VALENCIA.- Apenas nueve meses después de perder el poder en un
Ayuntamiento que presidió Rita Barberá 24 años, el PP valenciano afronta
una catarsis y una previsible refundación aunque previo paso por el
juzgado, donde desde el lunes responderán concejales y exconcejales por
el supuesto blanqueo de 50.000 euros.
La práctica totalidad del PP de la ciudad de Valencia,
incluidos exconcejales y personal de confianza, deberá comparecer a
partir del lunes en el juzgado para declarar por la supuesta devolución
(en dos billetes de 500 euros) de donaciones al partido de 1.000 euros
antes de las elecciones del 24 de mayo.
Este presunto delito de blanqueo es sólo una parte -será también
una pieza judicial separada- del conocido como caso Imelsa, en el que se
investiga una trama de comisiones ilegales en torno a esta empresa
pública, dependiente de la Diputación de Valencia.
Las confesiones que desde el pasado mayo ofrece el "arrepentido"
exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, a la Guardia Civil derivaron el
pasado 26 de enero en la detención del expresidente de la Diputación de
Valencia y expresidente provincial del PP, Alfonso Rus, el rostro más
conocido y mediático de los 24 detenidos en esta operación.
Sin embargo, el reconocimiento explícito del supuesto blanqueo de
capitales en el seno del PP de la capital valenciana por parte de
cuatro exasesores y su contundente testimonio han situado las presuntas
corruptelas de la Diputación, de mucho mayor calado económico que el
blanqueo, en un segundo plano.
La rapidez de la instrucción, fruto de la estrecha colaboración
entre la UCO y el juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, se está
convirtiendo en un cerco a la exalcaldesa Rita Barberá que no está
jurídicamente investigada (imputada) y goza de aforamiento por ser
senadora territorial, pero que ha perdido el respaldo, al menos en
público, de la cúpula de su partido.
La conexión entre los negocios turbios en el seno de Imelsa y el
Ayuntamiento de Valencia, han explicado fuentes de la
investigación, se estableció a raíz de unas conversaciones entre
Benavent y la exconcejala María José Alcón (esposa del ex vicealcalde
Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos) sobre un supuesto contrato
amañado.
La detección, por parte de la UCO, de un supuesto delito de blanqueo ha sido consecuencia del seguimiento del rastro del dinero.
El 'modus operandi' del presunto amaño de contratos en el
Consistorio valenciano, con el que los implicados obtenían sustanciosas
mordidas, es similar en ambas administraciones, según las mismas
fuentes, aunque es previsible que, al menos hasta el próximo día 18, el
foco esté puesto en las declaraciones de los investigados por blanqueo.
Se trata de un asunto tangencial al de las mordidas en Imelsa y
otras empresas públicas, pero que los investigadores tienen bien
apuntalado y al que se pretende dar una rápida instrucción.
En apenas diez días pasarán por la Ciudad de la Justicia de
Valencia ocho de los diez actuales concejales, todos ellos investigados
(ya declaró el hasta ahora portavoz y presidente del partido en
Valencia, Alfonso Novo, y queda fuera de la investigación el
independiente Eusebio Monzó).
En total, constan como investigados 17 concejales y exconcejales y 21 asesores y exasesores del PP de Valencia.
Además de Barberá, goza de aforamiento como diputado autonómico
el exconcejal de Seguridad Miguel Domínguez, por lo que el desarrollo
procesal de la causa por blanqueo se antoja cuanto menos intrincado, al
estilo de otros casos de corrupción como Gürtel, en los que el
aforamiento ha propiciado viajes de ida y vuelta de toda la
documentación, de instancias inferiores a superiores.
Si, como en el caso de Novo, el juez mantiene al resto de ediles
la condición de investigados (imputados), el partido reclamará su acta y
les expulsará en caso de que no la entreguen, con lo que cabe la
posibilidad de una renovación total de caras en el PP de Valencia, así
como de sus órganos directivos.
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