PALMA.- El juez instructor del caso Palma Arena, José
Castro, ha librado mandamiento al Registro Mercantil Provincial de
Valencia a fin de recabar datos en torno a las cuentas anuales de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), entidad que se encuentra
bajo la lupa judicial por las contrataciones que llevó a cabo con el
Instituto Nóos cuando éste estaba presidido por el Duque de Palma, Iñaki
Urdangarin.
Así consta en una providencia dictada por el magistrado, a la que
ha tenido acceso Europa Press, en la que acuerda recabar testimonio de
las cuentas, tanto individuales como consolidadas, correspondientes en
concreto a los años 2004, 2005 y 2006, con el objetivo de ahondar en la
vinculación que tuvo Cacsa con el Instituto presidido por el yerno del
Rey Don Juan Carlos entre 2004 y 2006.
En concreto, en el marco de esta pieza del caso Palma Arena, la
número 25, se encuentran imputados entre otros la directora de gestión
de Cacsa entre los años 2003 y 2008, Elisa Maldonado; quienes fueran
directores generales de la institución José Manuel Aguilar (2003-2005) y
Jorge Vela, que lo relevó en el cargo hasta 2009, y el empresario
valenciano Miguel Zorío.
Asimismo, también han sido encausados el exsecretario autonómico
de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat, Luis Lobón, quien
anteriormente ocupó el cargo de responsable de Grandes Eventos del
Consejo, y la que fuera técnica del departamento jurídico en 2004 y
posteriormente máxima responsable de esta sección en Cacsa, María
Ángeles Mallent.
Y es que la relación de Casca con las investigaciones sobre Nóos
se ciñe a dos contratos suscritos en 2004 y 2005 con la sociedad que
fundó y presidió el Duque de Palma. Uno de ellos iba dirigido a la
celebración del evento Valencia Summit, en el que también participó el
Ayuntamiento de Valencia, y el otro fue suscrito por la Sociedad Gestora
para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat, entonces
presidida por el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban
González Pons.
De hecho, el propio González Pons fue citado como testigo para ser
interrogado en esta causa si bien finalmente fue suspendida su
declaración, sin que hasta el momento se haya fijado nueva fecha para su
comparecencia. Mientras tanto, los investigadores han tomado
declaración hasta ahora a exaltos cargos de la Generalitat Valenciana y
del Ayuntamiento por los pagos realizados a Nóos.
En el marco de estas pesquisas, las acusaciones consideran a
Urdangarin y a su exsocio Diego Torres responsables de urdir un
entramado societario cuando ambos estaban al frente de Nóos con el fin
de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía la entidad.
Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los
servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban
trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos.
Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas
controladas por los dos imputados.
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