaldado ampliamente por los sectores empresariales, sociales y políticos de Alicante, especialmente el PP.

La entidad alicantina no está conforme con dejar el poder del grupo resultante en la figura del consejero delegado, que no es otro que el presidente de la asturiana, Manuel Menéndez, pero reafirma su voluntad de formar un SIP junto a Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.

A este respecto, las negociaciones para tratar de llegar a un acuerdo satisfactorio entre las partes continúan.

El Banco de España defiende la necesidad de resolver las diferencias, dada la bondad de esa operación para todas las partes implicadas, que crearía la tercera caja de España, con 135.000 millones en activos y más de 2.000 oficinas.

Buena parte de los consejeros de CAM, que preside Modesto Crespo, pensaban que el contrato del SIP que sancionaron la semana pasada todos los integrantes concedería a la caja asturiana un poder absoluto e irrevocable sobre el nuevo grupo, por lo que decidieron rechazar el punto relativo a la cesión de facultades al consejero delegado.

CAM, Grupo Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria decidieron el pasado 24 de mayo crear un SIP.

De materializarse, ello daría lugar al tercer grupo financiero de cajas de España y el quinto grupo del sector financiero español, con un volumen de activos superior a los 135.000 millones de euros y un volumen de negocio en torno a 160.000 millones de euros.

Así, cada caja mantendría su personalidad jurídica y su implantación regional de negocio minorista, así como sus órganos de gobierno y obra social independientes, si bien pondría en común las políticas de riesgos, tesorería, calificación crediticia, control interno y requerimientos regulatorios.

Caja Mediterráneo asciende nueve puestos en el ranking de entidades por fortaleza financiera y se sitúa como la 133 del mundo

LONDRES.- La prestigiosa revista ‘The Banker´, del grupo Financial Times, ha situado a Caja Mediterráneo en el puesto 133 del ranking de las 1.000 entidades financieras más solventes del mundo, según ha publicado en su edición especial de julio de 2010.

Esto supone una mejora de nueve posiciones respecto al ranking publicado en 2009, en el que CAM ocupó el puesto 142, tras haber mejorado también su posición en 15 puestos, lo que cobra especial relevancia teniendo en cuenta el actual contexto de crisis financiera internacional.

Asimismo, Caja Mediterráneo se mantiene como octava entidad financiera a nivel nacional, según el ranking de ‘The Banker´.

El aumento de un 28% hasta casi 7.000 millones de $USA, con los que Caja Mediterráneo cuenta en el "capital Tier 1", base sobre la que la revista elabora anualmente el ranking, es el que justifica el avance del Grupo CAM en el ranking.

La revista financiera ‘The Banker´ publica este ranking hace más de 40 años, tomando como base los activos fijos, rentabilidad, solidez, solvencia y fortaleza financiera de las entidades financieras a nivel global.

El estudio sirve de guía para inversores, analistas e instituciones financieras en todo el mundo.

http://www.thebanker.com/news/categoryfront.php/id/961/Top_1000_World_Banks.html

martes, 20 de julio de 2010

Sindicatos se concentran en Valencia para expresar su rechazo a la reforma de la Ley de Cajas de Ahorro

VALENCIA.- Representantes de los sindicatos CCOO PV, UGT PV, Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorros (Cisca) y SATE se han manifestado este mediodía ante la sede de la Delegación del Gobierno en Valencia para protestar contra la reforma del Decreto Ley de la reforma de la Ley de Cajas de Ahorro (LORCA).

Alrededor de medio centenar de personas ha secundado esta movilización tras una pancarta con el lema 'Por el futuro de las cajas de ahorro, su función social y el empleo'.

Según ha indicado el representante de CCOO José Esteban, el motivo de la movilización es el "rechazo" al decreto que cambia la LORCA.

Esteban ha asegurado que con esta aprobación lo "único" que se consigue es que las cajas "pasen de ser una sociedad a sólo de unos pocos, poniendo en peligro su naturaleza jurídica y su función social".

