MADRID.- El presidente de la organización agraria Unión de Uniones,
José Manuel de las Heras, ha asegurado que su formación negocia con las
administraciones central y autonómicas para que en el Plan Estratégico
Nacional de Agricultura se establezca la reducción prácticamente a la
mitad de los titulares perceptores de ayudas de la PAC, lo que
permitiría que las ayudas para cada perceptor puedan ser iguales o
incluso mayores que las actuales. Incluso con los recortes previstos en los presupuestos europeos.
De las Heras ha calificado de
“indecente” que administraciones públicas, ayuntamientos o ADIF cobren
ayudas de la PAC.
“La duquesa de Alba, al fin y al cabo, cobraba
pero tenía fincas y generaba empleo, pero es indecente que cobren ayudas
de la PAC las pistas de Baqueira Beret o los apeaderos de ADIF”, ha
lamentado el presidente de la Unión de Uniones.
Según sus
estimaciones, si solo reciben ayuda los “agricultores genuinos”, el
número de titulares perceptores de ayudas en España podría pasar de algo
más de 700.000 a en torno a la mitad.
Esto permitiría que, aunque
se mantenga la rebaja de la PAC que se está planteando desde Bruselas,
las ayudas para cada perceptor puedan ser iguales o incluso mayores que
las actuales.
Tras asegurar que Alemania y Francia ya realizaron
hace tiempo procesos similares de selección de los perceptores, De las
Heras ha insistido en que este diseño se tiene que incorporar en el Plan
Estratégico lo antes posible porque está previsto que en mayo se
entregue el Plan Provisional de la PAC y “en Europa, lo que no se cambia
en borrador es muy difícil cambiarlo después”.
Pedro Sánchez viaja este jueves a Bruselas para participar en la negociación de los presupuestos europeos en un Consejo extraordinario que se prevé difícil y en el que el presidente del Gobierno defenderá que se mantenga la actual financiación de la Política Agraria Común.
La negociación, además, se produce en plena crisis del campo español, con los agricultores protestando desde hace semanas para reclamar un reparto más justo por el valor de sus productos en la cadena alimentaria.
El contexto internacional también complica las negociaciones porque la salida del Reino Unido de la UE supone, financieramente hablando, la pérdida de 10.000 millones de euros anuales para las cuentas europeas, y cuando la UE necesita recursos para hacer frente a nuevas necesidades como la lucha contra la emergencia climática, la digitalización o las migraciones.
En todo momento el Gobierno español ha defendido que el marco financiero plurianual que se tiene que negociar incluya las denominadas políticas tradicionales, como la Política Agrícola Común (PAC) o la Política de Cohesión.
Como ha subrayado Sánchez en muchas ocasiones al hablar de este debate, estas políticas se deben mantener porque son vertebradoras y han hecho mucho bien al medio rural en España en todos estos años. Por eso ha defendido siempre combinarlas con las nuevas partidas.
Por todo ello, España apuesta por mantener el volumen total del presupuesto en el 1,114 % de la Renta Nacional Bruta de la UE.
La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ya advirtió el martes de que la negociación va a ser muy compleja pero recalcó que la PAC es una “prioridad absoluta para España” y tiene que ser sostenida con los recursos necesarios.
Recordó que en torno al 30 por ciento de la renta media de los agricultores y ganaderos proviene de esos fondos, y por eso es necesario que la PAC mantenga el mismo presupuesto que en el marco financiero anterior, para que las explotaciones puedan ser rentables.
Montero subrayó que el Gobierno está escuchando a los agricultores y ganaderos españoles y tiene el compromiso firme de trabajar con todos los eslabones de la cadena alimentaria para atajar esta crisis, y llevará “a la mayor brevedad posible” la reforma legal que ha prometido, para que haya “más transparencia, más equilibrio y un reparto más justo de la labor de los productos agrarios”.
Independientemente de esta reforma, pesa mucho lo que el presupuesto europeo puede aportar. Por eso también la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, se ha referido a esta cuestión este miércoles en declaraciones en el Congreso.
González Laya ha subrayado que España defenderá en el Consejo Europeo de este viernes una Política Agraria Común “moderna y ambiciosa” que sirva de instrumento de cohesión.
Ha dicho que la posición de España es “bastante clara” en defensa de la PAC, pero no en una defensa “ciega” sino subrayando que estas políticas sirven para la cohesión territorial y para ayudar al campo a afrontar la transición ecológica y el cambio climático. “Lo hacemos convencidos de que eso es lo que necesita España y lo que necesitan los agricultores”, ha señalado la ministra.
El Partido Popular ha insistido en pedir al Gobierno que luche sin tregua por los agricultores, y que lo haga “a cara de perro” si es necesario, como apuntó el líder del PP, Pablo Casado, tras su reunión con Sánchez el pasado lunes.
Este miércoles en el Congreso, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha pedido al Gobierno que dé la batalla en las instituciones europeas para apoyar a los agricultores y ganaderos españoles como, según ha asegurado, hizo su formación para conseguir frutos.
“Que hagan lo que tienen que hacer con respeto a la agricultura y la ganadería”, ha pedido Montesinos al Gobierno, que ha dicho que en esa tarea tendrá “un aliado en el PP”.
