El PSPV critica la "casualidad" de que una entidad dirigida por un ex presidente del PP "sea el banquero de Matas"

VALENCIA.- La secretaria de Políticas de Trabajo y Economía del PSPV y portavoz adjunta en las Corts Valencianes, Cristina Moreno, denunció hoy que la "confirmación" de que el Banco de Valencia ha autorizado el préstamo para que el ex presidente balear Jaume Matas "pudiera presentar su aval" para pagar la fianza de tres millones de euros que le ha impuesto el juez y criticó en un comunicado la "casualidad" de que una entidad dirigida por un ex presidente del PP --en referencia a José Luis Olivas-- "sea el banquero" de Matas.

El presidente del Banco de Valencia, entidad que está participada por Bancaja, es José Luis Olivas, que ocupó la presidencia de la Generalitat valenciana en 2002, tras suceder en el cargo a Eduardo Zaplana al ser nombrado ministro de Trabajo en el gobierno de José María Aznar.

Olivas ha desempeñado diversos cargos tanto en el PP como en los gobiernos 'populares', tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en el Consell, donde fue conseller de Economía y vicepresidente.

Para Moreno, esto "evidencia que en la Comunitat Valenciana el PP piensa 'gürtelizar' hasta las entidades financieras, hasta las cajas de ahorros" y reiteró que la decisión "evidencia por qué el PPCV quiso dejar a la oposición fuera de los órganos de control de las cajas de ahorro".

En esta línea, señaló que muestra también que "corrupción y PP en la Comunitat empieza a parecer que es lo mismo". Moreno criticó que "con la de bancos que hay en toda España y con la de cajas de ahorros que hay, ha tenido que ser el Banco de Valencia, un banco propiedad de Bancaja, una caja de ahorros valenciana, la única capaz de darle un préstamo al ex presidente Matas".

La secretaria de Economía del PSPV sostuvo que "ese es el rumbo al que nos ha llevado el PP" e incidió en que "cuando los empresarios valencianos, los honrados empresarios valencianos están teniendo serios problemas para conseguir préstamos, para conseguir liquidez por parte de la banca valenciana, los banqueros del PP no tienen ningún problema en facilitarle avales a los acusados de corrupción del PP".

"Esa es la realidad valenciana", dijo, y agregó que el PSPV quiere advertir al conjunto de los valencianos de que "vigilarán" estas actuaciones y también anunció que se "opondrán" con "todas" sus "fuerzas a este tipo de actos".

Alborch dice que Barberá debe "dar explicaciones convincentes" sobre que su nombre se vea "vinculado a la trama"

VALENCIA.- La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, señaló hoy que la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, debe "dar explicaciones convincentes" sobre el hecho de que su nombre se vea "vinculado a la trama Gürtel", después de que ayer se levantara el secreto de sumario de este caso y "de acuerdo con las informaciones aparecidas hoy en medios de comunicación", precisó el PSPV.

"El nombre de la alcaldesa de Valencia aparece vinculado a la trama Gürtel, según los medios de comunicación, al menos en un documento, como receptora de regalos" y "también en una conversación telefónica en la que el Bigotes comunica que tiene una operación muy gorda con la alcaldesa, que lleva en secreto y que afecta al puerto de Valencia", comentó Alborch.

La responsable socialista estimó que "como en otras ocasiones, la alcaldesa tiene que dar explicaciones convincentes" al respecto.

Recordó que el PSPV ha planteado en el consistorio cuestiones referidas a este caso y que en el pleno preguntó "por más de doscientas empresas que podían tener alguna relación" con la trama.

"Todo eso son interrogantes", dijo Carmen Alborch, que apuntó que "después de haberse levantado el secreto del sumario esos interrogantes no han quedado contestados" y que "la inquietud no se ha despejado".

Preguntada por si el grupo municipal socialista tiene previsto presentar en el Ayuntamiento alguna iniciativa para solicitar que esas cuestiones se respondan, la portavoz del PSPV respondió que "algo haremos, pero siempre para la tranquilidad de todo el mundo".

"Cuando hablamos del tema de los regalos" --como "en aquella pregunta que yo misma le hice en el pleno (a la alcaldesa)", dijo--, "queremos dar oportunidades para que se clarifiquen las posiciones y las posibles vinculaciones", manifestó Alborch. A ello agregó que los socialistas quieren "que las instituciones funcionen con toda regularidad".

Por otro lado, la portavoz del PSPV consideró que "como coordinadora del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV)", Rita Barberá también debería ofrecer alguna explicación sobre "la presunta financiación irregular de este partido apuntada en varias informaciones", indicó el PSPV.

Peralta envía un requerimiento al Ayuntamiento para cumpla la orden del Ministerio y no ejecute el PEPRI de El Cabanyal

VALENCIA.- El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, anunció hoy que ha dirigido un requerimiento al Ayuntamiento de Valencia para que "dé cumplimiento a la orden del Ministerio de Cultura", que recordó que en su día fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y notificada al consistorio, y en el que se le requiere para que se abstenga "de llevar a cabo la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) en el barrio de El Cabanyal".

"Sin perjuicio del recurso que ayer presentó la Delegación del Gobierno ante los tribunales pidiendo que, con carácter cauteladísimo, suspendiera la ejecución de derribos en el barrio de El Cabanyal, en el día de hoy esta Delegación de Gobierno ha dirigido un requerimiento al Ayuntamiento de Valencia" para pedirle que se abstenga de ejecutar el PEPRI, según unas declaraciones facilitadas por la Delegación.

"Creo que ese cumplimiento de la legalidad es la primera obligación que debemos tener las administraciones, todas las administraciones y, en concreto, el Ayuntamiento de Valencia como se indica expresamente en la orden del Ministerio de Cultura", manifestó.

Peralta sostuvo que "haría bien, por tanto, el Ayuntamiento de Valencia en dar cumplimiento a esa orden y, aunque fuera sólo con carácter temporal, no llevar a cabo ningún derribo hasta que no haya pronunciamiento judicial instado por esta Delegación de Gobierno". Para el delegado del Gobierno, ésta sería "una posición responsable, razonable y de cumplimiento de la legalidad".

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, criticó hoy la actitud de la administración central respecto a El Cabanyal, ordenando a través del Ministerio de Cultura la paralización del PEPRI por considerar que supone expolio, sin respetar las competencias de la Comunitat, precisó.

Dijo que el Gobierno "se ha excedido más allá de sus límites" en este sentido, dado que "no tiene nada que decir en la zona no BIC" de este barrio. Barberá destacó que esta norma "tiene mayor rango que la orden ministerial" para paralizarlo.

Y citó las "doce" sentencias que la respaldan, procedentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y del Tribunal Supremo, y "dos de ayer", dijo. Recordó que estas últimas son las emitidas para rechazar la petición hecha por Salvem El Cabanyal y la Delegación del Gobierno de paralizar "cautelarísimamente" los derribos.

Barberá, que sostuvo que de este modo "se reconoció la legalidad" de estos trabajos, indicó también que las demoliciones cuentan con el visto bueno del pleno del Ayuntamiento de Valencia. Aludió, en este sentido, al acuerdo plenario, aprobado por el PP y el PSPV, para no hacer derribos en la zona declarada BIC, "en tanto en cuento los tribunales de justicia se pronuncien" al respecto.

Explicó que este acuerdo contemplaba la posibilidad de acometer derribos en el ámbito no BIC y afectado por la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar, contemplada en el PEPRI. La alcaldesa señaló que no entiende, "por tanto", la posición de los socialistas, de "votar una cosa" y manifestar otra ayer, al oponerse a las demoliciones.

Alarte pide a Rajoy que nombre a otro presidente de la Generalitat

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, exigió hoy al presidente del PP, Mariano Rajoy, que nombre a un nuevo presidente de la Generalitat Valenciana de entre los diputado "honrados" del PP en las Corts, "que no haya participado ni tenga vínculos" con la trama 'Gürtel'. Su única decisión será "disolver las Corts" y "convocar elecciones", apuntó.

Alarte, que se expresó de esta manera en rueda de prensa convocada para valorar las informaciones del sumario del caso 'Gürtel', señaló que el PPCV "ha quedado inhabilitado" para ejercer el Gobierno en la Comunitat Valenciana y también "la oposición".

Por ello, opinó que Rajoy "no puede guardar silencio" y "debe de decir cómo va a intervenir en el PPCV" ya que "se juega su credibilidad" apostilló.

El responsable socialista advirtió de que el futuro de la democracia valenciana "no puede estar hipotecado para los próximos años en función de lo que les pase a Francisco Correa y a Álvaro Pérez", imputados por el 'caso Gürtel'.

Al respecto, aseguró que el Consell "sólo está pendiente" de estas dos personas y que el conocimiento del sumario "indica que este asunto durará tiempo" y no se puede estar "sin gobierno". En esta línea agregó que el futuro de la Comunitat y la salida de la crisis "no puede estar al pairo de Francisco Correa".

"Es evidente" que el PP, la Generalitat y el presidente del Consell, Francisco Camps, "habían instalado en la Comunitat una manera de funcionar, un modelo de hacer política y de organizar las instituciones basado en la confusión entre lo público y lo privado, en irregularidades" y, en algunos casos en la "corrupción".

En este sentido, afirmó que "'Gürtel' es la forma de hacer política del PPCV", ya que afecta, dijo, al presidente de la Diputación de Castellón, ocho consellers, toda la cúpula del PPCV, RTVV, la presidenta de las Corts, dirigentes locales y diputados autonómicos.

A su juicio, los datos proporcionados por el sumario es la "evidencia de la instalación permanente y del funcionamiento de la peor trama de corrupción y más generalizada de la democracia española" que se ha "concentrado en las instituciones valencianas", agregó.