Este portavoz espera que el decreto se convierta en un proyecto de ley y se discuta en el Parlamento "para que haya la posibilidad de limitar los derechos políticos de las cuotas partícipes y las sociedades centrales de los SIP para que los acuerdos laborales prioricen el empleo".

Asimismo, Vicente Vidal, por parte del Cesica, ha explicado que están "en contra" de que haya aumentado el porcentaje inversor a un 50%, y que "cualquiera pueda hacerse dueño" de las cajas. La naturaleza jurídica de las cajas de ahorro están cuantificadas por toda la sociedad, y "así debería seguir", ha enfatizado Vidal, quien ha añadido que "hay que buscar financiación de futuro pero esto no pasa por que un sólo propietario pueda hacerse con el control de las cajas".

Además, ha puntualizado, "habrá que buscar nuevas fórmulas" porque se ha hecho de "forma precipitada y con poco tiempo" y ha señalado que la privatización "pueda ser participativa" para todo el personal de las cajas de ahorro "siguiendo con el régimen jurídicos de las cajas y no el de los bancos".

Por su parte, Xavier Carazona, de UGT, ha destacado que lo importante es que el Ejecutivo les oiga y que haya "una posibilidad" de que se modifique el decreto de la LORCA. Lo único que se conseguirá con la privatización de las cajas de ahorro, ha recalcado Carazona, es que "se va a romper el modelo social que determinaba la actividad de este tipo de entidades".

Finalmente, Juan Pérez, de SATE, ha denunciado que el Gobierno "no les ha consultado a pesar de que los sindicatos son "una parte importante del sistema de las cajas de ahorro" y ha animado a los impositores de las cajas de ahorro para que se posicionen "en contra" del decreto.

El PSPV tilda de "despilfarro" la celebración del Pleno en Bruselas y recuerda "el problema de endeudamiento" del Consell

VALENCIA.- El portavoz del grupo socialista en las Corts, Ángel Luna, ha considerado este martes un "despilfarro" celebrar un Pleno del Consell en Bruselas pues, en su opinión, se trata de "un anuncio propagandístico que sólo sirve para generar gasto". Además, ha recordado el "grave problema de endeudamiento" que sufre la Generalitat.

Luna se ha referido así, en un comunicado, al anuncio del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien ha aceptado la propuesta del Comité de Regiones (CdR) para que la Comunitat Valenciana sea la primera región europea en celebrar una reunión de su Gobierno en la sede administrativa de la Unión Europea (UE) el próximo mes de octubre.

El dirigente socialista, que ha calificado de "insólita" esta iniciativa, ha asegurado que "no hay nada que el Consell tenga que decidir en Bruselas que no pueda hacerse en la Comunitat".

"Parece que Camps no se ha dado cuenta del grave problema de endeudamiento de la Generalitat valenciana, del grave problema que está generando a las empresas valencianas y a la sociedad en general con el impago de las deudas del contraídas", ha señalado Luna.

El síndic ha recordado que "mientras cortan la luz en determinadas paradas del Tram de Alicante y mientras existen multitud de facturas por abonar a decenas de empresarios, Camps se permite el lujo de organizar una reunión del Consell que sólo sirve para generar gastos de los que sólo se beneficiarán los hoteles de Bruselas".

Asimismo, ha subrayado la necesidad de implantar "una política de austeridad que se olvide de los fuegos de artificio y que sirva de verdad para resolver los problemas gravísimos que tienen los valencianos y las valencianas".

En este sentido, Luna ha reiterado que "esta iniciativa no sirve absolutamente para nada" y ha insistido en que "no hay nada que el Consell tenga que decidir en Bruselas que no pueda realizarse en la Comunitat Valenciana".

Por último, el portavoz socialista ha matizado que la celebración del pleno en la capital belga sirve para "satisfacer el ego de Camps a costa del bolsillo de los valencianos y las valencianas".

"Sus políticas se resumen en espectáculo y caro", ha finalizado.

Ripoll está sorprendido por las peticiones de dimisión y dice que lo justo es esperar a que se levante el sumario

ALICANTE.- El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha mostrado su "sorpresa" por la petición del Grupo Socialista de que dimita si no da explicaciones en un pleno extraordinario sobre su actuación en la adjudicacion del plan zonal de residuos de la Vega Baja que investiga la fiscalía Anticorrupción en el caso 'Brugal'.

