domingo, 19 de septiembre de 2010

Metrovalencia y el TRAM de Alicante transportan casi a diez millones de usuarios este verano

VALENCIA.- Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha transportado a un total de 9.669.908 de viajeros entre las líneas de Metrovalencia y el TRAM de Alicante en los meses de julio y agosto, lo que supone un incremento del 1,71 por ciento respecto al mismo periodo de 2009, según ha informado el Consell en un comunicado.

Por las tres líneas de metro y dos de tranvía de la red de Metrovalencia han pasado un total de 8.430.568 viajeros durante los meses de julio y agosto, lo que supone una media diaria de 135.976 usuarios a lo largo de toda la red.

Los datos que más destacan, por mayor aumento de viajeros, se hacen visibles en las líneas 6 y 4. La L-6, con 54.247 pasajeros más, ha incrementado un 25,73 por ciento con respecto a los mismos meses de 2009. La Línea 4, por su parte, ha registrado, con respecto al mismo periodo del año pasado, 102.313 viajeros más, lo que supone un aumento del 18,12 por ciento.

La Línea 3, que realiza el recorrido Aeroport/Rafelbunyol, ha sido la más utilizada el cómputo de ambos meses, con 2.918.544 usuarios, seguida de la Línea 1 (Llíria-Bétera/Villanueva de Castellón) con 2.449.025 viajeros, la Línea 5 (Neptú-Aeroport/Torrent Avinguda) con 2.131.057, la Línea 4 de tranvía (Doctor Lluch-Mas del Rosari) con 666.900 viajeros y, por último, la Línea 6, también de tranvía (Marítim Serrería-Tossal del Rei), con 265.042 usuarios.

Por lo que se refiere a las estaciones más concurridas de la red de Metrovalencia, han sido Xàtiva, con 676.493 viajeros, seguida de Colón, con 631.412 usuarios. A continuación, se sitúan Túria, con 371.132, Àngel Guimerà, con 333.782 clientes, y Benimaclet, con 263.292 pasajeros.

Por su parte, TRAM Metropolitano de Alicante ha superado este verano su récord de viajeros y, por primera vez en su historia, ha cerrado dos meses consecutivos con más de 600.000 usuarios cada uno.

TRAM ha registrado en el mes de julio la "cifra histórica" de 623.412 pasajeros, superior a la de agosto, en el que ha contado con 615.928 usuarios. Por primera vez, el mes de agosto ha registrado datos de afluencia inferiores a julio, "debido principalmente a los paros parciales del colectivo de maquinistas que afectaron a las circulaciones de trenes todos los fines de semana de este mes, causando molestias a miles de personas", según la Generalitat..

En total 1.239.340 viajeros han confiado en el TRAM para realizar sus desplazamientos por la provincia de Alicante durante los dos principales meses del verano. En lo que va de año, más de tres millones y medio de usuarios han utilizado este medio de transporte "cómodo, seguro y sostenible".

El incremento de viajeros más significativo en lo que va de año respecto a 2009 se ha producido en julio, con un 18,70 por ciento más de pasajeros que en el mismo mes del pasado año. Las cifras de agosto también han sido positivas, aunque, en este caso, el aumento de pasajeros ha sido de un 15,68 por ciento por las interrupciones ocasionadas por la huelga sindical, que supuso la supresión de 340 servicios en días de gran afluencia de viajeros.

Las cuatro líneas de TRAM Metropolitano de Alicante han tenido en estos dos meses una afluencia media de viajeros de 20.000 usuarios cada día. La línea más transitada ha vuelto a ser la L-3 (Luceros-El Campello/Venta Lanuza) con 247.411 viajeros en julio y 240.004 en agosto.

Le sigue en número de pasajeros la L-1 (Luceros -Benidorm) con 192.780 usuarios en julio y 192.206 en agosto. La L-4 (Luceros-Playa de San Juan) registró 119.212 pasajeros en julio y 116.735 en agosto. Esta línea ha triplicado sus viajeros en los meses de verano respecto a enero, sobre todo a raíz del cambio de cabecera desde Puerta del Mar a Luceros, situándose como una de las preferidas por los turistas y los vecinos que acuden a la playa y lugares de ocio de la zona.

Por último, la L-9 (Benidorm-Dénia) también ha experimentado un "importante" incremento de viajeros respecto al pasado año, cifrado en un 60 por ciento, ya que 63.451 usuarios han utilizado estos trenes en julio y 66.983 lo hicieron en agosto frente a los 38.954 y 41.608 que lo hicieron en los mismos meses de 2009.

En cuanto a tránsito por estaciones, Luceros se sitúa como la más concurrida con 92.222 usuarios en julio y 88.792 en agosto. La estación de Mercado, que antes era la más transitada, ocupa ahora el segundo lugar con 77.648 usuarios en julio y 71.747 en agosto. Le siguen en el ranking la estación de MARQ, que ha registrado en julio 35.205 pasajeros y 35.508 en agosto, y la de Benidorm, con 21.989 y 22.262 usuarios en esos mismos meses.

EU pide a Barberá que "deje de meter palos en las ruedas de la Justicia" y dé licencias para la rehabilitación de El Cabanyal

VALENCIA.- El coordinador de EU en Valencia, Amadeu Sanchis, ha exigido este domingo a la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, que "deje de meter palos en las ruedas de la Justicia" y permita dar licencias de obra mayor y menor, así como licencias de actividad empresarial, "como elementos imprescindibles para la rehabilitación del barrio de El Cabanyal".

Sanchis se ha expresado en estos términos en un comunicado tras conocer el informe emitido por la Abogacía del Estado en el que mantiene que la suspensión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del barrio de El Cabanyal "no implica la necesaria e indiscriminada denegación de concesión de licencias municipales de cualquier tipo, sobre cualquier bien", ubicado en esa zona.

El dirigente de EU ha destacado que el equipo de gobierno municipal "sabe perfectamente diferenciar qué obras se pueden hacer y cuáles no", ya que ha indicado que "en el supuesto de que pudieran afectar a la conservación del conjunto histórico no deberían concederse".

En opinión de Amadeu Sanchis, "no diferenciar las obras y no conceder ninguna licencia es la prueba de que el PP no tiene ningún interés por el barrio y por sacarlo de la difícil situación en la que se encuentra".

"Parece que el PP está más interesado en su destrucción o aislamiento como única alternativa a una prolongación que no se hará", ha afirmado.

El coordinador de EU ha denunciado "lo que se ha convertido en una actitud de desprecio a la ley, inédita en nuestro país, por parte de una autoridad pública".

A su juicio, "negarse permanentemente a dialogar y encontrar una solución de consenso, como reiteradamente ha venido pidiendo la Plataforma Salven El Cabanyal, sólo se entiende por la visión que desgraciadamente tiene el PP de la democracia, donde ésta parece que sólo es válida si beneficia a sus planteamientos", ha criticado Sanchis.

Mata ya ha conseguido 300 de los 352 avales necesarios para formalizar su candidatura a primarias

VALENCIA.- El diputado del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes Manolo Mata ya ha recogido 300 de los 352 avales necesarios para formalizar su candidatura en el proceso de primarias y aspirar a encabezar la lista socialista al ayuntamiento de Valencia.

Mata ha asegurado este domingo que confía en conseguir los apoyos y que están "muy cerca del objetivo". Ha señalado que "lo que empezó por una necesidad, la democracia para decidir, ahora es inevitable" y ha subrayado que "hay optimismo en que vamos a conseguir las firmas".

En este sentido, ha informado de que "en sólo cuatro días de campaña estamos muy cerca del objetivo" y "todo ello -ha advertido-- sin medios, sin listados, sin casi teléfonos, porque los militantes son los que se ofrecen".

El aspirante a medirse en primarias con el candidato avalado por la ejecutiva, el diputado en el Congreso Joan Calabuig, ha desvelado que entre los avales recogidos se encuentran los de "dos ex-consellers, ex-directores generales, actuales directores generales del gobierno de España, diputados, concejales, profesores de universidad, sindicalistas, jóvenes, y muchísimos militantes anónimos".

Uno de los pilares de su campaña es Internet. En Facebook se han creado grupos de apoyo oficiales y no oficiales y el aspirante ha creado un blog 'primariasmata.wordpress.com.' En su opinión, "si llevamos trescientos, el objetivo es muy posible".

Valencia y Castellón estarán este lunes en alerta por lluvias y tormentas localmente fuertes

MADRID.- Un total de 27 provincias de la mitad sur y tercio oriental peninsular, entre ellas Valencia y Castellón, permanecerán mañana en alerta por lluvias y tormentas que pueden llegar a ser localmente fuertes, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, se activará la alerta naranja por riesgo importante de fuertes lluvias y tormentas en Cádiz, Málaga, Sevilla, Lleida, Tarragona, Ceuta y Castellón, por precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Asimismo, la alerta amarilla por lluvias y tormentas se extenderá al resto de las comunidades de Andalucía --excepto a la provincia de Almería--, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. En principio, las precipitaciones no afectarán al noroeste peninsular ni a los archipiélagos.

Así, los cielos permanecerán poco nubosos en Galicia y en el resto del litoral cantábrico, mientras que en Baleares y Canarias se registrarán algunos intervalos nubosos.

Las temperaturas diurnas ascenderán ligeramente en el extremo norte peninsular y descenderán moderadamente en el centro y mitad sur. En general, las nocturnas presentarán un ligero a moderado ascenso.

Por último, llegará viento flojo del noreste en Canarias y de componente este al Cantábrico, Alborán y Baleares. En el resto del país, los vientos serán flojos y variables, con algún intervalo moderado y predominio de componente sur.

Más de 200 vehículos cortan la A-31 en protesta por la posible ubicación del almacén en Zarra

ZARRA.- Más de 200 vehículos han participado en la tarde de este domingo en una marcha lenta por la A-31, que se ha llegado a cortar en varias ocasiones, para protestar por la posible ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Zarra.

Los participantes, convocados por la Plataforma contra el ATC en Zarra, se han reunido a las 16.00 horas en el municipio valenciano de Ayora, desde donde han salido a la N-330, hasta llegar a Almansa (Albacete).