Por ello, señaló la necesidad de que el PP "viva una profunda catarsis en su seno y que los ciudadanos resuelvan en las urnas esta gravísima crisis" política e institucional.

Alarte hizo un llamamiento a los "honrados" dirigentes del PP en la Comunitat, porque "sin duda también los debe de haber", a que se unan a esta exigencia de "catarsis" y de "regeneración democrática".

El dirigente socialista criticó que el presidente Camps, el Consell y el PPCV "no encuentran freno en su salvación personal y están dispuestos a poner en juego toda la credibilidad de la Comunitat" y eso "no vamos a consentirlo" dijo Alarte. Al respecto, afirmó que los socialistas van a continuar en su línea de "contundencia y de firmeza".

Por otro lado, Alarte rechazó ofrecer --tras las preguntas de los periodistas-- más datos sobre cómo se obtuvo el informe policial sobre la visita del Papa que el portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, exhibió en el hemiciclo.

El secretario general del PSPV consideró también que los 'populares' hacen el "ridículo" al señalar que no hay novedades en el sumario. Alarte, al respecto, afirmó que en el PP "todos han cooperado directa o indirectamente" y han tenido "negocios o relaciones" con los miembros de la trama.

En este sentido, afirmó que le da "vergüenza" la lectura de algunos mensajes de texto de dirigentes del PP y que representan a los valencianos mostrando "solidaridad" con los "principales líderes de la trama de corrupción" que han propiciado la "evasión" de fondos públicos. "Que se vayan todos y busquen siete u ocho diputados honrados" para que formen Gobierno, recalcó.

A Rajoy le estalla la corrupción en la cara / Joaquín Vila

Nadie se cree, por mucho que se empeñe “El país”, que el caso Gürtel sea “la más extensa trama de corrupción de la democracia vinculada a una formación política”. El PSOE, desde Felipe González hasta hoy, es difícil de superar en cuanto a la corrupción política y económica. Sólo tres ejemplos para recordar, de las decenas que se han producido durante los Gobiernos socialistas.

Nada menos que la Guardia Civil se convirtió en el centro de operaciones para que su director general, el socialista Roldán se llenara los bolsillos de dinero y la nariz de cocaína. Y nada menos que desde el Banco de España, su presidente, el también socialista Mariano Rubio se embolsara, él y algunos de sus amiguetes, un buen puñado de millones de las arcas del Estado. Y, sin duda, el caso Filesa ha sido y será el paradigma de la financiación ilegal de un partido. El PSOE, históricamente, navega mejor que nadie por las cloacas de la corrupción.

Pero el PP tiene por delante dos casos que van a desestabilizar, y con razón, el partido de arriba abajo. El caso Gürtel, cuyo sumario se hace público este lunes y el escándalo de Jaume Matas y familia.

Agradable, simpático, afable, Jaume Matas parecía un pasiego bonachón que estaba en la política de paso. Como para hacer un favor. Fue ministro de Medio Ambiente y poco se supo de su gestión, pero como presidente de la Comunidad Balear se convirtió en uno de los dirigentes más populares y relevantes del PP. Y nadie podía imaginarse que aprovechara esos pocos años de poder político para acumular kilos y kilos de billetes, de joyas y de ropa y objetos de lujo en el aristocrático palacete que compró, nadie sabe cómo, en pleno barrio gótico de Palma de Mallorca. Con la cara de bueno que tiene, o que tenía. El PP tiene que asumir que ha caído uno de sus pesos pesados, por mucho que se hubiera exiliado hace unos años en Estados Unidos. Rajoy, que le defendió hasta el último día, tiene que dar la cara.

Y el caso Gürtel, que no ha hecho más que empezar, amenaza con salpicar a algunos de los dirigentes del partido. Rajoy ya debería saber que el objetivo final del PSOE, con “El país” como punta de lanza, es llegar hasta sus propias barbas. El tesorero Bárcenas, el blanqueo de dinero, las fiestecillas organizadas en Madrid, Valencia y Galicia por Correa y algunos otros van a acaparar la atención de la opinión pública los próximos días, semanas y meses. Muchos dirigentes del partido serán condenados con todas las de la ley por enriquecerse con prácticas mafiosas, por aprovecharse del dinero público para llenarse los bolsillos. Y Rajoy, que hasta ahora no ha querido pringarse, que ha mirado hacia otro lado, tiene que dar la cara.

Ya se le ha acabo el tiempo y se supone que las vacaciones a Mariano Rajoy. El PSOE, desesperado por las encuestas y por los tropezones con la crisis prepara su artillería para disparar sin piedad a lo más alto del PP. A Mariano Rajoy le ha estallado la corrupción en plena cara. Y desde Esperanza Aguirre hasta el último militante esperan que el líder del partido sepa coger por los cuernos al toro más bravo que le ha salido hasta hoy al ruedo. Zapatero quiere seguir en el poder y Pepiño Blanco no perdona.

Hacia un congreso extraordinario del PP / Luis María Anson

“Si pones en mi boca lo que te acabo de decir negaré haberlo dicho”. Esta frase me la repitieron ayer al menos seis destacados dirigentes del PP. ¿Y qué es lo que circula por las alturas del partido, atribulado hasta el límite por las evidencias de la trama Gürtel? Pues el asunto es bien sencillo. Las gentes más responsables del PP consideran conveniente que se convoque un Congreso extraordinario para el próximo mes de octubre tras las elecciones catalanas.

Se trata de que las bases y los representantes del partido decidan si Mariano Rajoy debe seguir o si conviene barrer toda la suciedad del asunto Gürtel y presentarse a las elecciones generales con un equipo renovado. A Mariano Rajoy le ha faltado la capacidad de reacción para extirpar a tiempo el tumor. Ahora es tarde. Debe hacerlo. Pero es tarde.

Ciertamente, hasta Rajoy puede ganarle las elecciones a Zapatero, sumido como está el presidente en el descrédito de su ineficacia, sus ocurrencias y sus despropósitos. Pero hay varios dirigentes del PP que se batirían con el líder socialista con más probabilidades de éxito que Rajoy.

No es que yo crea que se va a convocar un Congreso extraordinario. En Génova se funciona como si de un ministerio se tratara. Es el poder de la oposición y los que lo disfrutan están enrocados. Sólo si se demostrara que se ha producido financiación irregular del partido podrían removerse las aguas mansas de Génova. Y, por el momento, eso no es más que el deseo del Partido Socialista.

Así 'lavaba' el dinero la trama de Correa

MADRID.- La organización criminal que dirigía Francisco Correa diseñó una compleja estructura para sacar de España el dinero negro que manejaban los miembros de la trama a través de sociedades en territorios «offshore» (paraísos fiscales) como Antillas Holandesas o las Islas del Canal, revela 'Abc'.

Según apunta el sumario del «caso Gürtel», que las partes han conocido hoy tras el levantamiento del secreto, para sacar los fondos de nuestro país utilizaban los servicios de distintas personas encargadas de recibir el dinero y hacerlas llegar a dichos paraísos fiscales.

Una vez blanqueado, el dinero se reintroducía en España, donde se destinaba a inversiones en bienes muebles e inmuebles. Pero no todo regresaba a nuestro país. Una parte se mantenía en «líquido» en cuentas bancarias de Miami, Ginebra, Londres, Amsterdam, Antillas Holandesas, Islas del Canal y Mónaco, para que los miembros de la organización pudieran llevar un alto tren de vida.

El documento cita hasta 11 sociedades ubicadas en el exterior, algunas de ellas inactivas: Willow Investiments SA, Grosvenor Administration LTD, Grosvenor Secretaries LTD, Windrate LTD, Bladex Finance, Olinda Investment, Bellavita Holding BV (todas ellas ubicadas en Londres), Rustfield Trading Limited (Isla de Man), Pacsa Limited (Isla Nevis), Clandon BV y Lubag NV (ubicadas en Holanda).

El hombre de Francisco Correa en Suiza era Arturo Giancarlo Fasana, del despacho de Abogados Canónica en Ginebra (Suiza), quien tenía capacidad de disposición sobre fondos de la organización depositados en este país, mientras que en Miami (EE. UU) operaba Guillermo M. , que dirigía los movimientos en países sudamericanos y se coordinaba con Randy L. , del despacho de la misma firma en Nueva York.

El colaborador de Correa en Colombia era Román Villaescusa, socio del ex presidente de la Fundación Baleares Sostenible Pau collado, que participa en la estrategia de ocultación de fondos mediante actividades de reserva de hoteles y restaurantes para el resto de integrantes de la organización. En Colombia la trama se sustenta en el despacho de abogados de Gabriel Giraldo, mientras que en Panamá la colaboración le llega a Correa a través el empresario del sector inmobiliario Chema Porras, quien recibe fondos procedentes de Miami.

Tanto en Colombia y en Panamá como en Estados Unidos las sociedades de la trama están aún pendientes de concretar, según la investigación, aunque sí se detalla que "a través de ellas se realizan operaciones inmobiliarias y financieras". Lo que allí planeaba Correa, según el mismo documento, era invertir como socio tecnológico en sociedades como Energing, dedicada al sector energético.

En Reino Unido la trama "Gürtel" cuenta con la sociedad Rustfiel LTD, vinculada al paraíso fiscal de la Isla de Man, mientras que en Holanda funciona Bellavita BT; Clandon BV y LUBAG, remisoras de fondos a las sociedades patrimoniales en España y vinculadas al paraíso fiscal de las Antillas Holandesas.

En todos estos casos, las líneas de la investigación van encaminadas a acreditar la forma de captación de negocios (adjudicaciones directas o concertadas de contratos públicos por parte de los responsables políticos) y a descubrir patrimonio oculto gestionado por testaferros o sociedades.