En este punto, ha resaltado que a la corporación provincial "no se le acusa de nada y al presidente, tampoco", ya que su imputación en el caso se debe a su condición de presidente del citado Consorcio de residuos y ha manifestado que "lo justo" es esperar a que se levante el secreto de sumario como está pidiendo "insistentemente".

Al término del pleno celebrado este martes, en que el Grupo Socialista ha pedido su renuncia y ha requerido estas explicaciones, Ripoll ha asegurado que esta reclamación le ha "sorprendido en el contexto en el que lo dicen, cuando todo está bajo secreto de sumario y no se sabe nada, y en ese momento determinado, dicen que si no sería mejor que dimitiera".

En su opinión, "lo normal, lo justo y lo razonable es que primero se abra el secreto de sumario", tal y como sus abogados "están pidiendo insistentemente, y lo van a volver a pedir", dado que el fiscal Anticorrupción se opone a que se levante el secreto de sumario, ha comentado.

Ripoll ha considerado que en el transcurso de la sesión plenaria, el Grupo Socialista "ha mezclado" la Diputación con el Consorcio zonal de residuos, para "hacerlo todo una bola", algo que, a su parecer, es "todo ridículo".

En este sentido, ha aclarado que, "en estos momentos, a la Diputación de Alicante no se le acusa de nada y al presidente de la Diputación, tampoco", y su imputación en el caso se produce según han publicado los medios de comunicación, por su condición de presidente del citado Consorcio zonal de residuos.

"Cada uno puede pedir las dimisiones, si es habitual, en esta institución el clima que ha imperado es no pedir las dimisión del presidente y buscar el máximo acuerdo".

No obstante, ha remarcado que "todos los acuerdos de los planes de obras se han aprobado por unanimidad, de modo que si ha habido una actuación sectaria serán "todos, los diputados del PP y los del PSOE".

Ripoll ha insistido en que "nada se ha hecho al margen de la comisión de gobierno ni de la junta de gobierno, en la que participan todos los ayuntamientos que componen el consorcio".

La adjudicación de la gestión del citado plan fue "debatido y consensuado", y se adoptó una decisión "por unanimidad de los 27 ayuntamientos, incluidos nueve socialistas, de la Generalitat y de la Diputación, que representa exclusivamente el 15 por ciento", ha recordado.

No obstante, ha mostrado su disposición de "contestar inmediatamente" a "cualquier cosa que pregunte" el Grupo Socialista en la Diputación sobre este asunto.

"Yo estoy deseando y haciendo todos los trámites jurídicos para que se levante el secreto de sumario y para poder defenderme, y he puesto a disposición del Grupo Socialista toda la documentación que me ha solicitado sobre el plan zonal", ha señalado.

En este sentido, ha confirmado que ya les ha remitido toda la documentación, pese a que, según ha recordado, el Grupo Socialista ya tenía acceso a ella a través de sus alcaldes representados en el consorcio de residuos de la Vega Baja.

Ripoll ha defendido que "el expediente es correcto, y no hay nada irregular".

"Estoy absolutamente convencido de que todas las gestiones que he hecho como presidente del plan zonal, han sido las correctas: las que he hecho yo, las que ha hecho la junta de gobierno y las que han hecho todos los miembros de la comisión técnica", ha declarado.

Preguntado sobre el curso de la investigación judicial, y el envío de parte del sumario a juzgados de Alicante, ha señalado que "todo eso retrasará un poco el proceso", aunque ha reconocido que él es "un ciudadano como otro".

Además, ha subrayado que las autoridades judiciales son "un poder independiente y así deben de seguir siéndolo", y ha indicado que entiende que "no se puede alterar los tiempos judiciales" porque él "tenga mayor o menor interés en que se abra el sumario".

Por otra parte, ha aclarado que las declaraciones de la vicepresidenta de la Diputación, Mónica Lorente, --quien este lunes consideró que el 'caso Brugal' responde a actuaciones "más o menos dirigidas"-- fueron realizadas en su condición de secretaria provincial del PP, y cuentan con su "respaldo".