Una vez en este punto, los manifestantes han tomado la A-31, autovía que une Madrid y Alicante, donde han realizado una marcha lenta hasta el término albaceteño de Bonete, según ha informado una de las portavoces de la plataforma, Sofía Costa.

La marcha de protesta ha provocado unos diez kilómetros de retenciones --nivel amarillo--, en la A-31, a su paso por Bonete, en concreto entre los puntos kilométricos 133 y 143, según la Dirección General de Tráfico.

Los participantes en el corte de la autovía, en la que han participado vecinos de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, pero también de pueblos manchegos cercanos a Zarra, han ido acompañados de pancartas y camisetas en las que se podían leer lemas como 'No queremos el ATC en Zarra', 'No somos una comarca basura' o 'Ni un solo bidón radioactivo va a entrar al Valle de Ayora', entre otros.

Otro de los portavoces de la Plataforma contra el Almacén Temporal Centralizado (ATC), Pepe Cerdà, ha explicado que el colectivo está preparando diferentes "movilizaciones, acciones y reuniones" para todos los días, con el objetivo de expresar su rechazo a la instalación del ATC en el municipio de Zarra.

Entre los diferentes actividades de protesta programadas, han convocado para el próximo miércoles, a las 12.00 horas, una concentración en Madrid frente al Ministerio de Industria. Para ello, saldrán autobuses de varios pueblos cercanos a Zarra. Es el caso de los municipios valencianos de Ayora, Jarafuel y Cofrentes, y de los albaceteños Almansa, Carcelén y Alpera.

El portavoz ha señalado que la plataforma cuenta con el apoyo de varios ayuntamientos, así como con el del PPCV y del PSPV. Además, ha asegurado que el pasado viernes el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, anunció al colectivo que le "acompañaría a todas las movilizaciones".

Para Pepe Cerdà, la instalación del ATC en Zarra supondría "la muerte de la comarca". Al respecto, ha explicado que se "sobrecargaría" al Valle con "demasiadas marcas radioactivas", ya que en esta comarca ya existe la Central Nuclear de Cofrentes y "ya solo faltaba tener para la eternidad los residuos nucleares de toda España", ha manifestado.

El portavoz de la Plataforma ha aseverado que los informes técnicos "mienten", motivo por el que los denunciarán ante los tribunales.

"Dicen que la candidatura de Zarra tiene disponibilidad inmediata de los terrenos", ha recordado Cerdà, quien ha añadido que, sin embargo, los terrenos a los que se refieren cuentan con una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en la que dice que "no se puede urbanizar", puesto que se trata de "terrenos agrícolas".

En opinión de Cerdà, la posible decisión de instalar el ATC en Zarra es "la más cómoda políticamente". A su entender, "es una manera de ayudar al presidente de Cataluña, José Montilla, que, según las encuestas, no ganará las elecciones".

"Supone un balón de oxigeno para que crean que sus negociaciones ha conseguido no vaya el ATC a Catalunya", ha criticado.

Además, ha manifestado que el Gobierno central "no va a mandar el problema a José Montilla ni al presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que son del PSOE".

Del mismo modo, Pepe Cerdà ha asegurado que la candidatura de Zarra implica "un coste económico mayor que todas las demas", porque la posible ubicación del almacén "no será en un polígono industrial y por la zona no pasan carreteras".

Asimismo, ha recordado que se trata de un lugar "con un valor medioambiental incalculable", puesto que es "el corazon de la mayor masa de pino adulto de la provincia de Valencia".

Industria ve irrelevante la sentencia que anuló la recalificación del suelo del ATC

MADRID.- El Ministerio de Industria ha considerado irrelevante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que en septiembre de 2009 anuló la recalificación de los terrenos de Zarra elegidos para el almacén nuclear. Pese a que el fallo consideró nula la declaración de los terrenos como industriales, el ministerio le ha otorgado la máxima puntuación a "la calificación urbanística" del suelo, algo clave para que superara a Ascó en la valoración oficial de los municipios candidatos a albergar el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

El informe puntúa la situación de las candidaturas en función de 20 factores, desde la propiedad de los terrenos hasta la contribución de los Ayuntamientos. En cada apartado, los candidatos reciben una nota de cero a 10. No todos los aspectos valen lo mismo, ya que la calificación de los terrenos o las distancias de transporte valen 10 puntos y la meteorología o la hidrología solo dos.

Zarra obtiene la máxima calificación en 11 de las 20 categorías. Ascó, segundo en la lista, obtiene la máxima nota en 14 apartados. Sin embargo, Zarra queda por delante entre otras cosas porque el informe no da la máxima nota a Ascó en la proximidad de instalaciones de riesgo, uno de los factores de mayor peso. El texto señala que "no lejos de Ascó está la industria química de Flix, pero a distancia suficiente para que no se identifique como un riesgo".

El documento valora que las obras en Zarra pueden empezar sin demoras significativas, ya que los terrenos están ya calificados como industriales, y por eso le da 10 puntos. Pero el coordinador de Ecologistas en Acción en Valencia, Carlos Arribas Ugarte, sostiene que "la calificación urbanística del suelo no es industrial, pues hay una sentencia anuló el plan parcial y el PAI que quería promover ese uso industrial".

El Gobierno de Valencia, que ahora se opone al ATC, tiene recurrida la sentencia ante el Supremo. Cuando se recalificó, el suelo era de una empresa del sobrino de Juan Cotino, vicepresidente valenciano.

Los detalles son relevantes porque es muy probable que el caso acabe en los tribunales. Los municipios que pierdan el almacén, o las comunidades y ecologistas del elegido, planean cómo recurrir la decisión del Ejecutivo y buscan ya argumentos en el informe.

El texto alude a la sentencia: "La recalificación fue objeto de Declaración de Impacto Ambiental favorable de la Generalitat Valenciana. Esta declaración fue anulada por sentencia [...] por no acreditarse la disponibilidad de suministro de agua".

El fallo anuló todo el plan, pero el departamento que dirige Miguel Sebastián considera que ese es un tema menor, formal y solventable en meses en el peor de los casos, ya que ya está pedida la concesión de agua. Arribas critica que se haya elegido un terreno con acceso por caminos rurales y opina que el informe parece "hecho a la medida de Zarra".

El informe es la base de la elección y considera que cualquiera de los cuatro primeros candidatos -Zarra, Ascó, Yebra y Villar de Cañas- podría ser elegido, ya que hay "escasas diferencias entre ellos". El texto fue aprobado el jueves por la noche por una comisión interministerial. El informe fue realizado por el Ministerio de Industria y presentado a los miembros de la comisión para que lo hicieran suyo.

Pese a que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se refirió a ese documento como "la ponencia técnica", no fue realizado por el Comité Asesor Técnico, sino por una comisión gubernamental formada por altos cargos de varios ministerios, según confirmó ayer Industria. Los técnicos habían entregado hace semanas un informe, pero que no puntuaba las candidaturas.

Finalmente, un Consejo de Ministros dividido -Sebastián, Salgado y los más técnicos, a favor de aprobarlo ya, y otros encabezados por De la Vega, en contra- paralizó la elección de Zarra, desairó a Sebastián y dio una baza electoral al presidente valenciano, Francisco Camps.

El PP de Camps acumula más de 25 imputados

VALENCIA.- El caso Brugal , una trama de corrupción vinculada al negocio de la basura en Alicante, ha terminado por convertir al PP de la Comunidad Valenciana en una formación dirigida por políticos imputados. A fecha de hoy, los populares valencianos tienen más de 25 cargos públicos imputados, con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps , y los presidentes provinciales de Castellón, Carlos Fabra , y Alicante, José Joaquín Ripoll , a la cabeza, según recuerda 'El País'.

Esta cifra incluye diputados, alcaldes y cargos de la Administración local y autonómica del PP en activo, a los que, previsiblemente, se unirá alguno más a medida que avancen las investigaciones judiciales en curso. La gran mayoría de ellos están imputados por su vinculación a casos de corrupción, aunque la cifra también incluye algún imputado por delitos de otra naturaleza.

El caso Fabra , el caso Gürtel y el caso Brugal son los tres mojones que condicionan la actividad institucional del PP del norte al sur de la Comunidad Valenciana, pese a gobernar con amplias mayorías absolutas en la Generalitat, las tres diputaciones provinciales y las principales ciudades, incluidas las capitales.

Sin embargo, la sucesión de los escándalos que afectan al PP valenciano ha sido de tal magnitud en los últimos meses que ha hundido la moral de un partido que ha llegado a proyectar la película Invictus a sus diputados para insuflarles nuevos ánimos.

El presidente de la Diputación de Alicante y del PP provincial, José Joaquín Ripoll, ha sido el último de los altos cargos imputados. El juez que investiga el caso Brugal considera que hay indicios de que puede haber cometido los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios.

Junto a él, la secretaria provincial y alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, otros dos alcaldes de pequeños municipios, seis concejales y varios ex concejales completan el paquete de cargos populares imputados. En esta investigación también está imputado Antonio Amorós, suspendido de militancia por el PSOE y apartado de sus competencias en la Corporación.

La imputación de la cúpula de Alicante ha tenido, además, otra consecuencia: ha hecho caer en el olvido las apelaciones de Ripoll al código ético del partido para afrontar el deterioro de imagen de los populares valencianos a raíz del caso Gürtel. Es más, el presidente de la Diputación de Alicante, enfrentado hasta su imputación a Francisco Camps, se guarece ahora bajo el mismo paraguas argumental que el resto de imputados del PP valenciano.

"Defendemos la presunción de inocencia. Los únicos capacitados para juzgar son los jueces. Ni los informes policiales, ni los políticos, ni los medios de comunicación", afirma la portavoz del Gobierno valenciano y directora de la campaña electoral del PP regional, Paula Sánchez de León, que añade: "Mientras no haya sentencia firme actuaremos con respeto a estos principios". Un argumento esgrimido sistemáticamente por la Generalitat y el PP regional, que se ha convertido en un mantra desde la imputación del presidente valenciano por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio -por recibir trajes regalados por la trama corrupta del caso Gürtel-.