En este documento se cita expresamente al empresario y ex socio de Alejandro Agag, Jacobo Gordón, al ex vicepresidente de Repsol YPF José Ramón Blanco Balín y al abogado Luis de Miguel Pérez como diseñadores de la estructura de blanqueo de la trama en el exterior.

Testimonios de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía incluidos en el sumario confirman la implicación en la trama del ex tesorero del PP Luis Bárcenas. «Las declaraciones de todos y viendo que esta persona no es ajena a Francisco Correa [cabecilla de la supuesta red corrupta]» lleva a «pensar que no hay otra opción, que las siglas LB corresponden a la persona de Luis Bárcenas», asegura uno de los agentes que elaboró un informe sobre blanqueo de capitales en el tomo primero de las diligencias. La Fiscalía atribuye al ex tesorero del PP el cobro de 1,3 millones de euros en sobornos.

En este sentido, un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario apunta indicios de la participación de algunos cargos del PP, como el ex eurodiputado Gerardo Galeote o el ex tesorero del partido Luis Bárcenas, en las estructuras con las que la red ocultaba fondos en paraísos fiscales. Este informe, fechado el 30 de julio de 2009, analiza la contabilidad opaca de la trama de corrupción y dice que Bárcenas "podría haber utilizado" para ello a la empresa RUSTFIELD TRADING LIMITED y que Galeote "se benefició" de la estructura de AWBERRY LICENSE.

"Se han encontrado indicios de utilización por parte de algunas de estas personas de la estructura de ocultamiento de los bienes de Francisco Correa", señala el informe realizado a partir de los documentos intervenidos en el domicilio del imputado José Luis Izquierdo, hombre de confianza de Correa, que controlaba el dinero de la "caja B" de la trama.

Según la Agencia Tributaria, "algunas de las personas con responsabilidades políticas en la Comunidad de Madrid podrían haber utilizado también estructuras off-shore", entre ellos el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, que figuraba en un apunte de la "caja B" del 22 de mayo de 2007 como beneficiario de un reparto para su envío a América.

El informe, incluido en el tomo 24 de la parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto, apunta la posibilidad de que el destino de ese envío pudiera ser Miami, donde el cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa, invertía parte de su beneficio. También señala que el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega "pudiera ser" otra de las personas que participa en las estructuras de ocultamiento "off-shore".

Respecto de Bárcenas, el informe especifica que a partir de 2004 el ex tesorero del PP parece "desvincularse claramente" de la red, aunque todavía el 5 de junio de 2007 recibió una entrega de 72.000 euros anotada en esa "caja B", que el conglomerado empresarial de la organización tenía en Madrid. Además explica que la documentación incautada ha confirmado la existencia de una "tesorería oculta" que gozaba de un gran "secretismo" y que, probablemente, sólo era conocida por Correa, el ex secretario de organización del PP gallego y número dos de la red, Pablo Crespo, y José Luis Izquierdo.

En la investigación se ha apreciado que la trama fue aumentando paulatinamente la ocultación de las identidades de las personas que recibían pagos de esa "caja B" y que, mientras hasta 1998 se identifica con nombres y apellidos a quienes reciben ingresos, después de esa fecha comienzan a utilizar iniciales. Además, al principio las participaciones o acciones en empresas estaban en poder de personas físicas concretas con residencia fiscal en España, aunque a partir de 1999 se produce su transferencia "off-shore" y pasan a estar bajo la titularidad última de sociedades en paraísos fiscales.

Se trata de sociedades, según el informe, domiciliadas en la isla caribeña de Nevis, que encubren la titularidad real de las empresas españolas participadas por Correa. El informe ha constatado que los "donantes" conocidos de Correa fueron personas vinculadas a empresas como Fomento Construcciones y Contratas S.A, Tecnología de la Construcción, Constructora Hispánica o SUFI, entre otras, que han sido adjudicatarias de importantes contratos de obras y prestaciones de servicios con entidades públicas de las comunidades de Madrid y Castilla y León.

La investigación de la Agencia Tributaria también concluye que existía un "grado elevado" de colaboración entre los beneficiarios de los repartos y una distribución paritaria del dinero entre cuatro o cinco personas, y cita entre ellas a Correa, el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepulveda, Gerardo Galeote, el diputado del PP Jesús Merino y Luis Bárcenas.

Bárcenas, Galeote, Merino y Sepulveda podrían haber tenido también el papel de "intermediarios principales" de la organización de Correa, durante los años 2002 y 2003, según la Agencia Tributaria.

Orange Market ingresó en 2008 casi cuatro millones de euros que no declaró a Hacienda

MADRID.- La empresa Orange Market, relacionada con la trama Gürtel, ingresó en el año 2008 casi cuatro millones de euros que no declaró a la Agencia Tributaria, según un informe incluido en la parte del sumario del caso levantada hoy.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, solicitó en mayo de 2009 a la Agencia Tributaria las operaciones con terceros de un total de doce empresas relacionadas con la trama.

Entre ellas se encuentra Orange Market, que según la documentación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude ingresó a lo largo de 2008 alrededor de 3.900.000 euros que sin embargo no declaró. Estos ingresos están relacionados con servicios prestados a empresas relacionadas con la construcción o la organización de eventos.

Orange Market también ingresó de la Generalitat Valenciana 45.600 euros. Sin embargo, los dos pagos de mayor cuantía sin declarar superan el millón de euros y proceden de la Feria Muestrario Internacional de Valencia y de la Agencia Valenciana del Turisme.

Según la documentación incluida en el sumario, Orange Market tampoco declaró ninguno de los pagos que realizó durante 2008 y que superaron los cuatro millones de euros. Estos pagos se realizaron a empresas relacionadas con la publicidad, el diseño o mobiliario, aunque también aparece el Palau de les Arts de la Comunidad Valenciana.

En cuanto a la empresa Special Events, también relacionada con la trama, la Agencia Tributaria señala que en 2008 únicamente realizó un pago de 6.726,15 euros a Mavilsa Automóviles S.A. que no declaró.

El magistrado reclamó en concreto información sobre las actividades de las empresas Forever Travel Group, Boomerangdrive, Rialgreen y Down Town Consulting desde 1998 y del año 2008 de las sociedades Easy Concept Comunicación, Good&Better, Servimadrid, Diseño Asimetrico, Special Events, Technology Consulting Management, Pasadena Viajes y Orange Market.

Iniciativa dice que el levantamiento del sumario "confirma que el PP se ha financiado ilegalmente"

VALENCIA.- La diputada de Compromís en las Corts Valencianes y miembro de Iniciativa, Mònica Oltra, consideró hoy que el levantamiento del secreto del sumario del caso Gürtel, realizado hoy, "confirma de forma contundente la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad Valenciana (PPCV)".

Oltra, que se pronunció de este modo en un comunicado, manifestó que "el trabajo judicial y policial que viene recogido en el sumario demuestra que el tema de los trajes y de los otras regalos se extiende por toda la cúpula del PP y el Consell".

Asimismo, estimó que esto "sólo es la punta del iceberg del verdadero problema de corrupción política del caso Gürtel, que ha supuesto la financiación irregular del partido que dirige Francisco Camps", presidente de la Generalitat y del PPCV.

"A nadie escapa que es mucho más fácil ganar elecciones financiando campañas de manera ilegal que siendo honrado y cumpliendo la legalidad", sostuvo Mònica Oltra. Agregó que "las sospechas sobre la pulcritud de las elecciones que ha ganado el Partido Popular en los últimos años son evidentes por el dinero extra de constructoras que obtuvieron los 'populares' gracias a la trama que encabezaba Francisco Correa".

La representante de Compromís y de Iniciativa comentó que "además de responder judicialmente, Camps ha de asumir las responsabilidades políticas de la trama de corrupción, en la que él y su partido están implicados", dijo.

"Camps ha mentido en el Parlamento valenciano en las pocas ocasiones en que se ha referido a este caso de corrupción. Los valencianos y valencianas no nos podemos permitir tener un presidente corrupto y mentiroso al frente de la Generalitat", manifestó la diputada.

Oltra apuntó que si el levantamiento parcial de este sumario "acabó con Ricardo Costa" ex secretario general del PPCV y diputado 'popular' en las Corts Valencianes, el levantamiento "que restaba debe suponer el fin de la carrera política de Francisco Camps".

Un informe policial cita a cinco empresarios con contratos en la administración como financiadores del PPCV

VALENCIA.- El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que se incluye en el sumario del 'caso Gürtel', cuyo contenido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hizo público hoy, cita a cinco empresarios con contratos en la Administración Pública como financiadores de parte de los actos del PPCV. Para ellos se trataba de donaciones finalistas de dinero que no ingresaban en la cuenta corriente del partido.

El documento explica que estos empresarios tenían contratos vigentes, prestaban servicios y realizaban obras para las Administraciones Públicas obtenidas "como contraprestación a los favores realizados para la formación política, concretados en el pago de actos políticos", según se especifica.

Además, recoge que el propio PP en la persona de Ricardo Costa, ex secretario general, actuaba "como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas", una forma de actuar que "da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política".

Los empresarios citados en el informe son Enrique Tomás Ortiz, administrador único de la empresa Enrique Ortiz e Hijos. Contratista de Obras S.A.; Enrique Gimeno, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A.; Vicente Cotino, presidente del Grupo Inmobiliario Sedesa; Luis Batalla, presidente y accionista mayoritario de Lubasa; y Antonio Pons, presidente de la mercantil PIAF S.L.

Respecto a las empresas en las que participa Enrique Tomás Ortiz, el informe recoge que han resultado adjudicatarias de numerosos contratos públicos en la Comunitat, principalmente en la zona de Alicante, por un importe total de 202.249.738 euros. En cuanto a las entidades en las que participa Enrique Gimeno, que fundamentalmente consiguieron contratos en la zona de Castellón, el total ascendería a 13.876.087 euros.

