jueves, 16 de agosto de 2012

La Universidad de Valencia cae en la clasificación mundial

MADRID.- La clasificación de universidades más famosa del mundo conocida como "Ranking de Shangai", recién actualizada por la Universidad Jiao Tong, no ha incluido a ninguna universidad española dentro de las primeras 200 mejores universidades del mundo.

La Universidad Autónoma de Madrid, en el puesto 201, es la primera española que aparece en la clasificación académica.
A continuación, en el lugar 206, aparece la Universidad Complutense; en el 253, la Universidad de Barcelona y, por debajo del puesto 300, la Autónoma de Barcelona (302).
Aunque dentro de la lista continúan las mismas 11 universidades españolas que el año pasado, pero algunas de ellas como la Universidad de Valencia han caído.
Los cinco primeros lugares entre las 500 consideradas mejores están copados por las instituciones académicas estadounidenses de Harvard, Standford, Massachusetts Institute of Technology y California-Berkeley, además de la británica Cambridge.
La clasificación tiene en cuenta parámetros de calidad como número de publicaciones en revistas internacionales de prestigio reconocido (con especial atención a revistas como Science o Nature) y el número de citas de los trabajos de sus investigadores.
También considera el número de premios Nobel o medallas Fields (de Matemáticas) que imparten clase en sus aulas o han estudiado en ellas.
Este ranking se ha publicado desde junio de 2003 y es actualizado anualmente. Algunos académicos han criticado este estudio argumentando que la medición deja con menor puntuación a las instituciones con un presupuesto reducido.

martes, 14 de agosto de 2012

Ceaccu denuncia a Ryanair por los aterrizajes forzosos en Valencia por falta de combustible

MADRID.- La Confederación Española de organizaciones de amas de casa, consumidores y usuarios (Ceaccu) ha elaborado una demanda que presentó esta mañana ante la Dirección General de Aviación Civil contra la compañía Ryanair por el incidente ocurrido el pasado 26 de julio en el aeropuerto de Valencia cuando tres aviones tuvieron que efectuar un aterrizaje de emergencia por falta de combustible.

   El abogado de la confederación de consumidores, Eugenio Ribón, explicó que en caso de que se comprueben los hechos, se trata de una "infracción grave" por comprometer la seguridad de los pasajeros, que conllevaría una multa de cuatro millones de euros y tres años de suspensión de licencia para volar por España.
   Los hechos ocurrieron cuando tres aviones de Ryanair tuvieron que ser autorizados a efectuar un aterrizaje de emergencia el pasado jueves 26 de julio en el aeropuerto de Valencia, al que fueron desviados desde Barajas, tras lanzar un aviso por falta de combustible, según informó el 'Sunday Independent', de Dublín.
    En la ciudad levantina tuvieron que permanecer en cola en vuelo, a la espera de recibir permiso para aterrizar, algo que se adelantó a raíz de la llamada de emergencia emitida por los comandantes de Ryanair, que alertaron de que no disponían de combustible suficiente y consiguieron prioridad para aterrizar.
   El combustible que deben cargar los pilotos de la aerolínea irlandesa para sus viajes está estipulado en un plan de eficiencia presupuestaria de la compañía, del que se ha informado a la tripulación en al menos dos memorándum en los últimos meses.
   Así, se obliga a los pilotos a repostar la cantidad "mínima necesaria" para cumplir su plan de vuelo, y cualquier exceso debe ser justificado por escrito. Sin embargo, según el 'número dos' de la Dirección de los pilotos de Ryanair y capitán de la base de Stansted, Shane McKeon, "continúa habiendo un pequeño número de comandantes que parecen tener problemas" con este protocolo.
   "Algunas de las explicaciones dadas por los comandantes de vuelo para cargar fuel de más no son aceptables. La excusa más irracional es que les gusta aterrizar con tres toneladas de combustible. Ésa no es la política de Ryanair, es totalmente inaceptable y no es para lo que se les paga", ha afirmado McKeon.

lunes, 13 de agosto de 2012

Los inmigrantes usan con menor frecuencia la mayoría de servicios sanitarios que la población española

ZARAGOZA.-   Las personas inmigrantes utilizan con menor frecuencia que la población española la mayor parte de los servicios sanitarios, según se pone de manifiesto en un informe elaborado por la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) sobre la realidad de la atención sanitaria a las personas inmigrantes en España y las consecuencias de las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno.

   Este estudio, realizado por Francisco Javier Falo Forniés, profesional con más de 25 años de experiencia en salud pública y colaborador de ECODES, se ha efectuado ante la publicación del real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones y la propuesta de hacer pagar a los inmigrantes sin papeles 710 euros anuales por la asistencia sanitaria.
   ECODES ha mostrado su "preocupación" por las repercusiones que pueden derivarse de estas medidas. Respecto al informe, refleja que "pueden ser variadas" las razones por las que las personas inmigrantes utilizan con menor frecuencia que la población española la mayor parte de los servicios sanitarios.
   Entre ellas, menciona la menor necesidad, las dificultades en la accesibilidad al sistema y los problemas de comunicación, para subrayar que el coste de la atención de la población inmigrante "es menor que para los propios de aquí".
   Según el informe, y al igual que ocurre con la población autóctona, "hay que acudir a los determinantes ambientales y sociales para explicar la frecuencia y la tipología de servicios sanitarios a los que se acude".
   El estudio, además, hace énfasis en las consecuencias que se pueden derivar de la aplicación de las nuevas medidas. "Las personas no dejarán de enfermar porque un decreto lo regule, simplemente los esconderemos y, si hay que atenderlos, lo haremos en un recurso más caro y especializado, el de las urgencias", apunta el estudio.
   Agrega que no hay que olvidar la necesidad que puede haber de intervención en problemas de salud pública "para cortar la transmisión de enfermedades, imposible de plantear si quien padece una enfermedad no tiene medios para ser atendido o comprar medicamentos".

Tres aviones de Ryanair aterrizan de emergencia en Valencia por falta de combustible

DUBLÍN.- Tres aviones de Ryanair tuvieron que ser autorizados a efectuar un aterrizaje de emergencia el pasado jueves 26 de julio en el aeropuerto de Valencia, al que fueron desviados desde Barajas, tras lanzar un aviso por falta de combustible.

Según informa el Sunday Independent , los tres vuelos fueron desviados desde Madrid-Barajas a Valencia por el Control de Tráfico Aéreo como consecuencia de una tormenta eléctrica que desaconsejaba el aterrizaje en la capital.
En la ciudad levantina tuvieron que permanecer en cola en vuelo, a la espera de recibir permiso para aterrizar, algo que se adelantó a raíz de la llamada de emergencia emitida por los comandantes de Ryanair, que alertaron de que no disponían de combustible suficiente y consiguieron prioridad para aterrizar.
Según las grabaciones de las conversaciones entre el piloto y el Control de Tráfico en Valencia, el comandante de vuelo emitió un claro "mayday" por falta de combustible, algo que se repitió apenas tres minutos más tarde y en una tercera ocasión el mismo día.
El portavoz de la empresa, Stephen McNamara, ha confirmado al diario irlandés estas informaciones, asegurando que la única razón del suceso estriba en el desvío que sufrieron los aviones y ha aprovechado para disculparse "sinceramente" con los pasajeros afectados.
El combustible que deben cargar los pilotos de la aerolínea irlandesa para sus viajes está estipulado en un plan de eficiencia presupuestaria de la compañía, del que se ha informado a la tripulación en al menos dos memorándum en los últimos meses.
Así, se obliga a los pilotos a repostar la cantidad "mínima necesaria" para cumplir su plan de vuelo, y cualquier exceso debe ser justificado por escrito. Sin embargo, según el 'número dos' de la Dirección de los pilotos de Ryanair y capitán de la base de Stansted, en Londres, Shane McKeon, "continúa habiendo un pequeño número de comandantes que parecen tener problemas" con este protocolo.
"Algunas de las explicaciones dadas por los comandantes de vuelo para cargar fuel de más no son aceptables. La excusa más irracional es que les gusta aterrizar con tres toneladas de combustible. Ésa no es la política de Ryanair, es totalmente inaceptable y no es para lo que se les paga", ha afirmado McKeon.

domingo, 12 de agosto de 2012

El BBVA ve positiva la señal del Gobierno de "amonestar" a ocho comunidades

MADRID.- La señal que ha dado el Gobierno de "amonestar" a ocho comunidades autónomas por la evolución de sus finanzas es calificada de "positiva" por el servicio de Estudios del BBVA al considerar que muestra que los mecanismos establecidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya se han puesto en marcha.