Junto a Camps están imputados en la misma causa quien fue su mano derecha, el ex secretario regional y diputado autonómico Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret.

A Costa, que hasta la fecha ha sido la única víctima política del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana, le fue levantada la suspensión de militancia en el PP el pasado día 3. Y todo apunta a que el presidente del partido, Mariano Rajoy, no impedirá que los populares valencianos incluyan imputados en las listas electorales, a diferencia de lo decidido en Baleares.

Aliviado por los buenos sondeos demoscópicos que mantiene el PP en la Comunidad Valenciana, Rajoy prefiere obviar los escándalos, aunque desde hace un año ha evitado coincidir con Camps, más allá de lo estrictamente imprescindible.

La situación de los populares valencianos corre el riesgo de agravarse con nuevos imputados si, finalmente, el juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, consigue que el TSJ de Valencia se haga cargo de la investigación que afecta a otros aforados valencianos y que está relacionada con la supuesta financiación ilegal del PP. En su auto aparecen mencionados, entre otros, el vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, y el vicesecretario de Organización del PP, David Serra.

La situación en Castellón no es mucho mejor. El presidente de la Diputación y del PP provincial, Carlos Fabra, está a las puertas de sentarse en el banquillo. Para Fabra -cuya influencia política en la Comunidad Valenciana convirtió el código ético del PP en papel mojado- las acusaciones piden hasta 20 años de cárcel por tráfico de influencias, cohecho y cinco delitos fiscales.

La posición de su entorno también es mala. El vicepresidente segundo, Vicent Aparici, se sentará en el banquillo el 23 de noviembre por un delito de vertidos tóxicos y prevaricación ambiental por el que la fiscalía pide siete años de cárcel, y dos alcaldes de la provincia están pendientes también de la justicia.

Pese a todo, ninguno de los más de 25 cargos imputados ha querido renunciar a su responsabilidad política antes de acudir al juzgado.

Populares emplazados por la Justicia en la Comunidad Valenciana

- ALICANTE

El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll; los alcaldes Mónica Lorente (Orihuela), Antonio Lorenzo (Algorfa), Javier Pérez Trigueros (Callosa del Segura), José Arronis (Rafal), José Manuel Gálvez (Jacarilla), Pedro Ángel Hernández Mateo (Torrevieja) y Ana Kringe (Dénia); los concejales Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez (Orihuela), Francisco Lancharro (Pilar de la Horadada) Aurelio Murcia (Bigastro), Juan José Moragues (Xàbia), Juan Cano (Polop), Juan Roselló (Calp), Andrés Llorens (Alicante) y Javier Bru (Albatera)

- CASTELLÓN

El presidente de la Diputación, Carlos Fabra; el vicepresidente de la Diputación Vicent Aparici y los alcaldes de Alcalà, Francisco Juan Mas, y de Borriol, Adelino Santamaria.

- VALENCIA

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el diputado, Ricardo Costa; el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret por Gürtel. Y, por otro caso distinto, el edil Jorge Bellver (Valencia).

sábado, 18 de septiembre de 2010

Greenpeace dice que el Gobierno "se equivoca si quiere imponer" el almacén en Zarra "sin consenso"

MADRID.- La organización ecologista Greenpeace opinó hoy que el Gobierno "se equivoca si quiere seguir adelante con un proyecto tratando de imponerlo sin consenso" entre las administraciones y la población, ya que la instalación de un Almacén Temporal Centralizado (ATC), ya sea en Zarra o en cualquier otra localidad, implica "albergar los residuos radiactivos de alta actividad de todas las centrales nucleares españolas".

El responsable de la campaña de energía de Greenpeace, Carlos Bravo, apostó en primer lugar por poner en marcha un "plan de cierre progresivo pero urgente de centrales nucleares" para dejar de producir residuos radiactivos y para albergar los residuos ya existentes subrayó que la mejor opción son los almacenes individualizados como los ya existentes en Trillo o Zorita, los futuros como en Ascó o los probables como Garoña.

En el caso de los centralizados, como el que se podría construir en Zarra, el gasto es mucho mayor y hay más peligro, puesto que hay que hacer "transportes sumamente peligrosos hasta llegar a esa zona".

"La solución menos mala y la más barata es dejar los residuos en las propias centrales nucleares en almacenes en seco y en superficie", explicó.

Así, cifró en unos 1.200 millones de euros la cantidad de dinero que supondría para las arcas del Estado, mientras que los individualizados sólo suponen unos 25 millones. "En época de crisis invertir ese dinero público habría que pensárselo", añadió.

En el caso de Zarra, donde previsiblemente se instalará el ATC, Bravo argumentó que existen "problemas urbanísticos", puesto que el terreno ofertado no tiene la calificación de industria. "Hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que dice que es un suelo no urbanizable rústico", completó.

Además, recordó que la organización Greenpeace ya ha denunciado el proyecto ante la Audiencia Nacional porque considera que vulnera la actual legislación, en referencia al convenio Aarhus sobre participación pública en materia medioambiental.

Coordinadora Anticementerio Nuclear de Catalunya tilda de "cortina de humo" el anuncio de que el ATC vaya a Zarra en vez de a Ascó

ASCÓ.- El portavoz de la Coordinadora Anticementerio Nuclear de Catalunya (Canc), Sergi Saladier, ha considerado este sábado que el anuncio hecho por parte del Gobierno sobre la buena posición de Zarra (Valencia) para acoger la instalación del ATC es una "cortina de humo", ya que entiende que Ascó (Tarragona) sigue siendo el "principal candidato".

Saladier ha explicado que el Gobierno "no ha tomado ninguna decisión respecto a la ubicación definitiva", por lo que ha sostenido que se toman el anuncio "con prudencia" y añadió que seguirán "trabajando".

Saladier ha recordado que el mismo Gobierno ha solicitado nuevos informes complementarios, por lo que hasta que no se tome la decisión final --algo que en principio sucederá la próxima semana--, los ecologistas seguirán "trabajando para evitar que el cementerio se ubique en Ascó".

Asimismo, ha dicho que entiende que la filtración del Gobierno sobre la idoneidad de Zarra "sólo pretende desmovilizar a la sociedad catalana" para intentar eliminar el tema del ATC de la precampaña electoral y "ganar tiempo" para alargar la toma de decisión hasta después de las elecciones, previstas el 28 de noviembre.

Por su parte, uno de los vecinos de Ascó, José Luís, ha lamentado que el cementerio nuclear no se ubique en su localidad porque "los chicos del pueblo necesitan trabajo y si no lo encuentran tendrán que irse a vivir fuera".

Además, ha comentado que si el ATC se instala cerca de la central nuclear de Ascó "no hará falta transportar los residuos" y de este modo no sería necesario "gastar tanto dinero".

Peralta insta al PPCV a explicar cuál es su alternativa en materia de residuos nucleares

VALENCIA.- El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, ha instado este sábado al PPCV a explicar a los ciudadanos valencianos cuál es su alternativa en materia de residuos nucleares porque, según Peralta, los dirigentes 'populares' "son firmes partidarios de la energía nuclear, pero no dicen absolutamente nada de qué hacer con los residuos nucleares".

El representante del Ejecutivo central ha criticado, respecto a la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, que los distintos representantes PPCV "se dedican, en base a un todavía no adoptado acuerdo del Consejo de Ministros, a agitar con un mensaje catastrofista acerca de la ubicación del Almacén de Residuos Nucleares".

En opinión de Peralta, los dirigentes 'populares' "han sido absolutamente incapaces de gestionar un Plan de Residuos normales y corrientes en la Comunitat Valenciana". Respecto a residuos nucleares, ha preguntado al PP "cuál es su alternativa" porque "defienden con uñas y dientes la energía nuclear, pero ¿qué hacer con los residuos de esa energía?", ha manifestado.

Según el delegado, la posición del Gobierno de España "ha sido muy clara".

"En primer lugar, pedir que se presentaran municipios voluntariamente; en segundo lugar, someterlos a una criba técnica y el resultado, un informe técnico, someterlo a la decisión del máximo órgano de este país, el Consejo de Ministros, que valorará adecuadamente las distintas alternativas y tomará, en su momento, una decisión responsable".

"Quien hasta ese momentos tengan algo que decir puede hacerlo", ha asegurado Ricardo Peralta, quien ha añadido que, hasta la fecha, la Generalitat valenciana "no ha hecho absolutamente nada porque no sabe nada de ese tema como en general no sabe nada de organizar la planificación de residuos del tipo que sean", ha concluido.

EUPV acusa a Gerardo Camps de "no saber frenar la deuda" de la Comunitat Valenciana

VALENCIA.- El diputado del grupo de no adscritos en las Corts y miembro de EUPV, Lluís Torró, ha acusado al vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, de "no saber frenar la deuda" de la Comunitat Valenciana que, "una vez más, encabeza el ranking estatal de las comunidades más endeudadas".

Por este motivo, le ha exigido que "dé explicaciones" en las Corts Valencianes sobre la situación del endeudamiento de la Comunitat.

En un comunicado, Torró ha alertado de que la situación de las arcas autonómicas "es sumamente preocupante" y ha reprobado que "está desde hace demasiados años en unas manos que no saben gestionarla".

Así, ha recalcado que "Gerardo Camps no sabe frenar la deuda" y se ha preguntado "si aún sigue pensando, como decía hace unos meses, que la deuda está contenida, perfectamente sostenible y que responde a la situación económica actual".

El parlamentario autonómico también ha instado al jefe del Consell, Francisco Camps, a que "explique dónde está la abundancia de la que hace gala".

En este punto, Torró ha recalcado que el PP "no tiene ningún control de la deuda", dado que "mientras esa deuda sube sin freno, no asume ninguna responsabilidad".

EUPV considera que la gestión de la deuda por parte del PP ha sido "errática", puesto que "en lugar de invertir en capital productivo, lo ha hecho en una política de grandes eventos y fastos, y ha seguido rebajando los impuestos a quien más tiene, lo que ha provicado realmente que la deuda ahora esté como esté, condicionando la capacidad de acción futura de la administración", ha sentenciado.

viernes, 17 de septiembre de 2010

España recaudaría 3.000 millones al año con un peaje para camiones

MADRID.- El Estado recaudaría unos 3.000 millones de euros anuales mediante el cobro de un peaje al transporte de mercancías por circular por las carreteras españolas de gran capacidad, la denominada 'Euroviñeta', según un estudio del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

El informe señala además que este gravamen permitiría mejorar la eficiencia del transporte por carretera y reducir el impacto medioambiental que genera esta actividad.

