jueves, 8 de abril de 2010

KPMG aboga por la rehabilitación de viviendas y flexibilizar el mercado laboral para impulsar a las azulejeras

VALENCIA.- La firma de servicios profesionales KPMG abogó hoy por eliminar la "rigidez" del mercado laboral español y por fomentar las ayudas públicas a la rehabilitación de viviendas como factores claves para la recuperación del sector azulejero, cuyas empresas deben además afrontar procesos de integración y reforzar su internacionalización para sortear la crisis.

Al respecto, el director de la firma, Juan Latorre, recalcó hoy, en la presentación de del XIII Informe 'El Sector del Azulejo en España a través de 21 grandes empresas' promovido por Caja Mediterráneo (CAM), que la situación productiva del sector azulejero "ha cambiado" con esta crisis económica y financiera y "ya no va a ser la misma". Por ello, subrayó, "la pregunta ya no es cuándo terminará esta crisis" sino "cómo podemos adaptarnos a esta nuevo panorama".

Latorre advirtió de que las empresas que "no asimilen" este cambio del entorno y no acometan un nuevo plan estratégico en el que prevean una reducción de ventas y de producción y llegar a nuevos mercados con nuevos productos, desaparecerán. "Quedarán grandes compañías y muy pequeñas, y en medio el desierto. No hay alternativa por la falta de liquidez y la contención de las fuentes de financiación", apuntó.

Así, expuso que tras la caída del mercado nacional por el desplome del 'boom' residencial, una nueva oportunidad se abre con el mercado de la rehabilitación de viviendas. Por ello, reclamó que las administraciones públicas copien a Navarra en la concesión de ayudas públicas para este mercado y aconsejó a las empresas que, a través de sus nuevos productos y su amplia oferta, sean capaces de captar la mayor parte de ese mercado por "las ventajas de durabilidad, diseño, adaptabilidad y bajo mantenimiento que ofrece el producto".

Por otro lado, constató que ante la caída de ventas "hay que reconsiderar la mano de obra" empleada, ya que los gastos que supone para una empresa el pago de las nóminas repercute en la cuenta de pérdidas y ganancias, lo que puede abocar a la presentación de un concurso de acreedores por la falta de liquidez.

Para evitarlo, apostó por una reforma que acorte los plazos de aprobación de los EREs y pidió "ayuda" a Gobierno y sindicatos para agilizar el mercado laboral. Además, apuntó como efectos colaterales de esta falta de liquidez el recorte en inversiones de producción y "la guerra de precios".

Asimismo, insistió, como en años anteriores, en que las azulejeras deben seguir el ejemplo de otros sectores como el juguete y emprender procesos de integración, incluso con firmas italianas, porque al ganar en tamaño les permitirá llevar a cabo procesos de inversión y expansión. Además, deben apostar por una internacionalización de sus ventas e incluso, si su capacidad de inversión lo permite, acercar la fabricación a los nuevos países de venta, como ha hecho Italia.

El informe, elaborado a partir de las cuentas de 21 de las mayores empresas del sector, que representan el 42% del sector cerámico español, revelan un resultado de explotación conjunto de 91 millones de euros, el 5,9% de las ventas, lo que representa una caída del 38% respecto al ejercicio anterior en términos brutos y un deterioro del margen de 2,1 puntos porcentuales, como consecuencia de la caída de precios de ventas. Así, las empresas del sector retornan a volúmenes de facturación de 2005.

En el ejercicio 2008 el coste financiero neto se incrementó como porcentaje sobre ventas, situándose en torno al 5,8% de la cifra de negocio, debido al incremento del coste de financiación y a las mayores necesidades de liquidez de las sociedades.

Por su parte, el beneficio neto cayó el 86,2% con respecto al ejercicio anterior, hasta los 12 millones de euros, debido a la reducción de las ventas y la negativa evolución de los resultados financieros y de explotación. Durante 2008, ocho de las 21 mayores empresas analizadas sufrieron pérdidas.

El avance de datos provisionales del sector para el ejercicio 2009 muestra una caída de las ventas en torno al 29%. A nivel nacional, el sector sigue claramente afectado por la contracción de la construcción, lo que representa una caída de ventas para el sector cercana al 36%.

Por su parte, la exportación ha aumentado su peso hasta el 64% de las ventas, pese a la crisis financiera internacional, origen, por ejemplo del retroceso de mercados estratégicos como el estadounidense.

En el ejercicio de 2009, añade, el sector ha realizado "intensos" ajustes tanto para adaptar su actividad a la menor demanda, como para afrontar la compleja situación que provoca la falta de liquidez y las dificultades para obtener coberturas de riesgo en el ámbito de la exportación. Con todo ello, la cerámica española ha tenido que acometer "importantes ajustes" en la producción para reducir existencias, paros técnicos y ajustes de plantillas.

El enfrentamiento entre Policía y vecinos se salda con dos detenidos y varios heridos en El Cabanyal

VALENCIA.- El enfrentamiento registrado esta mañana entre efectivos de la Policía y vecinos del barrio valenciano de El Cabanyal se saldó con dos detenidos por desobediencia a la autoridad y daños, y con varios heridos, tanto vecinos como agentes, según confirmaron tanto fuentes de la Policía Local como testigos de lo ocurrido.

La jornada de hoy comenzó con incidentes ya que efectivos de la Policía Local y Nacional desalojaron a la fuerza a los vecinos que trataban de paralizar el trabajo de una máquina excavadora en el cruce de las calles Francesc Eiximenis y Llavador de El Cabanyal.

Ante la resistencia opuesta por los concentrados, los agentes llegaron a cargar contra algunos de ellos que gritaban consignas como 'Manos arriba, esto es un atraco' o 'Vosaltres, feixistes, soc els terroristes' y que respondieron cruzando contenedores en la calle y lanzando piedras y cubos de agua a los efectivos policiales.

La máquina finalmente logró acceder a la calle Francesc Eximenis para continuar con sus trabajos en el número 31 de la vía así como en San Pedro, 37, contemplados en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Dos personas fueron detenidas acusadas de desobediencia a la autoridad y de provocar daños --ya que presuntamente rompieron los cristales de la máquina excavadora que procedía a continuar con los trabajos-- y previsiblemente esta noche pasarán a disposición judicial, según fuentes de la Policía Local.

Asimismo, el enfrentamiento se saldó con varias personas que resultaron afectadas. Entre los heridos, destacan una mujer de 49 años, que sufrió una contusión, y un joven de 29 años que presentaba una herida en el cuero cabelludo. Ambos fueron trasladados por una ambulancia del Soporte Vital Básico hasta el Hospital Clínico de Valencia.

Tras los incidentes, uno de los portavoces de la plataforma Salvem El Cabanyal, Faustino Villora, --que aseguró haber sufrido golpes en la cabeza y los codos y haber perdido el conocimiento durante unos segundos--, criticó que el PP aplica "técnicas fascistas propias de la dictadura" y pidió la dimisión tanto del delegado del Gobierno en la Comunitat como del subdelegado en Valencia, Ricardo Peralta y Luis Felipe Martínez, respectivamente.

Asimismo, consideró que la única "pretensión" que los 'populares' buscan con los derribos es "manifestar su fuerza y su prepotencia". Villora recordó que existe un requerimiento de la Delegación del Gobierno y una orden ministerial, pero lamentó que, a pesar de ello, la Policía "ha agredido de manera brutal" a unos vecinos que "pacíficamente estábamos intentando impedir la demolición de un edificio".

Otros vecinos consideraron que lo sucedido es "una manera de demostrar prepotencia".

"Aquí mando yo y hago lo que me da la gana' es la manera de trabajar de la alcaldesa, Rita Barberá, con la connivencia de las fuerzas policiales al servicio del Estado español, bajo las ordenes del delegado del Gobierno, Ricardo Peralta", criticó uno de ellos.

Al lugar de lo ocurrido acudieron, además del subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Felipe Martínez, varios representantes políticos, como la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de la ciudad, Carmen Alborch, y otros ediles del PSPV, así como la portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís en las Corts, Mónica Oltra.

Alborch fue increpada por varios vecinos. Una de ellas acusó a los socialistas de ser "cobardes" y de "no tener valor" porque, a su entender, "tienen medios" para impedir los derribos, pero no lo hacen.

La portavoz socialista, en declaraciones a los medios de comunicación, aseguró que los vecinos, en su actuación, "están guiados por sus razones de defender el patrimonio de todos" y lamentó que hoy se haya vivido en el barrio "una situación de violencia que todo el mundo hubiéramos querido que no ocurriera".

En opinión de Carmen Alborch, si no estuvieran produciéndose los derribos en El Cabanyal que, según indicó, "son consecuencia de las órdenes de la alcaldesa de Valencia", no existiría "ni el problema, ni sus consecuencias". Así, incidió en que si se paralizaran los derribos "no tendríamos que estar en esta situación de tensión".

Posteriormente, Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) exigió la "dimisión inmediata" del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, por la "brutal carga policial" registrada en el barrio valenciano de El Cabanyal-Canyamelar durante la ejecución de los derribos contemplados en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de esta zona de la ciudad de valenciana, según informó la formación de izquierdas en un comunicado.

Asimismo, indicó que la coordinadora de EUPV, Marga Sanz, ha pedido también a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana que abra "un expediente informativo" para investigar la "durísima carga policial" que "se está produciéndose en El Cabanyal durante ya dos días".

Sanz consideró que Ricardo Peralta "ha perdido el control de la situación" y señaló que tras lo sucedido en El Cabanyal-Canyamelar el pasado martes, también durante la ejecución de derribos, "es incomprensible que haya permitido que hoy vuelva a ocurrir lo mismo".

