El Gobierno central, que tiene la mitad de los votos, contó además con diez comunidades o ciudades autónomas (las gobernadas por el PSOE, más Cantabria, Canarias y Ceuta) votaron a favor de la propuesta del Gobierno central, mientras que las comunidades del PP y Melilla se abstuvieron en la votación, en una posición crítica con la que mostraron su negativa a apoyar un modelo que consideran insolidario.
De esta forma y después de una reunión de más de cuatro horas, el Gobierno cumple en la fecha límite con una de las promesas que lanzó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante el último Debate sobre el estado de la Nación, donde se comprometió a aprobar el nuevo modelo de financiación antes del 15 de julio.
Tras el encuentro, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, explicó que la cantidad de 11.000 millones se ha visto finalmente incrementada en 1,5 millones tras valorar esta mañana algunas competencias de Ceuta, aunque confió en no tener que incrementarla más en el futuro.
"Previsiblemente no nos hemos equivocado en más cuestiones", aseguró, tras descartar la posibilidad de introducir nuevas ponderaciones tal y como pedían algunas comunidades del PP.
Salgado recordó que la reforma de la financiación ha supuesto un "largo proceso" en el que el Departamento de Economía ha contado con una "colaboración excelente", lo que hace que el Gobierno esté "muy satisfecho", aunque aún quede un camino largo hasta que pueda realmente aplicarse el nuevo sistema.
"Pero estoy segura de que vamos a encontrar la colaboración de todos", aventuró.
Esto es así porque una vez superado este trámite, el texto deberá ser votado en el Congreso de los Diputados para convertirse en ley orgánica y ser discutido después por las comisiones de transferencias de las distintas comunidades.
Si finalmente se aprueba, la reforma entrará en vigor desde el 1 de enero de 2009 y se irá poniendo en marcha de forma gradual hasta el año 2012. Sin embargo, Salgado adelantó que las comunidades autónomas recibirán más o menos el 58% de la cantidad total sólo en 2009, mientras que irán recibiendo el resto de forma gradual hasta el año 2012.
Salgado evitó dar cifras concretas de lo que recibirá cada autonomía, aunque adelantó que antes de que acabe el mes de julio el Gobierno hará pública una estimación de estas cantidades para que las comunidades puedan calcular con más precisión cuánto van a recibir, cifras que serán finalmente confirmadas en el mes de septiembre.
Preguntada por si el nuevo modelo desincentiva las bajadas de impuestos, la vicepresidenta económica explicó que el texto pide a las comunidades que no incentiven la competencia fiscal a la baja, porque estas bajadas, en un momento de crisis, pueden penalizar al resto. Aún así, aseguró que no existe ningún instrumento que penalice a la comunidad que decida hacerlo.
Sobre si las abstenciones del Partido Popular pueden apuntar a un posible apoyo del PP en las Cortes, Salgado aseguró que el Gobierno no ahorrará esfuerzos para alcanzar el máximo consenso posible, aunque reconoció que algunas comunidades expresaron durante el encuentro sus ganas de rechazar el modelo.
Finalmente, Salgado criticó la actitud de algunas comunidades del PP al intentar genera cierta confusión sobre el nuevo modelo comparándolo con el anterior, algo que, a su parecer, no puede hacer porque no es una comparación homogénea. En este sentido, reiteró una vez más que el nuevo modelo proporciona más recursos a todas las comunidades y es más transparente.
Por su parte, el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, también presente en la rueda de prensa, destacó el hecho de que el nuevo modelo haya sido aprobado por una "amplia mayoría" y sin ningún voto en contra. "Ninguna comunidad autónoma, independientemente del color político, ha rechazado el modelo", subrayó.
A su juicio, esto demuestra la utilidad de un modelo que no perjudica a nadie y que beneficia a todas las comunidades. "Nadie pierde y todas ganan", resaltó Chaves, quien aseguró que ha asistido a la negociación de cuatro modelos y que, sin duda, éste es el que más garantiza la igualdad de los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos fundamentales.
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