VALENCIA.- El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que
investiga un supuesto caso de blanqueo de capitales en el seno del PP de
la ciudad de Valencia, mantiene la imputación para la totalidad de
concejales, exconcejales, asesores y exasesores a los que ha citado a
declarar.
A falta de la comparecencia de cuatro exediles y ocho
asesores, que se producirán mañana, el viernes y el próximo lunes, el
juez mantiene en condición de investigados (imputados antes de la
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) a 49 personas por el
supuesto blanqueo de 50.000 euros.
Esta pieza separada tiene su
origen en el conocido caso Imelsa, en el que se investiga una supuesta
trama de comisiones ilegales en la adjudicación de contratos desde
varias administraciones controladas por el PP en la provincia de
Valencia.
Hoy han comparecido ante el juez dos exconcejales y una
concejal, además de cuatro asesores, de los que dos se han negado a
declarar.
Uno de ellos ha sido el exconcejal Vicente Aleixandre,
quien ha abandonado la Ciudad de la Justicia de Valencia por el Juzgado
de Guardia y ha espetado con un "ya se apañarán" al ser preguntado por
la situación judicial de sus excompañeros de partido.
"No he declarado, no tengo nada que decir", ha explicado Aleixandre brevemente a los periodistas.
Por
otra parte, el exconcejal y asesor del PP en la Diputación de Valencia,
Francisco Lledó, ha explicado que no sabe si la exalcaldesa y actual
senadora territorial del PP Rita Barberá conocía o no el supuesto
blanqueo y ha reconocido que aportó mil euros de forma voluntaria para
la financiación del partido que no le fueron devueltos.
Lledó y la
actual concejala del PP de Valencia María Jesús Puchalt han abandonado
juntos la Ciudad de la Justicia por la puerta principal, pero únicamente
el primero ha atendido a los periodistas.
En relación con este
asunto, el PSPV de Valencia ha informado hoy de que solicitará que la
comisión de investigación abierta en el Consistorio sobre el posible
amaño de contratos pida una auditoría de contratos que considera bajo
sospecha.
Se trata de los contratos para la construcción del
teatro La Rambleta, la rehabilitación de las Torres de Quart, el retén
del barrio del Carmen, varias ediciones de La Mostra y la contrata de la
grúa con Servicleop.
Mañana continúan las declaraciones con otras
9 personas citadas, entre las que hay dos exconcejales, Juan Vicente
Jurado e Irene Beneyto, y siete asesores.
El Juzgado ha añadido un
nuevo día al calendario previsto inicialmente para tomar declaración a
uno de los asesores investigados cuya comparecencia se retrasó porque su
letrado se encontraba en Mallorca, asistiendo a las sesiones del juicio
del caso Nóos.
El posible delito de blanqueo se detectó en el
marco de unas diligencias más amplias en las que se investiga a 80
personas (políticos del Partido Popular, asesores y empresarios) por
varios delitos contra la administración pública y seguirán secretas al
menos hasta el 14 de marzo.
Además, el magistrado instructor ha
ordenado la intervención de inmuebles y vehículos, el bloqueo y embargo
preventivo de los saldos de productos bancarios de algunos de los
investigados para su decomiso en caso de sentencia condenatoria firme.
Desde
el grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia se ha informado de que a
ningún miembro (concejal, asesor o funcionario) se le ha bloqueado
cuenta bancaria alguna ni se le han intervenido vehículos o inmuebles.
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