Así consta en el informe "Situación España" que elabora el BBVA Research, en el que avisa del riesgo que puede suponer que las comunidades no cumplan con el objetivo de déficit del 1,5 % del PIB.
El Ministerio de Hacienda dejó claro que no se trata de un proceso de intervención a esas comunidades y que su único propósito es "chequear" la ejecución presupuestaria de las autonomías, que recibieron la advertencia de que de seguir así no cumplirán.
Hasta el momento, sólo Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana han admitido públicamente que están en esa lista de Hacienda.
El BBVA indica que en el plan plurianual 2012-2014 se detalla un ahorro de 10.000 millones de euros en 2013 que dependen de "políticas difíciles de medir".
En este sentido, pone como ejemplo la reforma de la administración pública con la que se espera generar un ahorro de 3.500 millones.
Así, el BBVA señala que sería deseable que el Estado y las comunidades autónomas explicaran lo más pronto posible exactamente cómo piensan generar este ahorro.
Además, considera "normal" que el margen adicional de un punto en el objetivo de déficit para 2012 (hasta el 6,3 % en vez del 5,3 % inicial) aprobado por Bruselas beneficie a la Seguridad Social o al Estado, porque el criterio de la Comisión Europea era relajar el cumplimiento de la meta fiscal por el mayor deterioro de la economía.

Políticos opositando: ahí los quiero ver / Arturo Pérez-Reverte *

Lo sugería el ex embajador Paco Vázquez hace unos días, de guasa. Aunque tiene razón: debería ser obligatorio. Como a registrador de la propiedad, pero con temario más amplio. Y quien no llegue, a tomar por saco. Búscate la vida, chaval. O chavala. Recogiendo melones, fregando suelos o podando setos, como la gente que no tiene más remedio; y que, sin embargo, a menudo está mejor preparada. Ignoro si de ese modo iba a resolverse algo, pero introduciría algo de justicia en el putiferio. Sentido común dentro del esperpento nacional. Porque oigan: en España deben hacerse oposiciones para médico de la Seguridad Social, arquitecto municipal, inspector de Hacienda, abogado del Estado, fiscal, juez, o cualquier puesto público. Hasta un profesor de instituto o catedrático de universidad deben hacerlas. Quien pretenda currar en los sectores de la sociedad dedicados a la función pública, debe enfrentarse a unas oposiciones que a veces son de una dureza terrible, en situaciones de extrema competencia y con años de estudio, preparándose. Y sin embargo, el aspecto más decisivo en nuestras vidas, la actividad política que determina el presente y condiciona el futuro, puede caer en manos de cualquiera. A veces, quizás, de individuos excepcionalmente preparados; pero también, y eso ya resulta menos excepcional, de cualquier analfabestia incompetente, varón o hembra, incapaz de articular sujeto, verbo y predicado, cuyo único mérito, o aval, es compartir ideología o intereses -a menudo una y otros van íntimamente relacionados- con un partido político concreto.

Porque echen cuentas, señoras y caballeros. Si no todos los médicos que salen de la facultad superan las pruebas de residente, ni todos los abogados las de juez, por ejemplo; si para conducir un coche hace falta superar un examen teórico, otro práctico y tests psicotécnicos; si tenemos la constancia experimental de que no todos valemos para todo, ni siquiera cuando se trata de gente preparada y con estudios, calculen, entonces, el control de calidad, las Iteuves posteriores y la psicotecnia que pasaría buena parte de las decenas de miles de políticos españoles en activo o en pasivo, algunos de los cuales -conozco a un concejal de cultura en esa situación exacta- no tienen ni acabado el bachillerato. Consideren los que habrían llegado ahí, donde están, medran y trincan, de exigírseles estudios, preparación, controles éticos y formación adecuada. De aplicárseles de un modo práctico, objetivo, antes de ocupar puestos de tanta importancia, tan bien pagados y con tantos privilegios, la idea de los antiguos filósofos griegos de que toda comunidad pública debe ser gobernada por los mejores. Y de establecerse si lo son. O si no lo son.

Eso, naturalmente, incluye a algunos de nuestros sindicalistas, ornatos del telediario. Cuando oigo expresarse a los más conspicuos, o los veo pasear la pancarta queriendo ponerse al frente de ciudadanos honrados que no sé cómo los toleran, con sus antecedentes, pienso que todo aspirante a líder sindical debería probar antes su conocimiento histórico de la lucha de clases y su capacidad oratoria para convencer al trabajador de que es necesario dedicar parte del sueldo -y no de subvenciones estatales embolsadas por la cara- a mantener una institución sindical imprescindible para la sociedad, cuyo único fin es defenderlo de las agresiones de empresarios y políticos. Y si, por reparto de pastel, ese mismo sindicalista puede acabar en el consejo de administración de una caja de ahorros -que tiene pelotas la cosa-, tampoco estaría de más que se le examinara antes de las cuatro reglas: sumar, restar, multiplicar y dividir. Como mínimo.

Así que, oigan. Puestos a suponer gente pública idónea, España decente, mundos felices donde comer perdices, permítanme imaginar una actividad política regida por el sentido común. O sea: militantes de partidos colaborando, faltaría más, en cuanto haga falta. Según su ideología, interés y conciencia; allá cada cual. Sin embargo, cualquiera que aspirase a figurar en una lista elegible por los ciudadanos, tendría que hacer antes unas oposiciones en las que se le examinase de cultura general como trámite previo. Y luego, según las especializaciones a las que aspirase -ministro de Trabajo, presidente de Gobierno y tonterías así-, de economía, derecho, política internacional, historia de España y ética, por ejemplo; aunque temo que aprobar ética muchos lo tendrían peliagudo. Y por supuesto, idiomas: inglés, un poco de francés, alemán. A no pocos de ahora -muchos impresentables de ambos sexos lo demuestran en cuanto abren la boca en el Parlamento- ni siquiera se les exige hablar bien el castellano. 

(*) Periodista y miembro de la Real Academia Española

sábado, 4 de agosto de 2012

El Estado propone crear en Barcelona el mayor polo logístico de Europa


BARCELONA.- El delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Jordi Cornet, ha apostado por crear en Barcelona el mayor polo logístico de Europa aprovechando los nuevos espacios de qué disponen el propio consorcio, el puerto y el aeropuerto y dando una gestión conjunta a la zona.

 Cornet ha explicado que la idea es aprovechar las tres instituciones del Gobierno, Puerto de Barcelona, Aeropuerto de El Prat y Consorcio de la Zona Franca para, juntamente con el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, hacer el "polo logístico con mayor potencial de desarrollo de toda Europa".
Para Cornet, el desarrollo que está pendiente de hacerse en la zona portuaria, en la ciudad aeroportuaria de El Prat y en el Consorcio es una oportunidad que hay que aprovechar para impulsar el sector y la economía en general.
Pese a que cada una de estas zonas por sí sola ya "es potente", las tres juntas forman el polo logístico más importante por desarrollar de Europa, desde donde se puede distribuir la mercancía por toda Europa, el norte de África o Latinoamérica.
Además, la zona recibirá un gran impulso cuando se construyan los esperados nuevos accesos ferroviarios y viarios al Puerto, que también conectarán con la Zona Franca y la ciudad aeroportuaria, lo que, según Cornet, comportaría un cambio radical para Barcelona "comparable al impulso registrado con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos.
Aunque, de momento, sólo entrarán en funcionamiento los accesos provisionales en septiembre, según Cornet, los nuevos accesos viarios y ferroviarios previstos en la zona podrán amortizarse en un periodo de entre 6 y 8 años, si nos referimos a la riqueza, la reducción de coste y el incremento de productividad que pueden generar para las empresas instaladas en la zona.
La propuesta de Cornet para gestionar de manera conjunta toda esta zona logística pasa por dotarla de un sistema de financiación muy competitivo, "parecido al que se hizo con Fira 2000", en el que se implicaron el sector público y el privado.
La entidad está trabajando para lanzar a partir de octubre el nuevo Consorcio de la Zona Franca de Barcelona del siglo XXI, basado principalmente en aumentar el servicio que se da a las empresas del polígono, potenciando entre otros aspectos el de consultoría, y creando sinergias y economías de escala.
Cornet quiere aprovechar el potencial de Barcelona para "generar riqueza económica y social", para lo que cree que la ciudad está en buenas condiciones y que hay "terrenos muy competitivos e inversores dispuestos a invertir aquí", como chinos y rusos, entre otros.
Entre los objetivos para este año, también está volver a los números negros en la cuenta de resultados, ya que en 2011 el consorcio registró pérdidas de 1,9 millones de euros, debido a las provisiones de bienes inmuebles que no se habían hecho.
Para ello, también se está estudiando la posibilidad de vender algún activo inmobiliario que sirva para sanear las cuentas de la entidad.
De todas maneras, el actual ejercicio estará marcado por la austeridad, ya que se prevé ajustar un 15% el gasto respecto al año 2011.

