MADRID.- Después de un sexenio financiándose a través de préstamos del Ministerio de Hacienda, los bajos tipos de interés están animando a las autonomías a plantearse una vuelta en masa a los mercados. Andalucía y Baleares actúan de avanzadilla, y ya han pedido permiso al Gobierno para endeudarse. El objetivo que persiguen es el de "desligarse progresivamente" de los mecanismos de liquidez y eludir así "el excesivo control" que ejerce el ministro Cristóbal Montoro a quienes se benefician del FLA y la Facilidad Financiera (FF), según avanza elEconomista.
Andalucía,
con vencimientos de 4.556 millones este año, ha trasladado al Ejecutivo
la intención de emitir en los mercados hasta 1.000 millones, ahora que
"los deberes se han hecho" y se ha cumplido el déficit -lo dejó en el
0,22 por ciento en 2017 frente al límite del 0,6 por ciento al que
estaba obligada-. El Consejo de Ministros aún no ha dado luz verde a la
operación.
Desde la Consejería de Hacienda
andaluza se argumenta que el objetivo es el de ir abandonando los
mecanismos de liquidez, porque si bien éstos "permitieron acceder a
financiación cuando los mercados estaban cerrados", su uso impuso
"límites a la autonomía financiera" de las regiones y "duras
condiciones" en ocasiones "claramente recentralizadoras".
Baleares, por su parte, ha sido
menos ambiciosa y ha pedido al Ejecutivo poder endeudarse por valor de
162 millones, cantidad que le correspondería recibir de la Facilidad
Financiera en el cuarto trimestre de este año.
Según la consejera del
ramo, Catalina Cladera, el objetivo es el mismo que el andaluz: una
"desvinculación gradual" de la tutela de Hacienda. El Gobierno de
Francina Armengol reconoce que los mecanismos han permitido a la región
ahorrarse intereses, pero también ha provocado que se acumulen
amortizaciones y que no se pueda gestionar el calendario de vencimientos
con más flexibilidad.
El gesto andaluz y balear llega
en un momento clave, con el debate de la financiación autonómica
encallado en un órgano secundario del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y pocas posibilidades de pacto a corto plazo entre los dos
partidos que deben acordar el futuro marco, el PP y el PSOE.
La reestructuración, clave
El
propio Montoro confirmaba hace solo unos días el interés de varias
autonomías por desligarse del FLA y la Facilidad Financiera, aunque
añadía que, para la clausura de los mecanismos, esas administraciones
exigían una reestructuración de la deuda que mantienen con el Estado.
Nada que oculten las peticionarias, por cierto.
A día de hoy, sobre un
pasivo total de más de 280.000 millones, las autonomías deben a la
Administración Central 157.000 millones por los préstamos recibidos
(que por otro lado ascienden a 261.000 millones.
Un asunto, el de la quita o
reestructuración, que levanta una enorme polvareda en el seno de los
partidos, sobre todo en el seno del PP. Porque esta formación gobierna
en autonomías saneadas como Galicia y Madrid, que no están dispuestas a
un perdón selectivo de deuda; y en otras como Murcia, que debe un 77 por
ciento de su pasivo al Estado, incumple el déficit y presenta un riesgo
de insostenibilidad "muy elevado", según la AIReF.
En el PSOE el debate está algo
más soterrado, dado que, a excepción de Asturias, en mejor posición, el
resto de autonomías en las que gobierna se beneficiarían de manera
importante de un alivio pilotado por Montoro.
Valencia, en manos de Ximo
Puig, presenta el porcentaje de deuda sobre PIB más elevado de España
(más del 41 por ciento) y debe un 78 por ciento de ese pasivo al Estado.
Andalucía, a su vez, debe el 70; Castilla-La Mancha el 72; y Baleares
el 68.
Montoro
se muestra dispuesto a estudiar el fin de los mecanismos, y por eso
sugiere que es favorable a una reestructuración a la griega, con perdón
de intereses y alargamiento de plazos, incluso para regiones saneadas.
Pero la realidad es otra: sin el concurso del PSOE, Hacienda no está
dispuesta a dar ningún paso. Menos aún sabiendo que, con el FLA y la FF,
puede mantener a raya los plazos autonómicos del pago a proveedores y
el cumplimiento del déficit, políticas que han constituido la gran
prioridad política del ministro.
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