Poca
gente podría haber imaginado hace solo cuatro meses que, hoy, casi una
tercera
parte de la población mundial estaría viviendo en condiciones de
confinamiento, incluidas las tres cuartas partes de la población que
viven en el mundo capitalista desarrollado. Y lo que es también
extraordinario es que, como consecuencia de la pandemia y de las medidas
tomadas contra ella, la economía mundial está sufriendo una crisis sin
precedentes.
Como
resultado de todo ello, es más que probable que la cultura económica
del mundo post-pandemia sea diferente a la del mundo actual. Y uno de
los cambios será (ya lo está siendo ahora) el gran descrédito de los
dogmas que han orientado el pensamiento económico dominante en la época
pre-pandemia –el neoliberalismo–,
y cuya aplicación a través de la imposición de las políticas públicas
(derivadas de tal dogma) está causando tanto sufrimiento.
Dicho dogma
(que continúa siendo dominante en los establishments político-mediáticos
de la Unión Europea) ha mantenido la tesis de que el éxito de
la actividad económica tenía que basarse en la austeridad del gasto
público social, conseguida a base de recortes que han dejado a los
países afectados por la pandemia sin los medios necesarios –como por
ejemplo sanitarios y de servicios sociales– para protegerse frente a
ella.
No es sorprendente que, en general, aquellos países donde
tales políticas neoliberales se han aplicado con mayor dureza sean hoy
también los países donde el daño causado por la pandemia está siendo
mayor (ver mi artículo "Las consecuencias del neoliberalismo en la pandemia actual", Público, 17.03.20). España,
Italia y EEUU son claros ejemplos de ello. Son los países que tienen
mayores índices de mortalidad debido a la pandemia hoy en el mundo,
resultado en gran parte del debilitamiento de sus sectores sanitarios y
sociales (así como otros esenciales), consecuencia del
empobrecimiento del sector público y de la expansión del privado como
resultado de las políticas de recortes del gasto público social llevadas
a cabo por gobiernos conservadores, liberales y socioliberales.
Es en estos
tres países del mundo occidental donde está habiendo más muertes por
coronavirus (en parte, debido a la gran escasez de respiradores) y donde
hay un porcentaje mayor de profesionales y trabajadores del sector
sanitario que han sido contagiados por el coronavirus, resultado de la
escasez de material protector. Los datos hablan por sí mismos.
Según datos de la Global Health Expenditure Database
(de la Organización Mundial de la Salud), entre 2009 y 2017 el gasto
público sanitario gubernamental como porcentaje del PIB descendió en
España de un 6,4% a un 5,9%, y en Italia de un 7% a un 6,5%, mientras
que en EEUU –punto de inspiración del modelo neoliberal– apenas creció
de un 4,2% a un 4,5%, con una cobertura sanitaria muy limitada, con casi
30 millones de estadounidenses sin protección sanitaria; por otro lado,
según datos de la OCDE, entre 2008 y 2016 España redujo sus camas
hospitalarias por cada 1.000 habitantes de 3,2 a 2,97, Italia de 3,79 a
3,17 y los Estados Unidos de 3,13 a 2,77.
Aquí en Catalunya, los recortes del gasto público sanitario fueron de los más acentuados en España y en la UE-15. Se
recortaron 1.500 millones de euros, y se eliminaron 1.100 camas
hospitalarias, reducciones que han afectado muy en particular a las
clases populares, todo ello mientras se reducían los impuestos de
sucesiones y de patrimonio para las clases de renta superior.
Los
recortes más acentuados fueron los realizados por el gobierno de
Convergència (partido neoliberal), hoy JxCat, siendo presidente de la
Generalitat de Catalunya el Sr. Artur Mas y Consejero de Sanidad el Sr.
Boi Ruiz,
presidente de la Patronal Sanitaria privada, cuyas primeras
declaraciones como máxima autoridad de la sanidad pública catalana
fueron animar a la población a que contratara un seguro de sanidad
privado. Toda esta realidad quedó ocultada por el llamado
"procés" independentista, dirigido por tal partido, cuyo apoyo procede
mayoritariamente de las clases de renta superior y media superior.
