VALENCIA.- Las consellerias de Políticas Inclusivas y de Vivienda están
analizando la posibilidad de que parte de la vivienda pública que se
está rehabilitando se pueda distribuir entre los colectivos de víctimas
de violencia machista, enfermos de salud mental, transexuales excluidos y
extutelados de la Generalitat.
En la reunión de trabajo mantenida, ambas consellerias
han hecho un frente común para facilitar el acceso a la vivienda pública
de colectivos con dificultades, han informado fuentes de la Generalitat
en un comunicado.
El secretario autonómico de Inclusión, Alberto Ibáñez,
ha destacado que la medida responde a uno de los preceptos encuadrados
en el "Acord del Botànic", sobre la necesidad de reforzar el sistema
público de atención a los colectivos en situación o riesgo de exclusión
social.
"Entendemos que el derecho a una vivienda es clave para la
inclusión social de estos colectivos", ha señalado Ibáñez, quien ha
añadido que la lucha contra la violencia machista, "pasa por garantizar
una alternativa habitacional para las víctimas".
Ha indicado también que desde la dirección general de Inclusión
Social se trabaja con entidades financieras para obtener su colaboración
en la cesión de viviendas por períodos de cinco años para este uso
social, especialmente en zonas rurales y envejecidas que están sufriendo
las consecuencias de la despoblación.
Ibáñez ha recordado que la Conselleria de Igualdad y Políticas
Inclusivas ha incrementado este año un 83,74 % el presupuesto destinado a
la financiación de programas de acción social y comunitaria, dirigidos
entre otros colectivos vulnerables a las personas sin hogar, salud
mental y extutelados de la Generalitat.
Además, la Conselleria ha reforzado tanto los servicios sociales
municipales, incrementando la línea de subvención hasta alcanzar en 2016
más de 25,9 millones; como la Renta Garantizada de Ciudadanía, que ha
crecido este año un 35,6 % hasta alcanzar los 39,34 millones de euros.
A la reunión han asistido, además, la secretaria autonómica de
Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, y el secretario
autonómico de Vivienda, Josep Vicent Boira.
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