VALENCIA.- El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con
el PP Eduardo Zaplana ha afirmado hoy, tras el último
informe de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporado al llamado caso
Erial, en el que se encuentra investigado por presunta malversación y
prevaricación, entre otros delitos, que ni las sociedades investigadas
son suyas ni se ha beneficiado de ninguna de las transferencias
realizadas.
Zaplana se ha referido así al
último informe de la Guardia Civil, conocido la pasada semana tras
levantarse el secreto de sumario, que concluye que él ocupó un "plano de
jerarquía superior" en la trama de las ITV y del Plan Eólico, que
obtuvo 11.209.028 euros en comisiones ilegales, y fue uno de los
"beneficiarios económicos de los activos".
El
exministro en la época de José María Aznar ha acudido este lunes a
dependencias judiciales a firmar tras ordenarlo hace un año el Juzgado
de Instrucción nº8 de València.
El 'expresident' estuvo en prisión
preventiva tras destaparse el supuesto fraude pero quedó en libertad
provisional -bajo medidas cautelares- tras asegurar el órgano instructor
seis millones de euros en Suiza, a la espera del desarrollo de la
investigación.
"Como comprenderán, mi principal
atención se centra en mi defensa jurídica", ha dicho, al
tiempo que ha agregado: "Solo les diré que, una vez levantado el
secreto y conocido el resultado de las comisiones rogatorias, ninguna de
las sociedades citadas son mías, ni he tenido ningún poder sobre las
mismas, igual que las cuentas investigadas. Ni son mías ni he sido
beneficiario de ninguna de las transferencias que desde las mismas se
han realizado".
Así
mismo, ha resaltado que del último informe de la UCO "tampoco se
acredita ninguna irregularidad en mi responsabilidad al frente de la
Generalitat Valenciana", ha apostillado. "Comprenderán que lo que tenga
que decir sea en sede judicial", ha insistido.
En
el caso Erial se investigan una serie de comisiones aparentemente
desembolsadas en atención a las adjudicaciones del servicio de ITV
-realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana en la Generalitat- y
del Plan Eólico de la Comunitat, puesto en marcha en 2003, "todas ellas
adjudicadas y pagadas por parte de sociedades del grupo empresarial
Sedesa", de la familia Cotino, según la UCO. El dinero se enviaba a una
sociedad en el extranjero, se ocultaba en cuentas y posteriormente
regresaba a España.
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