El neoliberalismo mata
Repito, la evidencia de que los países en el Atlántico Norte que han
sufrido más debido a la pandemia son aquellos que han aplicado con mayor
severidad las políticas de austeridad, así como reformas laborales
regresivas, tales como los tres citados (ver mi artículo en Público "Lo que se está ocultando en el debate sobre la pandemia", 24.03.20) es abrumadora.
La respuesta de dichos países a la pandemia ha sido intentar
cubrir las enormes deficiencias de sus sistema público sanitario a base
de comprar material para curar a los enfermos y para proteger a los
profesionales del sector, pues es en estos países donde hay mayor
demanda para que se obtengan dichos materiales, pero esta
alternativa está resultando ser, como era previsible, insuficiente,
incluso para alcanzar los objetivos limitados definidos por sus
gobiernos, importantes (como conseguir mascarillas para todos los
profesionales y trabajadores de los sectores esenciales), pero, repito,
insuficientes, pues la medida correcta sería conseguir mascarillas para toda la población.
La OMS, por fin, ha admitido que los países que han tenido más éxito
para controlar la pandemia han sido aquellos, como Corea del Sur, donde
las mascarillas fueron utilizadas por toda la población (así como los
guantes) a fin de protegerse del contagio.
Es urgente cambiar el tipo de producción económica en el país
La primera respuesta de estos países a tales déficits ha sido, pues,
intentar resolver la demanda por la vía mercantil, es decir, comprar los
materiales en el mercado internacional, donde estamos viendo que hay
una gran saturación provocada por una carencia global de tales
productos, motivo por el cual sus precios se han disparado, alcanzando
cifras astronómicas.
Y como un signo del deterioro de tal
mercado, se han establecido malas prácticas de todo tipo, incluyendo la
devolución masiva de productos defectuosos ya adquiridos, tales como
mascarillas (hecho que ha ocurrido con autoridades públicas en EEUU,
España, Italia, Países Bajos y otros países importadores de dichos
productos), provenientes en su mayoría de fábricas (muchas de
ellas, ilegales) en China.
Y, para complicar más las cosas, dentro de
los mismos países importadores, varias autoridades a distintos
niveles (sean CCAA en España, regiones en Italia o Estados en EEUU) han
estado compitiendo entre ellas para conseguir cuanto antes estos
materiales tan necesarios, competición que ha ido en contra de los
intereses de los compradores y a favor de los intereses de los
proveedores.
La enorme insuficiencia de este mecanismo mercantil está
creando una protesta popular muy extendida, exigiendo a los Estados que
cambien sus prioridades y resuelvan esta escasez de otras maneras. Ello
explica la creciente presión para que haya una transformación profunda
del sistema productivo industrial, dando prioridad al bien común sobre
cualquier otra consideración, exigencia que puede tener un impacto
enorme en el orden político y económico de estos países.
Existe ya una
creciente demanda popular (que se refleja en el aplauso diario de las 8
de la tarde en honor de los profesionales y trabajadores sanitarios de
todos estos países –EEUU, España e Italia– que están arriesgando sus
vidas para salvar las vidas de los enfermos de coronavirus) para exigir a
las autoridades públicas que antepongan el bien común a todo lo demás,
haciendo lo posible e imposible para obtener tales materiales.
Así,
estamos viendo ya cómo en Italia, bajo la presión popular, hay cambios
en las políticas públicas exigiendo, por ejemplo, a industrias textiles
del país que sustituyan la fabricación de vestidos de alta costura
(destinados a la población de renta superior) por la producción de
mascarillas, batas y otras prendas
que se necesitan urgentemente entre los trabajadores y profesionales de
la sanidad y de los servicios sociales, así como de otros servicios
esenciales.
Y en EEUU, bajo los poderes del Estado federal, la industria automovilística (y, muy en especial, General Motors) está
sustituyendo la producción de coches por la producción de ventiladores,
que pueden significar la diferencia entre la vida o la muerte para los
enfermos graves de coronavirus en aquel país.