Por lo que respecta a Vicente Cotino, el documento recuerda que tiene vínculos familiares con personas con cargos públicos, dentro de la Generalitat, como es el caso de su tío Juan Cotino, vicepresidente tercero de las Corts y en esa fecha conseller de Bienestar Social.

Por otro lado, indica que Vicente Cotino entró en negociaciones con Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Pablo Collado al objeto de efectuar la compra de la mercantil Easy Concept S.L., algo en lo que también participaba Pedro García, entonces director de Canal 9, ya que éste había manifestado su interés en colaborar en este proyecto. En total, las empresas del grupo Sedesa recibieron contratos por 539.016.098 euros.

Respecto a Luis Batalla, el documento recoge las empresas que componen el grupo Lubasa contrataron obras por un importe global de 77.337.451 euros; mientras que el grupo PIAF, de Antonio Pons, resultó adjudicatario de diversos contratos públicos.

El informe concluye que "existe un sistema de doble facturación y de financiación irregular" de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa y que dicho sistema "tenía una persistencia en el tiempo, suponiendo una actuación sistemática en las relaciones que mantenía la organización con la formación política".

En concreto, precisa que "no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al Partido Popular de la Comunitat Vaenciana", ya que "existe un doble sistema de contabilización de los actos derivado de una facturación dual", una real plasmada en una factura formal --bajo la denominación de Alicante-- y otra "sin factura y por tanto sin que exista un reflejo contable de su emisión --denominada Barcelona--".

Así, "por un lado, se contabiliza de forma formal la parte del acto del que se emite factura, y por otro, se contabiliza en paralelo de forma interna la parte del acto del que no se emite factura", de modo que "una parte por tanto es fiscalizable porque está reflejada en los libros de contabilidad y otra parte es opaca al integrarse en los fondos ajenos al circuito económico de los que dispone la organización".

En cuanto a la financiación, constata que una parte de los cobros por adelantado que reducen la deuda viva "entra en dinero procedente de los circuitos económicos y reduce por tanto la deuda A --Alicante-- y otra parte son fondos que no están en el sistema económico y por tanto reducen la deuda B --Barcelona--".

Dentro de la deuda A, figuran por un lado las cantidades relativas a actos realizados para la Comunitat derivados de concursos públicos --como las ferias de turismo--, que son liquidadas mediante la entrada de los fondos públicos, y por otro, actos organizados para el PP mediante la emisión de facturas, en las que detecta tanto cambios en la base imponible como en el nombre de los clientes. Así, por ejemplo, sustituye PPCV por Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, S.A.

Respecto a la deuda B, destaca que "existe una financiación de actos del Partido Popular por parte de empresarios, siendo para éste donaciones finalistas de dinero que no ingresan en cuenta corriente del partido" mientras "dicha empresa tiene contratos vigentes, presta servicios y realiza obras para las Administraciones públicas".

Es más, puntualiza que en alguna de las facturas que sufrieron una transformación del cliente --como una que pasa del PPCV al grupo empresarial PIAF-- "por una parte se engrosa el valor de realización del acto y por otra se cambia al cliente pasando de ser el partido a una empresa privada".

El informe recoge que esa deuda B se reduce mediante facturas emitidas por el PP, de las que se descuenta únicamente la base imponible; con aportaciones directas de empresarios de la Comunitat Valenciana; y con entregas de dinero directas anotadas como procedentes del PPCV sin que tengan contrapartida en facturas emitidas por Orange Market.

EUPV exige al PP la dimisión de todos los cargos públicos que aparecen en el sumario del caso Gürtel

VALENCIA.- Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) exigió hoy al PP la dimisión de todos los cargos públicos que aparecen en el sumario del caso Gürtel, que se hizo público hoy, según informó la formación de izquierdas en un comunicado.

La coordinadora de EUPV y diputada autonómica en las Corts Valencianes, Marga Sanz, consideró que "las evidencias de financiación irregular del PP valenciano" colocan al presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, "fuera ya de la política valenciana y delante de los tribunales".

EUPV señaló que "no se entiende el empecinamiento del PP" y de su presidente, "Mariano Rajoy, desde hace meses" en la Comunitat Valenciana, "aguantando a un presidente de la Generalitat que está salpicado de sospechas de corrupción por todos los rincones".

Esta formación estimó que "las implicaciones de Camps en la trama Gürtel" y "las peligrosas relaciones de éste y de otros miembros de su gobierno y partido con las empresas vinculadas a la trama, han quedado de nuevo en evidencia con la apertura del sumario".

Tras ello, Marga Sanz señaló que no puede "más que confirmar que el PP se burla de la ciudadanía, permitiendo que nombres como el del propio Camps", el de los vicepresidentes del Consell, Vicente Rambla y Juan Cotino, dijo, y "ahora" el del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, y el de la ex consellera de Turisme y presidenta de las Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, señaló, "sigan en sus cargos como si nada".

La responsable de EUPV estimó también "muy sospechoso" que "siempre estén las mismas empresas vinculadas al PP --"como es el caso de Sedesa, propiedad de la familia Cotino", apuntó-- y relacionadas ahora con una trama de financiación irregular".

"Esperamos que Cotino dé alguna explicación al respeto, antes desde luego de dejar su cargo", manifestó.

Sanz afirmó que si Mariano Rajoy "no mueve ficha y aparta de la vida pública a todos y cada uno de los nombres que aparecen en el sumario del caso Gürtel", EUPV entenderá que "es cómplice de sus comportamientos" y que "los aplaude.

"Esperamos que no actúe como con Jaume Matas --ex presidente de Baleares--, negando hasta el final y después ofreciendo la callada por respuesta", sostuvo la coordinadora de EUPV.

La coordinadora de EUPV interpone una denuncia por lesiones sufridas durante el desalojo en El Cabanyal

VALENCIA.- La coordinadora de EUPV y diputada autonómica, Marga Sanz, ha interpuesto una denuncia por las lesiones provocadas supuestamente por agentes de la Policía Local durante el desalojo llevado a cabo hoy con motivo del inicio de los derribos de varios inmuebles del barrio valenciano del Cabanyal, informó hoy la formación en un comunicado.

La responsable de Esquerra Unida acudió este mediodía al Hospital Clínico de Valencia para ser atendida por una agresión "causada por los agentes de la Policía Local que la han arrastrado para desalojarla de la puerta de la vivienda que finalmente ha sido derribada en el barrio del Cabanyal". Sanz, que ha recibido el parte de lesiones y ha interpuesto una denuncia por agresión, señaló que la actuación policial "ha sido absolutamente desmesurada".

"Esta mañana hemos vivido un capítulo grotesco en el Cabanyal: policías cargando con toda su fuerza contra vecinos y ciudadanos que libremente ejercíamos nuestro derecho a expresarnos. Tanto la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como el delegado del gobierno, Ricardo Peralta, tendrán que explicarnos esta carga policial por partida doble".

Según este partido, Sanz "no ha sido la única miembro de EUPV desalojada de la puerta de la vivienda a la calle Vidal de Canelles". "Junto a ella también han sido llevados a rastras por los agentes de la Policía Municipal, el diputado autonómico Lluís Torró y el coordinador de EUPV en Valencia, Amadeu Sanchis". Posteriormente "otros miembros de EUPV también han sido agredidos, en este caso por parte de la Policía Nacional, y han tenido que acudir a Urgencias", relataron desde EUPV.

La coordinadora de la formación calificó la actuación de los dos cuerpos de policía de "sumamente agresiva y violenta".

"Ha sido grotesco y triste ver que estas cosas pasan en una sociedad democrática y en pleno siglo XXI, que tengan los ciudadanos que recibir las porras de los agentes por el simple hecho de manifestarnos. Todo nos recuerda tanto a otros tiempos. Barberà y Peralta habrán de dar explicaciones", insistió.

Sanz además lamentó la "doble cara" de la Delegación de Gobierno, "quien por un lado presenta recursos por paralizar los derribos pero por otro permite que se realicen, dando la espalda y cargando contra los vecinos y manifestantes de esta mañana", criticó.

El Ayuntamiento derriba cinco inmuebles en El Cabanyal

VALENCIA.- El Ayuntamiento de Valencia ha derribado cinco inmuebles ubicados en el barrio valenciano de El Cabanyal, entre las calles San Pedro y Vidal de Cañelles, en una jornada de gran tensión entre vecinos, políticos y policías. Caceroladas y frases como 'Viva El Cabanyal' o 'Es ilegal la actuación policial' no dejaron de escucharse a lo largo del día.

Los derribos, --llevados a cabo hoy tras entrar en vigor la Ley de Medidas de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico de la ciudad de Valencia, aprobada en las Corts el pasado 24 de marzo, que declara expresamente que el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI) del barrio no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico--, comenzaron sobre las 7.45 horas con un gran despliegue policial, cerca de 50 agentes de la Policía Local y Nacional.

El primer inmueble en derribarse estaba ubicado en la calle San Pedro, número 29, y el segundo en la calle Luis Despuig, número 26. Ambos se encontraban en el mismo edificio pero disponían de dos fachadas diferentes, cada una de ellas con salida a una calle distinta.

Con estos primeros derribos se fueron agolpando en la zona decenas de vecinos y miembros de la plataforma de Salvem el Cabanyal, quienes reclamaban que se paralizase la actuación. En concreto, la portavoz de la entidad, Maribel Domenech, la calificó de "abuso" y de "muestra de seguir destruyendo el barrio, el conjunto histórico".

Posteriormente, las grúas se desplazaron hasta la calle Vidal de Cañelles, donde estaba previsto derruir el inmueble número 15. Ante la gran cantidad de vecinos y medios de comunicación, los agentes acordonaron la calle desde los dos extremos y negaron el acceso --incluidos los mismos vecinos residentes en esta vía-- salvo a los que ya estaban allí y a las autoridades.