Marga Sanz aseveró que EUPV estima "que la Delegación del Gobierno debe dar explicaciones inmediatas del por qué de la contundencia policial, responsable directa de las agresiones a políticos, vecinos y periodistas".

Por su lado, el coordinador de EUPV en la ciudad de Valencia, Amadeu Sanchis, que esta mañana participó en la concentración celebrada en este barrio para impedir los derribos previstos, condenó también "la actuación de la Policía Nacional".

Sanchis señaló que este cuerpo de seguridad, "de nuevo, ha agredido a los vecinos, a los ciudadanos allí concentrados y a los periodistas que desarrollaban su trabajo".

"Esta actuación constata de forma definitiva que la Delegación del Gobierno no hace nada efectivo por hacer cumplir la orden ministerial", emitida por el Ministerio de Cultura que considera expolio el PEPRI y ordena su paralización, indicó, según EUPV.

El coordinador de esta formación en la capital valenciana censuró que la Delegación del Gobierno "no sólo no imposibilita el derribo de los inmuebles, a todas luces ilegal, sino que da orden de cargar contra los manifestantes". Indicó que "todavía restan diez días" para que "la Justicia dictamine sobre la legalidad o no de estos derribos en El Cabanyal".

Tras ello, Amadeu Sanchis sostuvo que "es del todo incomprensible que la Delegación de Gobierno hoy no haya empleado los efectivos para impedir" las demoliciones y que, "por el contrario, haya actuado de vanguardia represiva contra los vecinos".

EUPV destacó que "a primeras horas de esta misma mañana", su coordinadora "se ha puesto en contacto telefónico" con la Subdelegación del Gobierno en Valencia para trasladarle "su petición expresa" de que "haga cumplir la ley", así como para solicitarle que "la Policía no emplee la violencia contra los vecinos y manifestantes" que se oponen a las demoliciones.

Finalmente, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, lamentó hoy "la persistencia" de las decisiones de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, "en llevar a cabo derribos en el barrio de El Cabanyal", que consideró que no tienen "ninguna urgencia" ni "ninguna justificación técnica ni objetiva" y manifestó que esa "voluntad contumaz" está generando "una tensión social que bueno sería que terminara porque no está transmitiendo la mejor imagen de esta ciudad".

Para Peralta, los derribos "responden única y exclusivamente a la voluntad contumaz" de la primera edil valenciana "de incumplir la orden del Ministerio de Cultura intentando proteger el barrio de El Cabanyal" y pidió a Berberá "una vez más que suspenda temporalmente esos derribos hasta que los tribunales se pronuncien", según las declaraciones facilitadas por la Delegación del Gobierno.

Peralta indicó que la Delegación del Gobierno "confía en los tribunales y cree tener la razón y la ley de su parte, por eso hemos recurrido a los tribunales".

"Si la alcaldesa de Valencia tuviera las mismas convicciones, debería esperar también al pronunciamiento de los tribunales evitando esa tensión social y esos conflictos que hoy están produciéndose en esta ciudad", manifestó.

El PSPV insta a Olivas a "aclarar" por qué concedió a Matas tres millones y acusa a Camps de "gurtelizar" las cajas

VALENCIA.- La portavoz adjunta del grupo parlamentario socialista en las Corts y responsable de Economía de la dirección del PSPV, Cristina Moreno, instó hoy al presidente de Bancaja --máximo accionista del Banco de Valencia-- y ex presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, a "aclarar inmediatamente" los motivos por los que concedió al ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, tres millones de euros con los que eludió entrar en prisión por el proceso que juzga al ex dirigente del PP por varios delitos, según informó hoy la formación socialista en un comunicado.

Moreno se pronunció en estos términos tras conocer que el Banco de Valencia es la entidad que ha avalado de forma íntegra el préstamo con el que Matas ha eludido el ingreso en la cárcel y que asciende a tres millones de euros.

Al respecto, denunció el "intento" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el PPCV de "'gurtelizar' las cajas de ahorro valencianas para llevar también a las entidades financieras el oscurantismo que caracteriza su gestión".

La diputada criticó que "Camps intervenga ahora en el Banco de Valencia a través de su predecesor al frente de la Generalitat, el mismo que censuró la entrada en los órganos de dirección y control de las cajas de la oposición, para salvar a un ex presidente del PP, implicado en un grave caso de corrupción".

Cristina Moreno lamentó que ayer se engañó "a todos los valencianos y valencianas al no anunciarse que el Banco de Valencia había prestado la totalidad del aval, tres millones de euros".

"La realidad que hoy conocemos es que el Banco de Valencia es la entidad que ha permitido a Matas reunir los tres millones de euros íntegros para la fianza", un hecho que, a su juicio, "requiere de una explicación inmediata".

Moreno criticó que "sea precisamente una caja valenciana, controlada por un ex presidente del PP la que preste el dinero a otro ex alto cargo del PP para que evite la cárcel" y reclamó que "Olivas aclare las dudas sobre la operación y se aleje del oscurantismo que preside todas las actuaciones del PPCV".

En esta línea, consideró "lamentable" que el PP "pretenda también utilizar las cajas en beneficio de los implicados en casos de corrupción de su partido en vez de preocuparse porque las entidades ayuden a los empresarios honrados de la Comunitat Valenciana que tienen problemas de financiación".

Por otra parte, la Comisión de Economía y Hacienda del Senado aprobó anoche por unanimidad el Proyecto de Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, por lo que queda pendiente de aprobación definitiva por parte del Congreso.

La portavoz del PSOE en la comisión, Yolanda Vicente, destacó que la Ley "no puede ser más oportuna" y que incide directamente en el establecimiento de obligaciones cuando existen actividades delictivas contra la Hacienda Pública y delitos de terrorismo tipificados en el código penal.

Además, la futura Ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, en aras a evitar que puedan ser utilizados para el blanqueo de capitales o para la financiación de terrorismo.

Vicente mostró su sorpresa ante el giro de la postura del PP, que se abstuvo en la votación anterior realizada en el Congreso y, sin embargo, aprobó el texto en la Cámara Alta.

Entre otras medidas, la Ley reforzará el control en el caso de cargos públicos, acentuando el papel de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias como órgano responsable de la coordinación de la política de prevención en este ámbito.

El BOE publica la convocatoria para cubrir la plaza de la presidencia del TSJCV

VALENCIA.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó hoy la convocatoria para cubrir la plaza vacante, por expiración del mandato de Juan Luis de la Rúa, de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) tras no alcanzar un acuerdo en la votación anterior. La plaza es de nombramiento discrecional y carácter gubernativo y jurisdiccional.

Respecto a las bases para esta convocatoria, se explica que podrán tomar parte los magistrados en situación administrativa de servicio activo o de servicios especiales que, a la fecha de publicación de este acuerdo en el BOE, hayan prestado 10 años de servicios en la categoría y, al menos, 15 en la carrera judicial.

Las solicitudes se dirigirán al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, y se presentarán en el plazo de 20 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este acuerdo en el BOE, en el Registro General del CGPJ, o en la forma establecida en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las peticiones que se cursen a través de las oficinas de Correos deberán presentarse en sobre abierto para que el funcionario correspondiente pueda estampar la fecha en ellas.

En las solicitudes deberá figurar la manifestación expresa de que el peticionario cumple los requisitos exigidos en la convocatoria. Además, los interesados aportarán junto a su solicitud una relación detallada de los méritos acreditativos de sus conocimientos jurídicos, capacidad e idoneidad para ocupar la plaza anunciada, sin perjuicio de otros que puedan alegar.

Asimismo, a la solicitud se acompañará un programa de actuación descriptivo de las principales iniciativas encaminadas a la mejora del funcionamiento del órgano judicial a cuya presidencia aspiran.

Con el fin de acreditar el mérito y la capacidad, aportarán una memoria de los datos identificativos de las resoluciones jurisdiccionales de especial relevancia jurídica que hayan dictado durante su trayectoria profesional en juzgados o en calidad de ponente en órganos judiciales colegiados, y un resumen de su contenido literal, en especial, de los fundamentos jurídicos que se consideren relevantes.

Para la provisión de la plaza serán objeto de ponderación el tiempo de servicio activo en la carrera judicial, el ejercicio en destinos correspondientes a los órdenes jurisdiccionales civil y penal, el tiempo de servicio en órganos judiciales colegiados y las resoluciones jurisdiccionales de especial relevancia jurídica y significativa calidad técnica dictadas en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Asimismo, se valorarán las aptitudes para la dirección, coordinación y gestión de medios materiales y humanos vinculados a plazas de carácter jurisdiccional y gubernativo, la participación en órganos de gobierno del Poder Judicial, en especial en órganos de gobierno de Tribunales, el conocimiento de la situación de los órganos jurisdiccionales comprendidos en el ámbito territorial de la plaza anunciada y el programa de actuación para el desempeño de la misma.

Como méritos complementarios a los anteriores se tendrán en cuenta el ejercicio de profesiones o actividades jurídicas no jurisdiccionales de análoga relevancia. También se valorará como mérito la especialización en Derecho Civil Especial o Foral Valenciano y el conocimiento del idioma valenciano.

La provisión de la plaza se efectuará por Real Decreto a propuesta del Pleno del CGPJ. El Real Decreto de nombramiento se publicará en el BOE, surtiendo la publicación los efectos de notificación a los interesados aspirantes a la plaza anunciada.

