CASTELLÓN.- El juzgado de instrucción nº 1 de Nules ha remitido a la Audiencia Provincial la causa en la que está acusado el expresidente de la Diputación castellonense, Carlos Fabra, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda Pública en relación a la intervención que tuvo para agilizar la tramitación y obtención de autorización para la fabricación de productos fitosanitarios de la empresa Naranjax, según sostiene la Fiscalía.
Una vez llegue a la Audiencia, la sala competente tendrá que admitir la causa, habrá que esperar a la resolución de dos recursos de apelación que aún están pendientes y será entonces cuando se señale la celebración de juicio, según ha informado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
La Fiscalía Anticorrupción pide para Carlos Fabra una pena de 15 años de cárcel y una multa de 2,3 millones de euros, mientras que otros de los imputados en el denominado 'caso Fabra', --María Amparo Fernández, esposa de Fabra; el empresario Vicente Vilar y la mujer de éste, Montserrat Vives-- se enfrentan a penas de prisión de entre cuatro y ocho años.
Posteriormente, la imputación se amplió al exsenador del PP Miguel Prim después de que la Audiencia de Castellón revocara el pronunciamiento de sobreseimiento provisional en relación con él, lo dejara sin efecto, y acordara la continuación de las actuaciones por su posible intervención en un delito de tráfico de influencias.
En su escrito, la Fiscalía señala que en 1999 Vicente Vilar, administrador único de la firma de productos fitosanitarios Naranjax SA, y su esposa, Montserrat Vives, se pusieron en contacto con Carlos Fabra para que, valiéndose de su cargo como presidente de la Diputación castellonense, tratara de influir ante los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización de dichos productos.
Añade que las actuaciones de Fabra ante los ministerios se produjeron entre los años 1999 y 2002, constando diversas reuniones tanto con responsables políticos como administrativos de los citados Ministerios y de las Cortes Generales.
En este punto, se refiere a una reunión celebrada el 12 de julio de 1999 con Fabra, el entonces ministro Jesús Posadas, y el secretario de Hacienda y diputado por Castellón, Juan Costa, entre otros, en la que se trató, entre otras cuestiones, "la situación de retraso en la tramitación de licencias para la fabricación y comercialización de productos fitosanitarios y en las que se informó sobre el estado administrativo en el que se encontraban las solicitudes" cursadas por Vilar.
Asimismo, señala que Fabra realizó una tarea de intermediación "en favor no sólo de las empresas propiedad de Vilar y Vives, sino también de su esposa, y que estuvo dirigida a conseguir una mayor agilización en la concesión de licencias para la producción de productos fitosanitarios, valiéndose para ello de sus relaciones con Miguel Vicente Prim y Vicente Sánchez Peral, que era subdelegado del Gobierno en Castellón, y llegando a mantener reuniones con el director del gabinete de Presidencia, Alfredo Timermans del Olmo, y con la ministra de Sanidad, Celia Villalobos".
Además, la Fiscalía apunta que en abril de 2000, Carlos Fabra constituyó una sociedad (Carmacas SL) de la que era administrador único y titular del 90 por ciento de participaciones sociales y que utilizó parte de su facturación para "ocultar los pagos" realizados por Vicente Vilar.
El escrito también refleja que durante el período 1999 a 2004 Carlos Fabra y María Amparo Fernández "tuvieron ingresos que fueron ocultados a la Hacienda Pública, los cuales no se corresponden ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados". De este modo, especifica que en 1999 los ingresos no declarados de Fabra fueron de 518.388 euros; de 328.520 euros en 2000; de 295.317 en 2001; de 369.876 en 2002; 358.256 en 2003 y 217.212 en 2004 (algo más de dos millones de euros en total). En el mismo período, constan ingresos no declarados de su esposa por valor de unos 1,6 millones.
Dicha "ocultación de ingresos", apunta la Fiscalía, dio lugar a que fueran "defraudados" a la Hacienda Pública diversas cantidades anuales, todas ella superiores a 120.000 euros. En el caso de Fabra estas fueron de 253.254 euros en 1999, y de 158.976, 141.302, 174.836 y 158.105 en los sucesivos ejercicios hasta 2003. Igualmente, las cifras de Fernández alcanzaron entre 1999 y 2003 los 162.295 euros, 145.835, 124.963 y 153.276 euros.
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