Esta aparente fortaleza del sector hortofrutícola español, con ventas en muchos casos fuera de temporada y con un superávit de la balanza comercial de unos 6.500 millones de euros, no coincide exactamente con la realidad, tanto en lo que afecta a los invernaderos como a las producciones o los cultivos que se obtienen al aire libre. En medios del propio sector se considera que se trata de un gigante con pies de barro debido tanto a problemas internos como a la competencia de las importaciones.
Responsables del propio sector reconocen que en épocas doradas no se hicieron bien las tareas para mejorar y reconvertir las instalaciones, actuaciones que hoy no se llevan a cabo por las caídas de precios y recorte de la rentabilidad. Pero, junto a esta dificultad, el sector se enfrenta sobre todo a un problema de costes y de competitividad.
En unos casos, se trata de las importaciones desde terceros países, especialmente el norte de África, con menos costes de producción. En otros, son las modernas instalaciones ubicadas en el norte de la Unión Europea, auténticas "fábricas", con unos mayores rendimientos por metro cuadrado, justamente al lado de los mercados de consumo donde comercializa una parte importante de sus producciones el sector español.
En lo que afecta a los cultivos bajo plástico, España dispone de una superficie de invernaderos de unas 50.000 hectáreas donde destacan provincias como Almería, con 26.000 hectáreas; Huelva, con 6.500 hectáreas; Murcia, con 6.000 hectáreas; Granada, con 5.262 hectáreas; Comunidad Valenciana, con 3.000 hectáreas; Canarias, con 2.000 hectáreas, y Málaga, con 1.500 hectáreas. Las producciones de los invernaderos suponen aproximadamente unas ventas superiores a los 5.000 millones de euros, significan el ciento por ciento de las producciones en Almería y un porcentaje mayoritario en las de Huelva, especialmente para las producciones de tomate, pepino, pimiento o fresa.
Los invernaderos almerienses fueron considerados en su día como las grandes "fábricas", sin competencia, para invadir de hortalizas los mercados comunitarios fuera de temporada.
Hoy, esa situación se ha terminado. Una gran parte de esos invernaderos, con una duración media de entre 10 y 15 años de vida, se han quedado viejos. Frente a unas producciones, por ejemplo en el caso del tomate, de unos 12 kilos por metro cuadrado, en las instalaciones modernas del norte de la UE, además construidas con subvenciones por su contribución en la lucha contra el efecto invernadero por el aprovechamiento del CO2, las producciones por metro cuadrado superan los 50 kilos, y los 100 kilos en países como Holanda.
Para asegurar la viabilidad del sector a corto plazo, desde la Federación Española de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex) se reclama un plan para la reconversión de los invernaderos. El objetivo es lograr unas instalaciones similares a las que se han construido en el norte de Europa. Ello supone la necesidad de invertir una media de 1,3 millones de euros por hectárea.
Tanto en las instalaciones bajo plástico como en los cultivos al aire libre, el sector se enfrenta igualmente al problema de los costes laborales. Frente a un salario medio en Marruecos de 0,50 euros por hora, para unas instalaciones bajo plástico similares a las de Almería, en España se abona una media de siete euros por hora.
En las producciones al aire libre, unos de los principales problemas a los que se enfrenta el sector son la falta de investigación y la necesidad de proceder a una reconversión varietal como están haciendo los países de la competencia. La falta de esta reconversión se está traduciendo en superficies con menos rendimientos, en menos productividad y, en otros casos, en una oferta no adecuada a los nuevos gustos de la demanda, lo que se traduce en producción de excedentes y caídas de precios.
En conjunto, el sector de las producciones de frutas y hortalizas se enfrenta en primer lugar a una estabilización de las ventas en el exterior. No se puede olvidar que el 94% de las exportaciones corresponde a los países comunitarios. No se han abierto nuevos mercados con capacidad adquisitiva fuera de la Unión Europea, mientras las importaciones mantienen un fuerte incremento en porcentajes superiores anualmente al 10%.
Este aumento de las compras baratas procedentes de terceros países no es solamente grave por su participación en el mercado nacional, sino por su presencia, en muchos casos sin control, en los mismos mercados comunitarios, como sucede con el tomate marroquí o el ajo chino.
Un segundo problema del sector en su conjunto se halla en la política de investigación e innovación donde el panorama no es para el optimismo.
Estatalmente el viejo organismo INIA ha ido dando tumbos en la última década de ministerio en ministerio, perdiendo su capacidad para responder a las necesidades del sector agrario sobre el terreno. En la parte positiva se hallan los trabajos de algunas comunidades autónomas como el IRTA en Cataluña o el IVIA en Valencia.
No se ha avanzado lo que sería necesario en materia de reconversión varietal desde la perspectiva de mejoras en la productividad, rendimientos o búsqueda de las producciones más adecuadas a los gustos cambiantes de los mercados.
Además, la mayor parte de las nuevas variedades de semillas o plantones tienen vocablos extranjeros y las patentes proceden del exterior, lo que supone una fuerte dependencia de la investigación ajena en un sector básico para el conjunto de la actividad económica. Eso sucede con las variedades de cultivos en los invernaderos de Almería. Un dato significativo en este escenario es la situación de la fresa. España es el primer comunitario en la producción de fresas y, sin embargo, la investigación utilizada por el sector pertenece a una Universidad de California.
A los problemas propios del sector se han sumado en los últimos meses algunas disposiciones comunitarias que pueden suponer otro golpe para el sector.
Por un lado, se halla la normativa por la que se va a restringir desde 2010 el uso de productos fitosanitarios. Según los productores, esta norma supondrá un grave riesgo para mantener los actuales niveles de producción, si para esa fecha no hay productos alternativos para proteger los cultivos con las mismas garantías para las plantas y para la seguridad alimentaria.