Para ello, los ingenieros consideran que los recursos de la 'Euroviñeta' podrían destinarse a mantener la red viaria, a apoyar la reestructuración del sector de transporte por carretera e incluso a incentivar la compra de vehículos nuevos, menos contaminantes, con la consiguiente mejora medioambiental.

En su estudio 'Una política de inversión en infraestructuras en tiempos de escasez', el Colegio de Ingenieros reconoce que la imposición de esta tasa elevaría los precios de los productos, pero garantiza que el impacto de este incremento en la economía sería "insignificante".

"En resumen, la 'Euroviñeta' constituye un instrumento de gran utilidad para la obtención de recursos para mantener la red viaria en condiciones óptimas de utilización y eficiencia, gestionar el tráfico y reducir la congestión, el consumo energético y la siniestralidad", concluye el informe. "Y todo ello con un mínimo impacto en la economía del país", añade.

Los ingenieros subrayan además que en la actual coyuntura de crisis y recorte de inversión en obra pública, los ingresos que se obtendrían con este peaje son "imprescindibles" para financiar todas las obras de la red viaria que las Administraciones no pueden acometer, pese a ser rentables socioeconómicamente, por no disponer de suficientes recursos.

El Colegio de Ingenieros calcula el importe anual de recaudación a partir de la imposición de una tasa media de 10 céntimos de euro por kilómetro de más de 3,5 toneladas de peso en carga máxima en las autopistas, las autovías libres, las carreteras desdobladas y carreteras paralelas a las vías tarificadas.

La 'Euroviñeta', que el próximo mes de octubre comienza a aplicar Portugal, ya se cobra en Alemania, Suiza y Austria "con resultados altamente satisfactorios y efectos económicos muy positivos", según el estudio.

Por contra, el Ministerio de Fomento ya ha asegurado que no contempla "en esta Legislatura" imponer en España ningún peaje por el uso de autovías y autopistas en servicio y actualmente gratuitas para los ciudadanos.

En este sentido, los ingenieros destacan que "los vehículos españoles que circulan por estos países están siendo gravados, pero no así los vehículos extranjeros que transitan por España".

Por todo ello, el Colegio de Ingenieros considera "insoslayable" la implantación de la Euroviñeta en España. "El retraso en su aplicación perjudica a nuestro país y evita la obtención de unos ingresos sostenidos y previsiblemente estables para las Administraciones Públicas", advierte esta institución.

Peralta firma el aval que respalda la candidatura de Alarte en las primarias del PSPV

VALENCIA.- El delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, ha firmado este viernes el modelo oficial de aval con el que apoya la candidatura del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, en el proceso de primarias para designar al candidato de la formación a la Presidencia de la Generalitat.

Peralta, militante de la agrupación socialista de Ciutat Vella, en la ciudad de Valencia, ha mostrado de esta forma, con su rúbrica, el apoyo formal a Jorge Alarte, según ha informado en un comunicado el grupo de apoyo al secretario general del PSPV.

Alborch pide a Barberá que "deje de entorpecer" la revitalización del barrio y dé licencias de rehabilitació

VALENCIA.- La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, ha exigido este viernes a la alcaldesa Rita Barberá que dé "marcha atrás en su empecinamiento destructor, que deje de entorpecer la voluntad de revitalización del Gobierno de España y que conceda licencias de rehabilitación" en el barrio de El Cabanyal.

"Estoy convencida, y lo estábamos antes, de que no hay ningún tipo de decisión del Ministerio de Cultura que impida que se concedan y se tramiten las licencias. Está claro que la declaración de expolio no puede suponer la paralización de lo que supone recuperación y rehabilitación del barrio", ha destacado la dirigente socialista tras conocer el informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre la decisión del equipo de gobierno de suspender licencias en el ámbito afectado por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal-Canyamelar a raíz de la orden del Ministerio de Cultura que obliga a la suspensión de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez al considerar que supondría un expolio del patrimonio.

Alborch ha señalado que este informe es una "nueva esperanza para los vecinos del barrio, da la razón a sus legítimas demandas y avala la tesis de los socialistas valencianos y del Ministerio de Cultura, pues la orden ministerial que paraliza la prolongación de Blasco Ibáñez al considerar que constituiría un expolio al patrimonio sólo implica la suspensión de las licencias de obra que destruyan el patrimonio existente".

"El espíritu de la ley y de la declaración de expolio está clarísimo: se tiene que mantener el barrio en condiciones. Lo único que ha impedido la declaración de expolio ha sido la destrucción del barrio. Todo lo demás son maniobras dilatorias. Parece que a la alcaldesa le guste el conflicto en lugar de resolver los problemas", ha lamentado la representante socialista, para quien el Ayuntamiento "no se puede amparar en la orden ministerial para denegar licencias de rehabilitación e impedir obras que están dentro del espíritu de defensa del patrimonio que inspira la propia orden".

"Como los socialistas valencianos demostramos ayer con la presentación de La Pepri, otro Cabanyal es posible", ha apuntado Alborch, para quien Barberá es "la principal responsable de la situación que registra el barrio en la actualidad".

"Si Barberá persiste en denegar licencias de rehabilitación quedará claro que su único interés es castigar a los vecinos y prolongar su sufrimiento", ha asegurado.

El juez ordena a Mediapro que reanude el acceso de Canal 9 a la señal de los partidos de Liga

BARCELONA.- El juzgado de lo mercantil nº 7 de Barcelona ha resuelto ordenar a Mediapro que reanude el acceso por parte de Televisión Valenciana (TVV) a la señal correspondiente a la retransmisión en abierto de los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Primera División que se emitan en La Sexta, así como de dos partidos del Campeonato de Copa de Su Majestad el Rey, "en los términos acordados en el contrato suscrito por las partes el 25 de agosto de 2006", según ha informado este viernes en un comunicado Radiotelevisión Valenciana (RTVV).

El juez también acuerda en resolución, de ayer mismo, ordenar a Mediapro que facilite a TVV los resúmenes informativos correspondientes a las jornadas del Campeonato Nacional de Liga de Primera y Segunda División y del Campeonato Copa de S.M. El Rey, así como la señal correspondiente de la retransmisión en abierto de los partidos del Campeonato Nacional de Liga de Segunda División A.

El auto, contra el que no cabe recurso, también especifica que el acceso de los medios técnicos y humanos de TVV a los estadios de fútbol "no puede ser cumplimentada por Mediapro, sino por los titulares de tales estadios".

La resolución responde a la demanda de medidas cautelares previas planteadas por TVV, a través del despacho de abogados Cuatrecasas, esta misma mañana en el juzgado mercantil número 7 de Barcelona.

Televisión Valenciana (TTV) denunció públicamente a finales del pasado agosto que Mediapro estaba impidiendo "sin previo aviso directo" el acceso de los equipos de TVV a los estadios de fútbol de Primera y Segunda División A, desde el inicio de la Liga 2010/201, y señalaba que, según el contrato firmado por ambas partes el 25 de agosto de 2006, la cadena ostenta los derechos de transmisión en abierto hasta el final de esta temporada de un partido de fútbol por jornada de Primera División, así como los derechos de emisión de los resúmenes de los partidos de Primera y Segunda de cada jornada y el derecho de transmisión de un partido de fútbol por jornada de Segunda División.

Asimismo, TVV recalcaba que Mediapro se encuentra en una situación de concurso de acreedores y que, según el estado de cuentas que ellos mismos presentaron ante el juzgado, la cadena pública valenciana figuraba como el segundo principal acreedor con la cantidad reconocida de 25 millones de euros, mientras que consta como deudor con la cantidad de 10 millones de euros.

TVV atribuía la situación a los "diversos intentos" por parte de Mediapro para que la cadena autonómica valenciana renovara el contrato, a lo que se había negado a realizar "en los términos en los que se le ha planteado".

En su última comparecencia pública, el director general de RTVV, José López Jaraba, señalaba el 10 de septiembre que habría fútbol en Canal 9 y avanzaba que no se produciría "ningún problema porque la situación se va a reconducir ya que hay un contrato vigente reconocido por ambas partes".

Dirigentes socialistas exigen a Camps que suspenda de militancia a alcaldes del PP beneficiados de mociones de censura

VALENCIA.- Portavoces y secretarios generales del PSPV de municipios de la Comunitat en los que el PPCV "ha realizado operaciones de transfuguismo violando así el acuerdo firmado en 2006" han exigido este viernes al presidente de la Generalitat y de los 'populares' valencianos, Francisco Camps, que expulse y suspenda de militancia a los concejales o alcaldes 'populares' que se han beneficiado de mociones de censura que "atentan contra la democracia".

Asimismo, los secretarios generales de Mislata, Carlos Fernández; El Puig, Eugeni Ruiz; Dénia, Paqui Viciano; Calpe, Lluis Serna; y la Vila-Joiosa, Gaspar Lloret, así como el concejal socialista en La Vall de Laguar, Juan José Puchol, en un comunicado conjunto, han pedido a Camps la adopción de medidas disciplinarias y la apertura de expediente, así como la retirada de los cargos con los que el jefe del Consell "ha premiado a los tránsfugas".

Los dirigentes socialistas han exigido a Camps que "acabe con su cinismo vergonzante" y que "exija el cumplimiento estricto del Pacto Antitransfuguismo en aquellos municipios en los que el PPCV ha avalado mociones de censura para arrebatar alcaldías, violando así el acuerdo firmado en 2006" y han precisado que es el caso de El Puig (Valencia), Dénia (Alicante), La Vila Joiosa (Alicante), Calp (Alicante), La Vall de Laguar (Alicante) y Mislata (Valencia).