Ante estas restricciones, los vecinos elevaron sus gritos y sacaron cacerolas a la calle. También desde una de las viviendas de la calle lanzaron un cubo de agua a los agentes al tiempo que les pedían que se fueran de allí y "dejaran el barrio tranquilo".

Al ver que las grúas no cesaban, vecinos y miembros de la plataforma se pusieron delante del inmueble que estaba previsto derrumbar para evitarlo. Así mismo, diversos representantes políticos --tanto del equipo de gobierno como de la oposición-- llegaron a El Cabanyal unos, alegando que con los derribos exigían el "cumplimiento de la ley" ,y otros para reclamar que cesaran hasta que el juzgado se pronunciase sobre las peticiones cautelarísimas de paralización, solicitadas por Delegación de Gobierno y la plataforma Salvem.

Sobre las 13.40 horas un agente se acercó al grupo de políticos contrarios a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez por El Cabanyal y les informó de que el juzgado daba permiso para seguir con los derrumbes puesto que había denegado las paralizaciones. Así, les pidió que se abandonaran la zona y les advirtió de que, de no hacerlo ellos mismos, tendrían que ser obligados.

Como no se movían, los agentes fueron sacando a rastras a los políticos, entre los que se encontraban el secretario general del PSPV en la ciudad de Valencia, Salvador Broseta; el coordinador de EUPV en la ciudad de Valencia, Amadeu Sanchis; el edil socialista Vicente González Móstoles; los diputados de EUPV en las Corts Marga Sanz y Lluís Torró.

Así mismo, la portavoz adjunta de Compromís en la Cámara autonómica, Mònica Oltra, cayó al suelo, mientras vecinos gritaban contra la actuación de derribo. La parlamentaria aseguró que los agentes le habían agredido y avanzó que pensaba poner mañana una denuncia por lo acontecido.

Posteriormente, y cuando la excavadora se volvió a poner en marcha, dos vecinos de la zona se subieron en el tejado del inmueble de la vía para evitar su derrumbe. Esto obligó a que se presentaran dos vehículos de bomberos, y a que los policías utilizaran sus grúas para ascender, cogerles y obligarles a bajar. En todo momento mostraron gran resistencia y lanzaban patadas y puñetazos mientras los policías intentaban detenerles. Cuando los agentes llegaron arriba, se abrazaron para evitar que les separaran.

Una vez despejaron la zona, cerca de las 14.30 horas, la grúa comenzó con este derribo, mientras la gente seguía gritando 'resistir, resistir'; 'Manos arriba, esto es un atraco'; 'Es ilegal la actuación policial'; 'Rita, escucha, el Cabanyal está en la lucha' y 'Esta nit no podrán dormir'. Más tarde, a partir de las 16.00 horas, las grúas siguieron con otros dos derribos, uno en la calle San Pedro número 105, y otro en la calle Luis Despuig, número 98.

Doménech consideró que la actuación policial fue "totalmente desproporcionada" puesto que, según dijo, "se trata de diputados y de personas que ocupan cargos públicos en la oposición y no se les puede tratar así". Lamentó que en 12 años "sólo se está asistiendo a demoliciones y degradación" y señaló que esta actuación supone una "herida profundísima" para la gente del barrio.

Sobre las 10.45 horas, el teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, se presentó en la calle Vidal de Cañelles, antes de que se produjera el segundo derribo, entre abucheos de los vecinos, quienes se dirigieron a él con insultos como 'ladrón, criminal o mentiroso'. Indicó a los periodistas que había asistido para "hacer cumplir la ley".

Al llegar, se encontró con el portavoz de la plataforma Salvem, Faustino Villora, y ambos tuvieron un enfrentamiento dialéctico. Cuando Villora le recriminó que "nunca" había ido al barrio con ellos, el 'popular' le dijo que él no iba "con violentos a ningún sitio". Entonces, Villora le replicó que sabía que él no era violento y le explicó que lo que pretendían era evitar derribos y que se destruyeran casas.

Seguidamente, Grau y González Móstoles se encontraron y el primero le recriminó que los socialistas votaron en un pleno a favor de los derribos fuera de la zona BIC, a lo que el edil socialista le respondió que votaron que no tirasen los edificios incluidos en la zona BIC pero "respetando la orden" del Ministerio.

Alarte acusa a Camps de "abandonar a los valencianos por su incapacidad para afrontar la crisis"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, acusó hoy al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de "abandonar a los valencianos y las valencianas y a la Comunitat por su incapacidad para tomar medidas contra la crisis y por su negativa a impulsar acciones para generar empleo".

Así, lamentó que "una vez más la Comunitat se coloca en la cabeza de las autonomías que más empleo destruyen, y un mes más el PP prefiere dejar en la estacada a los trabajadores y empresarios".

Alarte se pronunció en estos términos tras conocer los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración que revelan que el número de parados de la Comunitat se incrementó en 6.599 personas durante el pasado mes, "lo que supone el segundo mayor incremento del paro de España", subrayaron desde el PSPV.

Al respecto, el líder socialista señaló que "en marzo se ha registrado un 1,3% más de parados que el mes anterior y Camps sigue sin articular soluciones para recuperar el empleo y la industria valenciana".

En la misma línea, consideró que "Camps pasará a la historia por ser el presidente del paro y recordaremos al PPCV como culpable de la crisis valenciana".

Alarte agregó que "el aumento imparable del paro en la Comunitat no es la única cifra preocupante porque el pasado mes la Seguridad Social perdió 2.800 afiliados" lo que supone "la caída más importante de afiliaciones en todo el Estado".

El secretario general denunció además que, "mientras en otras comunidades autónomas se empieza a generar empleo, la Comunitat sigue en la senda del modelo del PP: el crecimiento del paro".

"En otras autonomías Gobierno y oposición ha unido esfuerzos para luchar contra el paro, pero en la Comunitat Camps ha optado, no sólo por no tomar medidas, sino por obviar las propuestas de los socialistas para salir de la crisis", reprochó.

El máximo dirigente de los socialistas valencianos mostró su "preocupación por que mes a mes se constata la crisis del modelo económico del PP y la incapacidad de este partido y de Camps para impulsar medidas que ayuden a los cerca de 600.000 valencianos a encontrar empleo".

A su parecer, "el único responsable de esta crisis que afecta de forma más dura a los valencianos y valencianas es Camps, más preocupado por los tribunales que por solucionar los problemas de los ciudadanos y ciudadanas".

Alarte reiteró que "en la Comunitat se sufren dos crisis económicas, la global y la puramente valenciana que el PP se niega a afrontar".

"Y el único responsable de esta crisis es Camps que mantiene una actitud irresponsable y aislada frente a la crisis", dijo. "Los valencianos y valencianas estamos pagando de forma muy dura la falta de un gobierno en la Generalitat", concluyó.

La Comunitat Valenciana cuenta ya con 513.588 desempleados

VALENCIA.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunitat Valenciana subió en 6.599 personas en marzo, el segundo mayor incremento de España tras Cataluña, lo que supone un 1,30 por ciento respecto al mes anterior, con lo que el total de desempleados valencianos suma ya los 513.588 personas, según los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

A nivel nacional, el paro subió en 35.988 personas en marzo, un 0,9 por ciento respecto a febrero, con lo que el volumen total de desempleados se situó en 4.166.613 personas, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996.

Esta subida del desempleo es más de tres veces inferior a la experimentada en marzo de 2009, cuando las listas de las oficinas públicas de empleo sumaron 123.543 parados más. Pese a ello, se trata del segundo mayor aumento del paro en un mes de marzo dentro de la serie histórica y del octavo mes consecutivo en el que se incrementa el desempleo registrado en el antiguo Inem.

Por provincias, Valencia fue la que experimentó la mayor subida del paro en términos absolutos con 3.250 nuevos desempleados (1,30%), seguida de Alicante con 2.462 (1,21) y Castellón con 887 (1,47).

Del total de parados valencianos, 270.303 fueron hombres y 243.285 fueron mujeres. Además, en el conjunto de personas menores de 25 años, el número de desempleados masculinos fue mayor el de mujeres (35.893 hombres frente a 26.148 mujeres).

El sector que más afectado se vio por la subida del desempleo en el mes de marzo fue el de Servicios, que sumó 2.137 parados, seguido del colectivo de personas sin empleo anterior (+1.480), Construcción (+1.085) y Agricultura (+967), mientras que el desempleo aumentó en el sector de Industria en 930.

En el mes de marzo se quedaron sin empleo un total de 88.019 extranjeros, pertenecientes a los sectores de Servicios (42.632), Construcción (24.507), Industria (7.776) y Agricultura (4.932). El colectivo de personas sin empleo anterior creció en 8.172 desempleados.

A pesar de la subida del paro, el número de contratos creció en la Comunitat Valenciana el pasado mes en 15.942 unidades, un 18,44 por ciento más que en febrero. Del total de contratos registrados, 11.648 fueron indefinidos y 90.751 fueron temporales.

Por otra parte, la Seguridad Social perdió 2.800 afiliados en la Comunitat Valenciana en el mes de marzo, la mayor caída de España, lo que supone un -0,16 por ciento respecto a febrero, con lo que el número total de cotizantes es de 1.704.750.

Si se comparan estos datos con los registrados hace un año, se puede ver que el sistema valenciano ha perdido 69.069 cotizantes, un 3,89 por ciento menos.

Del número total de afiliados valencianos, 1.274.533 cotizaban en el régimen general, 331.347 fueron autónomos, 68.742 pertenecían al sector Agrario, 24.592 fueron empleados del hogar y 5.536 en el Marítimo.