Tomás Gómez pide evitar por ley que miembros del Opus Dei ocupen cargos públicos

MADRID.- El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha dicho que el gobierno del PP "está al servicio del Opus Dei" y ha considerado que habría que "elevar a rango de ley que personas que pertenezcan a pseudosectas como el Opus Dei no puedan ocupar responsabilidades públicas".

Así lo ha manifestado el líder de los socialistas madrileños, en relación a la polémica generada en las últimas semanas en torno a posibles reformas en la ley del aborto.
"Me parecen preocupantes las posiciones de integrismo religioso que tiene el Gobierno del Partido Popular. Lo veíamos hace unos días con la propuesta de ley de interrupción voluntaria del embarazo del señor Ruiz-Gallardón. Esto es lo que ocurre cuando en los gobiernos se introduce gente del Opus Dei", ha dicho Gómez.
A su juicio, "cuando el Opus Dei marca ideológicamente a un gobierno ocurren cosas como ésta. El Opus es prácticamente una secta, es una pseudosecta. En este país habría que hacer una reflexión, creo que habría que hacerla en el Congreso de los Diputados y elevar a rango de ley que personas que pertenezcan a pseudosectas, como el Opus Dei, no puedan ocupar responsabilidades públicas".
Ello porque "luego dicen y hacen burradas como las que decía y hacía el señor Cotino o muchas de las que está imponiendo ideológicamente el Gobierno del Partido Popular, que está al servicio en muchas ocasiones del Opus Dei y de grupos similares", ha continuado.
Gómez se ha referido así a las declaraciones del presidente de Les Corts Valencianes, Juan Cotino, que volvió a defender el pasado 1 de agosto que aquellas mujeres que quieran abortar vieran obligatoriamente, antes de hacerlo, una ecografía del feto y se les planteen distintas opciones y alternativas para seguir con el embarazo.

La ocupación en el litoral valenciano superará el 80% en agosto, según el Consell


VALENCIA.- La ocupación hotelera del litoral de la Comunitat Valenciana para el presente mes de agosto ronda ya el 78 por ciento y podría elevarse hasta el 80 u 82 por ciento gracias a las reservas de última hora, según las previsiones de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte.

   La titular del ramo, Lola Johnson, ha destacado en un comunicado que el repunte del mercado internacional, sobre todo del británico y ruso, "sitúa el litoral de la Comunitat Valenciana frente a una previsión estival superior al 80 por ciento".
   Ha detallado que si se repite la dinámica de los últimos meses, en los que el turismo extranjero ha crecido un 4 por ciento, unido al previsto aumento de turistas del mercado nacional como consecuencia de la crisis, "que hará que muchos españoles se queden en el país", se podrá hablar de una "muy buena temporada turística".
   Johnson ha señalado que el sondeo que realiza la Conselleria de Turismo refleja que Benidorm  (Alicante) parte con unas previsiones iniciales de ocupación que superan el 93 por ciento, mientras que el litoral de Castellón prevé una ocupación que rondará el 70 por ciento y el de Alicante, el 74 por ciento.
   En el caso de la provincia de Valencia, ha apuntado que las previsiones de ocupación hoteleras "son más bajas" y se sitúan en el 55 por ciento. No obstante, ha explicado que se trata de una zona en la que los mayores porcentajes de ocupación se registran en las segundas residencias y apartamentos turísticos, "como así lo demuestra el alto índice de ocupación de estos últimos, más de un 81 por ciento".
   Con estos datos, la titular de Turismo ha valorado que estas previsiones avalan la confianza del Consell en "poder alcanzar para el conjunto del verano cifras similares de ocupación a las de la temporada de 2011".
   Por otra parte, a la espera de conocer los resultados definitivos, Johnson ha avanzado los datos de ocupación del pasado mes de julio en la Comunitat Valenciana, que se situó en el 80 por ciento de media.
   Según la consellera, se trata de una cifra que refleja que "a pesar de la difícil coyuntura económica, la Comunitat Valenciana sigue siendo un destino de referencia para españoles y extranjeros a la hora de elegir dónde pasar sus vacaciones".
   Johnson ha precisado que en el litoral, la ocupación media ha sido cercana al 72 por ciento, con "notables incrementos en las provincias de Castellón y Valencia", mientras que en el interior la tendencia "ha sido similar a la de otros años", con la excepción de Castellón, donde ha subido cinco puntos interanuales, hasta el 50 por ciento de ocupación.

El Gobierno, preocupado por la debilidad del turismo interno

MADRID.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha destacado la buena marcha del turismo de extranjeros, que podría hacer que España superase a final de 2012 los 58 millones de visitantes internacionales, aunque ha expresado su preocupación por la evolución del turismo nacional.

"Estamos preocupados por el comportamiento del turismo nacional", ha dicho Soria, según declaraciones de la entrevista recogidas en la página web de Expansión.
"Es un reflejo directo de la evolución de la economía y de la caída en los niveles de renta disponible de los españoles, unido al drama que supone la cifra de más 5,6 millones de personas paradas en España".
Tras la debacle del sector inmobiliario, el turismo se ha convertido en una pieza fundamental en la economía española, con un peso del 11 por ciento en el Producto Interior Bruto.
El ministro también se refirió en la entrevista a la esperada reforma energética, reiterando a las empresas energéticas que ningún sector quedará al margen, y que el necesario ajuste lo soportará el sector, el Estado y los ciudadanos.
La reforma busca frenar el déficit de tarifa, un desfase que ya supera los 25.000 millones de euros y que se genera porque los ingresos obtenidos vía recibo de la luz son insuficientes para cubrir todos los costes del sistema.
Con este objetivo Industria intentará "llegar al equilibrio" con un aumento de los ingresos del sistema, que se sustentará en "algunas tasas, algunos cánones, algunos impuestos", dijo Soria, según declaraciones recogidas en lainformacion.com.
De cara al futuro, Soria ha adelantado que el objetivo del Gobierno para este año es "taponar" la generación de déficit de tarifa y que, a partir del próximo año, entrará en la "modificación en profundidad" de la ley del sector eléctrico para abordar aspectos relativos a la fijación de la tarifa de la luz.
"Lo que hay que plantearse es: ¿este sistema sigue siendo un sistema eficaz? ¿Es un sistema que permite obtener el mejor precio al consumidor? Eso formará parte del siguiente paso de la reforma", dijo a la agencia.

Cierval aboga por que haya "menos funcionarios" y dice que "parece que sea un régimen de castas"

VALENCIA.- El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval), José Vicente González, aboga por que haya "menos funcionarios" al considerar que, en la actualidad, "parece que sea un régimen de castas" y, a su juicio, los trabajadores deberían ser "todos iguales".