Mercadona se mantiene como la cadena más barata, tras reducir precios un 7,4%

MADRID.- La empresa valenciana Mercadona se mantuvo en el primer trimestre del año como la cadena de distribución con los precios más bajos a nivel estatal, tras abaratar sus productos de alimentación un 7,4% respecto al mismo periodo 2009 y un 2,9% respecto al trimestre anterior, según datos del Observatorio de Precios del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

La cadena que dirige Juan Roig siguió encabezando el ranking de enseñas de ámbito estatal a pesar de que sus primeros seguidores en este listado, Alcampo, Carrefour y Carrefour Express presentaron recortes aún mayores en sus precios, con reducciones del 8,4%, el 9,9% y el 9,5%, respectivamente.

Sabeco, Maxi-Dia, Supersol, Eroski Center, El Árbol, Eroski, Supercor e Hipercor siguen, por este orden, el ranking de cadenas según su oferta de precios, en un listado que cierra El Corte Ingles como la enseña que opera con un mayor nivel de precios, pese a haberlos reducido un 6,1% respecto a los tres primeros meses de 2009.

Con estos datos, todas las cadenas de distribución a nivel estatal abarataron sus precios por encima del 3% respecto al mismo periodo del año anterior, salvo el Él Árbol que los ajustó un 0,6%.

Según el Observatorio, las enseñas redujeron los precios de los productos de alimentación un 6,5% de promedio durante el primer trimestre del año, con "especial importancia" en los productos frescos, especialmente en frutas y hortalizas, con una caída del 15,7%.

Blanco anuncia que el AVE llegará a Castellón en 2014

CASTELLÓN.- El ministro de Fomento, José Blanco, anunció hoy en Castellón que el AVE llegará a la capital de la Plana en el año 2014. Blanco presentó la nueva relación ferroviaria entre Valencia y Castellón y aseguró que "las obras estarán finalizadas en 2014". Según dijo el ministro, esta fecha "se convierte en un compromiso del Gobierno con los ciudadanos y ciudadanas" de esta provincia.

Además, Blanco destacó que, una vez llegue la alta velocidad a Valencia, a finales de este año, los ciudadanos de Castellón también se podrán beneficiar de una reducción de los tiempos de viaje desde Madrid a la capital de La Plana con la instalación de un cambiador de ancho en Valencia. De esta forma, el ministro de Fomento indicó que el viaje pasará de durar de las cuatro horas y cuarenta minutos actuales a menos de tres, en concreto, dos horas y 55 minutos.

Según manifestó durante su intervención, el despegue de la Línea de Alta Velocidad entre Valencia y Castellón "no ha sido sencillo y ha exigido un gran trabajo, fundamentado en la búsqueda de acuerdos y la concertación, que son las bases más sólidas para el impulso de las grandes infraestructuras de transporte".

"Hemos cumplido nuestro compromiso y en tan solo cuatro meses hemos licitado las obras de la totalidad de la línea por un importe de 770 millones de euros", señaló José Blanco, y aseguró que se trata del "mayor volumen de inversión licitada en obra pública que un Gobierno ha destinado a Castellón".

Asimismo, el ministro de Fomento recordó "el impulso económico, los beneficios y la transformación" que va a suponer la llegada del AVE a Castellón. "Una transformación sin precedentes del tejido cultural, productivo e industrial de la provincia", puntualizó, y añadió que "la llegada del AVE a la Comunidad Valenciana y a Castellón va a suponer un hito histórico".

Por su parte, el presidente de Adif, Antonio González Marín, indicó que el AVE "va a situar a Castellón en una posición privilegiada, fomentando el turismo e impulsando el tráfico ferroviario de mercancías".

González Marín explicó que la línea cuenta con sistemas de señalización avanzados, seis kilómetros en viaductos y 25.000 voltios en corriente alterna. Las obras de construcción, que comenzarán en el último trimestre de 2010, supondrán la creación o mantenimiento de más de 20.000 puestos de trabajo en los próximos años.

Al respecto, el secretario general provincial del PSPV y portavoz socialista en la Diputación de Castelló, Francesc Colomer, destacó que se "recordará la fecha de hoy como un día histórico en el que el Gobierno de España confirmó su compromiso de terminar las obras de AVE en el año 2014, con la mayor inversión nunca realizada en tan poco tiempo", ya que "en un solo año, el Ministerio de Fomento habrá licitado obras por valor superior a los 770 millones de euros", lo que supone "más dinero que el destinado por el gobierno de José María Aznar a Castellón en ocho años" y "permitirá generar más de 20.000 puestos de trabajo".

miércoles, 7 de abril de 2010

El PSPV critica la "casualidad" de que una entidad dirigida por un ex presidente del PP "sea el banquero de Matas"

VALENCIA.- La secretaria de Políticas de Trabajo y Economía del PSPV y portavoz adjunta en las Corts Valencianes, Cristina Moreno, denunció hoy que la "confirmación" de que el Banco de Valencia ha autorizado el préstamo para que el ex presidente balear Jaume Matas "pudiera presentar su aval" para pagar la fianza de tres millones de euros que le ha impuesto el juez y criticó en un comunicado la "casualidad" de que una entidad dirigida por un ex presidente del PP --en referencia a José Luis Olivas-- "sea el banquero" de Matas.

El presidente del Banco de Valencia, entidad que está participada por Bancaja, es José Luis Olivas, que ocupó la presidencia de la Generalitat valenciana en 2002, tras suceder en el cargo a Eduardo Zaplana al ser nombrado ministro de Trabajo en el gobierno de José María Aznar.

Olivas ha desempeñado diversos cargos tanto en el PP como en los gobiernos 'populares', tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en el Consell, donde fue conseller de Economía y vicepresidente.

Para Moreno, esto "evidencia que en la Comunitat Valenciana el PP piensa 'gürtelizar' hasta las entidades financieras, hasta las cajas de ahorros" y reiteró que la decisión "evidencia por qué el PPCV quiso dejar a la oposición fuera de los órganos de control de las cajas de ahorro".

En esta línea, señaló que muestra también que "corrupción y PP en la Comunitat empieza a parecer que es lo mismo". Moreno criticó que "con la de bancos que hay en toda España y con la de cajas de ahorros que hay, ha tenido que ser el Banco de Valencia, un banco propiedad de Bancaja, una caja de ahorros valenciana, la única capaz de darle un préstamo al ex presidente Matas".

La secretaria de Economía del PSPV sostuvo que "ese es el rumbo al que nos ha llevado el PP" e incidió en que "cuando los empresarios valencianos, los honrados empresarios valencianos están teniendo serios problemas para conseguir préstamos, para conseguir liquidez por parte de la banca valenciana, los banqueros del PP no tienen ningún problema en facilitarle avales a los acusados de corrupción del PP".

"Esa es la realidad valenciana", dijo, y agregó que el PSPV quiere advertir al conjunto de los valencianos de que "vigilarán" estas actuaciones y también anunció que se "opondrán" con "todas" sus "fuerzas a este tipo de actos".

Alborch dice que Barberá debe "dar explicaciones convincentes" sobre que su nombre se vea "vinculado a la trama"

VALENCIA.- La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, señaló hoy que la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá, debe "dar explicaciones convincentes" sobre el hecho de que su nombre se vea "vinculado a la trama Gürtel", después de que ayer se levantara el secreto de sumario de este caso y "de acuerdo con las informaciones aparecidas hoy en medios de comunicación", precisó el PSPV.

"El nombre de la alcaldesa de Valencia aparece vinculado a la trama Gürtel, según los medios de comunicación, al menos en un documento, como receptora de regalos" y "también en una conversación telefónica en la que el Bigotes comunica que tiene una operación muy gorda con la alcaldesa, que lleva en secreto y que afecta al puerto de Valencia", comentó Alborch.

La responsable socialista estimó que "como en otras ocasiones, la alcaldesa tiene que dar explicaciones convincentes" al respecto.

Recordó que el PSPV ha planteado en el consistorio cuestiones referidas a este caso y que en el pleno preguntó "por más de doscientas empresas que podían tener alguna relación" con la trama.

"Todo eso son interrogantes", dijo Carmen Alborch, que apuntó que "después de haberse levantado el secreto del sumario esos interrogantes no han quedado contestados" y que "la inquietud no se ha despejado".

Preguntada por si el grupo municipal socialista tiene previsto presentar en el Ayuntamiento alguna iniciativa para solicitar que esas cuestiones se respondan, la portavoz del PSPV respondió que "algo haremos, pero siempre para la tranquilidad de todo el mundo".

"Cuando hablamos del tema de los regalos" --como "en aquella pregunta que yo misma le hice en el pleno (a la alcaldesa)", dijo--, "queremos dar oportunidades para que se clarifiquen las posiciones y las posibles vinculaciones", manifestó Alborch. A ello agregó que los socialistas quieren "que las instituciones funcionen con toda regularidad".

Por otro lado, la portavoz del PSPV consideró que "como coordinadora del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV)", Rita Barberá también debería ofrecer alguna explicación sobre "la presunta financiación irregular de este partido apuntada en varias informaciones", indicó el PSPV.

Peralta envía un requerimiento al Ayuntamiento para cumpla la orden del Ministerio y no ejecute el PEPRI de El Cabanyal

VALENCIA.- El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ricardo Peralta, anunció hoy que ha dirigido un requerimiento al Ayuntamiento de Valencia para que "dé cumplimiento a la orden del Ministerio de Cultura", que recordó que en su día fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y notificada al consistorio, y en el que se le requiere para que se abstenga "de llevar a cabo la ejecución del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) en el barrio de El Cabanyal".