A nivel nacional, el sistema sumó 22.457 afiliados (+0,13 por ciento) en el mes de marzo, con lo que el total de ocupados se situó al finalizar el mes pasado en 17.594.808 cotizantes. Este aumento es el segundo que encadena la afiliación a la Seguridad Social tras los 26.000 nuevos cotizantes que ganó en febrero.

Uno de los datos más positivos de marzo fue el crecimiento logrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que incrementó su número de afiliados en 873 personas (+0,03 por ciento), un repunte que, aunque leve, es el primero que registra este régimen desde hace más de 20 meses.

También subió la afiliación en el Régimen General, que ganó 32.691 cotizantes (+0,25 por ciento); en el Régimen del Hogar, que experimentó un repunte de 2.521 afiliados (+0,86 por ciento), y el Régimen del Mar, con 1.678 nuevos ocupados (+2,6 por ciento). Por su parte, el Régimen Especial Agrario perdió 15.288 cotizantes (-1,8 por ciento) y el del Carbón 17 ocupados.

Defensa retira la estatua de Franco del patio de la Capitanía General de Valencia

VALENCIA.- Una grúa de gran tonelaje retiró este mediodía, en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, la estatua ecuestre de Franco que se encontraba ubicada desde 1983 en uno de los patios interiores del edificio de la Capitanía General de Valencia. El Ministerio de Defensa confirmó que la escultura ha sido trasladada a un almacén militar.

Desde primeras horas de la mañana operarios de la grúa estuvieron trabajando en el interior del patio para retirar la estatua, que se sacó del edificio tras ser elevada por encima de un lateral, minutos antes de las 12 del mediodía.

La estatua de Franco a caballo salió cubierta por una lona blanca y quedó depositada en el interior de un cajón metálico instalado en un camión. La retirada de la imagen, que estuvo vigilada por una veintena de efectivos de Policía Nacional, Local y Policía Militar, se desarrolló sin ningún tipo de incidentes. Sólo un pequeño grupo de curiosos siguió el desarrollo de la operación.

El Ministerio de Defensa informó en un comunicado de la retirada de la estatua ecuestre de Franco del acuartelamiento de Santo Domingo, conocido como edificio de Capitanía General de Valencia, "en el marco de las actuaciones previstas en aplicación de la Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura".

Este departamento recordó que la estatua, propiedad del Ayuntamiento de Valencia, estuvo situada en la plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana hasta 1983, cuando fue trasladada y depositada en custodia en uno de los patios de la Capitanía General de Valencia "hasta que el consistorio municipal definiera su ubicación definitiva".

La estatua ha sido trasladada a un almacén militar --cuyo emplazamiento no ha sido precisado-- y su retirada "responde a la aplicación del artículo 15 de la Ley 52/2007 sobre la presencia de símbolos del franquismo en espacios públicos", según la misma fuente. Y por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la posguerra.

Este precepto establece que las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, "tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

La escultura de Franco fue obra del valenciano José Capuz y copia, como las ubicadas en Santander y Ferrol, de la que él mismo hizo anteriormente para Madrid.

La de Valencia se instaló en 1964 en la plaza que hoy se denomina del Ayuntamiento (imagen superior). Allí permaneció hasta 1983, cuando se trasladó al antiguo convento de Santo Domingo, sede de la Capitanía General (imagen inferior).

La retirada de la estatua de su primitiva ubicación estuvo en su día rodeada de polémica y fue realizada de noche por un grupo de ocho personas, que se ofrecieron a retirarla aunque encapuchadas para evitar ser identificadas y posteriormente reconocidas.

El juez incluye en el sumario pruebas de la financiación ilegal del PP de Valencia

MADRID.- El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha levantado esta mañana el sumario del mayor escándalo de corrupción política de la democracia.

La Brigada de Blanqueo de Capitales que investiga el caso Gürtel en toda sus vertientes emitió el pasado 10 de enero un informe, que obra en la causa sobre la que hoy ha levantado el secreto de sumario el juez Antonio Pedreira, donde identifica a una de las empresas que supuestamente financió ilegalmente al PP en la Comunidad Valenciana, según 'El País'.

Lo hace tomando en consideración una conversación grabada a dirigentes del PP con jefes de la trama corrupta en el que se refieren al supuesto pago de actos de la formación que preside Francisco Camps: "Está previsto que le presentéis al de las galletas la factura igual que la otra". La policía interpreta que están aludiendo a alguno de los empresarios que "financiaban a través de facturación falsa al PP de la Comunidad Valenciana".

Y concluyen: "De la misma se desprende una identificación entre el apelativo el de las galletas como uno de los financiadores de los actos, y en concreto con Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras".

La policía advierte en el análisis de la información intervenida en los distintos registros, en relación con la financiación ilegal del PP valenciano, se "encuentra en curso y por tanto las informaciones aportadas en el informe no se agotan en los documentos expuestos sino que puede ser completadas con nuevos datos derivados del examen del conjunto de documentos existentes, los cuales serán puestos de manifiesto a sus órganos judiciales".

El juez Antonio Pedreira ha dedicado un tomo del sumario, el número 60, a desgranar todas las pruebas halladas por la investigación judicial en relación a la supuesta financiación ilegal del PP valenciano, que pagó, según los documentos que aparecen en el sumario, hasta 6,3 millones de euros por actos electorales en dinero B, opaco al fisco.

También figuran las facturas de Orange Market, la empresa de la trama corrupta que hacía los actos del PP, que acreditarían una financiación ilegal de la actividad de la formación política que preside Francisco Camps, a través de cinco empresas contratistas de la Generalitat Valenciana: Sedesa, Lubasa, Ortiz e Hijos, FACSA y PIAF.

El Gobierno de Francisco Camps respondió el pasado 12 de junio a un requerimiento del juez que había contratado con siete empresas de la trama corrupta además de con Orange Market , la firma que dirigía Álvaro Pérez, y que facturó casi siete millones de euros en la Comunidad Valenciana pese a que carecía de experiencia pues se creó específicamente para hacer negocio en ese territorio.

Las empresas de la trama corrupta que también recibieron contratos del Gobierno de Francisco Camps, por un monto superior a los 305.000 euros, son Down Town, Easy Concept, Servimadrid, Diseño Asimétrico, TCM, Boomerang Drive y Rialgreen.

Comienzan con violencia policial los derribos en el barrio valenciano de El Cabanyal

VALENCIA.- Varias palas excavadoras han comenzado a primera hora de este martes a derribar un grupo de viviendas de la calle de San Pedro del barrio de El Cabanyal, donde se ha concentrado un grupo de vecinos para tratar de impedir una actuación que ha sido aíslada por un cordón policial.

Además, este martes se ha conocido la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Valencia que deniega la petición de medidas cautelarísimas solicitada por la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal para paralizar los derribos que se llevan a cabo en este barrio valenciano.

Así lo han confirmado fuentes municipales, según las cuales el Juzgado considera que no se acredita la urgencia de la medida y entiende que el acto administrativo del Ayuntamiento es legal, por lo que no autoriza la paralización de unas obras que a primera hora de la mañana habían derruido ya uno de los cinco edificios que el Consistorio pretende derribar.

Las mismas fuentes han señalado que los derribos pueden continuar, aunque han precisado que queda pendiente de resolución la otra medida cautelar solicitada por la Abogacía del Estado, presentada este martes en el mismo sentido que la de Salvem el Cabanyal y de la que ha informado el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta.

Desde las 08.00 horas varios vecinos del barrio han acudido al lugar del primer derribo, en el número 29 de la calle de San Pedro, previendo que iban a comenzar los derribos ya que entra en vigor la ley aprobada el pasado 24 de marzo en el pleno de Les Corts, por la mayoría de votos del PP, que autoriza todas las actuaciones del Plan del barrio de El Cabanyal, de Valencia.

Aunque fuentes municipales no habían confirmado aún el comienzo oficial de los derribos en esta zona, las palas derribaron el inmueble entre la calle de San Pedro y la de Luis Despuig.

Según Domenech, los vecinos habían rodeado las casas que estaba previsto derribar cuando han llegado "alrededor de 30 ó 40 policías en varios furgones" y les han retirado del lugar "por la fuerza".

En la actuación intervienen "numerosas" palas excavadoras y coches-grúa, y Doménech ha afirmado que, por los medios desplegados en la calle, los vecinos temen que los derribos de hoy vayan a ser "en cadena".

Según ha declarado, "se está viviendo un ataque masivo" en el barrio, "cuyo objetivo esta jornada es la calle San Pedro".

No obstante, ha insistido en que los vecinos concentrados en la vía, que protagonizan constantes pitadas, quejas y sentadas de protesta, no van a abandonar la zona a pesar de la presión policial.

"No nos hemos movilizado antes de que entrara en vigor, en enero, la orden ministerial que protegía el barrio. Posteriormente a ella, sí lo estamos haciendo porque esto es un atropello", se ha quejado.

Ha criticado además el "excesivo" despliegue policial -del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local- desarrollado con motivo de los derribos, "unos policías que nunca antes han venido a una zona que se considera peligrosa por la venta de drogas", ha criticado.

A la zona ha acudido también el concejal socialista Vicente González Móstoles para interesarse por los hechos.

Violencia policial

Posteriormente, agentes de la Policía Local de Valencia desalojaron a rastras a diversos políticos y vecinos concentrados en el segundo inmueble ubicado en la calle Vidal de Cañelles, del barrio de El Cabanyal, número 15, pendiente de derribo tras entrar en vigor en esta jornada la Ley de Medidas de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico de la ciudad de Valencia, que declara expresamente que el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI) del barrio no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico.

El desalojo se produjo a la fuerza después de que los agentes hayan invitado a políticos, vecinos y medios de comunicación a abandonar la zona tras la decisión del juzgado de lo contencioso-administrativo número 9 de Valencia.