Ha sido la presión popular canalizada entre otros por el gobernador
del Estado de Nueva York (el estado con más afectados de EEUU), Andrew
Cuomo, lo que ha forzado al presidente Trump a utilizar la Ley de Alarma
General para forzar a la industria manufacturera, incluyendo la
automovilística, a producir dichos respiradores.
El presidente
Trump, representante de la ultraderecha neoliberal y el más acérrimo
enemigo del Estado federal, se ha visto forzado a tomar esas decisiones
debido, como digo, a la presión popular, unas medidas a las que se había
opuesto en un principio argumentando, predeciblemente, que dicha
intervención estatal transformaría EEUU en un país como Cuba o Venezuela,
argumentos que se volvieron en su contra cuando el gobernador de Nueva
York le respondió que el tema a discutir no era "intervención del estado
federal sí o no", sino el "objetivo de tal intervención", pues
EEUU es el país con mayor intervención federal en el desarrollo
económico del país, intervención que se realiza a través del enorme
gasto militar, incrementado todavía más por el presidente Trump,
el cual ha utilizado la máxima ley de alarma en múltiples ocasiones
para forzar al sector industrial a que produzca primordialmente para
responder a las necesidades del establishment militar.
Con el argumento
de que el gobierno federal no debía intervenir para forzar al sector
industrial a producir productos que prevendrían la muerte de ciudadanos,
Trump mostraba de una manera clara su visión de lo que más le
importa. Como lo acusó Cuomo, prefería más proteger los intereses del
establishment militar y las grandes empresas de defensa que los
intereses de la ciudadanía. La creciente popularidad de un
movimiento social que se está expandiendo rápidamente en el país ha
forzado a Trump a cambiar su estrategia, favoreciendo el
intervencionismo federal en el sector industrial con finalidades
sociales. Sería deseable que algo semejante ocurriera en España.
La importancia del bien común sobre el particular
Todos estos hechos muestran cómo, gracias a la presión
popular, los Estados están tomando mayor protagonismo, interviniendo
activamente en la reconversión industrial, anteponiendo el bien común a
cualquier interés particular minoritario. Esta petición se está
extendiendo a otros sectores, expresando un gran hartazgo popular contra
las políticas neoliberales y los intereses económicos y financieros que
las han promovido, y también contra los economistas a su servicio y su
excesiva influencia sobre el Estado y sobre los medios de información y
comunicación.
Es por esta razón que el intento, en España, de
aprovechar el enorme sufrimiento ciudadano para intentar desgastar al
gobierno de coalición de izquierdas que están haciendo los partidos
conservadores (como el PP en España) o neoliberales (como Vox,
Ciudadanos o JxCat), presentándose como los grandes defensores de la
ciudadanía frente al gobierno, acusándolo de incompetente, es de un
cinismo extremo, pues fueron ellos –y sus políticas de austeridad- los
que causaron la indefensión de la población, debilitando los servicios
públicos. La rebaja de impuestos a las rentas superiores, la
privatización de los servicios públicos y los recortes del gasto público
sanitario y social son los que causaron el exceso de mortalidad (mucho
mayor que en otros países).
Estos partidos políticos han sido
responsables de la situación extrema a la que se ha llegado en este
país. El gobierno de coalición ha abierto un nuevo capítulo de
esperanza. Pero se requieren pasos más radicales, pues la tragedia es
enorme. Y es ahí donde se debería redefinir la relación entre lo público
y lo privado para priorizar lo primero sobre lo segundo, a fin de
conseguir el bien común por encima de cualquier otra consideración.
El
gobierno de coalición ha estado tomando medidas de gran importancia, que
se irán extendiendo como resultado de la presión popular, que siempre
verá lo público y no lo privado como la mejor garantía para su salud,
calidad de vida y bienestar. El orden económico actual, que prioriza lo
privado sobre lo público, ha perdido toda la credibilidad, pues comparte
la responsabilidad de que haya una mortalidad tan alta en este país.
Así de claro.
(*) Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat
Pompeu Fabra; y Director del Hopkins- UPF Public Policy Center.
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