REIKJAVIK.- La población de Islandia volvió a rechazar un acuerdo negociado por el gobierno sobre la amortización de la deuda del banco Icesave, en quiebra, en un referéndum celebrado este sábado. Según el recuento del 90% de las papeletas escrutadas, el 59,1% de los islandeses han vuelto a decir no en la convocatoria de este fin de semana.
El resultado puede interpretarse como un triunfo de la denominada revolución de las cacerolas:sí habría empañado el ejemplo islandés, al que se agarra cada vez más gente en la periferia de Europa, por la irritación que provoca el empeño de Bruselas y el BCE en defender a los bancos aun a costa de una oleada de austeridad y recortes draconianos.
La emisora de televisión RUV informó en la madrugada de hoy domingo que un 58 por ciento de los votos fueron "no" y sólo un 42 por ciento apoyó el acuerdo para el pago del monto que se le debe al Reino Unido y Holanda.
El resultado definitivo de la consulta popular se difundirá esta misma mañana.
Pese a la distancia y a su tamaño, los habitantes de esta isla se han convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el sistema bancario porque se niegan a hacer frente a la deuda que sus bancos han dejado con sus quiebras.
Pese a la distancia y a su tamaño, los habitantes de esta isla se han convertido en un verdadero quebradero de cabeza para el sistema bancario porque se niegan a hacer frente a la deuda que sus bancos han dejado con sus quiebras.
Las arcas del Estado deberán pagar los 3.800 millones de euros (unos 5.500 millones de dólares) que adeudan a Reino Unido y Holanda, pues estos gobiernos restituyeron en 2008 a los 300.000 clientes de Icesave en sus respectivos países los depósitos que tenían contratados en el banco online.
Islandia, con una ciudadanía reivindicativa y una clase gobernante que no está dispuesta a obligar a sus habitantes a que asuman una deuda que no es suya sin estar antes de acuerdo, se produjo el primer referéndum, que dijo no por una mayoría aplastante. Se pensó que la negativa se debía a que el acuerdo era excesivamente gravoso para los ciudadanos islandeses, con unos tipos de interés muy altos. Ahora ha llegado el segundo y el no también ha sido rotundo.
Islandia, con una ciudadanía reivindicativa y una clase gobernante que no está dispuesta a obligar a sus habitantes a que asuman una deuda que no es suya sin estar antes de acuerdo, se produjo el primer referéndum, que dijo no por una mayoría aplastante. Se pensó que la negativa se debía a que el acuerdo era excesivamente gravoso para los ciudadanos islandeses, con unos tipos de interés muy altos. Ahora ha llegado el segundo y el no también ha sido rotundo.
La primera ministra Jóhanna Sigurdardóttir dijo sobre los datos del referéndum que era el "peor resultado imaginable". Su gobierno había abogado por el "sí". Es probable que las controvertidas condiciones de devolución del dinero pasen a ser determinadas ahora por instancias europeas.
El primer referéndum, en marzo de 2010, una mayoría del 93 por ciento de islandeses rechazó el acuerdo de devolución de las deudas negociado por el gobierno de Reykjavik. Se criticaron sobre todo los elevados intereses. Como consecuencia, los tres gobiernos implicados negociaron el año pasado algunas mejoras para la parte islandesa.
El referéndum fue convocado hace dos meses por el presidente islandés, Oláfur Ragnar Grímsson, que se negó a firmar una ley del Parlamento que estipulaba las condiciones del acuerdo: un pago con intereses del 3% a 37 años. Grímsson es reincidente: en diciembre de 2009 ya forzó una consulta similar, cuando contra todo pronóstico se negó a firmar una ley que obligaba a pagar con intereses del 5,5% en 15 años. El no ganó entonces de forma arrolladora. "Las antiguas condiciones de pago eran muy injustas: las nuevas son mejores, pero si los islandeses van a tener que cargar con una deuda de sus bancos deben tener derecho a decidir. Islandia es una democracia, no un sistema financiero", declaró Grímsson a 'El País' hace unos días.
La disputa viene de lejos. A mediados de la pasada década, uno de los grandes bancos islandeses, Landsbanki, abrió una filial por Internet en Reino Unido, Holanda y Alemania que tuvo un éxito fulgurante por los altos intereses que pagaba en una cuenta llamada Icesave. A principios de octubre de 2008, apenas 15 días después de la quiebra de Lehman Brothers, el Reino Unido detectó que los bancos islandeses estaban traspasando dinero de las cuentas británicas a Reikiavik y les aplicó la ley antiterrorista: congeló todos sus fondos. Los bancos estaban sobreendeudados (sus activos suponían 12 veces el PIB), y esa decisión, junto a la crisis internacional, les llevó a la bancarrota. El Estado no los rescató. Los dejó caer, y posteriormente los nacionalizó e inyectó dinero para que siguieran operando, pero solo en Islandia. Londres y Ámsterdam pagaron a los depositantes de Icesave (unas 300.000 personas) el 100% de los depósitos y desde entonces reclaman ese dinero. Eso suma 4.000 millones: tal vez no parezca una cifra desorbitada, pero es un tercio del PIB islandés.
El Gobierno, en cambio, defendía el sí en el referéndum aduciendo que los activos del banco quebrado, cuando se liquiden, permitirán pagar la mayoría de la deuda. Los partidarios del no argumentaban que la gente no debería pagar por las locuras de sus bancos, y aducen que la legislación internacional -llena de sombras- no obliga a ningún país a asumir deudas astronómicas que sobrepasan con mucho el importe acumulado en los fondos de garantía.
Islandia sigue sumida en una profunda crisis, tras los acontecimientos que acabaron en la quiebra del sistema bancario y que obligaron al país a acudir al FMI. Entonces la Bolsa se desplomó, la corona islandesa perdió el 80% de su valor y la caída del PIB ha sido del 15%. El paro ha pasado del 1% al 8%, hay controles de capital -corralito-, ha habido fuertes subidas de impuestos y recortes del gasto público. La incipiente recuperación es aún muy frágil. Y esa fragilidad puede aumentar en caso de que el no salga vencedor: el Ejecutivo avisó a la población de que el rechazo llevaría el caso a los tribunales, donde la factura puede llegar a ser mucho mayor. Además, si los activos del banco quebrado son menores de lo esperado y la corona vuelve a caer, las cifras se dispararían.
La consulta tendrá también efectos colaterales en el ámbito político. La negativa deja en una difícil posición al Gobierno de coalición entre socialdemócratas y rojiverdes, y complicaría el acceso de Islandia a la UE y los créditos con el FMI y otros países nórdicos. Los islandeses saben todo eso, y aun así ha ganado el no. "Tenemos la opción de acabar con este desafortunado asunto con dignidad, o embarcarnos de nueva en un periodo de incertidumbre", avisó ayer el ministro de Finanzas, Steingrimur Sigfusson. "De acuerdo: pero la crisis ya está siendo lo suficientemente dura. No quiero pagar más", terció el director de cine Arni Sveinsson.
La reacción de Reino Unido no se ha hecho esperar. El secretario jefe del Tesoro británico, Danny Alexander, ha expresado hoy su decepción ante la negativa de los islandeses a pagar por el colapso de
los bancos:"Está claro que el rechazo declarado por el pueblo islandés a lo que era un acuerdo negociado ha sido obviamente decepcionante", declaró Alexander. "Por supuesto que respetamos su decisión, pero ahora vamos a hablar con nuestros socios internacionales, y parece que este proceso terminará en los tribunales", añadió.
Islandia, con 320.000 habitantes, se vio fuertemente afectada por la crisis financiera de 2008, que provocó el colapso de la banca.
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