Entre los políticos desalojados por la Policía se encuentran el secretario general del PSPV en la ciudad de Valencia, Salvador Broseta; el coordinador de EUPV en la ciudad de Valencia, Amadeu Sanchis; el edil socialista Vicente González Móstoles; los diputados de EUPV en las Corts, Marga Sanz y Lluís Torró y la presidenta de Salvem El Cabanyal, Maribel Doménech.

La portavoz adjunta de Compromís en la Cámara autonómica, Mònica Oltra cayó al suelo, mientras los vecinos gritaban contra la actuación de derribo, que calificaban de "ilegal" y algunos afirmaban que los agentes les habían llegado a "agredir".

Según explicó la diputada, cuando la Policía intervino para desalojar a los concentrados, se identificó como diputada para señalar que goza de inmunidad, ante lo que lo que los agentes le han contestado: "ni diputada ni leches", aseguró. La síndica adjunta de Compromís señaló, no obstante, que no ha podido identificar a estos efectivos.

Oltra explicó que siente un fuerte dolor en la cabeza y en algunas extremidades, ya que tras caer al suelo, varias personas se precipitaron también sobre ella a causa de la actuación de la Policía, apuntó.

Finalmente indicó que, a pesar de identificarse como parlamentaria electa en las Corts Valencianes, un agente la tiró al suelo y que se golpeó en la cabeza. Afirmó que mañana presentará una denuncia por estos hechos ante los agentes de la Policía Nacional que realizan las labores de vigilancia en el edificio de la Cámara autonómica.

`El Bigotes´ sí hizo regalos a la cúpula del PP

MADRID.- Según informa la Cadena SER, que habría tenido acceso a la parte del sumario abierta esta mañana, Álvaro Pérez, 'El Bigotes', hizo regalos de navidad a numerosos altos cargos del Partido Popular y el Consell en la Comunitat Valenciana.

Entre los regalos, el sumario confirmaría regalos de Orange Market a los consellers Juan Cotino, Alejandro Font de Mora o Milagrosa Martínez, en aquel momento consellera de Turismo, consellería que entregaba el grueso de contratos recibidos por Orange Market. Martínez habría recibido un reloj por valor de 2.400 euros.

Investigan una reunión de Matas con Zaplana, con pago de comisiones desde la televisión balear

PALMA.- Jaume Matas y Eduardo Zaplana, ambos dirigentes del PP, se reunieron (entre 2004 y 2005) a comer con el empresario audiovisual José Luis (Rodríguez) Moreno y el primero, president del Govern balear, habría acordado con el tercero concederle la producción de varios programas en la televisión autonómica IB3 a cambio de sobornos, según mantiene un testigo en el caso 'Palma Arena', Luis Velasco, al que el juez José Castro piensa llamar a declarar, según 'Prensa Ibérica'.

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil en este fleco del caso Palma Arena apuntan a que empresas de José Luis Moreno cobraron entre 2005 y 2007 más de cinco millones y medio de euros de la televisión autonómica.

Velasco, que actualmente reside en Valladolid, ya ha declarado ante la fiscalía anticorrupción, que en 2008 abrió unas diligencias informativas sobre un presunto entramado de corrupción en torno a la primera etapa de IB3. En esos años fue el hombre de confianza de Moreno en Palma y dirigió programas emitidos por el canal autonómico.

El testigo sostiene que Moreno comió en dos ocasiones con Matas, y en uno de esos almuerzos también estuvo presente Eduardo Zaplana. Este ex ministro del Gobierno de José María Aznar es uno de los pocos dirigentes del PP que se han mantenido fieles a Matas, a pesar de su caída en desgracia por el caso Palma Arena.

La Guardia Civil ha intervenido, con mandato judicial, conversaciones de Zaplana con Maite Areal, esposa de Matas, y en las que el ex presidente de la Generalitat Valenciana le da ánimos y le ofrece ayuda.

Según Velasco, Moreno le explicó que la forma habitual de contratación con las televisiones públicas era el pago de comisiones a altos políticos. En el caso de Balears, la presunta trama de corrupción habría contactado con Matas, que en aquellas comidas le habría prometido al empresario audiovisual varios contratos con IB3.

Velasco asegura también que su jefe le comunicó que los sobornos ascendían al diez por ciento de la facturación. El testigo estima que en Balears se pagaron alrededor de medio millón de euros y añade que la mitad de esa suma habría sido entregada por Moreno al president Matas en la gala inaugural de IB3, celebrada en el Casino de Mallorca en septiembre de 2005.

Jaume Matas y José Luis Moreno han negado taxativamente las acusaciones de Luis Velasco, al que el juez y la fiscalía anticorrupción otorgan credibilidad hasta el punto de proseguir con las pesquisas.

Entre las revelaciones más llamativas que Luis Velasco ha efectuado destaca la supuesta imposición que la familia Matas-Areal hizo para que una vidente amiga suya saliera en programas de IB3. Según Velasco, la adivina residía en Valencia y era la vidente preferida de "Matas o de su mujer".

"Esta señora venía dos veces a la semana a Mallorca y cobraba 250 euros por programa y también se le pagaba el transporte y el hotel", ha denunciado Velasco. El antiguo director de programas televisivos también ha contado que Maite Areal enchufó a una modista y experta en moda para colaborar en la televisión pública insular, por lo que cobraba 250 euros por aparición.

"Un día Moreno le pagaba sus 250 euros y al día siguiente cobraba de IB3", apostilló Velasco.

Entre las revelaciones más llamativas que Luis Velasco ha efectuado destaca la supuesta imposición que la familia Matas-Areal hizo para que una vidente amiga suya saliera en programas de IB3. Según Velasco, la adivina residía en Valencia y era la vidente preferida de «Matas o de su mujer».

«Esta señora venía dos veces a la semana a Mallorca y cobraba 250 euros por programa y también se le pagaba el transporte y el hotel», ha denunciado Velasco. El antiguo director de programas televisivos también ha contado que Maite Areal enchufó a una modista y experta en moda para colaborar en la televisión pública insular, por lo que cobraba 250 euros por aparición.

«Un día Moreno le pagaba sus 250 euros y al día siguiente cobraba de IB3», apostilló Velasco.

Zaplana niega

Zaplana negó de forma tajante haber mantenido un almuerzo con el productor José Luis Moreno y con el ex presidente balear, Jaume Matas, investigado por presunta corrupción. «Nunca ha existido esa comida y es imposible que puedan acreditar otra cosa», afirmó Zaplana, actualmente directivo de Telefónica.

El ex jefe del Consell valenciano restó cualquier validez a las afirmaciones de dicho testigo, del que señaló que según las informaciones publicadas «ni siquiera es capaz de concretar cuándo ni dónde se habría celebrado esa comida», y reiteró su inexistencia. Zaplana no negó su amistad con Matas, cuya esposa, Maite Areola, es oriunda de Villajoyosa, pero sentenció: «A ver si ahora va a ser delito ser amigo de alguien».

Miopía o miedo / Enric Sierra

Lo contó este diario el sábado. Un periodista del diario británico The Times fue avaro en su valoración del juego del equipo de Pep Guardiola ante el Arsenal y lo puntuó con un 6,5 sobre 10. La crónica colgada en la versión digital del rotativo recibió comentarios de los usuarios que discrepaban con la versión dada por el periodista. Los lectores advertían que habían visto otro partido distinto al del cronista del diario y consideraban que el fútbol desarrollado por el Barça fue excepcional.

Con anterioridad a internet, este tipo de interacción entre los lectores y los diarios no se daba y para la posteridad sólo quedaban las crónicas periodísticas. Ahora, la historia de ese partido dirá que, a pesar de lo contado por los expertos, el público quedó encandilado con el juego barcelonista. Habrá más versiones de una misma realidad, cosa que enriquecerá la visión de lo sucedido.

Hay destacadas voces del periodismo partidarias de cortar de raíz este tipo de participación de los lectores aduciendo que no aportan nada y que llegan a dejar en mal lugar a los propios medios que acogen estos comentarios.

Son voces que hablan desde la miopía periodística o desde el miedo a perder el protagonismo logrado gracias a las dificultades que la población general tenía de acceder a los exclusivos púlpitos de los medios de comunicación.

Temen que alguien de esa plebe sepa más que ellos y les saque los colores aflorando alguno de los errores que también cometemos los periodistas o contradiciendo impresiones que hasta ahora eran únicas e inapelables.

Recientemente el Consell de la Informació de Catalunya (CIC), organismo que vela por el cumplimiento del código deontológico de los periodistas, algo así como el Santo Grial de la profesión, encargó que se estudiaran los comentarios en las noticias de los medios digitales.

La conclusión que hace el CIC del estudio sufre de uno de los males que el periodismo debería evitar: la generalización. Se dice que los comentarios son malos y que habría que abolirlos porque no aportan nada. Solo les faltaba añadir algo así como "no vaya a ser que estos freakys nos quiten el pan de la boca".

La participación de los lectores en los medios digitales serios va mucho más allá de los comentarios. Además, las opiniones inapropiadas que se vierten son una minoría y un equipo de moderación los retira o evita su publicación. El resto son comentarios que, sin ser periodísticos, sirven muchas veces como fuente de nuevas informaciones tras la comprobación y contraste que conlleva el oficio del periodista.

Por tanto, que nadie se preocupe, trabajo no va a faltar. Al revés, hay más aunque no lo sepamos ver. El periodismo se debe adaptar y no enrocarse en un conservadurismo impropio de una profesión vanguardista. El público quiere opinar, ser protagonista y contar historias. Renunciar a esa nueva fuente informativa sí es inapropiado.

http://www.lavanguardia.es/lv24h/20100405/53901289278.html

Un particular presenta la petición para registrar el nombre 'Bancaja CAM'

ALICANTE.- El viernes 20 de noviembre de 2009 el Consell salía en defensa de la solidez de las cajas de ahorro valencianas. La intervención se producía en medio de la polémica surgida tras las declaraciones del vicepresidente económico, Gerardo Camps, que apenas dos días antes había abogado por una fusión de Bancaja y CAM tras indicar que la entidad alicantina entraría en pérdidas este año.

