martes, 20 de junio de 2017

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estima un recurso de Diego de Ramón sobre las cuotas participativas de la CAM

MURCIA.- La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado un recurso de apelación del abogado murciano Diego de Ramón y otros sobre las cuotas participativas, siendo la tercera vez que se da la razón a los afectados en su legitimidad de poder personarse en la causa general contra la CAM, con independencia de la situación real contable de la entidad en la fecha de suscripción de dichos títulos.

La decisión afecta a unos 55.000 perjudicados con una emision de dichas cuotas por vez primera en el año 2008, por importe de 292 millones de euros.

Dicha Sala ha acordado estimar parcialmente los recursos de apelación formulados por las representaciones de las acusaciones ejercitadas por Diego de Ramón Hernández y otros, Adicae y otros y Josefa López Alburquerque y otros contra autos de 10 de abril y 3 de mayo de 2017 por los que el Juzgado Central de Instrucción nº 3 resolvió el sobreseimiento provisional y archivo de la pieza de cuotas participativas de las Diligencias Previas nº 170/2011 y con revocación de dichos autos, ordenar la práctica de las testificales propuestas por la primera de dichas acusaciones en escrito presentado el 3 de abril de 2017, debiendo el juzgado a sus resultas decidir con libertad de criterio conforme al art. 779.1 de la LECrim.

La Sala dice en su acuerdo que se comunique al instructor mediante certificación y notificado este auto a las partes, con la advertencia de no ser susceptible de recurso ordinario alguno.

Tanto el fiscal como Banco de Sabadell, Fundación Obra Social de Caja Mediterráneo, Roberto López Abad, y María Dolores Amorós se oponían a las pretensiones del abogado murciano Diego de Ramón.

Por auto de 10 de abril de 2017 el Juzgado Central de Instrucción nº 3 acordó, dando por concluida la investigación en aplicación del art. 324.6 de la LECrim, el sobreseimiento provisional y archivo (arts. 641.1 y 779.1 1o del mismo texto legal) de la pieza de cuotas participativas de las Diligencias previas 170/11. 

El Juzgado Central dictó auto de fecha 3 de mayo de 2017 por el que desestimó los cuatros recursos de reforma y admitió a trámite conforme el art. 766.3 de la L.E.Crim. los recursos de apelación subsidiariamente formulados.

En el auto de 3 de mayo el juzgado, admitiendo que la representación de Diego de Ramón Hernández había presentado el 3 de abril de 2017 escrito proponiendo la testifical de ocho comercializadores de cuotas participativas, entendió que ello estaba fuera de plazo de cinco días y argumenta además que los seis meses de instrucción habían concluido antes del dictado de la providencia de 23 de marzo.

Sobre dichas bases el instructor, valorando las diligencias de investigación presentadas concluye en el sobreseimiento provisional de la causa por aplicación de los arts. 779.1.1a y 641.1 de la LECr.

En sus fundamentos de Derecho la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es taxativa al decir que "el juzgado no tiene en cuenta que la diligencia de investigación consistente en la toma de declaración a ocho de los comercializadores de las cuotas participativas se acordó de manera específica por auto de 30 de enero de 2017 dictado por esta Sección revocando el del juzgado de 7 de noviembre de 2016 por el que se había denegado la petición que al efecto habían hecho las acusaciones, fecha esta última a la que debe estarse a los efectos del cómputo reanudado el 11 de octubre de 2016, siendo el requerimiento de 31 de enero, la providencia de 23 de marzo y el escrito de la acusación de 3 de abril mera concreción de la diligencia de investigación solicitada dentro del término de duración ordinaria de la investigación y admitida a tal efecto por el auto de 7 de noviembre al quedar éste revocado por la resolución de esta Sala de 30 de enero de 2017, quedando así esta diligencia de investigación amparada por el apartado 7 del art. 324 tantas veces citado; precepto que sin embargo no permite la proposición de nuevas diligencias desde el momento en que reanudado el plazo ordinario el 7 de noviembre de 2016, ya se completó cuando recae el auto de sobreseimiento de 10 de abril de 2017".

Y la Sala remata diciendo que "en contra de lo que razona el instructor y mantienen las partes apeladas, no son computables los días inhábiles no obstante encontrándonos en la fase de instrucción ya que lo dispuesto en el art. 201 de la LECr. (“Todos los días y horas al año serán hábiles para la instrucción de los causas criminales, sin necesidad de habilitación especial”) y en iguales términos en el art. 184.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siendo inhábiles (art. 182.1 LOPJ) los sábados y domingos, entre otros, es aplicable a los actos o diligencias de instrucción, no a los actos de las partes a los efectos de cómputo de plazos tal y como de manera meridiana declara la STS 437/12, de 22 de mayo citada tanto por apelantes, como por apelados. 