   González plantea que se haga con los empleados públicos "lo que han hecho las empresas, ni más ni menos, porque hacen falta las plantillas que hacen falta".
   El líder de la patronal autonómica admite que es "un proceso largo" que "no se puede hacer en tres días", pero subraya que, precisamente por ese motivo, "cuanto antes se empiece, mejor".
   A su juicio, "es el colmo del escándalo que digan 'oiga, es que irán al paro' porque es lo que les ha pasado a los de las empresas privadas y no sé por qué razón los funcionarios tienen que tener más derechos que cualquier trabajador".
   A modo de ejemplo, cuestiona que "se escandalicen tanto cuando les han quitado tres de los seis días moscosos", ya que "los que trabajan en cualquier empresa no han tenido ningún 'moscoso' nunca y nunca han dicho nada, y ahora se hunde el mundo".
 "Ya está bien, esto parece que sea un régimen de castas, y no, todos iguales", reivindica.
   El presidente de Cierval subraya que "hay que hacer gasto corriente, que al final es disminuir el volumen de la administración, que es muy voluminosa y muy complicada, y hay que simplificarla". En este sentido, ve "un insulto a la inteligencia" que los 17 diarios oficiales de las 17 comunidades autónomas españolas publiquen cada año 750.000 paginas y el Boletín Oficial del Estado 250.000 paginas.
   "Se trata de hacer las cosas más fáciles, no hace falta complicar la vida tanto con un millón de normas todos los años", destaca González, quien sostiene que "si hay menos funcionarios, habrá menos leyes y las cosas funcionarán mejor porque al final, cada uno defiende su parcela y si hay diez personas en un sitio donde con cinco podría ir fenomenalmente bien, en vez de simplificar los procedimientos, esas diez personas se van a inventar un trámite más para justificar que están allí, y le complican la vida al ciudadano".
   Sobre la posibilidad de eliminar las Diputaciones provinciales, recalca que "lo importante es que haya una administración más adelgazada y más ágil" y, en este sentido, se muestra de acuerdo con que "si es más eficaz que los servicios que dan cuatro municipios se den desde la Diputación, que se den", pero cuestiona que "sea necesario es mantener tantos órganos políticos".
 "¿De verdad hace falta tener un miniparlamento también en las Diputaciones?", añade.
   Igualmente, en cuanto a los efectos que tendría rebajar el número de 'conselleries', subraya que "lo que hay que hacer es rebajar el gasto total" y "cuantificar el ahorro, decir si van a hacer con las misma gente más cosas y mejor o con menos gente y así menos dinero". A su juicio, de no hacerlo así, una fusión de departamentos "incluso incrementa el gasto porque no baja el número de personal y hay que gastar dinero en cambiar rótulos de edificios y toda la papelería".
   González señala que, del ahorro total derivado de las últimas medidas del Gobierno, "cerca del 52 por ciento viene de incrementar los ingresos y el 48 por ciento de disminuir los gastos", y además, ese ahorro vía gastos "es más por bajada de inversión productiva, que ahorro real de gasto", y afecta al "apoyo a la I+D, a institutos tecnológicos, a la economía productiva y al sector industrial".
   El líder de Cierval admite que habrían preferido que "el ahorro viniera más por la disminución de gastos, y sobre todo de los gastos corrientes de la administración", pero subraya que apoyan esas medidas porque, "en un momento como este, hacer 'guerritas' no es lo más inteligente". 
"Nos la estamos jugando y, por lo tanto, aunque no estemos de acuerdo del todo, como sucede en una familia, cuando el problema es exterior hay que unirse, no hay más remedio", subraya.
   En cualquier caso, propone medidas que "no cuestan mucho dinero, pero requieren voluntad y claridad de ideas", tales como cambiar la normativa universitaria para que, dentro de la carrera de los docentes, se igualen "las investigaciones que se convierten en una patente y luego en un producto que está en el mercado" con las "publicaciones en revistas de primer nivel", los llamados sexenios de transferencia que reivindican los rectores universitarios.
   "Eso es inversión productiva, y es el colmo ser uno de los primeros países de Europa de producción de ciencia y, en cambio, estar a la cola de producción de patentes, mientras países como Estados Unidos o Corea, basándose en nuestra investigación, lo convierten en patente y luego en un producto al que le sacan dinero".
 "Hay que ser primos", lamenta.
   González insiste en que "es fundamental que haya políticas de estímulo" y aboga asimismo por "tranquilizar las cosas" para que "cada uno se dedique a lo que tiene que dedicarse", y añade: "uno puede ser ministro de Economía y ser el más listo del mundo, pero los días tienen 24 horas para todo el mundo, y para él, también".
   Así, argumenta que "no aporta nada que llamemos a una cosa rescate o fondo de liquidez o ayuda" y, sin embargo, "perdemos muchísimo tiempo en intentar buscar en el diccionario palabras equivalentes pero que no digan lo mismo".
 "¿Qué más da cómo se llame? el problema es que tenemos un problema y hay que solucionarlo", concluye.

viernes, 3 de agosto de 2012

El Gobierno aprueba la exclusión de la cobertura sanitaria a los extranjeros en situación irregular

MADRID.- El Gobierno español ha dado hoy luz verde, en el último Consejo de Ministros del curso político, al proyecto de Real Decreto por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, por el que se excluye de la cobertura sanitaria pública a todos los extranjeros que se encuentren en España en situación ilegal.

   El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, liderado por Ana Mato, ha dado a conocer que el Gobierno ha aprobado su propuesta de excluir de la cobertura sanitaria pública a todos los extranjeros que se encuentre en España en situación ilegal.
   De esta forma, el Ministerio de Sanidad asegura garantizar "la universalidad de la sanidad para todos los españoles y los extranjeros con residencia legal" gracias a la aprobación de este Real Decreto que regula la condición de asegurado y beneficiario de asistencia sanitaria con cargo al Sistema Nacional de Salud.
   Con esta medida, Mato afirma que se ha dado "un paso de gigante" para ofrecer cobertura a la población. Además, considera que se garantiza de esta manera "un mayor control y transparencia", ya que se clarifica la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios.
   Por otro lado, otro de los objetivos que el Ministerio de Sanidad señala que se van a cumplir gracias a la aprobación del Real Decreto es asegurar la solvencia, viabilidad y sostenibilidad en el futuro de la sanidad pública frente a las dificultades económicas. Añadido a ello, se va a poner fin "a la multiplicidad de normas que han regulado la prestación", indican desde este organismo.
   En cuanto a la tarjeta sanitaria, ésta "será interoperable en todos los servicios de salud del territorio nacional, y junto con la historia clínica digital, servirá de herramienta para que los profesionales sanitarios puedan acceder a los datos de un paciente aunque se traslade fuera de su autonomía de residencia".
   Por otra parte, fuentes del Ministerio aseguran que con al ver luz verde la medida, España "se adapta a la normativa europea y pone freno al turismo sanitario". Con ello, se evita "el uso fraudulento" por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud, manifiestan.
   Además, esta cartera pretende generar un ahorro de 1.000 millones de euros con la aplicación de la reforma, lo que "redundará en la mejora de la dotación del Fondo de Cohesión Sanitaria del SNS, que es el instrumento para compensar a las comunidades autónomas por la asistencia a extranjeros", subrayan.
   Pero las modificaciones no acaban ahí, ya que tras escuchar las recomendaciones del Tribunal de Cuentas se va a impedir que el sistema de salud siga sufragando la asistencia sanitaria de los europeos que ya la tienen cubierta. Del mismo modo, los españoles que se encuentren en esta coyuntura sufrirán la misma situación en el extranjero.
   No obstante, el Real Decreto si contempla la atención de urgencia, por enfermedad o accidente; la atención en el embarazo, parto y postparto; y la asistencia sanitaria a menores de 18 años en ciudadanos en situación irregular. Gracias a esto, la cobertura ofrecida "se trata de una más amplia que la de la mayoría de los países europeos", sostienen desde la institución.
   Por último, la titular de la cartera de Sanidad se ha mostrado satisfecha de la base de datos del Sistema Nacional de Salud, algo que considera "histórico". Gracias a ella, el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el organismo único encargado de tramitar y resolver en exclusiva la condición de asegurado y beneficiario.
   Además, será el encargado de detectar irregularidades como los 800.000 titulares que "constaban como beneficiarios de otras personas, cuando en realidad estaban dados de alta en la Seguridad Social y debían ser titulares, las 200.000 de estas personas que figuraban como beneficiarios de un pensionista pese a ser activos o las 150.000 tarjetas sanitarias activas que se han detectado de personas ya fallecidas".

Rajoy dice que "no se ha desentendido" de la situación de las CCAA

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró hoy su Gobierno "no se ha desentendido" de la situación de las CCAA y él, como presidente, se responsabiliza ante la Unión Europea de todas las cuentas públicas.

