Encuentros en la segunda fase / Jordi Sevilla

Abróchense los cinturones porque entramos en la segunda fase de la lucha contra la crisis económica. Al menos, eso dijo el presidente del Gobierno esta semana ante su grupo parlamentario. Una segunda fase que necesita más ritmo y, por ello, un nuevo equipo de Gobierno, suponemos que porque los anteriores iban demasiado lentos debido a su cansancio. Si la situación es de «emergencia» (sic), los ritmos tienen que serlo también, dentro de la legalidad, claro.

La pregunta del millón es, sin embargo, si además de hacer las cosas con más rapidez, energía y fotos, deben hacer los nuevos ministros otras cosas diferentes. Hay quien piensa que sí y ya le ha presentado al nuevo ministro de Fomento un detallado plan a favor de parte. Pero también Zapatero debe pensarlo cuando ha situado la acción del nuevo Gobierno bajo la égida de la concertación: social, territorial y política. Y esto, de llevarse a cabo, sí que representará un cambio de rumbo y no sólo de ritmo.

Me explico. El discurso ensalzador del diálogo social como instrumento para consensuar políticas económicas no es nuevo en el actual Gobierno. De hecho, no hacer recortes sociales a pesar de la crisis es una de las principales banderas esgrimidas desde el inicio de la desaceleración para diferenciarse del decretazo con el que el PP abordó el bache económico de 2001. Pero también de los duros recortes sociales y laborales aprobados por el último Gobierno de González en 1994, bajo la dirección de Solbes y Griñán, que, sin embargo, permitieron iniciar la recuperación un año más tarde. Evitar la convocatoria de una huelga general por parte de los sindicatos parece, además de algo saludable para la convivencia, una obsesión personal de Zapatero.

Pero a pesar de todo, resulta difícil citar alguna iniciativa de lucha directa contra la recesión que haya surgido del diálogo social. Incluso diría más, resulta difícil recordar cuál de las 80 medidas del Plan E, compendio anticrisis de acciones gubernamentales, ha sido acordada con los interlocutores sociales en las mesas de diálogo abiertas. Por tanto, llevar propuestas concretas de reforma económica o de medidas urgentes anticrisis a debate con sindicatos y empresarios para su aprobación, sería una novedad y no sólo un cambio de intensidad. El problema de esta estrategia, como sabemos en España desde el inicio de la democracia, es doble: por una parte, hasta dónde va a estar dispuesto el Ejecutivo a tirar de déficit público, desde sus abultadas cifras actuales, para engrasar el acuerdo; y en segundo lugar, qué hará el Gobierno si, considerando imprescindible alguna medida, no logra el acuerdo en las mesas.

Pero si hay algo que marcará una diferencia de orientación, y no sólo de velocidad, entre este y el anterior gabinete, es la búsqueda activa de una concertación territorial. Después de todo lo que representó el debate sobre la cuestión territorial en la pasada legislatura, el año transcurrido de ésta se ha caracterizado por una total desaparición del mismo en la escena política. Salvo por la insistencia catalana en hablar del nuevo modelo de financiación, el Gobierno actuaba como si las comunidades autónomas no existieran.Aprobó un plan de inversión municipal sin ellas y ni tan siquiera reunió a la Conferencia de Presidentes para sumar esfuerzos y concertar las políticas anticrisis, a pesar de que las comunidades gestionan la mitad del gasto público total en España.

A partir de ahí, crear toda una Vicepresidencia, encargada a un peso pesado, dedicada a tejer de nuevo el diálogo institucional y la cooperación entre las dos partes del Estado, como son el Gobierno central y las comunidades autónomas, sí es un cambio relevante y necesario que, espero, no quede reducido a una mera cuestión de pelas. España sigue siendo un Estado incompleto, pero plural, necesitado de reformas que hagan más eficiente el funcionamiento conjunto de sus administraciones.

La tercera pata en que se asienta esta segunda fase es, al parecer, la concertación política. En parte es así debido a la necesidad matemática de mayorías parlamentarias en el Congreso actual.Pero quiero creer que cuando el presidente habla de buscar la concertación con todas las fuerzas políticas que estén dispuestas a arrimar el hombro, lo dice pensando, además, en lo excepcional de la situación de emergencia económica y social en que vivimos.Por tanto, debemos creer que se va a buscar una aproximación sincera al principal partido de la oposición animados, tal vez, por el nuevo clima vasco. Eso, también, de ser así, sería mucho más que un cambio en el ritmo.

El Partido Popular acaba de hacer públicas sus propuestas de reformas estructurales para hacer frente a la recesión. Tengo que reconocer que esperaba más, porque creo que tiene gente capaz de hacerlo mejor. Dos muestras. Sobre la reforma laboral, su propuesta literal es: «Promoción con los agentes sociales de un Gran Acuerdo Parlamentario por el Empleo y la Competitividad».Vale. Por otro lado, alguien de ese partido debería explicarnos cómo se puede reactivar la economía y salir de la crisis con un conjunto de propuestas centradas en favorecer el ahorro privado y la austeridad pública. Si nadie consume, nadie produce y no hay crecimiento sino deflación. Al menos, hasta que superemos la depresión gracias a otra estrategia más expansiva en gasto.

Con esos mimbres, veo complicada la consecución de una concertación política entre los dos principales partidos de España en torno a un conjunto de medidas para acelerar la salida de la crisis.Pero intentarlo en serio sería ya todo un giro estratégico desde lo hecho hasta ahora. No voy a entrar en el debate escolástico sobre si debemos intentar o no unos nuevos Pactos de la Moncloa.Pero he defendido aquí la necesidad de aunar esfuerzos mediante esa concertación social, política y territorial que ahora se propone como definitoria de esta segunda fase de lucha contra la recesión. Ignoro por qué para esto ha hecho falta un cambio de Gobierno. Pero si estamos ahí, bienvenido sea.