Además, según el Acuerdo no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 24 de enero de 2003 es de aplicación a las causas penales lo dispuesto en el art. 135.5 de la L.E.Civil que dispone que “La presentación de escritos y documentos, cualquiera que fuera la forma, si estuviese sujeta a plazo, podrá efectuarse hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo”; norma que aquí lleva a establecer que la petición –según el documento que la apelante acompaña al mismo (folio 36 del testimonio)- se efectuó antes del transcurso del llamado “día de gracia”.

miércoles, 31 de mayo de 2017

Sogorb admite discrepancias en las previsiones de beneficios de 2011 de la CAM

MADRID.- El ex director general de Planificación y Control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Teófilo Sogorb, dijo este miércoles en el juicio contra ocho exdirectivos de la caja que las previsiones de beneficio para 2011 hechas por la propia entidad diferían de los presupuestos que se utilizaron para la fallida fusión con otras cajas.

A preguntas del fiscal, Sogorb explicó que la entidad redactó unos presupuestos con la información aportada por los distintos departamentos, que después eran contrastados con auditores internos y externos y con firmas como Boston Consulting o Analistas Financieros Internacionales (AFI).
De ahí que hubiera discrepancias entre esos documentos de trabajo y los que finalmente se aportaron al plan estratégico al que dio el visto bueno el Banco de España y que se emplearon en la fallida constitución de un SIP (sistema de protección de activos) con otras cajas.
Además, una vez intervenida la entidad, en julio de 2011, el FROB modificó sus criterios, por lo que "resultaba imposible conocer la imagen fiel de la entidad".
Para la constitución del SIP, explicó, previamente a la firma del contrato era necesario que el Banco de España autorizara un plan estratégico de integración, "y así se hizo en este caso", con las cuatro cajas.
En junio de 2010 se hizo llegar a la comisión ejecutiva del Banco de España ese plan estratégico, que fue aprobado por el organismo, que establecía planes de actuación con despidos, cierre de oficinas y otros puntos.
En ese plan estratégico se incluían los objetivos de la caja para 2011, con 218 millones de euros comprometidos como beneficio, aunque después se vio que si no se actuaba, dada la delicada situación económica del país, habría resultados negativos.
Cuando el fiscal Luis Rodríguez Sol le pregunto si en las reuniones previas a la constitución del SIP se llegaron a poner sobre la mesa los documentos que mostraban que la caja tendría unos resultados negativos de 400 millones de euros, Sogorb aseguró que él no lo presentó.
Sí explicó que Roberto López Abad y Dolores Amorós, ambos acusados en la causa, estaban al corriente de toda la información, el primero como director del Banco Base en ese momento y la segunda como directora general.
En el plan estratégico, indicó, figuran unos resultados y en las previsiones tendenciales, otros, siendo éstas últimas peores que las primeras, aunque en todo caso perfectamente conocidas por el grupo de trabajo del Banco Base.
Sogorb expresó la tranquilidad que proporcionaba contar con la presencia constante, "todos los meses del año" de los auditores externos de KPMG, que intervenían en la supervisión de la redacción de los estados financieros y de todo tipo de informes.
Acerca de las titulizaciones de activos, explicó que la caja encargó un peritaje externo realizado por KPMG Asesores para que evaluara si las opciones de las que disponía la caja podían ser dadas de baja del balance de resultados, una maniobra permitida por la normativa contable del Banco de España siempre que no afectara a las dotaciones de capital.
Sin embargo, una posterior revisión de la situación del primer semestre de 2011 puso de manifiesto "otras opciones", desconocidas por el propio equipo de Sogorb, cuyo riesgo no habría sido trasferido y que infló las cuenta de resultados en 168,8 millones de euros.
Un "problema" que, dijo, comunicó a uno de los administradores del FROB que dirigieron la CAM tras su intervención, quien a su vez solicitó un informe específico que llevó a la "reexpresión" contable.
Cuestionado acerca de su papel al frente del departamento, aseguró que sólo el área de inversiones, liderado por el también acusado Francisco José Martínez, conocía que estas opciones no habían aparecido en la contabilidad, descartando cualquier responsabilidad directa sobre estas operaciones como sí le atribuye uno de los peritajes aportados a la causa.
"Yo no he ocultado nada al FROB", insistió a la sala.
Asimismo, defendió la política de dotación de provisiones y recordó que, tras una circular del Banco de España que ampliaba el volumen de estos colchones, la CAM empleó un 90% de fondos genéricos para hacer frente a las nuevas exigencias, aunque hasta ese momento la dotación para provisiones se elevaba al 125 %.

La banalidad de la CAM / Ángel Montiel *

Hannah Arendt nos alertó sobre ´la banalidad del mal´ al detectar que detrás del horror sólo hay mediocridad. Esta evidencia añade horror al horror, pues ni siquiera cabe que las víctimas puedan acogerse a una implacable predestinación, sino que lo son de parte de lectores del Marca y de apacibles jugadores de dominó. Gente corriente. 