   Rajoy realizó estas afirmaciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de hoy. Explicó que su obligación es la de controlar el gasto público que afecta "a todas las administraciones". En este sentido, recordó que el Estado gasta el 20 por ciento, la Seguridad Social, el 32 por ciento; las CCAA entre el 37 y el 38 por ciento y los ayuntamientos, el resto, entre el 11 y el 12 por ciento.
  Por ello, dejó claro que "la salida de la crisis es un objetivo nacional y todos debemos remar en la misma dirección". Aunque no mencionó los rechazos de Andalucía, Cataluña o Asturias a los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sí precisó que el Gobierno ha hecho un "gran esfuerzo" de reducción del gasto, que las CCAA, también lo han hecho y que ambos deben "seguir trabajando".
  "El Gobierno no se ha desentendido de la situación de las CCAA", argumentó y explicó que él, como presidente del Gobierno, se responsabiliza "ante Europa" y todo el mundo de la situación de las cuentas públicas de todo el país. Y señaló, en este sentido, que ha "duplicado el plazo para devolver las deudas con el Estado". Algo que, puntualizó, "supone un alivio importante".
  Recordó, además, las medidas adoptadas por el Gobierno para favorecer las finanzas de las regiones. Así, apuntó los anticipos a cuenta o la puesta en marcha de un plan para pagar a los proveedores para hacer frente a deudas por casi 30.000 millones de euros. "Una medida de saneamiento económico de primer orden", apostilló.
   También señaló la puesta a disposición de las CCAA desde el uno de enero, a través del ICO y ahora a través del nuevo fondo de liquidez, de un instrumento para que puedan atender los vencimientos exteriores y el déficit que vayan asumiendo.
   Se trata, insistió, de una "obligación de todos", pero recalcó que el Gobierno "no se va a desentender de sus obligaciones".

Usar el artículo 155 es "una posibilidad real"

LA CORUÑA.- El consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Justicia, Alfonso Rueda, ha reconocido que la utilización del artículo 155 de la Constitución que permite al Estado intervenir las comunidades es una "posibilidad real", por lo que ha instado a las autonomías que dieron plantón al Gobierno en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a pensar en el "interés general" y no "en réditos políticos".

   Rueda ha sido preguntado por la posibilidad planteada por el Gobierno de recurrir al artículo 155 de la Constitución, un mecanismo hasta ahora nunca aplicado que fue citado esta semana por la secretaria de Estado de Presupuestos, la gallega Marta Fernández Currás: "Es una posibilidad real que está en la normativa", admite.
   No obstante, antes de llegar a esa opción, ha insistido en la necesidad de hacer un llamamiento a las comunidades autónomas, en particular a Cataluña y Andalucía tras su plantón en el CPFF.
   Así, ha pedido "un esfuerzo de responsabilidad" a todas las comunidades autónomas ante una situación "complicadísima".
 "Si no fuera así, efectivamente, el Gobierno tiene una serie de instrumentos para asegurar que se cumpla la normativa", ha recordado Rueda, quien ha añadido que prefiere pensar "que las comunidades que tienen que ser responsables se den cuenta de que tienen que serlo".
   Preguntado sobre si cree que debe recurrirse a esta posibilidad si algunas autonomías mantienen su posicionamiento, el consejero de Presidencia ha recalcado que "todos tienen que cumplir las decisiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera".
   "Sería beneficioso para todos que las comunidades autónomas que manifestaron su voluntad de no cumplir recapaciten y lo hagan".
 "Si no, ahí están los instrumentos", ha apostillado.

jueves, 2 de agosto de 2012

El Gobierno asegura que respetará la actuación del fiscal en la CAM y Bancaja

VALENCIA.- El Gobierno no interferirá en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción en las causas abiertas para depurar posibles responsabilidades penales derivadas de la gestión de Caja Mediterráneo (CAM) y Bancaja. Esta declaración de principios está recogida en la respuesta del Ejecutivo a una pregunta formulada por José María Ángel Batalla, senador socialista designado por la Cortes Valencianas.

Batalla formuló al Gobierno textualmente la siguientes pregunta: "Tiene conocimiento el Ministerio de Justicia de si el Fiscal General del Estado ha realizado actuaciones para depurar todo tipo de responsabilidades penales que pudieran derivarse de la gestión de las Cajas de Ahorro Valencianas (Bancaja y la CAM)".
 En su respuesta, el Ejecutivo admite que la Fiscalía Anticorrupción está realizando sendas investigaciones para conocer el "alcance de los hechos y las responsabilidades penales, que pudieran derivar de los mismos". A continuación, el Ejecutivo esgrimió las funciones que de acuerdo con el artículo 124.1 de la Constitución le corresponde al ministerio fiscal, es decir, "la promoción activa de la justicia en defensa de la legalidad y los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, velar por la independencia de los tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social".
"Desde el Gobierno", añade la respuesta, "como fue destacado por el Ministerio de Justicia en su comparecencia del 25 de enero ante la Comisión de Justicia de la Cámara de los Diputados, existe la firme convicción y el compromiso formal de que la relación entre el Ejecutivo y el ministerio fiscal tenga por base y se sostenga en los principios de legalidad e imparcialidad contenidos en los artículos 124 de la Constitución y 7 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
El Gobierno cierra su respuesta al senador socialista incidiendo en que su relación con la Fiscalía estará guiada por "ese profundo respeto a dichos principios [legalidad e imparcialidad]".

La cifra de parados en la Comunitat sube en 638 personas en julio hasta 564.768 desempleados


VALENCIA.- El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en la Comunitat Valenciana aumentó en el mes de julio de 2012 en 638 personas, lo que supone una subida del 0,11 por ciento respecto al mes anterior, según los datos facilitados este jueves por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con lo que se alcanza los 564.768 desempleados en la autonomía valenciana.

   De esta forma, el número total de desempleados en la Comunitat se sitúa en 564.768 trabajadores. Asimismo, en términos interanuales, el paro aumentó en 55.210 personas, lo que representa un incremento del 10,83 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.
   A nivel nacional, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo INEM) se situó al finalizar julio en 4.587.455 personas, tras bajar en el mes en 27.814 desempleados, con un descenso porcentual del 0,60 por ciento respecto a junio.

Banco de Valencia pierde 251 millones hasta junio y los clientes retiran más de 1.200 millones en un año

MADRID.- Banco Valencia perdió 251 millones de euros en los seis primeros meses del año, frente a los beneficios de 16,7 millones que se anotó en el primer semestre de 2011. Los clientes de la entidad retiraron más de 1.200 millones en el último año, según ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   En concreto, los depósitos de Banco Valencia totalizaron 10.780 millones a cierre de junio, una reducción del 10,3 por ciento. El ratio de activos dudosos por razón de su morosidad de la entidad intervenida por el Banco de España se sitúó en el 13,06 por ciento, 390 puntos básicos más que al cierre del ejercicio 2011.
   El crédito a la clientela neto descendió en 1.155 millones debido al deterioro por riesgo de crédito, hasta los 15.915 millones ante los saneamientos.  
   Respecto al patrimonio neto, los fondos propios de la entidad, según precisó Banco de Valencia, se han restablecido tras la suscripción y desembolso de la ampliación de capital de 1.000 millones de euros aprobada en la junta general de accionistas celebrada el pasado 14 de mayo.

Vela ve "poco inteligente" hablar de rescate a la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- El conseller de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, ha tildado este jueves de "inexacto" y "muy poco inteligente" llamar "rescate" a la adhesión de la Comunitat Valenciana al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) que, según ha defendido, acometieron por "responsabilidad, transparencia y compromiso con los ciudadanos".

