CHESTE.- El Ayuntamiento de Cheste ha anunciado este viernes que ha
decidido personarse como acusación en la causa abierta en el juzgado de
Instrucción nº 12 de la capital valenciana en la que se investigan
presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y
contra la hacienda pública en la conocida como trama de las asesorías,
que afecta a varios ayuntamientos de la provincia.
El consistorio realizó este anuncio en la sesión plenaria de este
jueves, según ha informado el consistorio en un comunicado. "Todas las
informaciones publicadas coinciden en que se venían prestando servicios
jurídicos a varios consistorios a través de una asociación sin ánimo de
lucro que, al parecer, ni si quiera tenía contratados empleados para
realizar trabajos por los que se le pagaban cuantiosas facturas", ha
explicado el alcalde de Cheste, José Morell.
"Ante la trascendencia de estos hechos pensamos que es conveniente para los intereses municipales conocer, con carácter de urgencia, el estado en que se encuentra esta causa y emprender las acciones necesarias y, con ese objetivo, nos hemos personado en esta causa judicial", ha precisado.
La trama de los supuestos cobros de comisiones ilegales por la elaboración de informes a algunos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana suma once exalcaldes, un exedil y un excargo del gobierno valenciano, además de otros asesores, exsecretarios y socios fundadores de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ). El juzgado de Instrucción nº 12 de Valencia investiga la causa desde finales de 2013.
El juez investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública cometidos en algunos ayuntamientos de diferente signo político de las comarcas de La Safor, La Marina Alta, La Costera, el Camp de Morvedre y l'Horta Nord. Estos consistorios tuvieron relaciones económicas con la AVJ, órgano sin ánimo de lucro, y otras asociaciones y sociedades, que supuestamente realizaron informes a estos ayuntamientos durante los años 2009 y 2011, a pesar de no tener ningún trabajador a su nombre.
Este procedimiento parte de la denuncia interpuesta por el anterior alcalde del Ayuntamiento de la Pobla de Farnals contra su antecesora en el cargo Natividad García y el secretario municipal Sancho Sempere, lo que originó una primera investigación que concluyó con el procesamiento de ambos por presuntas irregularidades en contratos de asesoramiento o de informes jurídicos. De esta investigación surgió otra mucho más amplia cuando la Guardia Civil extendió esta presunta trama a varios consistorios.
"Ante la trascendencia de estos hechos pensamos que es conveniente para los intereses municipales conocer, con carácter de urgencia, el estado en que se encuentra esta causa y emprender las acciones necesarias y, con ese objetivo, nos hemos personado en esta causa judicial", ha precisado.
La trama de los supuestos cobros de comisiones ilegales por la elaboración de informes a algunos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana suma once exalcaldes, un exedil y un excargo del gobierno valenciano, además de otros asesores, exsecretarios y socios fundadores de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ). El juzgado de Instrucción nº 12 de Valencia investiga la causa desde finales de 2013.
El juez investiga presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública cometidos en algunos ayuntamientos de diferente signo político de las comarcas de La Safor, La Marina Alta, La Costera, el Camp de Morvedre y l'Horta Nord. Estos consistorios tuvieron relaciones económicas con la AVJ, órgano sin ánimo de lucro, y otras asociaciones y sociedades, que supuestamente realizaron informes a estos ayuntamientos durante los años 2009 y 2011, a pesar de no tener ningún trabajador a su nombre.
Este procedimiento parte de la denuncia interpuesta por el anterior alcalde del Ayuntamiento de la Pobla de Farnals contra su antecesora en el cargo Natividad García y el secretario municipal Sancho Sempere, lo que originó una primera investigación que concluyó con el procesamiento de ambos por presuntas irregularidades en contratos de asesoramiento o de informes jurídicos. De esta investigación surgió otra mucho más amplia cuando la Guardia Civil extendió esta presunta trama a varios consistorios.
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