Modesto Crespo, presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, declaró ayer en sede judicial que su función se limitaba a acompañar a señoras a comprar bolsos o a recibir homenajes del Misteri del Elche, y que no tenía ni pajolera idea de lo que se traficaba en la CAM, entidad que presidía. 
Todo esto no lo expuso como autocrítica, sino como excusa para zafarse de responsabilidad. Y en boca de un empresario que, como tal, debiera tener conciencia de lo que significa presidir un Consejo de Administración. Probablemente, como presidente del Consejo de su empresa particular no se dedicaría a comprar bolsos para las señoras de sus clientes, sino que llevaría las cuentas al céntimo. Mediocre hasta el final y, por tanto, exponente del horror. 

Porque podría haber dicho con mayor convicción: yo era un lacayo de Gerardo Camps, consejero de Economía de la Generalidad valenciana; gracias a mi cargo me llevaban en andas en mi pueblo donde hasta entonces era un simple vendedor de coches; mi posición me permitía hacer favores importantes, gozar de privilegios insospechados, acceder a préstamos y concederlos, figurar como un santón por donde quiera que fuera, meter miedo a quien me importunara, ser mirado con alguna delectación imposible en otra circunstancia por determinado tipo de señoras, además de almorzar y cenar en los mejores restaurantes, probar los más exclusivos caldos, ser invitado e invitar, cobrar dietas por fichar en reuniones somnolientas en que se decidía sobre el destino y los sueños de miles de personas, viajar gratis total por el planeta Tierra, dormir en los mejores hoteles, ser transportado en vehículos de alta gama por chóferes expertos y discretos, aparecer ante mi mujer y mis hijos como un hombre extraordinario aunque ocultándoles que no disponía de otro mérito que el de haber sido elegido como un mindundi necesario para hacer el trabajito sordo (es decir, sucio) al estamento político, constituido a su vez por otros lectores del Marca, como el figura que preside el país. 

Todos del mismo nivel intelectual y moral. Y lo peor es que ponen en mal lugar a un gran periódico como el Marca y a un juego entretenido como es el dominó. Arrasan con todo. 
Podría haber concluido Crespo su declaración de manera más sincera: «Sí, soy el responsable por omisión de la ruina de miles de incautos clientes de la CAM que se dejaron engañar por las cuotas participativas, fui el presidente de la entidad que para mantener mi culo en sillones de cuero curado ignoró que se falsificaban los resultados de la entidad sólo con el propósito de que sus gestores cobraran incentivos mientras la marca se venía abajo, soy el tipo que se cargó la CAM, la caja de ahorros más potente y confiable, que tuvo que ser rescatada con el dinero de todos para ser vendida por un euro al Banco de Sabadell».

Pero es verdad que todo esto le sobrepasa, sin duda. Es posible que ni siquiera sea consciente del desastre. Tal vez aún espera que sus amigos vengan a rescatarlo también a él, que sólo se prestó a figurar mientras los más listos, como Roberto López Abad, exdirector general, se jubilaban anticipadamente a la hecatombe con la soldada del historial laboral de mil obreros, según el cálculo espinosiano. 

Lo terrible es que nuestra ruina personal y colectiva se debe a estos pobres hombres, a los que ni siquiera podemos reprochar una maldad intencionada. Son así, un producto colateral y vulgar del poder, que a su vez es una máscara detrás de la cual sólo hay otros lectores del Marca, también inconscientes del daño que nos hacen. Es la banalidad absoluta, conformada por honestos padres de familia a los que políticos desalmados nombraban para altos cargos del poder financiero con la exclusiva obligación de acompañar a las señoras a comprar bolsos y que después se daban golpes de pecho como ridículos meapilas y falsos devotos en las fiestas de Elche. 

Ostentaban la representación de un mundo inamovible, perpetuo, que de pronto se vino abajo, y andan perplejos: «Yo sólo era un mandao». Pero los recuerdo. A los dos. Los veías y veías el Poder. A su alrededor todo eran sonrisas. Había gente que esperaba que le dijeran: «Pasa por mi despacho». Y así podrían llegar a final de mes. Eran dioses. Mediocres y banales. Objetivamente, malvados. 



El horror, según Hannah Arendt.



(*) Columnista

http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/05/31/banalidad-cam/833700.html

martes, 30 de mayo de 2017

Los acusados de la CAM comienzan a contar mentiras ante el tribunal para eludir sus responsabilidades en la quiebra

MADRID.-El tribunal que juzga en la Audiencia Nacional a la excúpula de la CAM ha decidido mantener en la causa a los afectados por las cuotas pero lo limita a los que compraron entre marzo y julio de 2011. De este modo, rechaza expulsar a los damnificados por las participativas como pedían los acusados pero acota a los que da cobertura este proceso.