   "Y de hombres de negro y requisitos adicionales, nada de nada", ha aseverado Vela, quien ha indicado que la "clave" para acogerse tanto a ese mecanismo como a los dos anteriores --ICO Vencimientos y para el pago a proveedores-- reside en el Plan Económico y Financiero de la Comunitat, que incluye medidas de contención de gasto que, a 30 de junio, "se encuentran ejecutadas en un 49,92 por ciento, mientras que las medidas de ingresos también evolucionan favorablemente".
   En su comparecencia para explicar esa adhesión en la Diputación Permanente de las Corts, a petición propia, la ha enmarcado en el "recrudecimiento de la crisis de liquidez de la Comunitat", ha augurado que "se sumarán muchas otras comunidades autónomas que todavía no lo han hecho" y ha defendido que en "muchos" países europeos con importantes niveles de descentralización existen "mecanismos similares" y, en ese caso, "nadie habla de rescate".
   "La causa de nuestros problemas no es el exceso de gasto, sino la insuficiencia estructural de ingresos y la caída brutal que los mismos han experimentado en los últimos años", ha reiterado Vela, quien admite que "probablemente se hayan cometido errores, seguro", pero urge a "actuar de verdad" para obtener una financiación justa, desde el "consenso de todas las fuerzas políticas y sociales".
   Vela ha reivindicado que la Comunitat ya "avisó" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio de 2011 de la necesidad de dar alguna solución a los problemas de liquidez de las autonomías y que "entonces, absolutamente nadie consideró petición alguna de rescate o intervención", y la vicepresidenta Elena Salgado "no hizo nada".
   En cuanto a esa denominación, ha insistido en que en el CPFF del martes "quedó muy claro que el Fondo de Liquidez no es un mecanismo de rescate" y ha criticado los "intereses políticos en demonizar y estigmatizar" a la Comunitat con la intención, a su juicio, de "acabar desprestigiando al propio Estado de las Autonomías" al tiempo que se alimentan "movimientos especulativos para quebrar la Europa del euro, jugando con una prima que, más que de riesgo, puede acabar siendo letal".
   Sobre esa reunión del CPFF ha cuestionado la actitud de Andalucía y Cataluña y ha opinado que "si lo que se persigue es generar más incertidumbre en los mercados financieros, están en el buen camino".
   De cara al futuro, admite que la situación financiera "es difícil", pero subraya que las previsiones del plan de ajuste les permiten "ser optimistas" y prever que la Generalitat "estará en condiciones de reducir a finales de este ejercicio su déficit en una horquilla que oscilará entre 2,7 y 3,5 puntos porcentuales".
   Desde la oposición han criticado, en primer lugar, que no haya sido el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quien diera esas explicaciones. El portavoz socialista, Antonio Torres, ha defendido que, "por respeto a los valencianos que están soportando los efectos de sus antisociales políticas, el que debería dar la cara es el presidente que, en los momentos complicados, siempre está ausente".
   En cuanto a hablar de rescate, han acusado a Vela de "maquillar el lenguaje" y han insistido en que es un "auténtico rescate", que supone la "monitorización" de la economía valenciana y que conllevará consecuencias si la región no cumple los objetivos de déficit, en palabras de Torres, Marga Sanz (EUPV) y Enric Morera (Compromís).
   En la réplica, Vela ha apuntado que quizá no hablan el mismo idioma porque donde él ve "aulas prefabricadas con aire acondicionado", el PSPV habla de "barracones", y lo que para él es "una cuestión de responsabilidad", para ellos, es "un rescate".
   El portavoz del PP, Ricardo Costa, también ha denunciado la "gran irresponsabilidad" de la oposición al emplear ese término y ha ironizado con que es ésta la que "necesita ser rescatada por su falta de credibilidad". Además, se ha mostrado orgulloso de un Gobierno "que da la cara" y ha apuntado que aunque pueden haberse equivocado, no se debe caer en "una lobotomía" y en la "amnesia política".
   El único punto en el que Consell y oposición han coincidido a lo largo del debate ha sido la insuficiente financiación recibida. No obstante, mientras el PSPV ha recordado que los 'populares' dieron el visto bueno a las revisiones de 1997, 2002 y 2009 y "estuvieron callados" con José María Aznar, pero "la han utilizado como excusa" con José Luis Rodríguez Zapatero, el PP sostiene que el PSOE es "el gran responsable de la infrafinanciación de la Comunitat".
   Sanz ha criticado que el Consell siempre prefirió "sacar rédito del victimismo" derivado de esta situación, mientras que Morera ha instado al Ejecutivo valenciano a acudir al Tribunal Constitucional a reclamar "lo que es nuestro, lo justo".
 "Basta ya de hacerse los llorones", ha insistido el síndic de Compromís, que ha censurado el paso del Consell "del victimismo hipócrita a la rendición absoluta".
   La portavoz de EUPV ha acusado al Gobierno de "utilizar las necesidades de las comunidades autónomas para doblegarlas", en lo que considera "un golpe de estado a las autonomías en toda regla". Además, ha pedido una "auditoría exhaustiva" de las cuentas públicas, que sometan a referéndum los recortes o convoquen elecciones.
   Morera ha denunciado la "estafa democrática" del PP, al aplicar medidas no incluidas en su programa electoral, y ha destacado que es "imposible" alcanzar el déficit del 1,5 por ciento en 2012 si no es con más recortes y que el 0,7 por ciento para 2013 es "de risa".
   Torres también ha culpado al PP del "injustificable nivel de endeudamiento" de la región y ha denunciado que, en 2012, "se pagarán 778 millones por intereses de deuda, más de 2,2 millones al día".

El 70% de los ERE de la hostelería se produce en establecimientos de 'sol y playa'

MADRID.- Cerca del 70% de los ERE de toda la hotelería española corresponden a establecimientos de 'sol y playa', un hecho que preocupa al sector ya que más del 60% del turismo que recibe el país se aloja en ellos, según las conclusiones de la mesa redonda celebrada por las asociaciones turísticas y difundidos por la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV).

   Ante esta hecho, las agrupaciones turísticas han solicitado al Gobierno una aplicación del tipo reducido del IVA a los hoteles, que a partir de septiembre pasarán a tener un impuesto del 10% frente al actual 8%.
   El incremento de dos puntos porcentuales sobre el sector turístico ha llevado a los asistentes a este encuentro, celebrado el pasado 26 de julio en Málaga, a reinvindicar una serie de medidas que salven al sector entre los que se encuentran un IVA de invierno reducido para frenar la estacionalidad o un IVA turístico especial para el servicio 'rent a car'.
   La implementación de línea progresiva en el aumento de este gravamen a la industria turística de 'sol y playa' y el compromiso del Gobierno de reducir bajar el IVA a este sector, son otros de los puntos que se pusieron sobre la mesa.
   Así, estas asociaciones manifestaron su claro descontento con el incremento del 8% al 21% para los campos de golf, instalaciones turísticas y deportivas al estar estrechamente vinculadas con la actividad turística.

Cesa uno de los administradores del FROB en Banco de Valencia

MADRID.- José Manuel Oliver Martínez, uno de los cinco administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en Banco de Valencia, ha cesado de sus cargos provisionales como representantes del organismo, según publica el Boletín Oficial de Estado (BOE). 

   En concreto, la comisión rectora del FROB aceptó el cese solicitado por Oliver en su reunión del pasado 30 de julio, con lo que a partir de ahora serán cuatro y no cinco los administradores del FROB en el banco valenciano.
   Los administradores del FROB en Banco de Valencia, que podrán dirigir, controlar y ejecutar la actividad diaria de la entidad, serán Fernando Viladomat, Margarita Reyes, José Antonio Iturriaga y José Vicente Morata.

UPyD recurre el rechazo a la intervención judicial de Bankia

MADRID.- Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha recurrido en reforma el rechazo del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu a intervenir judicialmente Bankia y su matriz BFA, como le solicitaban este partido y el otro querellante personado en la causa abierta por irregularidades en la gestión de la entidad, el colectivo 15-M. 