Las declaraciones desataron una avalancha de críticas políticas, empresariales y sindicales. Pero también tuvieron otra consecuencia hasta ahora desconocida: la Oficina Española de Patentes y Marcas recibió ese día una solicitud para registrar la marca Bancaja CAM, según 'El País'.

La petición procede de un particular domiciliado en La Pobla de Vallbona (Valencia) que debió ver más que posible la eventual fusión -a la que las dos cajas de ahorros valencianas se han opuesto por activa y por pasiva- y que también confía en sacar ventaja por solicitar el registro del nombre de las dos entidades antes que nadie.

La solicitud está en fase de tramitación y ya ha recibido cuatro oposiciones (impugnaciones), según el expediente. Las oposiciones se concretaron entre el 17 y 18 de marzo y dentro del plazo de tres meses tras publicarse la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

La petición se realizó para las actividades de "seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios. Servicios bancarios".

Las solicitudes de marcas y patentes esconden, en ocasiones, propuestas sorprendentes e incluso insólitas. Cualquier motivo es bueno para intentar aprovechar el tirón de un personaje o de una situación, y tratar de asegurar algún beneficio futuro con el registro de una marca.

Luna cree que Camps padece un "bloqueo" personal

VALENCIA.- El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Ángel Luna, considera que éste es un año de "bloqueo" para el PPCV porque el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, está "bloqueado por las situaciones jurídicas" y esa situación personal la ha trasladado al Consell y la está intentando llevar a la Cámara autonómica. Ante esta situación, dijo que la actitud de denuncia del PSPV en el Parlamento es "inevitable" porque si no se rompe el "oscurantismo", no habrá futuro.

Luna acusó a Camps de intentar trasladar las Corts el "bloqueo" donde, por un lado, el PP busca "sacudirse su parte de responsabilidad" en el Gobierno de los valencianos y, por otra, la oposición "lucha contra la falta de transparencia", de la cual "derivan gran parte de los problemas judiciales de Camps" y que son el "caldo de cultivo de la corrupción".

Asimismo señaló que "hay una voluntad de deslegitimar por todos los medios al Gobierno de España y eso incluye desde "crear conflictos donde no debería haberlos, magnificar conflictos donde los hay, hasta plantear problemas de protocolo", como los que hubo durante la celebración en valencia de la cumbre de la UE.

Señaló que "forma parte del ADN de la política de Camps eludir responsabilidades haciendo recaer en el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la responsabilidad de todo y distraer la atención con conflictos". Así, señaló que es "lamentable" que se "empañe" un acto de la Presidencia de la UE en Valencia con un "conflicto de protocolo"

Luna se mostró convencido de que en la actualidad el presidente de la Generalitat está "políticamente acabado" aunque "el problema es que él no quiere reconocerlo". Para Luna, "es evidente que con lo que hay y todo el mundo conoce -relativo al caso Gürtel-, independientemente del resultado del procedimiento", a Camps "no le queda mucha vida política".

"Camps, desde hace mucho tiempo es un problema para el PP, lo que ocurre es que no tienen resuelta de forma pacífica la salida y por eso está donde está", señaló el portavoz socialista.

La labor del PSPV es "acabar con unas prácticas corruptas que condicionan cualquier política económica para la salida de la crisis y la vida política", indicó Luna, quien apuntó que la actividad de denuncia es "inevitable" porque si no consiguen romper la práctica de "oscurantismo", las Corts Valencianes no tienen futuro y "frente a eso, no se puede estar parado".

En este sentido, apuntó que la denuncia judicial es un "complemento" a la política porque en el ámbito político "no hay ni si quiera posibilidad de discutir" porque "se oculta y se niega todo sistemáticamente". Esto supone un "desgaste psicológico importante para nosotros, pero lo suplimos con una voluntad de hierro", indicó el portavoz socialista.

Sobre la posibilidad de que parte de su grupo esté molesto por estar acaparando protagonismo en el Parlamento tal como se ha difundido, aseguró no haber recibido quejas, por parte de los diputados socialistas por el protagonismo que supone liderar esta estrategia, "ni petición" para repartir esta función, al tiempo que argumentó que su labor en el hemiciclo se limita casi a la pregunta de control a Camps, con lo que considera que no acapara "ni mucho menos" el protagonismo de su grupo", aseveró.

Además, indicó que al margen de esta estrategia de denuncia la oposición también presenta "constantemente" otro tipo de iniciativas sobre políticas de funcionamiento en la Comunitat.

Ante la próxima campaña electoral, el principal programa político por parte del PSPV es "recuperar el funcionamiento de la democracia", que los gobernantes "escuchen a todo el mundo" y que "den explicaciones de cómo utilizan el dinero público".

Luna, quien cree que la campaña va a ser "crispada" y "dura", explicó que el primer proyecto político para la Comunitat pasa por recuperar las instituciones.

"Es el primero objetivo, no puede haber otro", ya que "por una concepción autoritaria de la política", "seguimos bloqueados desde el punto de vista de iniciativas contra la crisis" y se "despilfarra el dinero de los ciudadanos en grandes eventos que no se sabe lo que cuestan ni lo que rentan, es muy grave", dijo.

En este sentido, aseguró que la deuda de la Generalitat "está lastrando las posibilidades de la Comunitat Valenciana de salir de la crisis porque el dinero "se está utilizando en pagar deudas generadas en época de bonanza".

"El derroche tan brutal que se ha hecho es lo que condiciona tener medios para invertir" y apuntó que las inversiones en obra pública en la Comunitat "se sostienen gracias a las obras del Gobierno central". La Generalitat, por el contrario "no está haciendo nada" porque "no tiene capacidad económica".

Los abogados accederán mañana martes al sumario Gürtel a través de un servidor

MADRID.- Los abogados del 'caso Gürtel', en el que se investiga una trama de corrupción vinculada a varias administraciones del PP, tendrán el martes acceso a la parte del sumario levantada por el juez Antonio Pedreira a través de un servidor que realizará las funciones de Secretaría Virtual con motivo del ingente volumen de documentación que nutre las actuaciones.

Fuentes jurídicas indicaron que el levantamiento del sumario no incluye el contenido de las comisiones rogatorias ordenadas por el juez a un total de diez países para obtener datos sobre cuentas bancarias. Tampoco incluirá cuestiones que afecten a la intimidad personal de los imputados, así como asuntos que afecten al interés público.

En un providencia dictada este lunes, el magistrado cita el martes a los procuradores de los abogados al objeto de recoger un sobre que contendrá la identificación de la dirección de la página web y sus credenciales para el acceso a dicho portal y a la información relativa a las diligencias practicadas a lo largo de la instrucción.

El magistrado indica que "el ingente volumen de documentación intervenida o requerida a diversas entidades públicas y privadas que componen las presentes actuaciones" conlleva que su traslado a las partes personadas requiera aplicar "nuevas tecnologías en la Administración de Justicia como es el uso de un servidor que realice funciones de Secretaría Virtual".

Para ello, señala la providencia, se proporcionará a las partes una herramienta de gestión documental prestada a través de un portal web que reunirá los requisitos de seguridad, integridad y confidencialidad, accesible sólo para usuarios registrados.

Igualmente, se proporcionará al Ilustre Colegio de Procuradores, en sobre cerrado, credencial (usuario de lector y contraseña) para el acceso al citado portal, con indicación de los requisitos técnicos necesarios para su utilización.

El secreto del sumario se levantará el martes después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulara todas las comunicaciones intervenidas por orden del juez Baltasar Garzón entre los principales imputados y sus abogados en prisión.

El magistrado hará el martes públicos un total de 50.000 folios que forman parte de las diligencias practicadas a lo largo de la instrucción.

El pasado 28 de septiembre, Pedreira acordó levantar el secreto de una parte del sumario en el que mantiene imputadas a cerca de 70 personas, entre ellas, Francisco Correa y su primo, Antoine Sánchez; el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo; y Álvaro Pérez 'El Bigotes', el supuesto delegado de la trama corrupta en la Comunidad.

Entre los imputados figuran el diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco, el parlamentario autonómico Alfonso Bosch, el diputado autonómico y ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, el ex concejal de Boadilla del Monte José Galeote, el ex concejal del PP en Estepona, Ricardo Galeote, el ex alcalde de Arganda del Rey Ginés López Rodríguez y el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda.

¿Rajoy "máximo responsable" de la trama?

El ex concejal del PP de Majadahonda y denunciante del caso 'Gürtel', José Luis Peñas, señaló al presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, como "máximo responsable de la trama Gürtel en toda España", y aseguró que éste "tenía que haber denunciado lo que estaba sucediendo en su partido como miembro del Parlamento español".

En declaraciones a Telecinco, Peñas declaró que Rajoy "tenía una responsabilidad que viene recogida en códigos civiles y penales", y que "tenía que haber hecho algo más". Asímismo, afirmó que "a día de hoy está claro que el PP se aprovechó de esta trama", y aseveró que "en Valencia ha habido una financiación claramente irregular".

Preguntado sobre si denunció la trama por venganza, el ex concejal aseguró no conocer "lo que es la venganza sino la justicia". A su vez, Peñas dijo estar imputado en 'Gürtel' porque en el 'pendrive' dónde supuestamente están los cobros que recibió de la trama "hay tres apuntes donde aparece mi nombre".

Peñas negó haber sentido miedo tras destapar el escándalo, aunque aseguró que toma "precauciones" ante una "trama de tantos miles de millones de euros". A su vez, recalcó su "plena confianza" en la justicia y dijo no tener "nada que ocultar".