Del mismo modo, han condenado que el presidente de la Generalitat "no sólo ha avalado estas mociones de censura, sino que ha premiado, condecorado y recompensado a quienes las han protagonizado". En este sentido, han asegurado que la alcaldesa "tránsfuga" de Dénia, Ana Kringe, "sólo cuatro meses después de arrebatar la Alcaldía al PSOE, fue premiada con un cargo en la Ejecutiva Regional del PPCV, al situarla Camps al frente de la secretaría de Cooperación de su partido".

También el actual alcalde de La Vila Joiosa, Jaime Lloret, "ha sido nombrado recientemente presidente local del PP en este municipio", han manifestado, y han añadido que, de igual manera, el actual primer edil "tránsfuga" de Mislata, Manuel Corredera, "quien no fue expedientado tras la moción de censura, actualmente ocupa un puesto de vocal en el Comité Ejecutivo Provincial del PPCV, además de ser diputado provincial y responsable del área de Educación".

"No toleramos que Camps, el presidente de un partido que jamás ha denunciado ante la Comisión Antitransfuguismo las mociones de censura de las que se ha beneficiado, que nunca ha adoptado ningún tipo de medida disciplinaria contra los concejales o alcaldes 'populares' tránsfugas y que autoriza y jalea las mociones de censura, permitiendo que se aplauda en los plenos municipales en los que se pisotean las bases de la democracia, se atreva a dar lecciones de ningún tipo", han subrayado los secretarios generales y concejales del PSPV.

Greenpeace seguirá denunciando la "ilegalidad" de la posible ubicación en Zarra

VALENCIA.- Greenpeace ha manifestado este viernes su rechazo a la posible ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Zarra y ha anunciado que seguirá denunciando la "ilegalidad" de este proyecto en los Tribunales y el "carácter antidemocrático" del proceso emprendido por el Ministerio de Industria, al mismo tiempo que animará a la ciudadanía a continuar con la movilización ciudadana.

La organización ecologista, en un comunicado, ha comentado que el proceso desarrollado por el Ministerio de Industria "ha vulnerado la legislación vigente sobre participación del público en materias ambientales", motivo por el que la entidad inició un contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.

Asimismo, la organización ecologista ha hecho hincapié en la "peligrosidad" de esta instalación y en la "necesidad" de poner en marcha "un plan urgente de cierre progresivo de las nucleares con el fin de reducir la producción de los residuos radiactivos y generar un amplio consenso social territorial y político".

"Además de ignorar el rotundo rechazo social, territorial, institucional y político al cementerio nuclear en esas comunidades autónomas, el Gobierno parece empecinado en seguir adelante con un proceso que vulnera la legislación vigente en materia de participación pública", ha declarado el responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo.

Asimismo, la entidad ecologista ha destacado que "a la vista de las decenas de manifestaciones y concentraciones celebradas contra el cementerio nuclear y tras la aprobación en ese mismo sentido de multitud de declaraciones institucionales de todos los Gobiernos autonómicos con municipios candidatos y sus respectivos Parlamentos, así como de Diputaciones provinciales, Consejos Comarcales y Ayuntamientos, es obvio que no existe consenso alguno a favor del ATC". Según Greenpeace, "lo que resulta evidente es que este proyecto ha generado ya un amplio rechazo social, territorial y político".

Greenpeace considera que el ATC es una instalación "muy peligrosa" y ha añadido que los procesos de manipulación y almacenaje de los elementos de combustible nuclear que se ubicarían en el interior del cementerio "implican riesgos de accidente, además de la contaminación radiactiva rutinaria que se produciría, incluida la emisión de gases radiactivos al exterior".

Además, ha explicado que los residuos radiactivos se tendrían que transportar desde cada central hasta el cementerio en tren o por carretera, "lo que expondría a la ciudadanía al riesgo de escape radiactivo en caso de accidente o sabotaje".

Por otra parte, el 'Centro Tecnológico Asociado' "sería en realidad una instalación experimental nuclear para investigar con técnicas de transmutación, lo que provocaría riesgos adicionales de accidentes y la generación de nuevos residuos radiactivos", ha asegurado la formación.

Del mismo modo, el colectivo ha asegurado que "los residuos radiactivos de alta actividad son un producto inevitable de las centrales nucleares". Además, ha indicado que la industria nuclear "los ha producido irresponsablemente sin saber qué hacer con ellos durante sus más de 50 años de existencia".

"Son un producto muy peligroso, debido a su elevado potencial radiotóxico y a su alto nivel de radiactividad, que persiste durante cientos de miles de años", ha manifestado Greenpeace, quien ha añadido que la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha calculado el coste de su gestión en España, solo hasta 2070, en más de 13.000 millones de euros "de dinero público".

El Gobierno puntúa Zarra como mejor emplazamiento para el ATC, pero no la da aún por ganadora

MADRID.- La Comisión Interministerial encargada de elegir el emplazamiento más adecuado para el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares ha presentado un informe ante el Consejo de Ministros en el que la candidatura de Zarra (Valencia) obtiene la mejor puntuación.

En todo caso, el informe no prejuzga como ganadora a ninguna candidatura, sino que expone una valoración conforme a varios criterios, con el objetivo de que sea el Consejo de Ministros el que adopte la decisión final, explicaron en fuentes gubernamentales.

En el informe aparece una clasificación de los ocho emplazamientos más adecuados, que son, por orden descendente, Zarra (374 puntos, conforme a los criterios de puntuación asignados), Ascó (Tarragona, 370 puntos), Yebra (Guadalajara, 357 puntos) y Villar de Cañas (Cuenca, 350 puntos).

Estos cuatro emplazamientos disponen de las ofertas de terreno más "idóneas", y la puntuación técnica asignada muestra "escasa diferencia entre ellos", advierten las fuentes. Los otros cuatro emplazamientos son "válidos", aunque no tan "idóneos", según la terminología empleada.

Estos cuatro emplazamientos con puntuaciones más bajas son Congosto de Valdavia (Palencia, 324 puntos), Melgar de Arriba (Valladolid, 320 puntos), Santervás de Campos (Valladolid, 319 puntos) y Albalá (Cáceres, 300 puntos).

Zarra obtiene una calificación de "muy bueno" en once de las veinte categorías evaluadas, incluidas las de calificación urbanística, topografía, actividades nucleares o distancia de transporte, entre otras. Nueva categorías reciben la calificación de "bueno".

El segundo mejor clasificado es Ascó, con catorce categorías consideradas "muy buenas" y otras seis como "buenas". Yebra tiene once "muy buenos", pero un "aceptable", en calificación urbanística, mientras que Villar de Cañas suma cuatro "aceptables".

Al margen de los detalles de evaluación, el informe concluye que, "desde un punto de vista técnico, los terrenos propuestos por todos los municipios candidatos se consideran viables para la realización del proyecto".

La deuda de las CC AA se dispara un 26,5% hasta junio y un 11,4% la de ayuntamientos

MADRID.- La deuda de las comunidades autónomas aumentó un 26,5% en el segundo trimestre del año en comparación con igual periodo de 2009, hasta registrar 104.083 millones de euros (el 9,8% del PIB), la cifra más alta de toda la serie histórica, según datos del Banco de España.

De esta forma, el endeudamiento autonómico se ha acentuado como consecuencia de la crisis económica, que está provocando un incremento de los gastos y una caída muy importante de la recaudación.

Los datos del Banco de España muestran además que desde el año 1995, el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años.

La comunidad autónoma con mayor volumen de deuda en el primer trimestre fue nuevamente Cataluña, con 28.769 millones de euros, cantidad que representa el 27,6% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades.

Después de Cataluña, se situó la Comunidad Valenciana (16.280 millones de euros), que vuelve a ocupar el segundo lugar por delante de Madrid, cuya deuda ascendió a 12.592 millones de euros. Entre las tres, acumulan el 55,3% del total del endeudamiento regional.

A continuación, figuran Andalucía (11.472 millones de euros), Galicia (5.544 millones), Castilla-La Mancha (4.829 millones), País Vasco (3.925 millones), Baleares (3.822 millones), Castilla y León (3.450 millones de euros), Canarias (3.395 millones), Aragón (2.612 millones), y Murcia (1.827 millones).

Completan la lista Navarra (1.545 millones), Extremadura (1.341 millones), Asturias (1.309 millones), La Rioja (689 millones) y Cantabria (682 millones).

En cuanto a la evolución de la deuda, ninguna comunidad autónoma logró reducir su endeudamiento respecto al pasado año, destacando el incremento del 186% en el caso de País Vasco, el 55% de Canarias, el 51,1% de Navarra o el 50,2% de Murcia.

Tomando el ratio deuda/PIB, Comunidad Valenciana vuelve un trimestre más a situarse a la cabeza de la deuda autonómica, con un volumen que alcanza el 16% de su PIB, seguida de Cataluña (14,7%), Baleares (14,5%), Castilla-La Mancha (13,7%), y Galicia (10,1%), todas ellas por encima de la media (9,8%).

Los porcentajes son menores en La Rioja (8,8%), Navarra (8,4%), Canarias (8,2%), Andalucía (8%), Aragón (8%), Extremadura (7,6%), Murcia (6,7%), Madrid (6,6%), Castilla y León (6,1%), País Vasco (6%), Asturias (5,7%) y Cantabria (5%).

Por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 36.413 millones de euros en el segundo trimestre en relación a igual periodo de 2009, el equivalente al 3,4% del PIB, lo que representa un aumento del 11,4% sobre el mismo periodo del ejercicio precedente.

Del total de la deuda de las corporaciones locales, la mayor parte (29.253 millones) corresponde a los ayuntamientos, con un incremento del 11,4%, y de esta cifra, 14.779 millones pertenecen a capitales de provincia.

La deuda de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza) alcanzó los 10.792 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,1%.

Destaca, sobre todo, el incremento del 19,3% de la deuda del consistorio de Barcelona, que sumó 794 millones de euros, y el de Valencia, que elevó su endeudamiento un 12,3%, hasta los 862 millones de euros.

La deuda del Ayuntamiento de Madrid (7.145 millones) es superior al de todas las comunidades excepto Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Además, es casi diez veces superior a la deuda del ayuntamiento de Barcelona.