El expresidente de la CAM, Modesto Crespo, el primero de los acusados del juicio contra la excúpula de la entidad financiera que se somete al interrogatorio en la Audiencia Nacional, ha declarado que él "no sabía lo que ocurría".
Crespo ha defendido que "nadie" le informó de que tenía problemas de solvencia sino que incluso una semana antes de la intervención de la caja en 2011 "las noticias eran positivas".
"Yo desconocía los procedimientos internos", ha dicho el expresidente de la entidad murciano-alicantina a preguntas del fiscal del caso Luis Rodríguez Sol, a quien le ha precisado que las cuentas aprobadas en 2010 y 2010 eran "positivas", salieron adelante "por unanimidad" del consejo de administración y venían respaldadas por el informe favorable de la auditora KPMG.
Crespo, para el que la acusación particular pide nueve años de cárcel, se ha referido así a la comunicación hecha por los gestores de la caja a las autoridades financieras de unos beneficios de 38,9 millones de euros pese a que tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones derivando en la quiebra de la Caja.
Hasta en cinco ocasiones ha rechazado conocer el contenido de documentos que firmó (como actas del consejo de administración) porque carecía de conocimientos para ello y porque tenía "absoluta confianza" en los directores Roberto López Abad y su adjunta Dolores Amorós, ambos encausados.
"Si me decían que tenía que firmar un documento, como presidente lo firmaba, acababa de aterrizar en la Caja y si personas que llevaban 35 años me lo pedían no tenía por qué desconfiar pero eso no quiere decir que tenga conocimientos porque no los tengo", ha recalcado.
El acusado ha reconocido también que no participó en una de las reuniones mantenidas entre directivos de CajaAstur, Caja Extremadura y Caja Cantabria en Elche para integrar un Sistema Institucional de Protección (SIP) que diera luz verde al Banco Base porque no tenía "conocimiento" de los hechos que se iban a tratar.
"Yo presidía la Junta Rectora del Patronato del Misterio de Elche y el sábado por la mañana no asistí a esa reunión porque no tengo conocimiento y no había lugar. Me dediqué a acompañar a las señoras que vinieron y les llevé a visitar 'outlets' porque querían verse zapatos, bolsos y más menesteres", ha precisado Crespo, que ayer fue increpado a la salida de la Audiencia Nacional por afectados por la compra de cuotas participativas.
El exbanquero ha mostrado su "sorpresa" de que las tres cajas se desvincularan del proyecto ante los problemas de solvencia de la entidad alicantina que finalmente fue intervenida por el Banco de España y adjudicada en 2011 al Banco Sabadell por un euro simbólico tras haber recibido una inyección del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) de 2.800 millones de euros.
El acusado también ha rechazado tener responsabilidad alguna en las retribuciones otorgadas a los altos cargos de la Caja y que, según expone el Ministerio Público en su escrito de acusación, costaron a la CAM un desembolso total de 20 millones de euros junto con los bonus y las indemnizaciones que la cúpula se otorgó en 2011 cuando la situación era "crítica".
De igual forma ha respondido cuando el letrado del Fondo de Garantías de Depósitos (FGD), que asumió el rescate de la Caja y ejerce la acusación particular en el procedimiento, le ha preguntado por qué fue facultado a realizar titulización de activos (uno de los medios empleados por la excúpula para simular la obtención de beneficios) pese a que de esa función ya se encargaban los directivos. "Ellos sabían que no tenía conocimiento alguno", ha respondido.
El expresidente de la Caja ha sido el primero de los ocho acusados en declarar ante el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo y que también juzgó el caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia. 
Los exbanqueros se enfrentan a una petición de la Fiscalía de penas que van desde los diez meses a los siete años y medio de prisión por los delitos de de falsedad en las cuentas anuales, estafa y apropiación indebida por su gestión.
Crespo ya fue juzgado y absuelto junto con López Abad y el expresidente de la Comisión de Control Juan Ramón Avilés, por haber favorecido dietas presuntamente irregulares de entre 9.000 y 308.700 euros para 19 miembros de la entidad por valor de 1,37 millones de euros.

lunes, 29 de mayo de 2017

Las acusaciones piden que se juzguen las cuotas de la CAM desde su origen


MADRID.- Las acusaciones particulares pidieron este lunes en la primera sesión del juicio oral sobre la quiebra de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que se añadan a la causa las cuotas participativas comercializadas por la entidad desde 2008, y que no se limite a las de 2011.