   La formación duda, en un escrito dirigido al magistrado y al que ha tenido acceso Europa Press, de la independencia del actual Consejo de Administración de Bankia por lo que juzga "una locura" mantenerlo, a la vez que insiste en que la modificación de la estructura accionarial de la compañía "ha sido ordenado y dirigida desde otras instancias de poder que nada tienen que ver con la Junta General".
   En opinión del partido, el nuevo Consejo ni es libre ni es autónomo por lo que no queda garantizado que colabore con la Justicia y evite la reiteración delictiva. "Es un peligro evidente, que amenaza a la propia sociedad y, por ende, a sus trabajadores y acreedores", dice el escrito.
   En un auto dado a conocer el pasado lunes, Andreu consideró que la intervención no se justifica para prevenir la continuidad delictiva puesto que la actual administración de Bankia "es completamente distinta a la que se encontraba al frente de la entidad cuando se cometieron los hechos objeto de la investigación".
   Añadía el juez que Bankia es, de facto, una entidad intervenida por el Estado a través de una entidad de derecho público como es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). La sustitución de los administradores actuales de Bankia y su matriz Banco Financiero de Ahorros (BFA), miembro del servicio jurídico de la entidad desde mayo de 2002, se debería acordar sólo si es adecuada para superar una situación de peligro y es "estrictamente necesaria" para impedir la continuidad de la actuación delictiva, circunstancias que no concurren en el presente caso, según Andreu.
   Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 explica en su auto que el único fin legítimo que pudiera justificar la medida solicitada sería el de evitar la continuidad delictiva, en protección de los trabajadores y de los acreedores.
   UPyD pone de manifiesto en su recurso que ni el representante legal designado por Bankia para declarar en la vista en la que se estudiaba la pertinencia de la intervención judicial ni el abogado del FROB criticaron en ningún momento los criterios del anterior Consejo de Administración ahora imputado por su gestión.
   "Locura es dejar al frente de Bankia --sin supervisión de ningún tipo-- a unas personas que avalan y defienden plenamente el comportamiento indiciariamente delictivo de sus predecesores y pretender que con ello se evita cualquier riesgo de reiteración delictiva", dice UPyD.
   La formación destaca, además, que tanto el expresidente ahora imputado, Rodrigo Rato, como el actual, José Ignacio Goirigolzarri, fueron seleccionados por "un concreto partido político" y explica que Rato continúa presidiendo la principal caja del grupo, Caja Madrid, a pesar de su imputación.  
   Andreu instruye, por el momento, dos querellas admitidas a trámite contra Bankia y el BFA y 33 exconsejeros, entre ellos el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia José Luis Olivas, el exministro del Interior Ángel Acebes o el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), Arturo Fernández.
   También se imputan delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida al exconsejero delegado de la entidad Francisco Verdú, al expresidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio José Manuel Fernández Norniella, al expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, al exsecretario general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada y a la exconcejal de Madrid Mercedes de la Merced.
   Están, además, imputados representantes del PSOE, como el exdiputado madrileño Jorge Gómez o el exconcejal de la capital José María de la Riva; de Izquierda Unida (IU), como José Antonio Moral Santín; o de CC.OO., como Francisco Baquero y Pedro Bedia.
   El resto de imputados en la causa son Carmen Cavero, Alberto Ibáñez, Javier López Madrid, Juan Llopart, Araceli Mora, Francisco Juan Ros García, José Manuel Serra, Milano Soto, Francisco Pons, Luis Blasco, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Agustín González, Remigio Pellicer, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes Rojo-Izquierdo, José Manuel Suárez del Toro y Ángel Villanueva.

Multan a la diputada en las Corts Valencianes Marina Albiol por participar en la campaña #novullpagar en la AP-7

VALENCIA.- La diputada de EUPV en las Corts Valencianes Marina Albiol ha sido multada con 100 euros por participar en la campaña #novullpagar en la AP-7, que rechaza el pago de los conductores por utilizar las autopistas. 

   La parlamentaria autonómica intervino en una protesta en el marco de la campaña #novullpagar por lo cual ha sido multada con 100 euros por la Jefatura Provincial de Tráfico. La diputada ha presentado, junto con el resto de participantes de la campaña sancionados, alegaciones que señalan varias "irregularidades" por parte de los agentes, ha informado Esquerra Unida en un comunicado.
   Para Albiol, están poniendo multas "cuando realmente no se cometió ninguna infracción de tráfico". Además, ha criticado que los cuerpos de seguridad del Estado estén "al servicio de los intereses de las  empresas privadas".
   La diputada ha pedido que "en vez de subir los precios bestialmente, apliquen la gratuidad en esta autopista", a tiempo que ha exigido al Gobierno central "una AP-7 gratuita, puesto que el vial de pago está completamente amortizado por la empresa Aumar y no  existe ninguna excusa para que no vuelva a manos públicas y los ciudadanos puedan utilizarla gratuitamente".
 "El gobierno y la empresa concesionaria están atracándonos con este aumento de precios", ha acusado.
   Marina Albiol ha participado en varias ocasiones junto a otros  cargos de EUPV en las protestas organizadas por el movimiento  #novullpagar en la Comunitat Valenciana, negándose a pagar el peaje correspondiente. "Animo los conductores a que ejerzan la insumisión y se nieguen a pagar un euro por utilizar la autopista", ha instado.
   Finalmente, la parlamentaria ha asegurado que EUPV continuará pidiendo y exigiendo la liberalización de la AP-7 en las Corts Valencianes y en el Congreso de los Diputados, "pero desgraciadamente hasta ahora ninguno de los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, han mostrado ningún interés mientras han gobernado el Estado".

miércoles, 1 de agosto de 2012

La nueva terminal T2 del aeropuerto de Manises entra en servicio con 26.600 m2 en cinco plantas


VALENCIA.- La nueva Terminal T2 del Aeropuerto de Manises ha entrado este miércoles en servicio coincidiendo con uno de los días de verano con más tráfico, con 142 operaciones, ha informado Aena en un comunicado.

   El Edificio Terminal T2 de Valencia forma parte del Plan Levante, impulsado por el Ministerio de Fomento a través de Aena Aeropuertos para llevar a cabo una completa renovación y modernización de las instalaciones aeroportuarias.
   Las obras de ampliación, que arrancaron en abril de 2010, incluyen además del Edificio Terminal T2, el Nuevo Aparcamiento, una Nueva Central Eléctrica, un nuevo Sistema de Inspección y Tratamiento de Equipajes (SIEB) y una Red Multiservicio y Equipamiento.
   El edificio, que se ha realizado por la fachada este, incluye una nueva zona de comercio y restauración. Además, cuenta con un nuevo vestíbulo de facturación compuesto por 21 mostradores de facturación, uno de ellos de equipajes especiales, y un nuevo control de seguridad.
   Asimismo, la zona de embarque posee cuatro puertas de embarque, dos de ellas para posiciones en contacto, y dos pasarelas. En cuanto a las cintas de recogida de equipajes, el Edificio Terminal T2 cuenta con 4, una de ellas para equipajes especiales, así como con la correspondiente sala de llegadas. La superficie total construida supone un total de 26.600 m2, repartidos en 5 plantas.
   Además de la Terminal T2, se ha construido el nuevo aparcamiento, situado frente al edificio terminal T2 y compuesto por una planta baja y tres en altura. La planta baja y parte de la primera están destinadas exclusivamente a vehículos de alquiler de las empresas concesionarias, mientras que las plazas restantes se destinan a uso público. Dispone de una superficie media de 13.800 m2 por planta y capacidad para 1.689 vehículos, que se sumarán a las 1.899 plazas de aparcamiento actuales, lo que da un total de más de 3.500 plazas.
   Otra actuación incluida en el Plan ha sido la construcción de una Nueva Central Eléctrica, situada en la zona sur del Aeropuerto y necesaria para poder suministrar la potencia eléctrica requerida por estas actuaciones de ampliación. Además, esta nueva central pasa a ser la principal, contando con un conjunto total de seis grupos electrógenos para emergencia, de 2.500 kVa cada uno, mientras que la actual queda como Centro de Reparto.
   Asimismo, el Edificio Terminal T2 cuenta con un Sistema de Inspección y Tratamiento de Equipajes (SIEB), con capacidad para procesar 2.000 maletas a la hora y realizar la inspección del 100% del equipaje. Además, el sistema está preparado para recibir equipaje facturado desde hoteles o cruceros.
   Por otra parte, durante el mes de julio, Aena Aeropuertos ha testado las nuevas instalaciones a través de las pruebas básicas, que han consistido en seis sesiones en las que ha participado el personal que desarrolla su labor en el Aeropuerto de Valencia, trabajadores de Aena Aeropuertos, compañías aéreas, compañías handling, personal de asistencias técnicas y efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
   En las pruebas realizadas se han comprobado los distintos procesos aeroportuarios. Entre otros, se han sometido a control los accesos, aparcamientos, facturación, tratamiento e inspección de equipajes, filtros de seguridad, embarque, recogida de equipajes y controles de pasaportes e inspección aduanera. También se han realizado dos sesiones más de pruebas. Una sesión de pruebas de aeronaves, con tal de comprobar el correcto funcionamiento de las dos nuevas pasarelas y sus sistemas asociados (guías de atraque y 400 Hz). Y una sesión de pruebas de explotación de las instalaciones de la ampliación del Edificio Terminal, en las cuales se ha testado el sistema de protección contra incendios.
   De forma adicional, se ha preparado una formación dirigida a aquellos colectivos críticos, que tengan que operar y/o mantener las nuevas instalaciones del Edificio Terminal T2, así como aquellos que tengan que desarrollar su actividad en el aeropuerto, con la finalidad de que, desde el primer día de trabajo en sus nuevos puestos, cuenten con la seguridad y confianza necesarias para que la actividad aeroportuaria se desarrolle con total normalidad. Así pues, antes de la puesta de explotación se han realizado 70 cursos, con un total de 378 horas de formación.