Alerta en casi toda la Península por las tormentas, incluidas Alicante, Valencia y Castellón

MADRID.- La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes, chubascos y tormentas localmente fuertes en la Península, que podrían ser muy fuertes en puntos del centro, nordeste peninsular, área del Estrecho y en Andalucía oriental. Un total de 39 provincias están en alerta naranja o amarilla ante el riesgo de que se produzcan fuertes precipitaciones acompñadas de granizo y aparato eléctrico a lo largo del día. Solo quedan fuera de la alerta Galicia, Cantabria, Asturias y Canarias y parte de Baleares.

En Andalucía, seis provincias -Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga Sevilla-, están en alerta naranja debido a las lluvias de hasta 30 litros en una hora mientras que en Almería y Huelva la AEMET ha activado la alerta amarilla donde se esperan precipitaciones que pueden alcanzar los 15 litros.

En las provincias aragonesas de Huesca, Teruel y Zaragoza la alerta naranja obedece a lluvias que en una hora podrán llegar a los 30 litros por metro cuadrado. Además de las tormentas, las precipitaciones acumuladas en una hora podrán alcanzar de 25 a 30 litros por metro cuadrado en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Las lluvias serán también muy intensas en Segovia y Soria en donde la AEMET ha informado de alerta naranja por tormentas y lluvias de hasta 30 litros por metro cuadrado, mientras que en Avila, Burgos, Salamanca y Valladolid se encuentran en alerta amarilla por precipitaciones que podrían alcanzar los 15 litros.

En Cataluña, las lluvias acompañadas de tormentas han hecho activar la alerta naranja en Lleida y Tarragona donde se esperan precipitaciones de hasta 35 litros por metro cuadrado en una hora. También está activada la alerta amarilla por lluvias en Barcelona y Girona.

En las Comunidades de Madrid, donde la pasada madrugada se produjeron fuertes tormentas, Navarra, La Rioja, en las provincias de Castellón y Valencia y en la ciudad autónoma de Ceuta la AEMET ha informado de alerta naranja por precipitaciones que pueden llegar hasta los 30 litros. Además están en alerta amarilla Alicante, Badajoz, Cáceres (escenario de una fuerte tromba de agua la pasada noche ), Alava, Guipúzcoa, Vizcaya, Murcia y la ciudad autónoma de Melilla.

La Dirección General de Protección Civil aconseja a los conductores disminuir la velocidad, extremar las precauciones y no detenerse en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua. Si comienza a llover de manera torrencial, hay que tener en cuenta que existe riesgo de inundación, por lo que no se deben atravesar ni a pie ni en vehículo los tramos inundados.

Ante el riesgo de tormentas, Protección Civil recomienda situarse cerca de los edificios para protegerse de la caída de rayos y recuerda a los conductores que un vehículo cerrado puede ser un buen refugio. Si la tormenta sorprende en el campo, hay que evitar correr y permanecer en lugares elevados, como los altos de las colinas, o debajo de los árboles.

El Gobierno mandará en los ríos si no hay acuerdo entre las CC AA

MADRID.- El Consejo de Ministros tiene previsto dar hoy luz verde al real decreto que regula la aprobación de los planes de cada cuenca hidrográfica. En la norma, el Ejecutivo se reserva el derecho de aprobar la planificación o prorrogar planes existentes (de 1998), si no hay acuerdo entre las autonomías afectadas. Los planes fijan los consumos y los caudales ecológicos, adelanta hoy 'El País'.

El texto tiene especial relevancia en la cuenca del Júcar, donde Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana mantienen una dura pugna. La primera autonomía pide trocear la cuenca existente, como dictó el Tribunal Supremo en 2005.

El argumento del alto tribunal es que los ríos que nacen y mueren en una sola comunidad deben ser gestionados por la autonomía, como dicta la Constitución. Con ese criterio, la actual cuenca del Júcar, que va de Tarragona hasta Alicante, quedaría dividida en una decena de pequeñas cuencas con poco caudal gestionadas por la Comunidad Valenciana.

La demarcación del Júcar comprendería solo al río y sus afluentes, y la mayor parte de la misma estaría en Albacete. Valencia y Sagunto, por ejemplo, quedarían fuera del Júcar pese a que actualmente beben de ese río. El Ejecutivo valenciano pidió a cambio que también se crease una cuenca en Albacete sin salida al mar.

El Ministerio de Medio Ambiente ve muy difícil conciliar los intereses autonómicos en ese territorio y puede prorrogar la planificación actual.

Sus responsables consideran que se debe buscar el consenso en la planificación hidrográfica, pero recuerdan que consenso no es sinónimo de unanimidad. Si no hay acuerdo, y ante la exigencia de la Comisión Europea, que pide recibir ya los planes, prevé sacarlos próximamente a exposición pública para alegaciones cuenca a cuenca.

jueves, 16 de septiembre de 2010

Fitch pone en vigilancia 'negativa' el rating de Caja Madrid y en 'positiva' el de Bancaja por el SIP

MADRID.- Fitch Ratings ha situado los ratings de Caja Madrid en vigilancia 'negativa' y en 'positiva' los de Bancaja tras la aprobación del plan de integración de las cajas con Caixa Laietana, Caja Insular de Canarias, Caja Avila, Caja Segovia y Caja Rioja para formar un grupo a través de un Sistema Institucional de Protección (SIP).

La agencia indicó que la vigilancia sobre los ratings de Caja Madrid, que podría ser rebajados en más de un escalón, se debe "a los desafíos asociados al proceso de fusión, que conllevaría altos riegos de la integración, junto a las débiles perspectivas de la economía española y al hecho de que se está integrando con cajas más débiles".

Por su parte, fuentes oficiales de Caja Madrid señalaron a Europa Press que el SIP "es una operación que genera mayor rentabilidad, eficiencia, solvencia y liquidez para la caja, además de mejorar las vías de capitalización".

"Confiamos en que las calificaciones mejorarán a medio plazo como consecuencia de los efectos positivos que tendrá la integración, como las sinergias derivadas (más de 500 millones de euros anuales desde 2013) y una clara mejora del perfil de riesgo", añadieron las mismas fuentes.

De su lado, la agencia señaló que el nuevo grupo constituido mediante la integración de las cajas seguirán teniendo concentración de riesgos en los sectores de la construcción y la promoción inmobiliaria en España, al tiempo que mantendrá su dependencia de la financiación mayorista. Según Fitch, el mercado de financiación mayorista seguirá con dificultades y puede tener efectos importantes en la financiación y liquidez del grupo.

La pasada semana, la agencia Moody's otorgó la máxima calificación de 'triple A' a una emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 1.250 millones de euros realizada por la entidad presidida por Rodrigo Rato.

Por otro lado, la agencia de calificación Fitch ha situado en vigilancia 'positiva' los ratings a corto y largo plazo de otra de las cajas integradas en el SIP, Caixa Laietana.

Fitch indicó que resolverá sobre la vigilancia establecida sobre las cajas una vez cuente con más información sobre el contrato de integración, a finales de 2010.

El SIP será la primera entidad de España en banca comercial y empresas por volumen de negocio, con 355.613 millones de euros, y el primer grupo de cajas de ahorros en Europa.

Además, el nuevo grupo será la primera entidad financiera en nueve provincias españolas y tendrá una posición de liquidez de casi 30.000 millones de euros.

Con la aprobación el pasado 14 de septiembre del proyecto en asamblea, las siete cajas culminaron su proceso de integración, que se dio a conocer en verano, y que ya fue aprobado el pasado 29 de julio por los consejos de administración.

El grupo resultante de la integración ha solicitado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) un total de 4.465 millones de euros.

Bruselas confía en que el acuerdo agrícola con Marruecos se apruebe "antes del verano"

BRUSELAS.- La Comisión Europea confía en que el nuevo acuerdo comercial con Marruecos, que permitirá la entrada en el mercado comunitario de un mayor volumen de tomate de este país con arancel reducido, sea adoptado "antes del verano" y sea posible su entrada en vigor en 2011, pese a que el calendario inicial apuntaba a principios de ese año, han explicado fuentes comunitarias.


Las facilidades al tomate marroquí es un punto del acuerdo que preocupa especialmente al sector español.

El pacto debe aún ser aprobado por el Consejo, previsiblemente este semestre bajo presidencia belga, y posteriormente por la Eurocámara, que puede aceptarlo o rechazarlo, pero no modificarlo. Rabat también tiene que confirmar el documento.

Su entrada en vigor se producirá tres meses después de que sea adoptado formalmente por todas las partes.

Bruselas ha presentado este jueves el texto legal que será enviado a los Estados miembros y que recoge el nuevo acuerdo de agricultura y pesca entre la Unión Europea y Marruecos que fue cerrado por las partes hace casi un año, en noviembre de 2009.

El Ejecutivo comunitario sostiene que el convenio "refuerza la posición de los exportadores europeos" en el mercado marroquí, especialmente en el sector de los productos agrícolas transformados, que se liberalizará progresivamente en 10 años.

En cuanto a los productos agrícolas, la apertura será inmediata para el 45% del valor de las exportaciones de la UE, cifra que aumentará hasta el 70% en diez años. La liberalización será total para las frutas y hortalizas, las conservas, los productos lácteos y oleaginosos.

También el mercado marroquí se abrirá a la pesca comunitarios en un 91% en los primeros cinco años, y en un 100% en diez años.

Sin embargo, como contrapartida el nuevo marco de relación comercial con Marruecos en materia agrícola, contempla una mejora "sustancial" de las cuotas de importación al mercado europeo de los productos marroquíes, lo que ha levantado fuertes críticas y el temor de los agricultores españoles.

Uno de los productos que se beneficiarán del arancel especial, y que más protestas ha despertado entre los productores europeos, es el del tomate. Actualmente, la UE permite la entrada de 233.000 toneladas de tomate marroquí con un arancel especial.

En virtud del nuevo acuerdo, el gravamen reducido se aplicará a 254.000 toneladas en el primer año tras la entrada en vigor del acuerdo, y de 285.000 a partir del cuarto año.

La liberalización es completa para las frutas y hortalizas a excepción de determinados productos considerados "sensibles" y para los que se aplicará contingentes tarifarios. Además del tomate, la lista de alimentos sensibles incluye las fresas, el ajo, las clementinas, el calabacín y el pepino.

