Así lo apunta la investigación de oficio sobre la atención que recibe este colectivo, al tiempo que indica que no se está priorizando la prevención con estos menores en conflicto con la ley y que son «escasas» las intervenciones con ellos para su adecuada socialización, según ha indicado el síndic en un comunicado.
Tras la investigación, el síndic concluye que, según los datos de la Fiscalía, en la Comunitat Valenciana hay un «incremento constante» de casos de menores de 14 años que cometían conductas ilícitas desde 2020, que «parece haberse estabilizado en el último año».
Asimismo, señala que la Conselleria no dispone de un registro específico del número de casos de menores de 14 años que cometen acciones delictivas derivados por el Ministerio Fiscal a las direcciones territoriales, en los últimos tres años, tampoco aquellos que lo han sido por delitos contra la libertad sexual, violencia de género o indemnidad sexual, que «requerirían por ley de un abordaje específico». Además, tampoco se dispone del dato de reincidencia sobre estos.
Por ello, Luna insta a la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda a recabar datos estadísticos sobre la incidencia y reincidencia de los casos de menores de 14 años con conductas delictivas que estén siendo atendidos por los equipos de atención primaria básica municipales, por los equipos específicos de la Conselleria y por el Servicio de atención a abusos a niños, niñas y adolescentes, tras la notificación por parte de Fiscalía.
Al respecto, considera que se trata de un «paso previo imprescindible» para poder planificar y organizar recursos y protocolos específicos de actuación con estos menores.
Asimismo, el Síndic exige que se potencien las actuaciones preventivas, incidiendo en los factores de riesgo que originan la exclusión y los conflictos con la ley, las dificultades de adaptación y los problemas de conducta de las personas menores de edad.
Además, plantea que, en este tipo de actuaciones, se preste «especial atención» a la prevención de la violencia intra-familiar, de conductas contra la libertad sexual y en el campo del acoso escolar.
Para potenciar estas medidas, Luna plantea al área de Servicios Sociales que se elabore un Plan de prevención de la delincuencia juvenil con la participación de otras consellerias con competencias en infancia y adolescencia, como Educación o Sanidad, así como de los cuerpos especializados de la Policía (Grupo de menores).
Por otra parte, el Síndic sugiere que se intensifique la financiación de actuaciones/programas dirigidos específicamente a niños y niñas menores de 14 años que cometen acciones delictivas y a sus familias.
Del mismo modo, también propone aumentar la formación dirigida a los profesionales de los servicios sociales de los ayuntamientos, que esté enfocada a la intervención con niños, niñas y adolescentes menores de 14 años que cometen acciones delictivas y con sus familias, así como a la prevención de este tipo de conductas.
Por último, el Síndic ha resaltado que la Conselleria se comprometió con este órgano a preparar un protocolo para la intervención de las entidades locales con niños, niñas y adolescentes ante situaciones de riesgo, en respuesta a una Resolución de una queja de oficio anterior.
Al respecto, esta institución insiste que, en dicho documento, deberían reflejarse igualmente las actuaciones a llevar a cabo en el caso de menores de 14 años que cometen conductas consideradas como delitos.
Por ello, considera necesario que la Administración competente en la protección a la infancia y la adolescencia en la Comunitat Valenciana impulse las actuaciones a implementar desde el ámbito comunitario para intervenir con los menores de 14 años que cometen acciones delictivas y su prevención, y que ello se haga en coordinación con otras administraciones.
Réplica del Consell
El síndic, en una investigación de oficio, considera que se está desatendiendo la atención socioeducativa de los menores de 14 años que cometen acciones delictivas, y son inimputables dada su edad, y censura la falta de datos estadísticos al respecto. Además, recomienda a la Conselleria de Servicios Sociales la elaboración de protocolos de prevención.
Respecto a la recopilación de datos, la Conselleria recalca al síndic que la responsabilidad penal "empieza a los 14 años" y que dado que antes son inimputables, "cuando se comete alguna conducta 'antisocial' por menores de esta edad, la competencia para intervenir con ellos y sus familias la tienen los Equipos de Atención Primaria Básica (EAPB), competencia de la Dirección General de Mayores y Dependencia, y de Atención Específica de los Equipos de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIAS), competencia de la Dirección General de Familia, Infancia y Adolescencia y Reto Demográfico".
En este último departamento se elaboró una Instrucción (4/2022) donde se solicita a los Equipos de Intervención EIIAS datos estadísticos respecto a todas las personas menores de edad atendidas, motivo de intervención, si están con alguna medida de protección, duración, entre otras cuestiones, pero precisa que es "solo respecto de los EEIIAS, por no tener competencia directa sobre el resto de los Equipos de Atención Primaria Básica".
No obstante, la Conselleria ha subrayado que "ya se ha procedido a modificar todos los anexos a la citada Instrucción para solicitar tanto a los EAPB como a los EEIIAS los datos que el síndic instaba a recopilar respecto de los 'delitos' cometidos por personas menores de 14 años", con el "desglose y concreción" reclamados.
En cuanto al fomento de actuaciones preventivas y formación y la denuncia la necesidad de potenciar las actuaciones preventivas y la formación a profesionales, incidiendo en los factores de riesgo que originan la exclusión y los conflictos con la ley, la Conselleria afirma que ya se le informó del incremento en 150.000 euros para este ejercicio 2024 en la línea presupuestaria de subvenciones dirigidas a programas de infancia y adolescencia, que pasa a tener una financiación total de 550.000 euros anuales.
Y sobre la sugerencia que plantea de elaborar un plan de prevención de la delincuencia juvenil de forma conjunta con las consellerias con competencias en sanidad, educación y cuerpos especializados de la Policía, "como él mismo reconoce, no se puede elaborar un Plan sin recabar previamente datos estadísticos, paso previo imprescindible para poder planificar y organizar recursos y protocolos específicos de actuación con estos chavales".
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