En el auto de procesamiento, la juez de Instrucción Carmen Lamela mantenía como parte de esta pieza principal únicamente las cuotas comercializadas entre las 13:03 horas del 1 de marzo de 2011 y el 22 de julio de ese año, fecha en que se hizo público el inicio del proceso de reestructuración de la CAM.
Pero ahora las acusaciones particulares en representación de los afectados solicitaron que se amplíe el perímetro, un criterio que no comparte el fiscal, Luis Rodríguez Sol.
Sí coincidió con las defensas al descartar que las citadas acusaciones puedan seguir reclamando indemnización alguna en este juicio que, dijo, se limita únicamente a quienes compraron cuotas participativas "fiándose de unas cuentas que no reflejaban la situación real de la entidad", esto es, que mostraban 65 millones de beneficio en vez de unas pérdidas de 1.136 millones.
Al igual que ya ocurriera durante el juicio contra 65 usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid, una veintena de afectados llegados desde Alicante -las cuotas participativas de la CAM que alcanzaron a unos 55.000 ahorradores- acudieron a la sede que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares para increpar a los ocho exdirectivos acusados.
Entre los que pidieron que se amplíe a las cuotas emitidas desde 2008 figura el letrado Diego de Ramón, que representa a unos 1.000 afectados y que señaló que la falta de información veraz sobre dicho producto en estas primeras fechas "se constató en julio de 2011, cuando el Banco de España abrió un expediente a la caja por alteración contable de la información financiera y patrimonial".
Una decisión en la que insistió la defensa del ex director general de la CAM Roberto López Abad, Javier Boix, que alegó la falta de legitimidad de dos de las acusaciones particulares personadas en la causa, ya que los afectados a quienes representan suscribieron cuotas con anterioridad al citado periodo.
Al respecto, aseguró que de permitir que ambos letrados sigan en el juicio, "habría que solicitar su anulación" con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva de todos aquellos clientes que figuran en la pieza separada de cuotas participativas para que puedan incorporarse a las vistas.
La Audiencia Nacional juzga desde este lunes a ocho exdirectivos de la CAM acusados de varios delitos societarios, entre ellos estafa continuada y falsedad contable en los estados financieros de 2010 y del primer semestre de 2011, así como de cobrar indebidamente 47,3 millones de euros de indemnizaciones.
La Fiscalía solicita las penas de prisión más elevadas, siete años y medio de cárcel y una multa de 180.000 euros, para los ex directores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, y el ex director general de Inversiones y Riesgo Francisco José Martínez, en calidad de autores, aunque exime de responsabilidad al que fuera presidente, Modesto Crespo.
A Crespo le acusa el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) como autor de un delito de estafa a inversores y manipulaciones informativas, junto a Amorós y Sogorb, para quienes solicita nueve años de cárcel y multa de 144.000 euros.
El expresidente sufre una cardiopatía que "quizás, a la larga", dijo su abogada, Adriana de Buerba, "le pueda impedir" acudir al juicio con regularidad, ya que "se acentúa en situaciones de tensión".
El escrito de la Fiscalía incluye en esta operativa al exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y al exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa, para quienes la Fiscalía solicita un año y dos meses de prisión y 9.000 euros de multa, así como al ex director general de Recursos Vicente Soriano, que se enfrenta a la petición más baja, 10 meses de cárcel y 12.000 euros.
El juicio se reanudará mañana martes con la resolución de las cuestiones previas planteadas hoy, con lo que darán comienzo las declaraciones de los testigos.

Qatar exige a 'El Corte Inglés' que inicie el estudio de su proceso de salida a bolsa


MADRID.- El consejo de administración de El Corte Inglés está empezando a notar la presión de tener por primera vez en su historia a un accionista ajeno a la familia. Shahzad Shahbaz, el representante del jeque Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani, ha pedido una nueva hoja de ruta que permita cumplir con el plan estratégico que se lanzó cuando el inversor catarí adquirió el 10% de la compañía, informa hoy http://www.elconfidencial.com.