La Fiscalía Anticorrupción vuelve a solicitar la expulsión del PP como acusación popular en el Gürtel

MADRID.- La Fiscalía Anticorrupción se ha sumado a la petición de varias partes personadas en el proceso penal del 'caso Gürtel' en Madrid para solicitar al juez Antonio Pedreira que expulse a la representación procesal del Partido Popular como acusación popular por su posición "fraudulenta" en el proceso penal que investiga la trama de corrupción.

En un escrito remitido al magistrado el pasado 8 de septiembre, las fiscales adscritas a la causa se adhieren a los escritos presentados por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa y el portavoz del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, Ángel Luna.

En el escrito, los fiscales aseguran que el PP actúa en "claro fraude de Ley" por desempeñar una labor de defensa, amparándose en su condición de acusación popular.

La Fiscalía ya solicitó en un escrito presentado en octubre de 2009 esta petición, al denegarla el magistrado instructor. A tenor de los escritos presentados por el portavoz socialista en el Parlamento valenciano y la citada asociación, el Ministerio Público vuelve a reclamar la expulsión del PP del proceso.

Según los fiscales, la actividad procesal y extraprocesal del PP es reveladora del verdadero papel que está asumiendo, siendo el de "una defensa más" a la vista de que muchos de los imputados formaron parte del partido.

Tanto Luna como la Asociación de Abogados Demócratas sostienen en sendos escritos que no es apropiado mantener esta acusación, puesto que los imputados en este proceso penal son o han sido "en su mayoría afiliados a dicho partido político".

En el escrito se critica que "un supuesto acusador popular" haya desnaturalizado su posición y se haya convertido "objetivamente en una defensa más".

"La posición que está adoptando la Dirección Técnica del Partido Popular en el presente proceso, es 'contra natura legis', posición que al legislador decimonónico le resultaba impensable que se produjese un fraude de ley como el que se viene observando", recoge el escrito remitido al magistrado instructor.

De este modo, ambas partes solicitan al juez "acordar la pérdida de la legitimidad y consecuente expulsión del Partido Popular con acusación popular en las presentes actuaciones".

Por otro lado, el diputado regional Benjamín Martín Vasco ha solicitado a la Sala de lo Civil y Penal del TSJM poder tener acceso a las conversaciones intervenidas por orden del ex juez Baltasar Garzón en la prisión de Soto del Real. Estas comunicaciones forman parte de una pieza secreta que se abrió a raíz del incidente de nulidad planteado por la declaración de ilicitud de las citadas escuchas.

En el escrito, el letrado de Martín Vasco asegura que hechos que conciernen a su cliente aparecen probablemente mencionados en dichas conversaciones. "Es imposible saber qué actuaciones pueden quedar afectadas por las intervenciones ilícitas si se desconoce el contenido íntegro de las conversaciones", ha señalado.

"La Policía, el Instructor, la Fiscalía, incluso esta Sala han escuchado la totalidad de las grabaciones. Resulta paradójico que el imputado sea el único que no puede acceder de manera completa. Ello supone una vulneración del principio de igualdad de armas y causa indefensión. Aunque se haya acordado su ilicitud, el acceso de las partes acusadoras a la información que contienen ya se ha producido", ha criticado el abogado.

EUPV abre su programa electoral a todos los ciudadanos para que aporten propuestas contra "la crisis y la corrupción"

VALENCIA.- EUPV ha abierto a todos los ciudadanos el borrador de su programa electoral para los comicios autonómicos, que se puede consultar en la web www.eupv.org, donde también se puede conocer el reglamento de la Convención Programática que tendrá lugar en Valencia el 25 de septiembre.

"Estarán invitadas todas las organizaciones sindicales, sociales y ciudadanas, así como aquellas personas que quieran aportar sus propuestas para una alternativa a la crisis económica y la corrupción política", según ha explicado en un comunicado el portavoz de la Comisión Ejecutiva de EUPV, Ignacio Blanco.

El borrador de programa electoral autonómico es el resultado del "proceso de debate previo en los foros abiertos de la 'Convocatòria Ciutadana pel País Valencià', que contaron con la participación de movimientos sociales y expertos en diferentes ámbitos sectoriales", ha recordado Blanco.

El portavoz de la Ejecutiva de EUPV ha explicado que las propuestas de los foros se han sistematizado en un documento de 260 páginas que será debatido el 25 de septiembre en cuatro comisiones de trabajo: 'Economía y Medio Ambiente'; 'Servicios Públicos'; 'Derechos y Libertades'; y 'Haciendo País'.

Ignacio Blanco ha asegurado que "se trata, con toda seguridad, del más extenso y completo programa electoral que ha tenido Esquerra Unida" y se ha mostrado convencido de que, "con las aportaciones que se hagan en estas dos semanas, tendremos embastada la mejor propuesta de cambio de modelo político y económico para el País Valencià".

Fomento y Consell crearán una sociedad pública participada para el Tren de la Costa

VALENCIA.- El Gobierno central y la Generalitat crearán una sociedad pública participada para el Tren de la Costa en un plazo máximo de cinco meses, según ha informado este jueves el conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores.

Flores ha comparecido después de la reunión que mantuvo ayer con el secretario de Estado de Infraestructuras en la que abordaron el Plan de Cercanías y el II Protocolo de Carreteras.

El conseller ha explicado que el Ministerio "ha tenido a bien priorizar esta actuación", al considerarla "necesaria, rentable y viable". Por ello, se va a crear una sociedad pública participada entre Fomento --a través de Adif y Renfe-- y la conselleria de Infraestructuras.

Está prevista la firma de un protocolo. El Consell redactará un estudio de la demanda y la viabilidad económico financiera y Fomento, un estudio informativo. Así, cuando se haya determinado el coste de la infraestructura se constituirá una sociedad para la explotación del servicio. Flores ha expresado su satisfacción por la "apuesta decidida" del Gobierno por esta actuación.

Asimismo, Flores ha resaltado que se recogió por parte del Ministerio una de las reclamaciones del Consell, que se refería a que dentro del Plan Estratégico para el Impulso del Transporte Ferroviario se incluyesen las terminales logísticas de Castellón y Sagunto.

En cuanto al protocolo de carreteras, el conseller ha explicado que intentaron "revisar" actuaciones afectadas por los recortes para ver si se pueden salvar obteniendo más financiación, ya que el ejecutivo está en conversaciones con las adjudicatarias, y se emplazó a una próxima reunión el día 21.

En cuanto al AVE, el ejecutivo ha confirmado la fecha de 2012 para la llegada a Alicante y de 2014 para Castellón.

Por otra parte, en relación el Plan de Impulso al Transporte de Mercancías por Ferrocarril celebrada en Madrid, Flores se ha mostrado conforme con su planteamiento, pero echa en falta concreción en plazos fechas e inversiones para abordarlo.

También ha puesto de manifiesto su "inquietud" por el Corredor Mediterráneo, actuación "fundamental" ligada a la alta velocidad y sobre el que reclaman sea considerado como intineraio prioritrario y diferenciado.

En cuanto al Plan de Inversiones Estratégicas del Ministerio de Fomento (PEIT), lamentó que la nueva revisión planteada por el Ministerio "nos atrasa un año más".

El PSPV destaca que el informe sobre la LUV "no entra a analizar" el modelo urbanístico "depredador" en la Comunitat

VALENCIA.- El portavoz de Medio Ambiente del PSPV en las Corts, Adolf Sanmartín, ha declarado este jueves que el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley Urbanística Valenciana (LUV), "no entra a analizar para nada, porque no es su función, aspectos debatidos en el Parlamento Europeo relativos a la gestión nefasta del PP de la Comunitat Valenciana en relación al desarrollo urbanístico".

"Concretamente no se estudia la desordenada e insostenible ocupación del territorio, así como el modelo urbanístico depredador que nos ha llevado a la crisis actual", ha criticado.

Sanmartín, en un comunicado, ha explicado que el informe del abogado general de la Unión Europea "hace referencia únicamente a la aplicación de la normativa de contratación en la ejecución de las obras".

"Lo que concluye es que no se vulnera, igual que no vulneraba la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística Valenciana (LRAU), la legislación comunitaria en materia de contratación pública", ha indicado.

Esto supone, ha añadido, que el desarrollo de los programas de actuación urbanística "no tienen por qué regirse por la Ley de Contratos de la Administración pública". Un aspecto que han "señalado siempre y defendido los socialistas valencianos". Este pronunciamiento ratifica, según el dirigente socialista, "el procedimiento concursal seguido primero, en la LRAU y posteriormente, en la LUV".

El portavoz de Medio Ambiente ha recalcado que "no es contradictorio" este informe con "pedir más transparencia y más garantías en defensa de los propietarios en todos aquellos procedimientos concursales que actualmente se están desarrollando". Un tema en el que "no entra el informe" y que seguirán "defendiendo de nuevo los socialistas valencianos".

El PSPV presenta un plan de rehabilitación para "generar prosperidad" y "recuperar el espacio urbano" en El Cabanyal

VALENCIA.- La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, ha presentado este jueves un plan alternativo para la rehabilitación del barrio de El Cabanyal-Canyamelar que consiga "acabar con el sufrimiento, generar prosperidad y recuperar todo el espacio urbano" de la zona, con su consiguiente dignificación.

En una comparecencia ante los medios, Alborch ha presentado 'La Pepri', un plan que se basa en cinco ejes --"Piensa, escucha, propone, reforma e informa"-- y que supone la "alternativa progresista al fracaso del Plan del Cabanyal" propuesto por el Ayuntamiento y paralizado por el Tribunal Constitucional.

La iniciativa, según ha explicado, se basa en la rehabilitación de cerca de 400 viviendas en la zona, además de la "dignificación" de los solares existentes y la reordenación y peatonalización de algunas de las vías más importantes del barrio.

"Estamos haciendo lo que el Gobierno municipal debería haber hecho, sentando las bases para un proyecto integral de recuperación de los espacios públicos y privados de El Cabanyal", ha insistido la portavoz socialista, que ha estado acompañada por el concejal Vicente González Móstoles y por el arquitecto encargado del proyecto, David Estal.

