Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado, el instructor entiende que, "en principio" y a la espera de su calificación final, los hechos presuntamente cometidos por los imputados serían constitutivos de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, propios de la competencia del Tribunal del Jurado.
De acuerdo con el juez instructor, a estos delitos se deben sumar otros conexos en lo que a Carlos Fabra y María de los Desamparados Fernández se refiere, que son los relativos a la Hacienda Pública. La conexidad de estos delitos fue declarada expresamente por la Audiencia Provincial de Castellón el 24 de enero de 2006, según el TSJCV.
El próximo 25 de junio se celebrará en el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Nules la comparecencia prevista en la Ley del Jurado para concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir que se practiquen nuevas diligencias de investigación.
La última diligencia practicada en relación con este caso tuvo lugar el pasado 21 de mayo, cuando declaró en el juzgado la ex mujer de Fabra, que sólo respondió a las tres preguntas efectuadas por su abogado defensor.
En esta jornada también había sido citado inicialmente al presidente de la Diputación castellonense, aunque su comparecencia quedó aplazada porque el dirigente 'popular' se encuentra de baja laboral tras haber sido sometido a un tratamiento médico en Madrid.
No obstante, el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, apuntó tras la declaración de Fernández que el procedimiento estaba "listo para cerrarse" y consideraba que la declaración de la ex mujer del presidente de la Diputación sería la última, por lo que Fabra no sería citado de nuevo a declarar.
Asimismo, señalaba que la instrucción de la causa "podría cerrarse antes del verano" porque no quedaban más diligencias por practicar.
Hacienda inició una denuncia contra Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, aunque en el procedimiento se ha terminado investigando las cuentas del presidente castellonense desde ese año hasta 2004.
En relación con esta causa, un informe de los ingresos del dirigente 'popular', realizado en la investigación judicial, apunta a que ingresó, a través de cuentas corrientes personales o familiares, 5,3 millones de euros sin justificar en seis años, una cifra que representa 70 veces su salario.
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