"Sin perjuicio del recurso que ayer presentó la Delegación del Gobierno ante los tribunales pidiendo que, con carácter cauteladísimo, suspendiera la ejecución de derribos en el barrio de El Cabanyal, en el día de hoy esta Delegación de Gobierno ha dirigido un requerimiento al Ayuntamiento de Valencia" para pedirle que se abstenga de ejecutar el PEPRI, según unas declaraciones facilitadas por la Delegación.

"Creo que ese cumplimiento de la legalidad es la primera obligación que debemos tener las administraciones, todas las administraciones y, en concreto, el Ayuntamiento de Valencia como se indica expresamente en la orden del Ministerio de Cultura", manifestó.

Peralta sostuvo que "haría bien, por tanto, el Ayuntamiento de Valencia en dar cumplimiento a esa orden y, aunque fuera sólo con carácter temporal, no llevar a cabo ningún derribo hasta que no haya pronunciamiento judicial instado por esta Delegación de Gobierno". Para el delegado del Gobierno, ésta sería "una posición responsable, razonable y de cumplimiento de la legalidad".

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, criticó hoy la actitud de la administración central respecto a El Cabanyal, ordenando a través del Ministerio de Cultura la paralización del PEPRI por considerar que supone expolio, sin respetar las competencias de la Comunitat, precisó.

Dijo que el Gobierno "se ha excedido más allá de sus límites" en este sentido, dado que "no tiene nada que decir en la zona no BIC" de este barrio. Barberá destacó que esta norma "tiene mayor rango que la orden ministerial" para paralizarlo.

Y citó las "doce" sentencias que la respaldan, procedentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y del Tribunal Supremo, y "dos de ayer", dijo. Recordó que estas últimas son las emitidas para rechazar la petición hecha por Salvem El Cabanyal y la Delegación del Gobierno de paralizar "cautelarísimamente" los derribos.

Barberá, que sostuvo que de este modo "se reconoció la legalidad" de estos trabajos, indicó también que las demoliciones cuentan con el visto bueno del pleno del Ayuntamiento de Valencia. Aludió, en este sentido, al acuerdo plenario, aprobado por el PP y el PSPV, para no hacer derribos en la zona declarada BIC, "en tanto en cuento los tribunales de justicia se pronuncien" al respecto.

Explicó que este acuerdo contemplaba la posibilidad de acometer derribos en el ámbito no BIC y afectado por la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar, contemplada en el PEPRI. La alcaldesa señaló que no entiende, "por tanto", la posición de los socialistas, de "votar una cosa" y manifestar otra ayer, al oponerse a las demoliciones.

Alarte pide a Rajoy que nombre a otro presidente de la Generalitat

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, exigió hoy al presidente del PP, Mariano Rajoy, que nombre a un nuevo presidente de la Generalitat Valenciana de entre los diputado "honrados" del PP en las Corts, "que no haya participado ni tenga vínculos" con la trama 'Gürtel'. Su única decisión será "disolver las Corts" y "convocar elecciones", apuntó.

Alarte, que se expresó de esta manera en rueda de prensa convocada para valorar las informaciones del sumario del caso 'Gürtel', señaló que el PPCV "ha quedado inhabilitado" para ejercer el Gobierno en la Comunitat Valenciana y también "la oposición".

Por ello, opinó que Rajoy "no puede guardar silencio" y "debe de decir cómo va a intervenir en el PPCV" ya que "se juega su credibilidad" apostilló.

El responsable socialista advirtió de que el futuro de la democracia valenciana "no puede estar hipotecado para los próximos años en función de lo que les pase a Francisco Correa y a Álvaro Pérez", imputados por el 'caso Gürtel'.

Al respecto, aseguró que el Consell "sólo está pendiente" de estas dos personas y que el conocimiento del sumario "indica que este asunto durará tiempo" y no se puede estar "sin gobierno". En esta línea agregó que el futuro de la Comunitat y la salida de la crisis "no puede estar al pairo de Francisco Correa".

"Es evidente" que el PP, la Generalitat y el presidente del Consell, Francisco Camps, "habían instalado en la Comunitat una manera de funcionar, un modelo de hacer política y de organizar las instituciones basado en la confusión entre lo público y lo privado, en irregularidades" y, en algunos casos en la "corrupción".

En este sentido, afirmó que "'Gürtel' es la forma de hacer política del PPCV", ya que afecta, dijo, al presidente de la Diputación de Castellón, ocho consellers, toda la cúpula del PPCV, RTVV, la presidenta de las Corts, dirigentes locales y diputados autonómicos.

A su juicio, los datos proporcionados por el sumario es la "evidencia de la instalación permanente y del funcionamiento de la peor trama de corrupción y más generalizada de la democracia española" que se ha "concentrado en las instituciones valencianas", agregó.

Por ello, señaló la necesidad de que el PP "viva una profunda catarsis en su seno y que los ciudadanos resuelvan en las urnas esta gravísima crisis" política e institucional.

Alarte hizo un llamamiento a los "honrados" dirigentes del PP en la Comunitat, porque "sin duda también los debe de haber", a que se unan a esta exigencia de "catarsis" y de "regeneración democrática".

El dirigente socialista criticó que el presidente Camps, el Consell y el PPCV "no encuentran freno en su salvación personal y están dispuestos a poner en juego toda la credibilidad de la Comunitat" y eso "no vamos a consentirlo" dijo Alarte. Al respecto, afirmó que los socialistas van a continuar en su línea de "contundencia y de firmeza".

Por otro lado, Alarte rechazó ofrecer --tras las preguntas de los periodistas-- más datos sobre cómo se obtuvo el informe policial sobre la visita del Papa que el portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, exhibió en el hemiciclo.

El secretario general del PSPV consideró también que los 'populares' hacen el "ridículo" al señalar que no hay novedades en el sumario. Alarte, al respecto, afirmó que en el PP "todos han cooperado directa o indirectamente" y han tenido "negocios o relaciones" con los miembros de la trama.

En este sentido, afirmó que le da "vergüenza" la lectura de algunos mensajes de texto de dirigentes del PP y que representan a los valencianos mostrando "solidaridad" con los "principales líderes de la trama de corrupción" que han propiciado la "evasión" de fondos públicos. "Que se vayan todos y busquen siete u ocho diputados honrados" para que formen Gobierno, recalcó.

A Rajoy le estalla la corrupción en la cara / Joaquín Vila

Nadie se cree, por mucho que se empeñe “El país”, que el caso Gürtel sea “la más extensa trama de corrupción de la democracia vinculada a una formación política”. El PSOE, desde Felipe González hasta hoy, es difícil de superar en cuanto a la corrupción política y económica. Sólo tres ejemplos para recordar, de las decenas que se han producido durante los Gobiernos socialistas.

Nada menos que la Guardia Civil se convirtió en el centro de operaciones para que su director general, el socialista Roldán se llenara los bolsillos de dinero y la nariz de cocaína. Y nada menos que desde el Banco de España, su presidente, el también socialista Mariano Rubio se embolsara, él y algunos de sus amiguetes, un buen puñado de millones de las arcas del Estado. Y, sin duda, el caso Filesa ha sido y será el paradigma de la financiación ilegal de un partido. El PSOE, históricamente, navega mejor que nadie por las cloacas de la corrupción.

Pero el PP tiene por delante dos casos que van a desestabilizar, y con razón, el partido de arriba abajo. El caso Gürtel, cuyo sumario se hace público este lunes y el escándalo de Jaume Matas y familia.

Agradable, simpático, afable, Jaume Matas parecía un pasiego bonachón que estaba en la política de paso. Como para hacer un favor. Fue ministro de Medio Ambiente y poco se supo de su gestión, pero como presidente de la Comunidad Balear se convirtió en uno de los dirigentes más populares y relevantes del PP. Y nadie podía imaginarse que aprovechara esos pocos años de poder político para acumular kilos y kilos de billetes, de joyas y de ropa y objetos de lujo en el aristocrático palacete que compró, nadie sabe cómo, en pleno barrio gótico de Palma de Mallorca. Con la cara de bueno que tiene, o que tenía. El PP tiene que asumir que ha caído uno de sus pesos pesados, por mucho que se hubiera exiliado hace unos años en Estados Unidos. Rajoy, que le defendió hasta el último día, tiene que dar la cara.

Y el caso Gürtel, que no ha hecho más que empezar, amenaza con salpicar a algunos de los dirigentes del partido. Rajoy ya debería saber que el objetivo final del PSOE, con “El país” como punta de lanza, es llegar hasta sus propias barbas. El tesorero Bárcenas, el blanqueo de dinero, las fiestecillas organizadas en Madrid, Valencia y Galicia por Correa y algunos otros van a acaparar la atención de la opinión pública los próximos días, semanas y meses. Muchos dirigentes del partido serán condenados con todas las de la ley por enriquecerse con prácticas mafiosas, por aprovecharse del dinero público para llenarse los bolsillos. Y Rajoy, que hasta ahora no ha querido pringarse, que ha mirado hacia otro lado, tiene que dar la cara.

Ya se le ha acabo el tiempo y se supone que las vacaciones a Mariano Rajoy. El PSOE, desesperado por las encuestas y por los tropezones con la crisis prepara su artillería para disparar sin piedad a lo más alto del PP. A Mariano Rajoy le ha estallado la corrupción en plena cara. Y desde Esperanza Aguirre hasta el último militante esperan que el líder del partido sepa coger por los cuernos al toro más bravo que le ha salido hasta hoy al ruedo. Zapatero quiere seguir en el poder y Pepiño Blanco no perdona.

