VALENCIA.- La Generalitat valenciana creará la central de compras, con la que pretende ahorrar alrededor de un 15 por ciento de los 590,9 millones que gasta en la contratación de suministros y servicios, lo que supondrá un ahorro de unos 88,6 millones de euros.
Así lo ha dado a conocer este viernes el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, quien ha presentado el decreto-ley de la Generalitat por el que se estable una redistribución de competencias en materia de contratación y se crea la Central de Compra.
La administración de la Generalitat y todos sus centros dependientes, las entidades autónomas --como el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) o el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef)--, las entidades de derecho público --tal y como es el caso de Radio Televisión Valenciana (RTVV) y Teatres de la Generalitat, entre otras--, así como todas las sociedades mercantiles y fundaciones públicas tendrán que centralizar "de manera obligatoria" la contratación de suministros y servicios con caracteristicas parecidas en la Central de Compras.
No obstante, se excluye de esta obligatoriedad a la Conselleria de Sanidad, dado que ya cuenta con su propia central de compras, dado la especificidad de sus suministros, ha señalado el vicepresidente de la Generalitat.
Las finalidades que persigue el Consell con la nueva central de compras --a la que se pueden adherir de forma voluntaria los ayuntamientos y las universidades públicas de la Comunitat-- son, conseguir "mayor racionalización" de la contratación, obtener los mejores precios a través de economías de escala, tener un "control" de los servicios y suministros y conseguir un "ahorro importante".
Denuncia de CGT
La Confederació General del Treball (CGT) ha comenzado una campaña de denuncia del "despilfarro y desvío de fondos públicos a intereses privados" bajo el lema 'Vamos a destapar el saqueo', con el objetivo de "exigir responsabilidades jurídicas y penales a los gestores de la Generalitat".
CGT, según ha explicado en un comunicado, se ha propuesto destapar "hasta el último caso de saqueo y lo hará en sucesivas entregas" relacionadas con la Generalitat. Además, pretende exigir la derogación inmediata del decreto de recortes del Consell sobre el que CGT "no acepta ningún recorte de los salarios de los trabajadores porque no son responsables del déficit". El sindicato también propone que se lleve a cabo "una auditoría que aclare a quién se ha destinado el dinero público".
La primera de las entregas, hecha efectiva este viernes entre los trabajadores, se ha centrado sobre la empresa pública Vaersa, adscrita a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Tal y como señala el informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas del año 2010 "al igual que en ejercicios anteriores, en 2010 se han contabilizado gastos en concepto de servicios de asesoría y defensa jurídica, por un importe conjunto de 335.135 euros, sin previa formalización contractual y, por tanto, sin atender a lo establecido en las normas generales de contratación del sector público y a los principios licitatorios previstos en el artículo 175 de la LCSP".
Asimismo, el informe del mismo organismo del año 2009 dice "al igual que en ejercicios anteriores, se han contabilizado gastos en concepto de servicios de asesoría y defensa jurídica, por importe de 320.000 euros, sin que se haya formalizado un contrato que regule la prestación del servicio y, por tanto, sin atenerse a lo establecido en la LCSP".
CGT ha apuntado que la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda y Vaersa firmaron el 2 de febrero de 2006 un convenio para que los Letrados de la Generalitat realizaran funciones de asesoramiento jurídico y defensa en juicio para Vaersa, por la cantidad de 3.600 euros anuales, revisables anualmente de acuerdo con el IPC.
El sindicato ha concluido que "Vaersa ha pagado 335.135 euros por un servicio que le podría haber costado 3.600 euros al año".
"Es evidente que con el dinero regalado se podría evitar el recorte de unos cuantos funcionarios de la Conselleria", ha añadido.
En este sentido, CGT ha exigido que la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, como presidenta del consejo de administración de Vaersa, "diga públicamente a los funcionarios de la Generalitat afectados por los recortes y a los ciudadanos, quiénes son las personas a las que se ha adjudicado a dedo esos contratos y que se depuren responsabilidades". En el caso de que no actúe inmediatamente, "se exigirá que lo hagan los tribunales".
Por otro lado, el sindicato ha hecho un llamamiento a la movilización de los trabajadores de la función pública para "frenar el descontrol" actual que afecta a la Generalitat y que pone en "grave riesgo" la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o las prestaciones sociales.
Denuncia de CGT
La Confederació General del Treball (CGT) ha comenzado una campaña de denuncia del "despilfarro y desvío de fondos públicos a intereses privados" bajo el lema 'Vamos a destapar el saqueo', con el objetivo de "exigir responsabilidades jurídicas y penales a los gestores de la Generalitat".
CGT, según ha explicado en un comunicado, se ha propuesto destapar "hasta el último caso de saqueo y lo hará en sucesivas entregas" relacionadas con la Generalitat. Además, pretende exigir la derogación inmediata del decreto de recortes del Consell sobre el que CGT "no acepta ningún recorte de los salarios de los trabajadores porque no son responsables del déficit". El sindicato también propone que se lleve a cabo "una auditoría que aclare a quién se ha destinado el dinero público".
La primera de las entregas, hecha efectiva este viernes entre los trabajadores, se ha centrado sobre la empresa pública Vaersa, adscrita a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
Tal y como señala el informe de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas del año 2010 "al igual que en ejercicios anteriores, en 2010 se han contabilizado gastos en concepto de servicios de asesoría y defensa jurídica, por un importe conjunto de 335.135 euros, sin previa formalización contractual y, por tanto, sin atender a lo establecido en las normas generales de contratación del sector público y a los principios licitatorios previstos en el artículo 175 de la LCSP".
Asimismo, el informe del mismo organismo del año 2009 dice "al igual que en ejercicios anteriores, se han contabilizado gastos en concepto de servicios de asesoría y defensa jurídica, por importe de 320.000 euros, sin que se haya formalizado un contrato que regule la prestación del servicio y, por tanto, sin atenerse a lo establecido en la LCSP".
CGT ha apuntado que la entonces Conselleria de Territorio y Vivienda y Vaersa firmaron el 2 de febrero de 2006 un convenio para que los Letrados de la Generalitat realizaran funciones de asesoramiento jurídico y defensa en juicio para Vaersa, por la cantidad de 3.600 euros anuales, revisables anualmente de acuerdo con el IPC.
El sindicato ha concluido que "Vaersa ha pagado 335.135 euros por un servicio que le podría haber costado 3.600 euros al año".
"Es evidente que con el dinero regalado se podría evitar el recorte de unos cuantos funcionarios de la Conselleria", ha añadido.
En este sentido, CGT ha exigido que la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, como presidenta del consejo de administración de Vaersa, "diga públicamente a los funcionarios de la Generalitat afectados por los recortes y a los ciudadanos, quiénes son las personas a las que se ha adjudicado a dedo esos contratos y que se depuren responsabilidades". En el caso de que no actúe inmediatamente, "se exigirá que lo hagan los tribunales".
Por otro lado, el sindicato ha hecho un llamamiento a la movilización de los trabajadores de la función pública para "frenar el descontrol" actual que afecta a la Generalitat y que pone en "grave riesgo" la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o las prestaciones sociales.
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