De igual modo, preguntado sobre su relación con el empresario adjudicatario de la contrata, Enrique Ortiz, Ripoll ha explicado que "como empresario, es la relación que tengo con todo el resto de los empresarios que trabajan para esta Diputación".

"El señor Ortiz tiene algunos contratos con esta Diputación, no es el mayor ni el menor contratista de esta Diputación, y cuando se ha presentado a los concursos, cuando ha tenido el dictamen de la comisión técnica a favor se lo ha adjudicado, y cuando lo ha tenido en contra, no se lo ha adjudicado".

En cuanto a su relación con "el señor Ortiz, presidente del Hércules", ha dicho que es "correcta y la que corresponde a dirigentes que son importantes en esta ciudad".

El PSPV critica el "plan mentira" de Camps que "paga tarde y refleja la parálisis del Consell"

VALENCIA.- El secretario de Política Municipal de los Socialistas Valencianos, José María Ángel, ha criticado "el plan mentira --Plan Confianza-- de Camps, que paga tarde y mal", y que no hace sino "reflejar la parálisis" del Consell, que "está más preocupado por temas personales que por resolver los problemas de los valencianos".

Ángel en un comunicado, se ha pronunciado en estos términos tras conocer el balance del Plan Confianza realizado hoy por el conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, al que ha instado a contestar "cuándo y cómo la Generalitat va a pagar el Plan Camps".

Para el dirigente socialista, el Plan Confianza es un "programa-mentira que refleja el fracaso de las políticas del PP", ya que, tal y como ha apuntado, "sólo se han adjudicado el 20 por ciento de la mayoría de las obras, que además sufren retrasos por culpa de la tesorería de la Generalitat".

"Son muchos los empresarios que se preguntan cuándo y cómo van a cobrar", ha lamentado el secretario de Política Municipal del PSPV que, en la misma línea, ha destacado que, a fecha de hoy, "se han pagado a los ayuntamientos menos de 200 millones, cuando a final de año se deberían haber costeado más de 1.000". Unos datos que, en su opinión, evidencian que "ese plan de desconfianza es un gran fracaso y una gran mentira".

Asimismo, Ángel, que ha señalado que el ritmo de ejecución de las obras es "peor" debido a "la nefasta gestión de la Generalitat", ha considerado que, "ni siquiera Mario Flores, que sabe mentir tan bien como el presidente del Consell, es capaz de aportar una valoración consistente del que es un plan insostenible e ineficaz".

Además, el responsable socialista ha destacado que, "a diferencia del Plan Camps, el Plan ZP sí cumple con los ayuntamientos y los pagos convenidos a los municipios".

De esta manera, ha valorado que los ayuntamientos "han sido capaces de presentar los proyectos en el tiempo y forma debidos, dando una respuesta a la oportunidad brindada por el Gobierno de España con el Plan E".

Según ha remarcado José María Ángel, el Ejecutivo central ha pagado a todos los ayuntamientos de la Comunitat los 864 millones de euros del primer 'Plan E' y ha adelantado ya 148 millones de euros del segundo 'Plan E' de un total de 543 millones de euros previstos.

"Los datos y el estado de las obras del Plan ZP, que avalan la exitosa consecución de estos proyectos, reflejan una realidad que bien se aleja de la ineficacia permanente del Plan Camps", al que Ángel ha calificado de "ineficaz e insuficiente programa que representa la desconfianza permanente del municipalismo valenciano, en el que se incluyen hasta los mismísimos ayuntamientos en los que gobierna el PP".

La Comunitat Valenciana será la primera región europea en celebrar un pleno de su gobierno en Bruselas

VALENCIA.- El Pleno del Consell se reunirá el próximo mes de octubre en Bruselas, tras aceptar la propuesta del Comité de Regiones (CdR) para que la Comunitat Valenciana sea la primera región europea en celebrar una reunión de su Gobierno en la sede administrativa de la Unión Europea (UE), según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión en Bruselas con la presidenta del Comité de las Regiones (CdR), Mercedes Bresso.