Elaborada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la propuesta es solo ligeramente superior a la planteada por Finlandia a finales de 2019, durante su presidencia de la UE, que fue rechazada por los Estados miembros.
En concreto, la propuesta prevé una dotación de 329.300 millones de euros para la PAC para los próximos siete años, un 13,9 % inferior a los 382.500 millones que se destinan en el marco 2014-2020.
Dentro de la política agraria, los pagos directos a los agricultores ascienden a 256.700 millones de euros, por debajo de los 285.700 millones del presupuesto actual, mientras que las ayudas al desarrollo rural caen a los 72.500 millones de euros desde los 96.800 millones asignados entre 2014 y 2020.
Pedro Sánchez viaja este jueves a Bruselas para participar en la negociación de los presupuestos europeos en un Consejo extraordinario que se prevé difícil y en el que el presidente del Gobierno defenderá que se mantenga la actual financiación de la Política Agraria Común.
La negociación, además, se produce en plena crisis del campo español, con los agricultores protestando desde hace semanas para reclamar un reparto más justo por el valor de sus productos en la cadena alimentaria.
El contexto internacional también complica las negociaciones porque la salida del Reino Unido de la UE supone, financieramente hablando, la pérdida de 10.000 millones de euros anuales para las cuentas europeas, y cuando la UE necesita recursos para hacer frente a nuevas necesidades como la lucha contra la emergencia climática, la digitalización o las migraciones.
En todo momento el Gobierno español ha defendido que el marco financiero plurianual que se tiene que negociar incluya las denominadas políticas tradicionales, como la Política Agrícola Común (PAC) o la Política de Cohesión.
Como ha subrayado Sánchez en muchas ocasiones al hablar de este debate, estas políticas se deben mantener porque son vertebradoras y han hecho mucho bien al medio rural en España en todos estos años. Por eso ha defendido siempre combinarlas con las nuevas partidas.
Por todo ello, España apuesta por mantener el volumen total del presupuesto en el 1,114 % de la Renta Nacional Bruta de la UE.
La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ya advirtió el martes de que la negociación va a ser muy compleja pero recalcó que la PAC es una “prioridad absoluta para España” y tiene que ser sostenida con los recursos necesarios.
Recordó que en torno al 30 por ciento de la renta media de los agricultores y ganaderos proviene de esos fondos, y por eso es necesario que la PAC mantenga el mismo presupuesto que en el marco financiero anterior, para que las explotaciones puedan ser rentables.
Montero subrayó que el Gobierno está escuchando a los agricultores y ganaderos españoles y tiene el compromiso firme de trabajar con todos los eslabones de la cadena alimentaria para atajar esta crisis, y llevará “a la mayor brevedad posible” la reforma legal que ha prometido, para que haya “más transparencia, más equilibrio y un reparto más justo de la labor de los productos agrarios”.
Independientemente de esta reforma, pesa mucho lo que el presupuesto europeo puede aportar. Por eso también la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, se ha referido a esta cuestión este miércoles en declaraciones en el Congreso.
González Laya ha subrayado que España defenderá en el Consejo Europeo de este viernes una Política Agraria Común “moderna y ambiciosa” que sirva de instrumento de cohesión.
Ha dicho que la posición de España es “bastante clara” en defensa de la PAC, pero no en una defensa “ciega” sino subrayando que estas políticas sirven para la cohesión territorial y para ayudar al campo a afrontar la transición ecológica y el cambio climático. “Lo hacemos convencidos de que eso es lo que necesita España y lo que necesitan los agricultores”, ha señalado la ministra.
El Partido Popular ha insistido en pedir al Gobierno que luche sin tregua por los agricultores, y que lo haga “a cara de perro” si es necesario, como apuntó el líder del PP, Pablo Casado, tras su reunión con Sánchez el pasado lunes.
Este miércoles en el Congreso, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha pedido al Gobierno que dé la batalla en las instituciones europeas para apoyar a los agricultores y ganaderos españoles como, según ha asegurado, hizo su formación para conseguir frutos.
“Que hagan lo que tienen que hacer con respeto a la agricultura y la ganadería”, ha pedido Montesinos al Gobierno, que ha dicho que en esa tarea tendrá “un aliado en el PP”.
Un ‘hachazo’ a la PAC
La propuesta de presupuesto que debatirán los líderes comunitarios este jueves plantea una dotación de 1,09 billones de euros, el 1,07 % de la renta nacional bruta conjunta, e introduce recortes en las partidas de cohesión y la PAC.Elaborada por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la propuesta es solo ligeramente superior a la planteada por Finlandia a finales de 2019, durante su presidencia de la UE, que fue rechazada por los Estados miembros.
En concreto, la propuesta prevé una dotación de 329.300 millones de euros para la PAC para los próximos siete años, un 13,9 % inferior a los 382.500 millones que se destinan en el marco 2014-2020.
Dentro de la política agraria, los pagos directos a los agricultores ascienden a 256.700 millones de euros, por debajo de los 285.700 millones del presupuesto actual, mientras que las ayudas al desarrollo rural caen a los 72.500 millones de euros desde los 96.800 millones asignados entre 2014 y 2020.
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