Hacia un congreso extraordinario del PP / Luis María Anson

“Si pones en mi boca lo que te acabo de decir negaré haberlo dicho”. Esta frase me la repitieron ayer al menos seis destacados dirigentes del PP. ¿Y qué es lo que circula por las alturas del partido, atribulado hasta el límite por las evidencias de la trama Gürtel? Pues el asunto es bien sencillo. Las gentes más responsables del PP consideran conveniente que se convoque un Congreso extraordinario para el próximo mes de octubre tras las elecciones catalanas.

Se trata de que las bases y los representantes del partido decidan si Mariano Rajoy debe seguir o si conviene barrer toda la suciedad del asunto Gürtel y presentarse a las elecciones generales con un equipo renovado. A Mariano Rajoy le ha faltado la capacidad de reacción para extirpar a tiempo el tumor. Ahora es tarde. Debe hacerlo. Pero es tarde.

Ciertamente, hasta Rajoy puede ganarle las elecciones a Zapatero, sumido como está el presidente en el descrédito de su ineficacia, sus ocurrencias y sus despropósitos. Pero hay varios dirigentes del PP que se batirían con el líder socialista con más probabilidades de éxito que Rajoy.

No es que yo crea que se va a convocar un Congreso extraordinario. En Génova se funciona como si de un ministerio se tratara. Es el poder de la oposición y los que lo disfrutan están enrocados. Sólo si se demostrara que se ha producido financiación irregular del partido podrían removerse las aguas mansas de Génova. Y, por el momento, eso no es más que el deseo del Partido Socialista.

Así 'lavaba' el dinero la trama de Correa

MADRID.- La organización criminal que dirigía Francisco Correa diseñó una compleja estructura para sacar de España el dinero negro que manejaban los miembros de la trama a través de sociedades en territorios «offshore» (paraísos fiscales) como Antillas Holandesas o las Islas del Canal, revela 'Abc'.

Según apunta el sumario del «caso Gürtel», que las partes han conocido hoy tras el levantamiento del secreto, para sacar los fondos de nuestro país utilizaban los servicios de distintas personas encargadas de recibir el dinero y hacerlas llegar a dichos paraísos fiscales.

Una vez blanqueado, el dinero se reintroducía en España, donde se destinaba a inversiones en bienes muebles e inmuebles. Pero no todo regresaba a nuestro país. Una parte se mantenía en «líquido» en cuentas bancarias de Miami, Ginebra, Londres, Amsterdam, Antillas Holandesas, Islas del Canal y Mónaco, para que los miembros de la organización pudieran llevar un alto tren de vida.

El documento cita hasta 11 sociedades ubicadas en el exterior, algunas de ellas inactivas: Willow Investiments SA, Grosvenor Administration LTD, Grosvenor Secretaries LTD, Windrate LTD, Bladex Finance, Olinda Investment, Bellavita Holding BV (todas ellas ubicadas en Londres), Rustfield Trading Limited (Isla de Man), Pacsa Limited (Isla Nevis), Clandon BV y Lubag NV (ubicadas en Holanda).

El hombre de Francisco Correa en Suiza era Arturo Giancarlo Fasana, del despacho de Abogados Canónica en Ginebra (Suiza), quien tenía capacidad de disposición sobre fondos de la organización depositados en este país, mientras que en Miami (EE. UU) operaba Guillermo M. , que dirigía los movimientos en países sudamericanos y se coordinaba con Randy L. , del despacho de la misma firma en Nueva York.

El colaborador de Correa en Colombia era Román Villaescusa, socio del ex presidente de la Fundación Baleares Sostenible Pau collado, que participa en la estrategia de ocultación de fondos mediante actividades de reserva de hoteles y restaurantes para el resto de integrantes de la organización. En Colombia la trama se sustenta en el despacho de abogados de Gabriel Giraldo, mientras que en Panamá la colaboración le llega a Correa a través el empresario del sector inmobiliario Chema Porras, quien recibe fondos procedentes de Miami.

Tanto en Colombia y en Panamá como en Estados Unidos las sociedades de la trama están aún pendientes de concretar, según la investigación, aunque sí se detalla que "a través de ellas se realizan operaciones inmobiliarias y financieras". Lo que allí planeaba Correa, según el mismo documento, era invertir como socio tecnológico en sociedades como Energing, dedicada al sector energético.

En Reino Unido la trama "Gürtel" cuenta con la sociedad Rustfiel LTD, vinculada al paraíso fiscal de la Isla de Man, mientras que en Holanda funciona Bellavita BT; Clandon BV y LUBAG, remisoras de fondos a las sociedades patrimoniales en España y vinculadas al paraíso fiscal de las Antillas Holandesas.

En todos estos casos, las líneas de la investigación van encaminadas a acreditar la forma de captación de negocios (adjudicaciones directas o concertadas de contratos públicos por parte de los responsables políticos) y a descubrir patrimonio oculto gestionado por testaferros o sociedades.

En este documento se cita expresamente al empresario y ex socio de Alejandro Agag, Jacobo Gordón, al ex vicepresidente de Repsol YPF José Ramón Blanco Balín y al abogado Luis de Miguel Pérez como diseñadores de la estructura de blanqueo de la trama en el exterior.

Testimonios de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía incluidos en el sumario confirman la implicación en la trama del ex tesorero del PP Luis Bárcenas. «Las declaraciones de todos y viendo que esta persona no es ajena a Francisco Correa [cabecilla de la supuesta red corrupta]» lleva a «pensar que no hay otra opción, que las siglas LB corresponden a la persona de Luis Bárcenas», asegura uno de los agentes que elaboró un informe sobre blanqueo de capitales en el tomo primero de las diligencias. La Fiscalía atribuye al ex tesorero del PP el cobro de 1,3 millones de euros en sobornos.

En este sentido, un informe de la Agencia Tributaria incluido en el sumario apunta indicios de la participación de algunos cargos del PP, como el ex eurodiputado Gerardo Galeote o el ex tesorero del partido Luis Bárcenas, en las estructuras con las que la red ocultaba fondos en paraísos fiscales. Este informe, fechado el 30 de julio de 2009, analiza la contabilidad opaca de la trama de corrupción y dice que Bárcenas "podría haber utilizado" para ello a la empresa RUSTFIELD TRADING LIMITED y que Galeote "se benefició" de la estructura de AWBERRY LICENSE.

"Se han encontrado indicios de utilización por parte de algunas de estas personas de la estructura de ocultamiento de los bienes de Francisco Correa", señala el informe realizado a partir de los documentos intervenidos en el domicilio del imputado José Luis Izquierdo, hombre de confianza de Correa, que controlaba el dinero de la "caja B" de la trama.

Según la Agencia Tributaria, "algunas de las personas con responsabilidades políticas en la Comunidad de Madrid podrían haber utilizado también estructuras off-shore", entre ellos el ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, que figuraba en un apunte de la "caja B" del 22 de mayo de 2007 como beneficiario de un reparto para su envío a América.

El informe, incluido en el tomo 24 de la parte del sumario sobre la que se ha levantado el secreto, apunta la posibilidad de que el destino de ese envío pudiera ser Miami, donde el cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa, invertía parte de su beneficio. También señala que el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega "pudiera ser" otra de las personas que participa en las estructuras de ocultamiento "off-shore".

Respecto de Bárcenas, el informe especifica que a partir de 2004 el ex tesorero del PP parece "desvincularse claramente" de la red, aunque todavía el 5 de junio de 2007 recibió una entrega de 72.000 euros anotada en esa "caja B", que el conglomerado empresarial de la organización tenía en Madrid. Además explica que la documentación incautada ha confirmado la existencia de una "tesorería oculta" que gozaba de un gran "secretismo" y que, probablemente, sólo era conocida por Correa, el ex secretario de organización del PP gallego y número dos de la red, Pablo Crespo, y José Luis Izquierdo.

En la investigación se ha apreciado que la trama fue aumentando paulatinamente la ocultación de las identidades de las personas que recibían pagos de esa "caja B" y que, mientras hasta 1998 se identifica con nombres y apellidos a quienes reciben ingresos, después de esa fecha comienzan a utilizar iniciales. Además, al principio las participaciones o acciones en empresas estaban en poder de personas físicas concretas con residencia fiscal en España, aunque a partir de 1999 se produce su transferencia "off-shore" y pasan a estar bajo la titularidad última de sociedades en paraísos fiscales.

Se trata de sociedades, según el informe, domiciliadas en la isla caribeña de Nevis, que encubren la titularidad real de las empresas españolas participadas por Correa. El informe ha constatado que los "donantes" conocidos de Correa fueron personas vinculadas a empresas como Fomento Construcciones y Contratas S.A, Tecnología de la Construcción, Constructora Hispánica o SUFI, entre otras, que han sido adjudicatarias de importantes contratos de obras y prestaciones de servicios con entidades públicas de las comunidades de Madrid y Castilla y León.

La investigación de la Agencia Tributaria también concluye que existía un "grado elevado" de colaboración entre los beneficiarios de los repartos y una distribución paritaria del dinero entre cuatro o cinco personas, y cita entre ellas a Correa, el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepulveda, Gerardo Galeote, el diputado del PP Jesús Merino y Luis Bárcenas.

Bárcenas, Galeote, Merino y Sepulveda podrían haber tenido también el papel de "intermediarios principales" de la organización de Correa, durante los años 2002 y 2003, según la Agencia Tributaria.

martes, 6 de abril de 2010

Orange Market ingresó en 2008 casi cuatro millones de euros que no declaró a Hacienda

MADRID.- La empresa Orange Market, relacionada con la trama Gürtel, ingresó en el año 2008 casi cuatro millones de euros que no declaró a la Agencia Tributaria, según un informe incluido en la parte del sumario del caso levantada hoy.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, solicitó en mayo de 2009 a la Agencia Tributaria las operaciones con terceros de un total de doce empresas relacionadas con la trama.

