MADRID.- Cuando la crisis empezó a
enseñar su peor cara con familias que, tras meses o incluso años sin
atender la cuota de la hipoteca por problemas de desempleo, se veían en
riesgo de perder la vivienda, la banca replanteó su política de embargos
y el Gobierno impuso reglas para evitar apuros a los hogares más
vulnerables.
El Sabadell buscó una alternativa propia con la decisión de no ejecutar ningún desahucio forzoso.
Una década después de que la crisis cambiase el paso a la economía
acelerando la destrucción de empleo que está detrás de los impagos, el
banco aún formalizó el pasado año 2.592 operaciones de dación en pago por importe de 420 millones de euros, según www.lainformacion.com.
Sólo
en los últimos dos años ha resuelto así el problema a 5.634 deudores,
aceptando la propiedad de sus viviendas a cambio de condonar 899
millones de euros en deudas,
según detalla la entidad en un informe a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV), en un ejercicio muy minucioso de
transparencia.
La entidad ha hecho gala de la decisión en algún
momento. Es una medida que le evita el impacto social y desgaste reputacional que
los desalojos provocaron al sector y entiende que resulta, incluso, la
alternativa más efectiva. Imbricado en su política social mantiene a
las familias bajo un régimen de alquiler, a menudo económico, y limita
costes asociados a esos procesos.
El banco mantiene, de hecho, un parque de 7.500 viviendas en régimen de alquiler social
por dicha oferta de soluciones habitacionales a clientes en riesgo de
exclusión social afectados por procesos judiciales hipotecarios o
daciones en pago. La cifra incluye los pisos aportados al Fondo Social de Viviendas (que en conjunto gestiona unos 10.000 inmuebles) y 850 en régimen de alquiler asequible.
Pudo abrir brecha y
atajar la problemática con otras armas desde los albores de la crisis
porque contaba con la ventaja de que el grueso de la cartera crediticia
era con empresas o clientes de rentas medias y altas. Un margen que le
permitió analizar y buscar solución caso por caso. Su iniciativa calaría
luego en una mayoría de entidades, aunque sin que hayan divulgado de
forma tan pormenorizada los resultados.
La mayoría sí cifran el número
de daciones en pago de vivienda aunque sin detallar la cuantía de deuda
específica canjeada (Bankia, por ejemplo, 665 el pasado año y 8.592
desde 2012; BBVA 16.500 desde esa misma fecha o arranque de la crisis, y
Caixabank por encima de los 21.000 en el periodo).
Las estadísticas públicas conocidas son las del famoso Código de Buenas Prácticas
(CBP), impulsado precisamente en ese ejercicio 2012 por el Gobierno
para encontrar soluciones a deudores en riesgo de perder su casa.
Conforme al último balance publicado por el Ministerio de Economía en
septiembre del pasado año, en el lustro transcurrido desde esa fecha se habrían resuelto solo 7.324 daciones en pago por su aplicación, junto a 42.600 operaciones de reestructuración de deuda.
La disparidad de datos,
entre el registro oficial y entidades constata que el esfuerzo sectorial
ha sido muy superior a las cifras del Ministerio de Economía, cuyo Código fue acogido con escepticismo por la industria desde
el minuto uno por el restringido perfil socioeconómico que debían
reunir los potenciales hogares para beneficiarse de sus medidas y porque
el sector dispone desde siempre de herramientas para buscar soluciones a
los impagos más efectivas.
El Código antidesahucios
La banca ha reivindicado, de hecho, en numerosas ocasiones que difícilmente la morosidad hipotecaria se habría mantenido por debajo del 6,5% durante toda la crisis de no haber buscado de manera proactiva soluciones al
cliente cuando surgen los apuros financieros con refinanciaciones,
plazos de carencia o, incluso, quitas para facilitar al deudor
afrontarla, y el drama de los desahucios sería superior. La dación no
es, de hecho, la prioridad sino la reestructuración de deuda.
Algo que ha minimizado
pero no barrido por completo con los embargos, aunque su censo ha ido,
por fortuna, decayendo en los últimos años. Las ejecuciones iniciadas en 2017 sobre vivienda habitual bajaron un 49,4%
frente al ejercicio anterior. Aún así, afecta a 10.749 pisos. Y en un
porcentaje similar sobre segundas residencias -se inició en 3.353
casas-.
Son menos de un tercio
de las actuaciones que se iniciaron en los peores momentos de la crisis,
con el nexo común de que proceden todavía de las hipotecas firmadas en pleno boom entre 2005 y 2008, cuando
se concedían préstamos por encima del valor de tasación y a muchas
personas que han perdido su empleo. No todos las ejecuciones acaban en
desahucios. Pero aún así el número de lanzamientos alcanzó el pasado año
los 22.330 por ejecuciones iniciadas hasta cuatro años atrás. Sería muy
superior sin las soluciones bancarias.