Camps ha afirmado que el Consell se reunirá en el seno del CdR a propuesta de Bresso dentro de una iniciativa europea con la que se pretende "poner en valor el papel de las regiones en la construcción de la Unión Europea".

El jefe del Consell ha agradecido la propuesta de la presidenta del Comité de las Regiones de albergar este encuentro "pionero" y ha subrayado que la celebración de este Pleno "significa el reconocimiento al papel que juegan los gobiernos regionales", así como "la labor desempeñada por la Generalitat", ha recalcado.

Además, ha destacado la importancia de colaborar en distintas iniciativas y proyectos con la Unión Europea. "Por eso hemos querido estar siempre presentes, hemos querido dar a conocer la Comunitat Valenciana", ha afirmado.

En este sentido, ha señalado la "relevancia" de la relación con Europa porque es "un hilo conductor entre los intereses de los ciudadanos, de los colectivos y los sectores productivos de la Comunitat Valenciana".

El jefe del Consell ha destacado el trabajo de esta institución europea para dar a conocer el "gran papel" que hacen los Gobiernos autonómicos para la construcción de la Unión Europea.

Asimismo, Francisco Camps ha asegurado que en este encuentro se han tratado otras cuestiones que atañen a la Comunitat como el Corredor Mediterráneo o la defensa del agua.

El PSPV pide a FGV gestos de reducción en la plantilla de cargos directivos y en las retribuciones de la alta dirección

VALENCIA.- El diputado socialista en Les Corts Valencianes y portavoz de Infraestructuras y Transporte, Francesc Signes, ha solicitado al el conseller Mario Flores, así como a la gerente de FGV, Marisa Gracia, "gestos de reducción en la hinchada plantilla de cargos directivos", así como en las retribuciones de los 18 miembros de la alta dirección de FGV, que les permita "tener fuerza moral en su negociación con los representantes de los trabajadores".

Signes ha realizado estas declaraciones en un comunicado respecto al anuncio de nuevos paros llevado a cabo por los sindicatos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) para los próximos días 27 y 30 de julio y 9 de septiembre. Al respecto, ha solicitado al presidente de la empresa,

En este sentido, el portavoz socialista ha recordado que estos 18 altos directivos "están cobrando lo mismo que todo el Gobierno de España, incluido el presidente, a pesar de la mala situación económica de la empresa, fruto de la pésima gestión", que ha llevado a FGV, según Signes, "a tener impagados que generan grandes intereses de demora y a una previsión de deuda para este año 2010 que ascenderá a 1.130 millones de euros".

Así, considera que esta "grave" situación financiera "sólo es achacable a la mala gestión y no a una disminución del número de usuarios", por lo que "no tiene ninguna justificación, ni política, ni económica, ni ética, que se pretenda una reducción de plantillas y una disminución de los servicios prestados por la empresa, como ya se está haciendo con el servicio nocturno trasnochador en la provincia de Alicante".

Signes ha señalado al respecto que este servicio está puesto en marcha desde el pasado 1 de julio y del cual se ha excluido la línea 9 que conecta Benidorm con Dénia, dejando fuera zonas tan importantes como Disco Benidorm, Alfaz del Pí, el Albir, Altea, Calpe, Teulada, Gata y Dénia", ha aseverado.

Asimismo, considera "totalmente inadmisible" que, a punto de finalizar 2010, todavía FGV no haya puesto en marcha los servicios de Metroribera, anunciados por Camps en 2006, y que han de permitir unas mejores conexiones de Villanueva de Castellón y l'Alcudia, así como del resto de estaciones de la línea 1 de Metrovalencia con la ciudad de Valencia.

Pajín afirma que los ex concejales socialistas de Benidorm no han solicitado su reingreso en el partido

MADRID.- La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha expuesto este martes que no le consta que los ex ediles socialistas de Benidorm que desbancaron al PP del Ayuntamiento con una moción de censura con el ex 'popular' José Bañuls hayan solicitado su reingreso en el partido.