Entre ellas se encuentra Orange Market, que según la documentación de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude ingresó a lo largo de 2008 alrededor de 3.900.000 euros que sin embargo no declaró. Estos ingresos están relacionados con servicios prestados a empresas relacionadas con la construcción o la organización de eventos.

Orange Market también ingresó de la Generalitat Valenciana 45.600 euros. Sin embargo, los dos pagos de mayor cuantía sin declarar superan el millón de euros y proceden de la Feria Muestrario Internacional de Valencia y de la Agencia Valenciana del Turisme.

Según la documentación incluida en el sumario, Orange Market tampoco declaró ninguno de los pagos que realizó durante 2008 y que superaron los cuatro millones de euros. Estos pagos se realizaron a empresas relacionadas con la publicidad, el diseño o mobiliario, aunque también aparece el Palau de les Arts de la Comunidad Valenciana.

En cuanto a la empresa Special Events, también relacionada con la trama, la Agencia Tributaria señala que en 2008 únicamente realizó un pago de 6.726,15 euros a Mavilsa Automóviles S.A. que no declaró.

El magistrado reclamó en concreto información sobre las actividades de las empresas Forever Travel Group, Boomerangdrive, Rialgreen y Down Town Consulting desde 1998 y del año 2008 de las sociedades Easy Concept Comunicación, Good&Better, Servimadrid, Diseño Asimetrico, Special Events, Technology Consulting Management, Pasadena Viajes y Orange Market.

Iniciativa dice que el levantamiento del sumario "confirma que el PP se ha financiado ilegalmente"

VALENCIA.- La diputada de Compromís en las Corts Valencianes y miembro de Iniciativa, Mònica Oltra, consideró hoy que el levantamiento del secreto del sumario del caso Gürtel, realizado hoy, "confirma de forma contundente la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad Valenciana (PPCV)".

Oltra, que se pronunció de este modo en un comunicado, manifestó que "el trabajo judicial y policial que viene recogido en el sumario demuestra que el tema de los trajes y de los otras regalos se extiende por toda la cúpula del PP y el Consell".

Asimismo, estimó que esto "sólo es la punta del iceberg del verdadero problema de corrupción política del caso Gürtel, que ha supuesto la financiación irregular del partido que dirige Francisco Camps", presidente de la Generalitat y del PPCV.

"A nadie escapa que es mucho más fácil ganar elecciones financiando campañas de manera ilegal que siendo honrado y cumpliendo la legalidad", sostuvo Mònica Oltra. Agregó que "las sospechas sobre la pulcritud de las elecciones que ha ganado el Partido Popular en los últimos años son evidentes por el dinero extra de constructoras que obtuvieron los 'populares' gracias a la trama que encabezaba Francisco Correa".

La representante de Compromís y de Iniciativa comentó que "además de responder judicialmente, Camps ha de asumir las responsabilidades políticas de la trama de corrupción, en la que él y su partido están implicados", dijo.

"Camps ha mentido en el Parlamento valenciano en las pocas ocasiones en que se ha referido a este caso de corrupción. Los valencianos y valencianas no nos podemos permitir tener un presidente corrupto y mentiroso al frente de la Generalitat", manifestó la diputada.

Oltra apuntó que si el levantamiento parcial de este sumario "acabó con Ricardo Costa" ex secretario general del PPCV y diputado 'popular' en las Corts Valencianes, el levantamiento "que restaba debe suponer el fin de la carrera política de Francisco Camps".

Un informe policial cita a cinco empresarios con contratos en la administración como financiadores del PPCV

VALENCIA.- El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que se incluye en el sumario del 'caso Gürtel', cuyo contenido el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hizo público hoy, cita a cinco empresarios con contratos en la Administración Pública como financiadores de parte de los actos del PPCV. Para ellos se trataba de donaciones finalistas de dinero que no ingresaban en la cuenta corriente del partido.

El documento explica que estos empresarios tenían contratos vigentes, prestaban servicios y realizaban obras para las Administraciones Públicas obtenidas "como contraprestación a los favores realizados para la formación política, concretados en el pago de actos políticos", según se especifica.

Además, recoge que el propio PP en la persona de Ricardo Costa, ex secretario general, actuaba "como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero como se desprende de las conversaciones telefónicas", una forma de actuar que "da opacidad a la verdadera naturaleza de la operación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política".

Los empresarios citados en el informe son Enrique Tomás Ortiz, administrador único de la empresa Enrique Ortiz e Hijos. Contratista de Obras S.A.; Enrique Gimeno, presidente de la Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense S.A.; Vicente Cotino, presidente del Grupo Inmobiliario Sedesa; Luis Batalla, presidente y accionista mayoritario de Lubasa; y Antonio Pons, presidente de la mercantil PIAF S.L.

Respecto a las empresas en las que participa Enrique Tomás Ortiz, el informe recoge que han resultado adjudicatarias de numerosos contratos públicos en la Comunitat, principalmente en la zona de Alicante, por un importe total de 202.249.738 euros. En cuanto a las entidades en las que participa Enrique Gimeno, que fundamentalmente consiguieron contratos en la zona de Castellón, el total ascendería a 13.876.087 euros.

Por lo que respecta a Vicente Cotino, el documento recuerda que tiene vínculos familiares con personas con cargos públicos, dentro de la Generalitat, como es el caso de su tío Juan Cotino, vicepresidente tercero de las Corts y en esa fecha conseller de Bienestar Social.

Por otro lado, indica que Vicente Cotino entró en negociaciones con Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Pablo Collado al objeto de efectuar la compra de la mercantil Easy Concept S.L., algo en lo que también participaba Pedro García, entonces director de Canal 9, ya que éste había manifestado su interés en colaborar en este proyecto. En total, las empresas del grupo Sedesa recibieron contratos por 539.016.098 euros.

Respecto a Luis Batalla, el documento recoge las empresas que componen el grupo Lubasa contrataron obras por un importe global de 77.337.451 euros; mientras que el grupo PIAF, de Antonio Pons, resultó adjudicatario de diversos contratos públicos.

El informe concluye que "existe un sistema de doble facturación y de financiación irregular" de los actos realizados para el PP por el conjunto de empresas dedicadas a la organización de eventos de Francisco Correa y que dicho sistema "tenía una persistencia en el tiempo, suponiendo una actuación sistemática en las relaciones que mantenía la organización con la formación política".

En concreto, precisa que "no existe transparencia en las actividades económicas desarrolladas por Orange Market en relación a la facturación al Partido Popular de la Comunitat Vaenciana", ya que "existe un doble sistema de contabilización de los actos derivado de una facturación dual", una real plasmada en una factura formal --bajo la denominación de Alicante-- y otra "sin factura y por tanto sin que exista un reflejo contable de su emisión --denominada Barcelona--".

Así, "por un lado, se contabiliza de forma formal la parte del acto del que se emite factura, y por otro, se contabiliza en paralelo de forma interna la parte del acto del que no se emite factura", de modo que "una parte por tanto es fiscalizable porque está reflejada en los libros de contabilidad y otra parte es opaca al integrarse en los fondos ajenos al circuito económico de los que dispone la organización".

En cuanto a la financiación, constata que una parte de los cobros por adelantado que reducen la deuda viva "entra en dinero procedente de los circuitos económicos y reduce por tanto la deuda A --Alicante-- y otra parte son fondos que no están en el sistema económico y por tanto reducen la deuda B --Barcelona--".

Dentro de la deuda A, figuran por un lado las cantidades relativas a actos realizados para la Comunitat derivados de concursos públicos --como las ferias de turismo--, que son liquidadas mediante la entrada de los fondos públicos, y por otro, actos organizados para el PP mediante la emisión de facturas, en las que detecta tanto cambios en la base imponible como en el nombre de los clientes. Así, por ejemplo, sustituye PPCV por Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, S.A.

Respecto a la deuda B, destaca que "existe una financiación de actos del Partido Popular por parte de empresarios, siendo para éste donaciones finalistas de dinero que no ingresan en cuenta corriente del partido" mientras "dicha empresa tiene contratos vigentes, presta servicios y realiza obras para las Administraciones públicas".

Es más, puntualiza que en alguna de las facturas que sufrieron una transformación del cliente --como una que pasa del PPCV al grupo empresarial PIAF-- "por una parte se engrosa el valor de realización del acto y por otra se cambia al cliente pasando de ser el partido a una empresa privada".

El informe recoge que esa deuda B se reduce mediante facturas emitidas por el PP, de las que se descuenta únicamente la base imponible; con aportaciones directas de empresarios de la Comunitat Valenciana; y con entregas de dinero directas anotadas como procedentes del PPCV sin que tengan contrapartida en facturas emitidas por Orange Market.

EUPV exige al PP la dimisión de todos los cargos públicos que aparecen en el sumario del caso Gürtel

VALENCIA.- Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) exigió hoy al PP la dimisión de todos los cargos públicos que aparecen en el sumario del caso Gürtel, que se hizo público hoy, según informó la formación de izquierdas en un comunicado.

La coordinadora de EUPV y diputada autonómica en las Corts Valencianes, Marga Sanz, consideró que "las evidencias de financiación irregular del PP valenciano" colocan al presidente de la Generalitat y del PPCV, Francisco Camps, "fuera ya de la política valenciana y delante de los tribunales".