Una petición que tendría como objetivo final profesionalizar la compañía y comenzar a preparar la salida a bolsa a partir del próximo año. El contrato que dio entrada a Al Thani en el capital de El Corte Inglés establecía en una de sus cláusulas que dicho accionista podía solicitar en cualquier momento que se pusiera en marcha el estudio de una OPV del grupo, fijándose un periodo de año y medio para la realización del informe.
La verdad es que, aunque en un estadio muy preliminar, la operación ya está en marcha
Según las fuentes, el jeque ya se habría dirigido al consejo con el objeto de activar dicha cláusula. El propio presidente y consejero delegado de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, dejó caer en la XXXIII Reunión del Círculo de Economía de Sitges que no descartaba sacar a bolsa la compañía en un futuro, aunque matizó que no era una opción que estuviera sobre la mesa. La verdad es que, aunque en un estadio muy preliminar, la operación ya está en marcha.
Igualmente, Shahzad Shahbaz ha requerido a Cristina y a Marta Álvarez Guil, las dos herederas de Isidoro Álvarez, así como a Florencio Lasaga y Carlos Martínez Echevarría, en representación de la Fundación Ramón Areces, que aceleren la transformación del 'holding' debido a que, a pesar de la notable mejora del negocio en los últimos ejercicios, las cifras de crecimiento están lejos de lo que se estimó cuando en julio de 2015 entró en el capital.
Las mismas fuentes añaden que, a falta del cierre del ejercicio en curso —la compañía ya conoce los datos del año 2016-2017 acabado el 28 de febrero—, los objetivos se van a quedar cortos en cuanto a lo esperado por el catarí. Especialmente, en lo relativo al beneficio de explotación o ebitda, que se había calculado en 1.300 millones de euros para la temporada 2017-2018.
Este incumplimiento tendrá un impacto directo en el capital del grupo, ya que precisamente el jeque tendrá derecho a recibir una compensación en acciones por no alcanzar las cifras pactadas. Actualmente, Hamad bin Jassim bin Jaber al Thani es dueño de un 10% desde una sociedad luxemburguesa, pero recibirá en julio del próximo año otro 2,5% porque los 1.000 millones de euros que invirtió por esa participación fueron en forma de un préstamo con un cupón anual del 5,25%.
Otras fuentes próximas al consejo de administración aseguran que el incumplimiento del contrato le dará otro 0,5%, por lo que en julio de 2018 tendrá como mínimo un 13% del capital. A ese porcentaje hay que añadir una penalización de un 1% adicional si, cuando se decida a salir a bolsa, la valoración de El Corte Inglés se queda por debajo de una tasación preliminar ya acordada. Se da por hecho así que llegará a cerca del 14%.
La decisión estratégica principal es el cierre o transformación de una cuarta parte de los centros comerciales que no son rentables
La principal es el cierre o transformación de una cuarta parte de los centros comerciales que no son rentables. En concreto, de hasta 21 de sus 100 puntos de venta de grandes dimensiones que internamente se definen como improductivos. Gimeno ha chocado varias veces con la oposición de Lasaga y Martínez Echevarría, que se oponen a bajar la persiana de algunos de los grandes almacenes que abrieron entre 2000 y 2010 bajo su mandato y el de Isidoro Álvarez, en plena crisis económica. En este listado están los de Leganés (Arroyosur), Jaén, Oviedo, Elche, Guadalajara, Talavera, Albacete o Eibar.
En el seno de El Corte Inglés preocupan y mucho las noticias de los cierres masivos que se están produciendo en Estados Unidos por el impacto del comercio 'online'. En lo que va de año, se han clausurado 3.600 establecimientos, y la previsión para el conjunto del ejercicio es de 10.000, según la consultora especializada en el sector F&D Reports
Por su parte, Moody's ha advertido de que un 13,5% de las compañías 'retailers' que cubren sus analistas de crédito está en grave riesgo de quiebra. La situación por la que atraviesa Sears, el gran 'holding' de la distribución estadounidense, ha alarmado al jeque catarí y a Gimeno, que ven con inquietud cómo sus acciones se han desplomado un 56% en nueve meses tras advertir de que duda sobre su capacidad para seguir con sus puertas abiertas el próximo año.
De momento, tras constituir un comité de dirección y otro de auditoría, el jeque ha pedido la creación de una comisión de nombramientos y retribuciones. El objetivo principal es separar la propiedad de la gestión a la hora de designar a la cúpula directiva o los próximos consejeros. Una decisión que se interpreta como un paso de cara a la futura salida a bolsa.