En declaraciones a Onda Cero, Pajín ha afirmado que los ex concejales socialistas que arrebataron al PP la alcaldía "no han formulado ni solicitado" su reingreso en las filas de su partido. "No me consta absolutamente esa solicitud", ha añadido.

La 'número dos' del PSOE ha hecho alusión también al dictamen elaborado por la comisión de expertos Independientes del Pacto Antitransfuguismo que declara que la actuación del actual alcalde como la de los ex concejales electos en las listas del PSOE resultan constitutivas de transfuguismo y establece que Benidorm es el "exponente más claro del concepto de transfuguismo" tal y como se concibe en el Pacto.

"El informe técnico de los expertos que conozco es exactamente el mismo que el de otros casos que se encuentran en esa misma provincia", ha dicho Pajín, para hacer referencia a las mociones de censura presentadas por el PP en municipios como Dénia o La Vila Joiosa, donde "expertos en anteriores comisiones han dictaminado lo mismo que lo hacían a lo largo del día de ayer".

Chaves descarta reformar la financiación local antes de 2013 para que los ayuntamientos sean responsables de su deuda

MADRID.- El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, descartó este martes abordar la reforma de la financiación local antes del año 2013 para no impedir alcanzar el objetivo del Ejecutivo de lograr reducir el déficit público hasta el 3 por ciento ese año.

Chaves realizó este anuncio en el Senado, donde reconoció que reformar el sistema de financiación de las entidades locales es un compromiso del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pero aseguró que esta medida supondría un aumento del déficit que impediría el compromiso de reducirlo hasta el 3 por ciento.

"No renunciamos, pero lo haremos en el momento oportuno, en el mejor momento para España y para los ayuntamientos españoles", argumentó el vicepresidente tercero en respuesta al senador del PP Juan Pablo Sánchez, quien advirtió de la situación "angustiosa y crítica" en la que se encuentran los municipios.

El senador 'popular' recordó el compromiso del Gobierno de poner en marcha la Ley de Gobierno Local y la de financiación el próximo año y le culpó de la crisis económica que están sufriendo los ayuntamientos españoles, "que están pasándolo muy mal y lo van a pasar peor".

Sin embargo, Chaves defendió que los ayuntamientos son los responsables de la gestión económica de sus municipios dentro de su autonomía local establecida en la Constitución y descartó la responsabilidad del Gobierno en el asunto.

"Creo que el Ayuntamiento de Madrid es responsable de su deuda de más 6.600 millones de euros o el Ayuntamiento de Valencia responsable de la deuda de 834 millones de euros --sostuvo--. De la misma manera que más de 3.000 ayuntamientos españoles son también responsables de no haber contraído ni un solo euro de deuda".

El ministro criticó de esta forma que "por una parte de reclame continuamente la autonomía de los gobiernos locales y a renglón seguido endosar la responsabilidad al Gobierno de España".

El Ayuntamiento de Valencia se niega a la trasparencia

MADRID.- Los principales ayuntamientos españoles han mejorado su nivel de transparencia en el último año, y un total de 91 de las 110 corporaciones evaluadas han recibido un aprobado, según dijo el martes Transparencia Internacional.

En su Índice de Transparencia de los Ayuntamientos 2010, la ONG destacó con la máxima puntuación posible a los consistorios de Bilbao, Gijón, Ponferrada, Puerto de Santa María, Sabadell y Sant Cugat del Vallés, que obtuvieron un total de 100 puntos sobre 100.

Por contra, 19 de ellos suspendieron, y entre ellos hubo cuatro (Almería, Fuengirola, Salamanca y Valencia) que no quisieron aportar información.

"Entregar información a los ciudadanos no va a evitar la corrupción, pero hará más fácil su control", dijo Jesús Sánchez Lambás, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional-España, en la presentación del informe en Madrid.

El índice, que se realiza por tercer año, se elabora a partir de 80 indicadores divididos en cinco áreas de transparencia, que se refieren a la información municipal, las relaciones con los ciudadanos, la información económica-financiera y de contrataciones de servicios, y la comunicación en materias de urbanismo y obras públicas.