EUPV señaló que "no se entiende el empecinamiento del PP" y de su presidente, "Mariano Rajoy, desde hace meses" en la Comunitat Valenciana, "aguantando a un presidente de la Generalitat que está salpicado de sospechas de corrupción por todos los rincones".

Esta formación estimó que "las implicaciones de Camps en la trama Gürtel" y "las peligrosas relaciones de éste y de otros miembros de su gobierno y partido con las empresas vinculadas a la trama, han quedado de nuevo en evidencia con la apertura del sumario".

Tras ello, Marga Sanz señaló que no puede "más que confirmar que el PP se burla de la ciudadanía, permitiendo que nombres como el del propio Camps", el de los vicepresidentes del Consell, Vicente Rambla y Juan Cotino, dijo, y "ahora" el del conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, y el de la ex consellera de Turisme y presidenta de las Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, señaló, "sigan en sus cargos como si nada".

La responsable de EUPV estimó también "muy sospechoso" que "siempre estén las mismas empresas vinculadas al PP --"como es el caso de Sedesa, propiedad de la familia Cotino", apuntó-- y relacionadas ahora con una trama de financiación irregular".

"Esperamos que Cotino dé alguna explicación al respeto, antes desde luego de dejar su cargo", manifestó.

Sanz afirmó que si Mariano Rajoy "no mueve ficha y aparta de la vida pública a todos y cada uno de los nombres que aparecen en el sumario del caso Gürtel", EUPV entenderá que "es cómplice de sus comportamientos" y que "los aplaude.

"Esperamos que no actúe como con Jaume Matas --ex presidente de Baleares--, negando hasta el final y después ofreciendo la callada por respuesta", sostuvo la coordinadora de EUPV.

La coordinadora de EUPV interpone una denuncia por lesiones sufridas durante el desalojo en El Cabanyal

VALENCIA.- La coordinadora de EUPV y diputada autonómica, Marga Sanz, ha interpuesto una denuncia por las lesiones provocadas supuestamente por agentes de la Policía Local durante el desalojo llevado a cabo hoy con motivo del inicio de los derribos de varios inmuebles del barrio valenciano del Cabanyal, informó hoy la formación en un comunicado.

La responsable de Esquerra Unida acudió este mediodía al Hospital Clínico de Valencia para ser atendida por una agresión "causada por los agentes de la Policía Local que la han arrastrado para desalojarla de la puerta de la vivienda que finalmente ha sido derribada en el barrio del Cabanyal". Sanz, que ha recibido el parte de lesiones y ha interpuesto una denuncia por agresión, señaló que la actuación policial "ha sido absolutamente desmesurada".

"Esta mañana hemos vivido un capítulo grotesco en el Cabanyal: policías cargando con toda su fuerza contra vecinos y ciudadanos que libremente ejercíamos nuestro derecho a expresarnos. Tanto la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como el delegado del gobierno, Ricardo Peralta, tendrán que explicarnos esta carga policial por partida doble".

Según este partido, Sanz "no ha sido la única miembro de EUPV desalojada de la puerta de la vivienda a la calle Vidal de Canelles". "Junto a ella también han sido llevados a rastras por los agentes de la Policía Municipal, el diputado autonómico Lluís Torró y el coordinador de EUPV en Valencia, Amadeu Sanchis". Posteriormente "otros miembros de EUPV también han sido agredidos, en este caso por parte de la Policía Nacional, y han tenido que acudir a Urgencias", relataron desde EUPV.

La coordinadora de la formación calificó la actuación de los dos cuerpos de policía de "sumamente agresiva y violenta".

"Ha sido grotesco y triste ver que estas cosas pasan en una sociedad democrática y en pleno siglo XXI, que tengan los ciudadanos que recibir las porras de los agentes por el simple hecho de manifestarnos. Todo nos recuerda tanto a otros tiempos. Barberà y Peralta habrán de dar explicaciones", insistió.

Sanz además lamentó la "doble cara" de la Delegación de Gobierno, "quien por un lado presenta recursos por paralizar los derribos pero por otro permite que se realicen, dando la espalda y cargando contra los vecinos y manifestantes de esta mañana", criticó.

El Ayuntamiento derriba cinco inmuebles en El Cabanyal

VALENCIA.- El Ayuntamiento de Valencia ha derribado cinco inmuebles ubicados en el barrio valenciano de El Cabanyal, entre las calles San Pedro y Vidal de Cañelles, en una jornada de gran tensión entre vecinos, políticos y policías. Caceroladas y frases como 'Viva El Cabanyal' o 'Es ilegal la actuación policial' no dejaron de escucharse a lo largo del día.

Los derribos, --llevados a cabo hoy tras entrar en vigor la Ley de Medidas de Protección y Rehabilitación del Conjunto Histórico de la ciudad de Valencia, aprobada en las Corts el pasado 24 de marzo, que declara expresamente que el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI) del barrio no perjudica, daña o deteriora la protección del conjunto histórico--, comenzaron sobre las 7.45 horas con un gran despliegue policial, cerca de 50 agentes de la Policía Local y Nacional.

El primer inmueble en derribarse estaba ubicado en la calle San Pedro, número 29, y el segundo en la calle Luis Despuig, número 26. Ambos se encontraban en el mismo edificio pero disponían de dos fachadas diferentes, cada una de ellas con salida a una calle distinta.

Con estos primeros derribos se fueron agolpando en la zona decenas de vecinos y miembros de la plataforma de Salvem el Cabanyal, quienes reclamaban que se paralizase la actuación. En concreto, la portavoz de la entidad, Maribel Domenech, la calificó de "abuso" y de "muestra de seguir destruyendo el barrio, el conjunto histórico".

Posteriormente, las grúas se desplazaron hasta la calle Vidal de Cañelles, donde estaba previsto derruir el inmueble número 15. Ante la gran cantidad de vecinos y medios de comunicación, los agentes acordonaron la calle desde los dos extremos y negaron el acceso --incluidos los mismos vecinos residentes en esta vía-- salvo a los que ya estaban allí y a las autoridades.

Ante estas restricciones, los vecinos elevaron sus gritos y sacaron cacerolas a la calle. También desde una de las viviendas de la calle lanzaron un cubo de agua a los agentes al tiempo que les pedían que se fueran de allí y "dejaran el barrio tranquilo".

Al ver que las grúas no cesaban, vecinos y miembros de la plataforma se pusieron delante del inmueble que estaba previsto derrumbar para evitarlo. Así mismo, diversos representantes políticos --tanto del equipo de gobierno como de la oposición-- llegaron a El Cabanyal unos, alegando que con los derribos exigían el "cumplimiento de la ley" ,y otros para reclamar que cesaran hasta que el juzgado se pronunciase sobre las peticiones cautelarísimas de paralización, solicitadas por Delegación de Gobierno y la plataforma Salvem.

Sobre las 13.40 horas un agente se acercó al grupo de políticos contrarios a la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez por El Cabanyal y les informó de que el juzgado daba permiso para seguir con los derrumbes puesto que había denegado las paralizaciones. Así, les pidió que se abandonaran la zona y les advirtió de que, de no hacerlo ellos mismos, tendrían que ser obligados.

Como no se movían, los agentes fueron sacando a rastras a los políticos, entre los que se encontraban el secretario general del PSPV en la ciudad de Valencia, Salvador Broseta; el coordinador de EUPV en la ciudad de Valencia, Amadeu Sanchis; el edil socialista Vicente González Móstoles; los diputados de EUPV en las Corts Marga Sanz y Lluís Torró.

Así mismo, la portavoz adjunta de Compromís en la Cámara autonómica, Mònica Oltra, cayó al suelo, mientras vecinos gritaban contra la actuación de derribo. La parlamentaria aseguró que los agentes le habían agredido y avanzó que pensaba poner mañana una denuncia por lo acontecido.

Posteriormente, y cuando la excavadora se volvió a poner en marcha, dos vecinos de la zona se subieron en el tejado del inmueble de la vía para evitar su derrumbe. Esto obligó a que se presentaran dos vehículos de bomberos, y a que los policías utilizaran sus grúas para ascender, cogerles y obligarles a bajar. En todo momento mostraron gran resistencia y lanzaban patadas y puñetazos mientras los policías intentaban detenerles. Cuando los agentes llegaron arriba, se abrazaron para evitar que les separaran.

Una vez despejaron la zona, cerca de las 14.30 horas, la grúa comenzó con este derribo, mientras la gente seguía gritando 'resistir, resistir'; 'Manos arriba, esto es un atraco'; 'Es ilegal la actuación policial'; 'Rita, escucha, el Cabanyal está en la lucha' y 'Esta nit no podrán dormir'. Más tarde, a partir de las 16.00 horas, las grúas siguieron con otros dos derribos, uno en la calle San Pedro número 105, y otro en la calle Luis Despuig, número 98.

Doménech consideró que la actuación policial fue "totalmente desproporcionada" puesto que, según dijo, "se trata de diputados y de personas que ocupan cargos públicos en la oposición y no se les puede tratar así". Lamentó que en 12 años "sólo se está asistiendo a demoliciones y degradación" y señaló que esta actuación supone una "herida profundísima" para la gente del barrio.

Sobre las 10.45 horas, el teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, se presentó en la calle Vidal de Cañelles, antes de que se produjera el segundo derribo, entre abucheos de los vecinos, quienes se dirigieron a él con insultos como 'ladrón, criminal o mentiroso'. Indicó a los periodistas que había asistido para "hacer cumplir la ley".