Juzgan desde hoy a la antigua cúpula de la CAM por las irregularidades que condujeron a la quiebra

MADRID.- La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga a partir de hoy lunes, a punto de cumplirse cinco años desde que comenzó la instrucción de la denominada pieza principal de las siete abiertas por la gestión de la CAM, a los siete ex directivos que formaban parte de la cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que autorizaron todas las irregularidades que condujeron a la entidad a la quiebra en 2011. 

La vista oral se fijó en un primer momento entre los meses de enero y marzo, pero la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal modificó el calendario. El juicio comenzó a las diez de la mañana y se prolongará hasta el próximo 21 de julio. La CAM llegó a ser la cuarta caja del país y acabó vendiéndose a Banco Sabadell por el precio simbólico de un euro.

Para el ex director general de la CAM Roberto López Abad, la ex directora general adjunta Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el ex director general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García, la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel y 180.000 euros de multa para cada uno. 
Asimismo, el Ministerio Público reclama una pena de un año y dos meses de prisión y multa de 9.000 euros para el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y para el exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa. Para el ex director general de Recursos de la CAM Vicente Soriano, el fiscal solicita una pena de diez meses de cárcel y multa de 12.000 euros.

Decomiso de las cantidades sustraídas

De igual modo, la Fiscalía pide el decomiso de determinadas cantidades en poder de los acusados: más de 1,4 millones de euros para Roberto López; 150.632 euros para Dolores Amorós; 122.623 euros para Francisco José Martínez; 108.615 euros para Teófilo Sogorb; y 429.475 euros para Vicente Soriano.
Según explica el escrito de acusación, los ex directivos de la CAM impulsaron un mecanismo para incrementar de forma ficticia los beneficios de la entidad en 2010, reclasificando como normales créditos dudosos y fallidos, de manera que consiguieron alterar el balance y la cuenta de resultados. También recurrieron a la titulización de activos y su incorrecta contabilización.
Uno de los motivos que llevó a la antigua cúpula a incrementar los beneficios de forma ficticia fue la integración con otras cajas para crear el Banco Base, pero también buscaban "asegurarse en 2011 el pago de una serie de complementos retributivos a los que sólo se tenía derecho si se alcanzaban determinados resultados al cierre del ejercicio anterior".
"De esta manera, los acusados se aseguraron que iban a cobrar, cuando la situación de la CAM ya era crítica, unas remuneraciones adicionales que no tenían derecho a percibir", indica el escrito del Ministerio Público.
Los acusados cobraron, así, paga de beneficios, aportaciones al plan de pensiones, incentivos anuales, un bono extraordinario a largo plazo y indemnizaciones por jubilación. En total, la CAM desembolsó indebidamente por todos estos conceptos algo más de 20 millones de euros.
En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, actualmente propiedad del Banco Sabadell --que se la adjudicó por un euro-- comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas arrojaban unas pérdidas de 1.136 millones de euros. 
Se les imputan los delitos de estafa, falsedad, apropiación indebida y administración desleal, entre otros.
Una sala formada por los magistrados Juan Francisco Martel, Ángela Murillo y Paloma González (quien ya fue parte del tribunal del primer juicio de la CAM) tendrá que dilucidar a lo largo de las 20 sesiones señaladas si quedan probados unos hechos que la instructora concretó en tres apartados. 
Primero: «la posible alteración de las cuentas anuales de la CAM en los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, que incluyen conductas dirigidas a no reflejar la imagen fiel de la sociedad, como las referentes a la calificación de los créditos subestándar, dudosos o fallidos». Segundo: «Los posibles perjuicios concretos causados a los inversores como consecuencia directa de la publicidad de dichas cuentas anuales presuntamente falseadas». 
Y tercero: «Los supuestos perjuicios derivados de las presuntas irregularidades en materia de prejubilaciones, previsión social complementaria, incentivos y bono extraordinario a largo plazo». 
A instancias del fiscal, este proceso da también cobertura a aquellos compradores de cuotas participativas que las adquirieron durante el periodo en que presuntamente las cuentas no correspondían al estado real de la entidad dado que las transacciones, que el acusador público cifra en unas 46.000, no se hicieron de acuerdo al valor de estos títulos sino al que se publicó siendo presuntamente falso.
El Ministerio Público considera que Roberto López Abad, que ya estuvo en prisión provisional, y Dolores Amorós eran quienes "tomaban las decisiones económicas de CAM al más alto nivel". A ambos les imputa un delito continuado de falsedad contable más otro de estafa agravada y, alternativamente, de apropiación indebida en concurso con uno de administración desleal por el cobro de retribuciones indebidas.
Para cada uno pide una pena de siete años y medio de prisión y multa de quince meses con una cuota diaria de 400 euros. El castigo más leve es para Vicente Soriano, ex director general de Medios, para el que solicita diez meses de cárcel.
El fiscal no imputa a Modesto Crespo, expresidente no ejecutivo, a diferencia de otras acusaciones. "No consta que conociera la irregularidad de las operaciones realizadas para reflejar beneficios ficticios en las cuentas", dice su escrito.  
Modesto Crespo, el último presidente de la CAM ha presentado en el juicio un certificado médico en el que acredita que padece una cardiopatía, lo que podría dificultar su asistencia a todas las sesiones del juicio.
En el banquillo, y junto al fiscal Luis Rodríguez Sol, se sienta la Fundación CAM y el Fondo de Garantía de Depósitos además de la acusación popular que, bajo la representación letrada del abogado murciano Diego de Ramón (en la imagen), da voz a cerca de un millar de afectados por la compra de cuotas, además de los letrados de otros afectados por este producto.
Durante el juicio la Fundación CAM, el Banco de Sabadell y la mitad de los acusados han pedido que se expulse a los afectados por las cuotas. 
La Sala ha aceptado la mayoría de las pruebas solicitadas por las partes, entre ellas la declaración, en calidad de testigos o de peritos, de cuatro inspectores del Banco de España que reclamaban el fiscal, la Fundación y el Fondo.
Como responsable civil directo se señala a la aseguradora Caser (titular de la póliza de responsabilidad civil de los antiguos directivos) y al Banco Sabadell y a la Fundación como subsidiarios.
El Tribunal deberá determinar si la mala gestión de la cúpula es constitutiva de delito penal por todos o parte de los ocho acusados que se sientan en el banquillo. Dictará sentencia Ángela Murillo, la misma magistrada que condenó en febrero a exconsejeros de Caja Madrid por el caso de las tarjetas black.
El salvamento de la CAM fue sufragado por la banca a través del Fondo de Garantía de Depósitos y costó 5.249 millones de euros. Por eso este fondo está personado como acusación particular en el juicio.
La CAM fue intervenida por el Banco de España el 23 de julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, además de aprobar una inyección de 2.800 millones de euros por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), que elaboró los informes donde se describen las numerosas irregularidades cometidas por los antiguos gestores, sobre todo en la concesión de créditos al sector inmobiliario y en la concesión de pensiones vitalicias para la cúpula directiva.

domingo, 28 de mayo de 2017

Un empleado en Alcoy le gana al Banco de Santander un pleito laboral por vulnerar sus derechos fundamentales

ALICANTE.- Es la primera vez que el Banco Santander ha sido condenado por vulneración de derechos fundamentales y la indemnizacion de 50.000 euros por daños y perjuicios morales a un empleado en la oficina de Alcoy es relevante (la mayor parte de las veces es simbólica y en otras no pasa de 10.000 euros). 

El mobbing o acoso laboral como forma de violencia psicológica con deterioro de salud se ha acreditado en este caso y la 'maldad' del Banco con el traslado constante del actor, parece que tambien, según opinan los expertos en Derecho Laboral consultados, que ven esta resolución como un gran precedente de jurisprudencia en el sector bancario ya con miles de prejubilaciones, bajas incentivadas y despidos improcedentes.

