La denominada 'tercera directiva contra el blanqueo de capitales', adoptada en 2005, endurece el régimen de la UE de lucha contra este problema, que en la actualidad se aplica al sector financiero, así como a abogados, notarios, contables, corredores de la propiedad inmobiliaria y casinos.
La nueva actualización amplia el ámbito de aplicación para abarcar también a los proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos, así como a todos los proveedores de bienes cuando los pagos efectuados en metálico superen los 15.000 euros.
Además, la directiva exige la aplicación de instrumentos contra el blanqueo de dinero (identificación y comprobación de la identidad del cliente, conservación de datos, formación del personal, etc.) a la lucha contra la financiación del terrorismo.
Finalmente, la norma impone requisitos y salvaguardas complementarios para situaciones de mayor riesgo (por ejemplo, transacciones con bancos corresponsales situados fuera de la UE).
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