MADRID.- La vicepresidenta primera del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado que el próximo Consejo de
Política Fiscal y Financiero (CPFF), en el que se analizarán los planes
de ajuste económico y financiero de cada una de las comunidades
autónomas, se reunirá "probablemente el 16 de mayo" y, en todo caso, en
esa semana.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Sáenz de
Santamaría reiteró que las comunidades autónomas "tienen que ser muy
responsables en el objetivo común de salir de la crisis" y, para ello,
"deben cumplir los objetivos de déficit", que obligan a reducirlo al
1,5% en 2012.
Todas las comunidades autónomas han cumplido hasta ahora con su
obligación de entregar al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas sus planes de ajuste y lo han hecho en tiempo y hora, antes de
las 00:00 del pasado 30 de abril.
Ahora habrá que ver si estos planes son suficientes para
situarlas en la senda de cumplimiento de los objetivos o si, por el
contrario, el Gobierno pone en marcha el engranaje previsto en la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, que en última instancia contempla la
posibilidad de intervenciones ya en el mes de septiembre.
Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro aseguraron
que los gobiernos autonómicos al completo han pedido al Gobierno ayuda
para confeccionar estos planes y han descartado que haya que poner en
marcha estos mecanismos de intervención forzosa.
De ello se desprendería que Hacienda espera dar el visto bueno a
todos los planes. De hecho, el Gobierno cree que entre los 10.000
millones de ahorro que se recogen en estos planes y los 10.000 millones
adicionales por los recortes en sanidad y educación, las comunidades
autónomas tienen capacidad financiera para cumplir con esos objetivos de
déficit.
Sin embargo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas,
Antonio Beteta, ha recordado esta semana a las comunidades autónomas
que en caso de no poder hacer frente a estos compromisos pueden recurrir
al mecanismo voluntario recogido en las misma Ley de Estabilidad para
pedir ayuda especial al Gobierno, lo que en la práctica supone una
intervención voluntaria.
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