Al llegar, se encontró con el portavoz de la plataforma Salvem, Faustino Villora, y ambos tuvieron un enfrentamiento dialéctico. Cuando Villora le recriminó que "nunca" había ido al barrio con ellos, el 'popular' le dijo que él no iba "con violentos a ningún sitio". Entonces, Villora le replicó que sabía que él no era violento y le explicó que lo que pretendían era evitar derribos y que se destruyeran casas.

Seguidamente, Grau y González Móstoles se encontraron y el primero le recriminó que los socialistas votaron en un pleno a favor de los derribos fuera de la zona BIC, a lo que el edil socialista le respondió que votaron que no tirasen los edificios incluidos en la zona BIC pero "respetando la orden" del Ministerio.

Alarte acusa a Camps de "abandonar a los valencianos por su incapacidad para afrontar la crisis"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, acusó hoy al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de "abandonar a los valencianos y las valencianas y a la Comunitat por su incapacidad para tomar medidas contra la crisis y por su negativa a impulsar acciones para generar empleo".

Así, lamentó que "una vez más la Comunitat se coloca en la cabeza de las autonomías que más empleo destruyen, y un mes más el PP prefiere dejar en la estacada a los trabajadores y empresarios".

Alarte se pronunció en estos términos tras conocer los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración que revelan que el número de parados de la Comunitat se incrementó en 6.599 personas durante el pasado mes, "lo que supone el segundo mayor incremento del paro de España", subrayaron desde el PSPV.

Al respecto, el líder socialista señaló que "en marzo se ha registrado un 1,3% más de parados que el mes anterior y Camps sigue sin articular soluciones para recuperar el empleo y la industria valenciana".

En la misma línea, consideró que "Camps pasará a la historia por ser el presidente del paro y recordaremos al PPCV como culpable de la crisis valenciana".

Alarte agregó que "el aumento imparable del paro en la Comunitat no es la única cifra preocupante porque el pasado mes la Seguridad Social perdió 2.800 afiliados" lo que supone "la caída más importante de afiliaciones en todo el Estado".

El secretario general denunció además que, "mientras en otras comunidades autónomas se empieza a generar empleo, la Comunitat sigue en la senda del modelo del PP: el crecimiento del paro".

"En otras autonomías Gobierno y oposición ha unido esfuerzos para luchar contra el paro, pero en la Comunitat Camps ha optado, no sólo por no tomar medidas, sino por obviar las propuestas de los socialistas para salir de la crisis", reprochó.

El máximo dirigente de los socialistas valencianos mostró su "preocupación por que mes a mes se constata la crisis del modelo económico del PP y la incapacidad de este partido y de Camps para impulsar medidas que ayuden a los cerca de 600.000 valencianos a encontrar empleo".

A su parecer, "el único responsable de esta crisis que afecta de forma más dura a los valencianos y valencianas es Camps, más preocupado por los tribunales que por solucionar los problemas de los ciudadanos y ciudadanas".

Alarte reiteró que "en la Comunitat se sufren dos crisis económicas, la global y la puramente valenciana que el PP se niega a afrontar".

"Y el único responsable de esta crisis es Camps que mantiene una actitud irresponsable y aislada frente a la crisis", dijo. "Los valencianos y valencianas estamos pagando de forma muy dura la falta de un gobierno en la Generalitat", concluyó.

La Comunitat Valenciana cuenta ya con 513.588 desempleados

VALENCIA.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunitat Valenciana subió en 6.599 personas en marzo, el segundo mayor incremento de España tras Cataluña, lo que supone un 1,30 por ciento respecto al mes anterior, con lo que el total de desempleados valencianos suma ya los 513.588 personas, según los datos hechos públicos hoy por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

A nivel nacional, el paro subió en 35.988 personas en marzo, un 0,9 por ciento respecto a febrero, con lo que el volumen total de desempleados se situó en 4.166.613 personas, su nivel más alto en toda la serie histórica comparable, que arranca en 1996.

Esta subida del desempleo es más de tres veces inferior a la experimentada en marzo de 2009, cuando las listas de las oficinas públicas de empleo sumaron 123.543 parados más. Pese a ello, se trata del segundo mayor aumento del paro en un mes de marzo dentro de la serie histórica y del octavo mes consecutivo en el que se incrementa el desempleo registrado en el antiguo Inem.

Por provincias, Valencia fue la que experimentó la mayor subida del paro en términos absolutos con 3.250 nuevos desempleados (1,30%), seguida de Alicante con 2.462 (1,21) y Castellón con 887 (1,47).

Del total de parados valencianos, 270.303 fueron hombres y 243.285 fueron mujeres. Además, en el conjunto de personas menores de 25 años, el número de desempleados masculinos fue mayor el de mujeres (35.893 hombres frente a 26.148 mujeres).

El sector que más afectado se vio por la subida del desempleo en el mes de marzo fue el de Servicios, que sumó 2.137 parados, seguido del colectivo de personas sin empleo anterior (+1.480), Construcción (+1.085) y Agricultura (+967), mientras que el desempleo aumentó en el sector de Industria en 930.

En el mes de marzo se quedaron sin empleo un total de 88.019 extranjeros, pertenecientes a los sectores de Servicios (42.632), Construcción (24.507), Industria (7.776) y Agricultura (4.932). El colectivo de personas sin empleo anterior creció en 8.172 desempleados.

A pesar de la subida del paro, el número de contratos creció en la Comunitat Valenciana el pasado mes en 15.942 unidades, un 18,44 por ciento más que en febrero. Del total de contratos registrados, 11.648 fueron indefinidos y 90.751 fueron temporales.

Por otra parte, la Seguridad Social perdió 2.800 afiliados en la Comunitat Valenciana en el mes de marzo, la mayor caída de España, lo que supone un -0,16 por ciento respecto a febrero, con lo que el número total de cotizantes es de 1.704.750.

Si se comparan estos datos con los registrados hace un año, se puede ver que el sistema valenciano ha perdido 69.069 cotizantes, un 3,89 por ciento menos.

Del número total de afiliados valencianos, 1.274.533 cotizaban en el régimen general, 331.347 fueron autónomos, 68.742 pertenecían al sector Agrario, 24.592 fueron empleados del hogar y 5.536 en el Marítimo.

A nivel nacional, el sistema sumó 22.457 afiliados (+0,13 por ciento) en el mes de marzo, con lo que el total de ocupados se situó al finalizar el mes pasado en 17.594.808 cotizantes. Este aumento es el segundo que encadena la afiliación a la Seguridad Social tras los 26.000 nuevos cotizantes que ganó en febrero.

Uno de los datos más positivos de marzo fue el crecimiento logrado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que incrementó su número de afiliados en 873 personas (+0,03 por ciento), un repunte que, aunque leve, es el primero que registra este régimen desde hace más de 20 meses.

También subió la afiliación en el Régimen General, que ganó 32.691 cotizantes (+0,25 por ciento); en el Régimen del Hogar, que experimentó un repunte de 2.521 afiliados (+0,86 por ciento), y el Régimen del Mar, con 1.678 nuevos ocupados (+2,6 por ciento). Por su parte, el Régimen Especial Agrario perdió 15.288 cotizantes (-1,8 por ciento) y el del Carbón 17 ocupados.

Defensa retira la estatua de Franco del patio de la Capitanía General de Valencia


VALENCIA.- Una grúa de gran tonelaje retiró este mediodía, en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, la estatua ecuestre de Franco que se encontraba ubicada desde 1983 en uno de los patios interiores del edificio de la Capitanía General de Valencia. El Ministerio de Defensa confirmó que la escultura ha sido trasladada a un almacén militar.

Desde primeras horas de la mañana operarios de la grúa estuvieron trabajando en el interior del patio para retirar la estatua, que se sacó del edificio tras ser elevada por encima de un lateral, minutos antes de las 12 del mediodía.

La estatua de Franco a caballo salió cubierta por una lona blanca y quedó depositada en el interior de un cajón metálico instalado en un camión. La retirada de la imagen, que estuvo vigilada por una veintena de efectivos de Policía Nacional, Local y Policía Militar, se desarrolló sin ningún tipo de incidentes. Sólo un pequeño grupo de curiosos siguió el desarrollo de la operación.

El Ministerio de Defensa informó en un comunicado de la retirada de la estatua ecuestre de Franco del acuartelamiento de Santo Domingo, conocido como edificio de Capitanía General de Valencia, "en el marco de las actuaciones previstas en aplicación de la Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura".

Este departamento recordó que la estatua, propiedad del Ayuntamiento de Valencia, estuvo situada en la plaza del Ayuntamiento de la capital valenciana hasta 1983, cuando fue trasladada y depositada en custodia en uno de los patios de la Capitanía General de Valencia "hasta que el consistorio municipal definiera su ubicación definitiva".

La estatua ha sido trasladada a un almacén militar --cuyo emplazamiento no ha sido precisado-- y su retirada "responde a la aplicación del artículo 15 de la Ley 52/2007 sobre la presencia de símbolos del franquismo en espacios públicos", según la misma fuente. Y por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la posguerra.

Este precepto establece que las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, "tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

La escultura de Franco fue obra del valenciano José Capuz y copia, como las ubicadas en Santander y Ferrol, de la que él mismo hizo anteriormente para Madrid.

La de Valencia se instaló en 1964 en la plaza que hoy se denomina del Ayuntamiento (imagen superior). Allí permaneció hasta 1983, cuando se trasladó al antiguo convento de Santo Domingo, sede de la Capitanía General (imagen inferior).

La retirada de la estatua de su primitiva ubicación estuvo en su día rodeada de polémica y fue realizada de noche por un grupo de ocho personas, que se ofrecieron a retirarla aunque encapuchadas para evitar ser identificadas y posteriormente reconocidas.