MADRID.- Los pequeños
accionistas que invirtieron su dinero en la salida a bolsa de Bankia
están cada vez más cerca de recuperar su dinero si se pone en marcha el
sistema de arbitraje que estudian el Gobierno en funciones y la propia
entidad.
Según adelantó el secretario de Estado de Economía,
Íñigo Fernández de Mesa, el Ejecutivo trata de "tomar la iniciativa y
dar una salida ágil" a los particulares que invirtieron en la Oferta
Pública de Venta (OPV) de acciones de Bankia en junio de 2011.
En esta misma dirección apunta la entidad bancaria, que está
analizando con detenimiento las sentencias del Supremo para "poder
ofrecer una alternativa con totales garantías jurídicas" y que ahorre
"tiempo y dinero" a los afectados.
Esta solución extrajudicial, similar a la implantada para hacer
frente a la avalancha de reclamaciones por las participaciones
preferentes, beneficiaría tanto a los pequeños inversores, que no
necesitarían recurrir individualmente para recuperar su dinero, como a
la propia entidad, que ahorraría 500 millones de euros en costas
judiciales.
Por su parte, los representantes de los afectados también se muestran
abiertos al diálogo para llegar a una solución de arbitraje colectivo
que, según explican desde la asociación de consumidores Adicae, evitaría
la "inundación de la justicia" y "la repetición masiva de las mismas
causas con las mismas consecuencias".
Según la legislación actual, el arbitraje de consumo colectivo se
contempla en los procesos "con un mismo presupuesto fáctico", es decir,
que han sido afectados por la misma causa, y sería competencia de la
Junta Arbitral Nacional de consumo, al haber sido perjudicados
inversores de más de una comunidad.
La propuesta de Bankia y el Gobierno llega después de que la Sala
Civil del Supremo considerase que el folleto de la salida a bolsa de la
entidad indujo a error a los pequeños inversores, que carecían de "los
medios necesarios" para acceder a datos económicos relevantes sobre el
estado de la entidad en el momento de su debut bursátil.
Unos medios, según matizó el Alto Tribunal, de los que sí habrían
dispuesto los grandes inversores o accionistas institucionales, de cara a
contrastar la información en la que Bankia señalaba como dato relevante
de solvencia un beneficio de 309 millones en el primer trimestre de
2011, en lugar de unas pérdidas "reales y efectivas" de 3.030 millones.
Para afrontar las posibles indemnizaciones a los accionistas, Bankia y
su matriz, BFA, anunciaron el pasado diciembre un aumento de los fondos
para causas judiciales de más de 1.000 millones de euros -hasta los
1.840 millones- con los que hacer frente a unas demandas que ascienden a
820 millones.
Mientras se anuncia la solución definitiva, Bankia recomienda a los
pequeños accionistas que esperen unos días "antes de tomar cualquier
decisión de reclamación que les pueda acabar resultando más gravosa", y
Adicae pide que cualquier vía extrajudicial cuente con los consumidores y
evite los déficit del arbitraje de las preferentes.
Además, la asociación ha trasladado a la Autoridad Bancaria Europea
(EBA por sus siglas en inglés) la necesidad de potenciar mecanismos de
resolución extrajudicial y judicial colectivos para "grandes fraudes"
como el de la salida a bolsa de Bankia.
Algunos abogados, grandes beneficiarios durante estos años de
pleitos, aplauden ahora que tanto la entidad como el Ministerio de
Economía estudien alternativas a la reclamación judicial de los
particulares.
Desde el bufete Navas & Cusí consideran que Bankia debería hacer
uso de las provisiones y pagar "amistosamente" en las oficinas, "sin más
arbitraje que la comprobación del daño", porque piensan que esto "sería
lo más sano, rápido y barato para todos".
Bankia se ahorraría los costes de procedimiento y el cliente, "el suplicio de procedimientos farragoso y costosos", sostienen.
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