VALENCIA.- La Conselleria de Vivienda y Arquitectura
Bioclimática pretende acabar 2020 con la regeneración de 3.333 viviendas
del parque público de la Comunitat Valenciana, con una inversión de más
de 20 millones desde el año pasado, y reclama al nuevo Gobierno que
destine más ayudas en los próximos Presupuestos Generales del Estado
(PGE).
El proyecto, dentro del 'Pla
Hábitat 2030' en elaboración, se compone de 20 intervenciones durante
2019 y 2020: siete áreas de regeneración y renovación urbana (ARRU) y 13
planes de intervención integral sostenible, con unas 13.000 personas
beneficiadas en total.
El objetivo es
dignificar el parque, impedir la degradación de los barrios y mejorar el
entorno del vecindario "más allá de la concepción aislada de vivienda",
dentro de la concepción del "derecho a la ciudad", como ha destacado el
vicepresidente segundo y conseller, Rubén Martínez Dalmau, en la
presentación del plan a alcaldes, arquitectos y constructores.
En
las ARRU, con fondos del Gobierno para unas 2.300 viviendas, la
Generalitat ha destinado 14 millones en siete actuaciones para impulsar
la recuperación urbana, social y económica con obras de rehabilitación,
conservación, mantenimiento, eliminación de barreras y mejora de
eficiencia energética, junto a la dotación de zonas donde convivir en
comunidad.
De los siete programados,
dos están finalizados: La Coma de Paterna (Valencia), con una inversión
de 3,26 millones y más de 800 viviendas, y San Lorenzo de Castelló de la
Plana con 681.200 euros y 161 inmuebles. En ejecución, las ARRU de Los
Palmerales de Elche (Alicante), con 2,11 millones; Bajo Vías de Sagunt
(Valencia), con 707.200 euros, y Barbacana-Plaza Les Xiques de Alcoi
(Alicante) con 447.200 euros y a punto de finalizar.
Alicante concentra los principales proyectos
En
unas semanas arrancarán las obras en el barrio del Carmen de Alicante,
la principal actuación por 3,88 millones. También en la capital
alicantina, en el segundo trimestre está prevista la licitación de la
primera fase del ARRU de Miguel Hernández, en la plaza Yolanda Escrich
por 2,83 millones.
Con los planes de
intervención integral, con fondos propios para más de mil viviendas,
Arquitectura Bioclimática pretende mejorar la situación de 13 grupos más
reducidos con una inversión de 6,26 millones en total, en colaboración
con los servicios sociales municipales para impulsar la recuperación
física y social.
Tras meses de
planificación, están pendientes las obras de siete grupos en Alfafar
(Valencia), por 758.404 euros; Benaguasil (Valencia), 350.900;
Massamagrell (Valencia), 459.800; Almoradí (Alicante), 659.450; Monòver
(Alicante), 358.160; Santa Pola (Alicante), por 756.250 euros, y
Borriana (Castellón) por 580.800.
Los
seis planes restantes están a la espera del proyecto para que las obras
se liciten este año. Son los grupos de las localidades valencianas de
Alberic (567.490 euros), Picassent (544.500), Riba-roja del Túria
(544.500) y Benifaió (290.400), junto a La Moleta II y Jesús Obrero de
la Vall d'Uixó (Castellón) por 254.100 y 139.500 euros.
Estas
cifras pretenden demostrar el "compromiso total" por dignificar el
parque público, tras el aumento del presupuesto de la Entitat Valenciana
d'Habitage i Sòl de 21 millones a 2019 a 31 en 2020. "Somos los
propietarios de los ladrillos, pero los barrios necesitan de
intervenciones integrales que van más allá de nuestras capacidades", ha
subrayado el director de la EVha, Alberto Aznar, en "una política cien
por cien Botànic".
Contra guetos, vandalismo y okupación
En
definitiva, la meta es dotar de futuro a viviendas con una media de
antigüedad de 40 años y "especialmente deterioradas" por su alta
rotación y vulnerabilidad, ya que han sido "un poco maltratadas", para
que así "las promociones no se conviertan en guetos o áreas marginadas".
En esta línea también van los trabajos para dar una nueva vida a las
plantas bajas abandonadas y con signos de vandalismo.
Paralelamente,
Arquitectura Bioclimática lleva a cabo acciones transversales como la
legalización de okupas con un alquiler si cumplen los requisitos y la
vivienda está en condiciones, la difusión de una guía de convivencia en
comunidades eléctricas o la regularización de conexiones eléctricas.
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