MADRID.- El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha avisado que se reformará la financiación local "cuando sea posible" y que la preocupación del Gobierno se centra ahora en mantener a raya el déficit de los ayuntamientos, sin dejar de garantizar sus necesidades financieras.
Ocaña, que acudía por primera vez a la Comisión de Entidades Locales del Senado, marcó así el camino de la crisis a los municipios, que están pendientes de la reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales desde que en el verano 2008, cuando el Gobierno remitió a la Federación Nacional de Municipios y Provincias (FEMP) las bases del nuevo modelo.
Según Ocaña, la "intención" del Gobierno es continuar trabajando con los ayuntamientos sobre estas bases, pero avanzó que la reforma se aprobará "cuando sea posible", ya que la actual coyuntura de crisis y turbulencias financieras "no es el momento idóneo" para enfrentarse a estas cuestiones.
"El modelo de financiación local tiene que ser estable, tiene que durar un tiempo razonablemente largo y en este momento, en el que las escaseces son particularmente importantes, las decisiones quizás no sean las adecuadas", añadió.
En medio de este limbo, Ocaña indicó que "a corto plazo" la prioridad es garantizar que los ayuntamientos cumplan "su parte" en el plan de consolidación fiscal y reduzcan su déficit, siendo "especialmente disciplinados".
En este punto, el secretario de Estado de Hacienda recordó que el Gobierno ha introducido una serie de medidas de disciplina fiscal que discriminan a los ayuntamientos en función de sus niveles de endeudamiento.
Particularmente, recalcó que aquellos ayuntamientos que tengan un déficit equivalente al 75% de sus ingresos corrientes en 2010 no podrán endeudarse más en 2011. "Intentamos obligar a los ayuntamientos que están en peor situación a que, como mínimo, no empeoren su situación en el próximo año", apuntó.
Sin embargo, Ocaña dejó claro que, pese a estas restricciones y la demora en la aprobación del nuevo modelo de financiación local, el Gobierno se ha comprometido en todo momento con la autosuficiencia de los municipios y ha realizado para ello un gran esfuerzo financiero en los últimos años.
Una de estas iniciativas, que Ocaña se encargó de pormenorizar, es la Línea ICO de avales para cubrir el pago de los servicios prestados por empresas y autónomos a los ayuntamientos, dotada con 3.000 millones de euros, que, aunque fue demandada por los propios municipios, sólo ha recibido solicitudes por valor de 106 millones de euros desde su creación en mayo de 2009.
Además de esta medida, Ocaña recordó que las entregas a cuenta a las entidades locales por recaudación del Estado se incrementarán el próximo año en un 9%, pasando de 13.246 millones a 14.443 millones de euros, pese a la "poco favorable" situación financiera.
Ocaña aclaró, no obstante, que, en cualquier caso, la mejora de la financiación local no puede pasar no por subir impuestos, ni por incrementar la participación de los ayuntamientos en los ingresos de otras administraciones, sino sólo en modificar su estructura fiscal.
"No es el momento de pedir más financiación, pero hay márgenes para obtenerla, como a través del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI)", sugirió.
Ocaña informó al respecto de que Hacienda ha recibido un importante número de peticiones por parte de ayuntamientos para que lleve a cabo una revisión "masiva" de los valores catastrales, en ocasiones para elevarlos y ganar más capacidad recaudatoria a través del IBI y en otras para reducirlos en línea con la caída real del precio de la vivienda.
En ambos casos, Ocaña consideró que realizar esta revisión masiva, sin esperar a que se cumpla el plazo habitual de cinco años entre una valoración y otra, sería "inadecuado", puesto que estos valores tienen que ser estables y lo contrario implicaría en cadena mayor inseguridad jurídica, algo sobre lo que "hay que ser especialmente cuidadosos" en la actual coyuntura.
Como alternativa, el secretario de Estado de Hacienda propuso "modificar los tipos, porque eso viene a resolver el mismo problema".
"En vez de modificar la base modifiquemos el tipo", apostilló.
Dicho esto, Ocaña recordó que los planes del Catastro para el próximo año son realizar una revisión en 225 municipios que afectará a unos cuatro millones de propiedades, aunque concretó que estas cifras podrían variar, puesto que uno de los grandes ayuntamientos ya ha solicitado retrasar la valoración.