Para la clasificación se tienen en cuenta las localidades a partir de los 65.000 habitantes, que representan a la mitad de la población española, según TI.

Mientras que en 2008 sólo el ayuntamiento de Bilbao obtuvo la calificación de Sobresaliente (90 puntos o más sobre 100), la cifra se elevó hasta los 14 el año pasado y alcanzó los 21 en 2010. En 2008, sólo 55 corporaciones municipales consiguieron el aprobado (50 puntos o más).

"Esta es la prueba de que el proceso de evaluación hace mejorar las cosas", agregó Sánchez Lambas.

Según la ONG, los ayuntamientos más grandes fueron los que obtuvieron las mejores puntuaciones medias. En el caso de Madrid, que registró casi 95 puntos en cuatro de las áreas, su nota bajó hasta 57,1 en el ámbito de transparencia en las contrataciones de servicios.

Otro de los miembros de la dirección de la ONG en España, Antonio Garrigues Walker, destacó que el sentido de centrarse en los ámbitos municipales se debe a que la mayoría de los casos de corrupción tienen que ver con temas de urbanismo y suelo, aunque anunció que el índice se extenderá también a las comunidades autónomas.

Garrigues Walker destacó que España está empeorando en materia de corrupción, al pasar del puesto 21 al 32, y que se trata del único país de la Unión Europea, junto con Chipre y Luxemburgo, que no cuenta con una ley que regule el acceso a la información pública.

"Esto es malo para la salud pública (...) no podemos seguir teniendo paciencia", afirmó.

En cuanto a las formaciones políticas que gestionan los ayuntamientos, el estudio no observó tendencias en uno u otro sentido.

Entre los ayuntamientos que no consiguieron el aprobado, se encuentran también San Sebastián, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, León, Badajoz, Cáceres o Burgos.

Por otro lado, ciudades como Málaga, Soria, Palencia, Alcobendas o Avilés, recibieron la calificación de sobresaliente, mientras que Barcelona se quedó al borde con 88,8 puntos.

Una larga lista de municipios han sido o están siendo investigados en España en los últimos años por corrupción. La mayoría de los casos están relacionados con el urbanismo y el sector inmobiliario, que en la última década fueron el motor económico del país, con muchos enriqueciéndose gracias al 'boom' de la construcción.

La corrupción, que ha afectado a ayuntamientos de todo signo político, ha llevado al Gobierno a anunciar nuevas medidas para reforzar los controles en los consistorios.

Toxo y Méndez no apoyan la "bancarización" de cajas de ahorro

SANTANDER.- Los secretarios generales de UGT y CC.OO., Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, han afirmado este martes en Santander que no apoyan la "bancarización" de las cajas de ahorros, un proceso que traerá aparejados elementos de ajuste laboral "muy negativos".

La inminente convalidación por el Parlamento del Real Decreto-Ley de Reforma de los Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros que fue aprobado en el Consejo de Ministros a principios del mes de julio, es, para Toxo, "un disparate económico" y "un intento de expulsar a la sociedad civil del control de parte sustancial del sistema financiero español", mediante una modificación "radical" de la naturaleza jurídica de las cajas.

En rueda de prensa, el secretario general de CC.OO. recordó que ambos sindicatos han convocado este martes concentraciones en varias ciudades para protestar por la aprobación de la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros porque no comparten "ni mínimamente" el "sentido" de la misma, que supondrá "una reforma radical del sistema" de cajas en una línea "de privatización de lo más parecido en España a una banca pública por el carácter social que tiene".

Aunque lo sindicatos apoyan la reestructuración del sistema financiero, están en contra de este proceso de "bancarización del sistema de cajas", y Toxo anunció que exigirán el mantenimiento del empleo y de los derechos laborales de los trabajadores que están "en zona de riesgo".

Por su parte, Méndez afirmó que la reforma supondrá "la desaparición de las cajas de ahorros, tal y como las conocemos" y que pasen a ser "bancos", lo que traerá como consecuencia "elementos de ajuste laboral muy negativos".

En este sentido, explicó que las movilizaciones convocadas por UGT y CC.OO. reclaman que no se convalide esta reforma financiera "injusta", que pretende "el fortalecimiento de los bancos frente a las cajas".