Los farmacéuticos valencianos advierten de que la continuidad del servicio puede ser "inviable" por la deuda del Consell

VALENCIA.- El Consejo Valenciano de Colegios de Farmacéuticos y las asociaciones empresariales farmacéuticas (Confar) han asegurado que la cantidad que les adeuda la Generalitat, que supera los 620 millones de euros, "hace inviable la continuidad del servicio de las oficinas de Farmacia".

   El Consejo Valenciano de Colegios de Farmacéuticos y Confar se han reunido este martes para analizar la "gravísima" situación por la que atraviesan las oficinas de farmacia de la Comunitat Valenciana, "debido al ya insostenible impago de los medicamentos por la Generalitat valenciana, que adeuda ya las facturas de febrero, marzo, abril, mayo y junio durante este año". Ambos organismos, en un comunicado, han expresado su "profunda indignación".
   "Si hace escasamente diez días la Generalitat valenciana se comprometía al pago de, cuanto menos, una facturación en este mes de julio, lo cierto es que esto no se ha producido y sólo durante el día de ayer se ha iniciado el procedimiento de pago de apenas un tercio de la factura del mes de febrero", han lamentado.  
   Asimismo, han explicado que la Comunitat Valenciana es la única autonomía de España que adeuda los medicamentos dispensados desde el día 1 de febrero, y cuyo valor asciende a más de 620 millones de euros, "lo que hace inviable la continuidad del servicio de las Oficinas de Farmacia".
   Por ello, los farmacéuticos han manifestado a la población en general que, "ante la imposibilidad de adquirir medicamentos por causa del impago", les atenderán "hasta agotar las existencias".
   No obstante, el Consejo Valenciano y Confar confían en que la adhesión de la Generalitat al Fondo de Liquidez Autonómico permita saldar la deuda acumulada con las oficinas de farmacia.
    El conseller de Sanidad, Luis Rosado, ha asegurado que durante esta semana se abonará como mínimo la cantidad pendiente de febrero y posiblemente la mitad de marzo. A tal efecto, el Consejo Valenciano y Confar continuarán con el seguimiento de la situación y valorarán cualquier novedad que pueda producirse.
   La Conselleria de Sanidad ha ingresado ayer martes a las farmacias de la Comunitat Valenciana un total de 40 millones de euros, un 33 por ciento del dinero que la administración les adeuda, correspondiente a la mensualidad de febrero.

Compromís cree que Fabra "sacará las tijeras antisociales para recortar entre 800 y 1.000 millones más"

VALENCIA.- El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha advertido de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "sacará de nuevo las tijeras antisociales para recortar entre 800 y 1.000 millones de euros más" y ha indicado que, "con toda seguridad, será para atacar los servicios públicos básicos y el bienestar de las personas".

   Morera, en un comunicado, ha señalado que el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, "o no ha estado muy atento o tiene mucho que ocultar de lo que se ha hablado en el reciente Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)".
   "No es de recibo que el conseller se muestre satisfecho con el objetivo de deuda que se nos marca a los valencianos y valencianas, que pasa de un 23 por ciento del PIB autonómico a un 22% por ciento", ha manifestado el síndic de compromís.
   Según Enric Morera, la reunión del CPFF "ha sido una auténtica pantomima que no sirve para nada, ya que en estos momentos no son ni las autonomías ni el Estado quien manda, sino que es Europa". No obstante, ha destacado que "tanto por la actitud del gobierno de Rajoy de dictar y de mandar, como la del conseller valenciano que ha asistido, sólo podemos decir que se ha vuelto a producir otra grave agresión a nuestro autogobierno, a la soberanía del pueblo valenciano y a la de sus instituciones elegidas democráticamente".
   El portavoz de Compromís ha lamentado que el conseller Vela "sólo haya ido para hacerse la foto, sentarse en la mesa, oir, asentir y callar". 
"Su silencio demuestra que no ha ido a defender los intereses económicos" de la Comunitat Valenciana "y encima ha tenido el atrevimiento de criticar a otros consejeros que se han salido de la reunión porque no aceptan el dictado de Rajoy, o mejor dicho, de Europa", ha lamentado.
   En este sentido, ha asegurado que el conseller Vela "no es la persona más adecuada para dar lecciones de qué se debe hacer para tranquilizar los mercados y él tenía que haber hecho lo mismo que la representante de Andalucía, y si no lo ha hecho es porque prefiere acatar antes lo que le dicta la dirección del PP que defender los intereses valencianos".
   Del mismo modo, el síndic ha criticado "el uso perverso del lenguaje y la clara intencionalidad de manipular a la opinión pública".
 "Que dejen de negar el rescate, que no sean tan hipócritas", ha pedido Enric Morera.
   Por último, ha exigido que "si estamos en una situación catastrófica, es por los diferentes gobiernos del PP que ha tenido el País Valencià y eso no lo pueden ocultar ni negar porque esa es la triste herencia de Zaplana, Olivas y más todavía de Camps".

La oposición de Gandia cree que la decisión del alcalde de suprimir los secretarios responde a una "venganza"

GANDÍA.- El concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Gandia, Vicent Mascarell, ha señalado que la decisión del alcalde de la localidad de eliminar los secretarios de los grupos municipales y las dedicaciones exclusivas a los concejales de la oposición de "un golpe de estado más de Torró a la democracia de Gandia y, sobre todo, a los recursos, las personas y el trabajo de los grupos de la oposición". Por su parte, el concejal del Bloc, Facund Puig, lo ha calificado de "venganza anunciada" ante la oposición de denuncia de su partido.

   Para Mascarell esta decisión "demuestra que Torró no soporta las críticas y que la oposición airee sus vergüenzas" y que, por eso, "consuma la amenaza que lleva haciendo desde hace meses y ha dejado sin recursos a la oposición".
   Mascarell ha remarcado "la gravedad" que supone que en un Ayuntamiento de una ciudad como Gandia, los portavoces de la oposición no puedan tener una dedicación exclusiva. Y todo, "mientras el PP mantiene 13 concejales con sueldo completo, dejando al PSPV-PSOE, que tiene 10 ediles, sin dedicaciones completas", han asegurado desde el Grupo Municipal Socialista.
   En cuanto al anuncio del alcalde de Gandia, Arturo Torró, de su renuncia al sueldo municipal, el concejal socialista Vicent Mascarell ha señalado que el alcalde de Gandia tendría que tener un sueldo público "para evitar suspicacias y preguntas como: ¿qué va a hacer para ganarse la vida?".
   Mascarell ha manifestado que la decisión del alcalde "no es una medida de ahorro, sino una intención de acallar a la oposición y hacer y deshacer tranquilamente todos los negocios oscuros que lleva a cabo desde el Ayuntamiento". El edil del PSPV ha recordado, también, a "los 12 regidores que, como títeres, ríen las gracias de Torró, son corresponsables de esta actitud dictatorial y han permitido este golpe de estado".
   Por último, Mascarell ha asegurado que, "a pesar de los constantes ataques que la oposición recibe por parte del gobierno del PP, los socialistas continuaremos adelante, nos quiten los sueldos que nos quiten y nos supriman los recursos que nos supriman", porque, según ha dicho, "representamos la manera de pensar de miles de ciudadanos en Gandia y continuaremos defendiendo sus intereses y denunciando los negocios del PP y de Torró en este consistorio para conseguir borrar del mapa las actitudes antidemocráticas de este alcalde".
   Del mismo modo, el concejal del Bloc, Facund Puig, ha calificado la decisión como de una "venganza anunciada", por parte del alcalde frente a la oposición que estaba realizando su partido. "Aquí tenemos las represalias a nuestra oposición. Esto quiere decir que vamos por el buen camino, que nuestra oposición desvela las actitudes del gobierno dictatorial de Torró y eso está sentando mal", ha señalado Puig. El concejal del Bloc ha criticado que mientras a la oposición se le elimina las dedicaciones exclusivas, se han mantenido a los concejales del Gobierno Municipal.