Algunas de las iniciativas concretas contempladas en 'La Pepri' son la creación de un Museo de Cerámica al aire libre, ya que según Alborch, "hay casas que son prácticamente piezas de museo", así como la institución de una red de casas de comidas o la puesta en marcha de un 'Archivo de la Memoria' que sirva para "impulsar y proyectar el presente y el futuro del barrio".

Con todo ello, los socialistas proponen una alternativa al plan del Consistorio, cuyo eje es la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, que "de manera menos costosa" y "preservando las señas de identidad" logre "poner en valor" los activos del Cabanyal.

En este sentido, la portavoz socialista señaló que hay propuestas que podrían ejecutarse casi de manera "inmediata" y otras, por el contrario, que podrían llevar más tiempo. Al respecto, ha citado la posibilidad de impulsar la presencia de gente joven en el barrio a través de la instalación de un colegio mayor en uno o varios edificios rehabilitados, lo que podría, a su juicio, ir de la mano con la candidatura de las universidades públicas de la ciudad al Campus de Excelencia Internacional.

"Hay luchas en las que se vence cuando hay sensatez, amabilidad y propuestas", ha agregado Alborch, que ha insistido en la necesidad de que se elimine "todo tipo de confrontación" a la hora de diseñar el futuro del barrio. Con este objetivo, los socialistas pondrán hoy en marcha una página web en la que los vecinos pueden trasladar sus propuestas.

La socialista ha subrayado que esta propuesta está "en sintonía" con la línea que el Gobierno central quiere para la zona y que hay ideas "que les parecen muy atractivas". Sin embargo, ha matizado que 'La Pepri' es una iniciativa local y que el Gobierno "cuando tenga que presentar algo, lo presentará".

"El Gobierno está trabajando en todo, también en esto", ha detallado.

Por otra parte, al ser cuestionada sobre el ultimátum dado por la policía a los okupas de algunos de los inmuebles del barrio, Alborch ha resaltado que "si se hubiera rehabilitado el Cabanyal, esto no sucedería" y ha agregado que "si compras, no rehabilitas y abandonas, estás propiciando el deterioro y la degradación".

"Esto es lo que hemos criticado a la alcaldesa, que haya permitido la degradación", ha concluido la primera edil.

Cospedal dice que un imputado "sí puede ir en las listas" y reafirma a Camps como candidato

MADRID.- La secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, ha afirmado que el actual presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, imputado por cohecho impropio al haber recibido presuntamente unos trajes de los imputados en la 'operación Gürtel', será el candidato 'popular' en la Comunitat en las próximas elecciones autonómicas, ya que, según ha considerado, un imputado en una causa judicial "sí puede ir en las listas" del PP para unos comicios porque cuando se habla de un procedimiento judicial hay que analizar "caso por caso".

"Si uno está imputado por una violación, en donde los indicios parece que son verdad, pues le diría que no", pero "identificar a un imputado con un condenado es un error", ha remarcado la dirigente del PP, quien ha insistido en que "no se puede dar lugar a que la presunción de inocencia sea destruida de un día para otro", sobre todo a la vista de antecedentes como el del vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, que "estuvo imputado un año y luego fue inocente".

Según ha apuntado en unas declaraciones a Punto Radio, se trata de casos judiciales en los que el PP "ha tomado muchísimas decisiones, a diferencia de otros partidos que cuando tienen casos similares no hacen nada", y sobre los que hay que esperar a ver "cuál es el resultado".

Son situaciones que "se están dando a conocer a la opinión pública a través de filtraciones de sumarios secretos a determinados medios, con la intención de perjudicar y con una falta de respeto absoluta a la presunción de inocencia", ha incidido Cospedal, al tiempo que ha denunciado que "unos pueden recibir regalos y otros no dependiendo del partido político del que se trate".

"En todo caso", y aunque aún no se ha procedido oficialmente a la proclamación de candidatos del PP en las distintas comunidades autónomas, ha aclarado la secretaria general, "el candidato del PP en Valencia es Francisco Camps".

"Hay que esperar a que actúe la justicia" porque la hipótesis de llevar en las listas a un imputado "es un planteamiento que siempre se hace para poner entre la espada y la pared al señor Camps", ha justificado.

Rubens Gómez une su candidatura a la de Manuel Mata para la Alcaldía de Valencia por el PSPV

VALENCIA.- El militante socialista Rubens Gómez ha decidido unir su candidatura a la de Manuel Mata con el objetivo de "consolidar" una opción "fuerte" del PSPV en la ciudad de Valencia "que permita desalojar al PP" del Gobierno municipal en las próximas elecciones locales.

Tras una reunión mantenida entre los precandidatos Manuel Mata y Rubens Gómez, han decidido, tras "constatar la coincidencia de sus planteamientos en un proyecto de ciudad y las políticas a desarrollar en el Ayuntamiento de Valencia, unificar esfuerzos y convertir sus dos candidaturas en una única", que estará encabezada por el diputado socialista en la Cámara autonómica.

Según han informado en un comunicado conjunto, el objetivo es "doble", ya que "se pretende facilitar la unión de la militancia ante un proyecto común y no someter a la organización del PSPV-PSOE a un desgaste innecesario ante el reto final, que es gobernar la ciudad de Valencia".

Por tanto, el militante Rubens Gómez une su candidatura a la de Manuel Mata y recomienda a quienes le han prestado su aval que respalden la candidatura del diputado autonómico. Por su parte, Mata ratifica la unión "y une sus fuerzas electorales a las de Rubens Gómez, con el objetivo de consolidar una candidatura fuerte del PSPV-PSOE en la ciudad de Valencia que permita desalojar al PP" del equipo de Gobierno.

Ambos candidatos piden y agradecen a la militancia de Valencia su "máximo grado de compromiso y participación" para "conseguir los avales necesarios que permitan dar la oportunidad a la militancia de participar y pronunciarse".

Rajoy ve comprensible tratar de forma diferente a los imputados del PP

MELILLA.- El presidente del PP, Mariano Rajoy, considera que no se puede aplicar la misma vara de medir a todos los imputados de su partido porque "no todos los casos son iguales", algo que, en su opinión, puede entender "perfectamente" cualquier persona.

Rajoy se ha pronunciado en estos términos, durante su visita a Melilla, cuando se le ha preguntado por qué la dirección del partido expulsó inmediatamente a los cargos madrileños imputados en el 'caso Gürtel' y, sin embargo, está tardando más en tomar una decisión en relación con los dirigentes implicados en casos de corrupción en la Comunitat Valenciana.

El líder del PP ha indicado que "no son lo mismo unos casos que otros" y, de hecho, ha recordado de nuevo lo que ocurrió en Canarias con el presidente del partido, José Manuel Soria, que fue imputado y después se archivó el caso.

"Se produjo una imputación, no tomamos ninguna decisión y actuamos en Justicia. Hicimos las cosas bien", ha enfatizado.

En este sentido, ha explicado que "hay unas imputaciones por unas razones, que provocan unas convicciones, y las hay por otras que provocan convicciones diferentes".

"Por tanto, no todos los casos son iguales, como por otra parte cualquier persona mínimamente normal entiende perfectamente", ha concluido.

El abogado general del Tribunal de Justicia europeo avala la Ley Urbanística Valenciana

BRUSELAS.- El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), Niilo Jääskinen, ha avalado este jueves la Ley Urbanística Valenciana (LUV) y ha dictaminado que esta norma no vulnera la legislación comunitaria en materia de contratación pública, tal y como habían denunciado la Comisión Europea y la Eurocámara.

Las opiniones del abogado general no vinculan al Tribunal de Justicia, aunque éste las sigue en un 80% de los casos. Su función consiste en proponer una solución jurídica al asunto que se plantea. Los jueces empiezan ahora a deliberar sobre el caso y la sentencia se dictará en un momento posterior.

La Comisión Europea había llevado la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) al considerar que infringe la normativa comunitaria en materia de contratación pública. Bruselas aseguraba que la norma no respeta las exigencias de publicidad y transparencia que impone la legislación europea en la adjudicación de los planes urbanísticos de actuación integrada (PAI).

También el Parlamento Europeo ha elaborado varios informes censurando la LUV y ha llegado incluso a amenazar con congelar los fondos europeos para España si no se corrigen los abusos urbanísticos denunciados.

En sus conclusiones de este jueves, el abogado general recomienda al Tribunal de Justicia desestimar el recurso de la Comisión y condenarle a pagar las costas. A su juicio, las directivas comunitarias sobre contratación pública no son aplicables a la legislación autonómica valenciana porque los planes de actuación integrada no son contratos públicos.

Según el abogado general, para que los PAI pudieran considerarse contratos públicos como alega la Comisión, la administración pública tendría que hacer uso de sus propios fondos, directa o indirectamente, o bien el urbanizador debería tener derecho a explotar las obras, en cuyo caso se trataría de una concesión de obras públicas.

Sin embargo, en los PAI, "el responsable de financiar los costes de urbanización de este tipo de PAI es el urbanizador, aunque esté legitimado para recuperar tales gastos de los propietarios de terreno".

"Por tanto, son los propietarios de terreno los que costean las obras públicas que precisa la urbanización", señala el abogado general.

En segundo lugar, Jääskinen considera que el urbanizador no tiene derecho a explotar las obras que resultan del PAI. Ello es así porque "todas las obras públicas definidas en el contrato se convierten en propiedad de la administración pública una vez terminadas y podrán usarse de manera gratuita o por el precio establecido por la administración o por el ente que se ocupe de la gestión y el mantenimiento de las estructuras".

"Los urbanizadores no tienen la posibilidad de recobrar de los usuarios los costes de tales obras sino que reciben únicamente una retribución de los propietarios de terreno, en dinero en metálico o en forma de suelo.

Ahora bien, el hecho de recibir terrenos no se puede considerar explotación de las obras públicas, porque, tras la cesión obligada, esos terrenos son de propiedad del urbanizador y si los explotase, lo haría en su condición de propietario y no como si fuesen su contrapartida", concluye el abogado general.