Los secretarios generales de ambos sindicatos se han pronunciado así en una rueda de prensa con motivo de la asamblea de delegados convocada por UGT y CC.OO. en Santander ante la huelga general.

El presidente de la CAM trata ahora de renegociar los poderes de Menéndez en el SIP

ALICANTE.- En una carrera contrareloj, el presidente de Caja Mediterráneo (CAM), Modesto Crespo, intenta renegociar esta semana en Madrid los aspectos más controvertidos de la «fusión fría» pactada con Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria, tras el ultimátum lanzado el viernes por el Banco de España, según ha podido saber ABC.

El consejo de la CAM dejó sobre la mesa el pasado jueves la aprobación del contrato del Sistema Institucional de Protección (SIP), tras constatar que el borrador otorga plenos poderes al presidente de Cajastur, Manuel Menéndez, quien actuará como consejero delegado de la entidad resultante durante un período de hasta 12 años.

Un aspecto, recalcan fuentes del consejo de administración de la CAM, que relega a la caja alicantina y que no estaba recogido en el protocolo firmado por las cuatro cajas de ahorros el pasado 26 de mayo. Cajastur, sin embargo, ha reiterado que el preacuerdo establecía la consejería delegada para Menéndez y, por tanto, sus plenos poderes.

El Banco de España no se ha mostrado sensible a los reparos expuestos por la CAM y, en una reunión celebrada el viernes por la tarde, dio un ultimátum a Modesto Crespo para cerrar definitivamente la operación antes del próximo lunes, día 26. Crespo viaja hoy martes a Madrid para intentar cerrar «in extremis» un acuerdo con el banco emisor y con Cajastur, que aumente el peso de la caja alicantina en el seno de la futura entidad. La CAM pretende que el futuro presidente del SIP —el propio Modesto Crespo— tenga idénticos poderes que el consejero delegado, y ambos estén supeditados al consejo.

Modesto Crespo tiene otra importante cita mañana por la tarde, cuando se reunirá el pleno de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) para, entre otras cuestiones, hacer balance de los procesos de fusión abiertos. Crespo buscará la mediación del presidente de la CECA, Isidro Fainé (La Caixa), para acercar posturas con Cajastur y lograr un acuerdo satisfactorio. Crespo es uno de los cuatro vicepresidentes de la Confederación de Cajas, junto a Rodrigo Rato (Caja Madrid), Amado Franco (Ibercaja) y Braulio Medel (Unicaja).

La cita de mañana supondrá probablemente la última oportunidad para renegociar la fusión. La CAM tiene previsto celebrar un nuevo consejo de administración esta semana, previsiblemente el jueves, para ratificar la operación.

Fuentes de la entidad admiten que ya no hay marcha atrás. «No nos queda más alternativa que aprobar la fusión, pero queremos hacerlo con un acuerdo que respete la posición de la CAM», «ya no hay margen para negociar una fusión distinta y, en la actual coyuntura, resulta impensable pretender que la caja siga su camino en solitario», 1 indicaba ayer a este periódico un miembro de su consejo.

La ruptura de la fusión implicaría perder los fondos del FROB —1.493 millones de euros—, imprescindibles para sanear el balance de la entidad alicantina, lastrado por los créditos concedidos a promotores que hoy pueden resultar de dudoso cobro.

El Banco de España podría acogerse a este argumento para intervenir la caja y suspender a los miembros de su consejo de administración si finalmente se rompe el principio de acuerdo de la «fusión fría», advierte el mismo consejero. En pocas semanas, la CAM ha pasado de ser una de las novias más deseadas en el proceso de fusiones —descartó sucesivamente su integración con Caja Madrid, Bancaja y Caja Murcia, ante la falta de acuerdo— a verse relegada por Cajastur.

En el SIP acordado con esta última, ambas entidades se sitúan teóricamente en plano de igualdad, con un 40% de los derechos de voto cada una. Pero los plenos poderes otorgados a Manuel Menéndez desequilibra las condiciones de gobierno.