Se mantiene de esta manera la tendencia al alza apreciada desde 2020, según datos recogidos en el informe sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales elaborado por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que ha sido publicado esta semana.
Durante el periodo analizado aumentaron un 154,1% los concursos presentados por personas naturales no empresarios, al alcanzar un total de 968 frente a los 381 de un año antes. En cambio, descendieron un 56,6%, de 343 a 149, los de personas jurídicas, mientras que los de personas naturales empresarios disminuyeron un 50,4%, al pasar de 117 en el tercer trimestre de 2022 a 58 del tercer trimestre de este año.
Del total de 9.330 concursos presentados en toda España, el mayor número corresponde a Cataluña, donde los órganos judiciales recibieron 2.598, cifra que representa el 27,8 % del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.289; Madrid, con 1.243 y la Comunitat Valenciana.
Por provincias, se presentaron un total de 665 concursos en la de Valencia, lo que representa un aumento interanual del 127%; en Alicante fueron 392 los concursos presentados, con un incremento del 88,5%; mientras que en la provincia de Castellón ascendieron a 118, lo que significa una subida del 66,2%.
Respecto a los expedientes del artículo 169 TRLC, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), durante el tercer trimestre del año se presentaron en los Juzgados de lo Mercantil valencianos 10 expedientes, un 42,9% más que los siete contabilizados entre julio y septiembre del pasado año.
Por otro lado, el número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre de 2023 en la Comunitat Valenciana fue de 759, lo que significa un 18,8% menos que los del año anterior. De estos 759 lanzamientos, 573 fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), esto es un 9,2% menos que el mismo periodo del año anterior.
Otros 155 responden a ejecuciones hipotecarias, un 42,8% menos que los registrados en el tercer trimestre del 2022. Los 31 restantes obedecieron a otras causas.
Por provincias, es la de Alicante la que registró mayor número de lanzamientos, entre los derivados de ejecuciones hipotecarias y los que responden a impago de alquiler, en el periodo analizado, con 368, lo que significa una reducción interanual del 16,4%. En la provincia de Valencia fueron 332 lanzamientos, un 18% menos, mientras que en la de Castellón se registraron 59 lanzamientos, esto es, un 34,4% menos.
En el tercer trimestre de 2023 se presentaron 4.268 demandas por despido en los Juzgados de lo Social de la Comunitat Valenciana, un 21,3% más que en las 3.519 registradas entre julio y septiembre del año anterior. El territorio valenciano fue el cuarto del país en cuanto a la presentación de este tipo de demandas, solo por detrás de Madrid, Cataluña, con 6.545, y Andalucía, con 6.103.
En la provincia de Valencia se presentaron 2.469 demandas por despido, un 20,5% más que el tercer trimestre del año anterior. En la de Alicante fueron 1.388 las presentadas, con un incremento del 21,2%; mientras que en la provincia de Castellón el aumento fue del 24,2%, con 411 demandas por despido.
En cuanto al número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en esta jurisdicción, en total 2.739, fue un 12,7% superior a las presentadas en el tercer trimestre de 2022.
Por otro lado, los procedimientos monitorios presentados entre julio y septiembre de este año en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción del territorio valenciano fueron 27.489, lo que supone un incremento interanual del 13,1%. La valenciana es la cuarta comunidad en cuanto al número de este tipo de procedimientos, por detrás de Andalucía, con 45.448; Madrid, con 43.475, y Cataluña, con 40.839.
El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
En este tercer trimestre ingresaron en los juzgados especializados de la Comunitat Valenciana en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (conocidos como juzgados de cláusulas suelo) 2.015 demandas, un 25,1% más que un año antes. En el periodo analizado estos órganos judiciales dictaron 1.236 sentencias, de las que el 97,8% fueron estimatorias respecto a las pretensiones de los demandantes.
La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
En el tercer trimestre de 2023 en la Comunitat Valenciana se registraron 67, un 30,2% menos que el año anterior, lo que representa el 24,5% del total nacional y la sitúan como la mayor autonomía con mayor número de procedimientos de este tipo, seguida Andalucía, con 64; Madrid, con 47; y Cataluña, con 45.
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