El célebre  y condecorado letrado laboralista murciano Antonio Checa de Andrés (en la imagen) le ha ganado al Banco Santander, en lo calificado por los especialistas como 'un gran pleito laboral' por la puerta que se abre para otros empleados de banca en las mismas o muy parecidas circunstancias sufridas o por sufrir.
 
Ahora, en una sentencia de 26 folios, la magistrada del Juzgado nº 7 de lo Social en Alicante, Aurora Gutiérrez Gutiérrez, admite parcialmente las pretensiones en su demanda del empleado, Javier Fernández de Diego, y declara nulo su traslado forzoso a la provincia de Tarragona por lo que supone de vulneración de derechos fundamentales así como la reposición en su original puesto de trabajo de Alcoy en las mismas condiciones que regían antes de su último traslado forzoso y contra su voluntad, con la advertencia en el fallo de que debe cesar toda conducta vulneradora del derecho del demandante, condenando igualmente a Banco de Santander a una indemnización de 50.000 euros como reparación por los daños morales causados al actor, que lleva más de un año en tratamiento médico.

La demanda fue interpuesta el día 6 de junio de 2016 por modificación sustancial de las condiciones de trabajo y contra el Banco de Santander y dos de sus responsables de RR. HH., así como contra los representantes de la sección sindical por UGT, CC OO, STS y FITC, que han quedado absueltos en el citado fallo que declara nulo de pleno derecho el traslado forzoso impuesto a Javier Fernández de Diego como el último escalón de un largo proceso de acoso laboral desde la cúpula regional de la entidad con sede en Valencia.

Todo comienza cuando el actor solicita a su empresa un traslado a Murcia o inmediaciones cuando sea posible por ser allí donde reside su futura esposa con la que muy pronto iba a contraer matrimonio, consigue incluso por conciliación familiar solicitar la permuta de su puesto con la de un compañero destinado en Lorca que deseaba un puesto en la provincia de Alicante. Y todo por parte del actor para evitar hacerse a diario 270 kilómetros con el riesgo vial añadido que eso supone. No recibe respuesta a sus múltiples requerimientos en ese sentido pese a que su evaluación de 2011 y 2012 sugiere que posiblemente aumentaría de rendimiento si fuese destinado a una localidad cercana a su lugar de residencia en Murcia.

A partir de ese momento Banco Santander le rebaja de categoría aunque le mantiene la retribución de director de oficina que había alcanzado, primero en la sucúrsal 3354 en Alcoy y posteriormente la oficina 3894 en Jávea. Y empieza para De Diego un peregrinar constante por oficinas de la entidad en la zona de Alcoy-Ibi-Cocentaina sin parangón con otros compañeros, que le llevan a solicitar una primera baja médica por ansiedad aunque luego vendrían otras por trastornos depresivos ratificados por informes médicos psiquiátricos e informe pericial. Mientras, se producen cinco traslados a Murcia por comisión de servicio y a puestos de su nivel pero el actor queda excluido de ellos.

En esa circunstancia y, ante la absorción de Banesto por el Santander con el consiguiente ERE, se le ofrece una baja incentivada que el actor no había solicitado ni aceptaba por lo que, aduciendo necesidades del servicio es trasladado a la sucúrsal 3442 en una pequeña localidad agrícola de Tarragona, Mont-Roig del Camp, a unos 500 kilómetros de Murcia, donde en una vivienda hipotecada con el Santander propiedad de ambos, reside y trabaja su esposa e hija ya escolarizada en guardería, sin que la sección sindical del banco accediese a plantear su caso a la dirección regional de RR . HH. de Banco de Santander en Valencia, que adujo era contraproducente hablar del mismo.

Ahora De Diego se muestra dispuesto a renunciar a la indemnización de 50.000 euros impuesta por la magistrada de lo Social al Banco de Santander, a cambio de conseguir su anhelado traslado a Murcia o localidad colindante, que le permita conciliar por fín su vida familiar con su empleo.

miércoles, 10 de mayo de 2017

Los empresarios del Mediterráneo se unen en Almería por el Corredor ferroviario

ALMERÍA.- Más de 300 empresarios catalanes, valencianos, murcianos y andaluces se han reunido hoy en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce, Roquetas de Mar (Almería), para reclamar la ejecución de un Corredor Mediterráneo con doble plataforma y tráfico para mercancías y pasajeros.

Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), promotora del encuentro, ha reivindicado que es preciso "disponer de un corredor como Dios manda, con doble plataforma, para personas y para mercancías", y ha anunciado que llevarán a cabo otro nuevo acto en octubre en Madrid.
A esta cita ha acudido una amplia delegación de empresarios del arco mediterráneo como Eduardo Baamonde (Cajamar) Francisco Martínez-Cosentino (Grupo Cosentino), o el presidente de Mercadona, Juan Roig, que ha dicho a los medios que "todos los españoles" deben defender el Corredor Mediterráneo porque "es un problema de la sociedad" y es bueno que la "riqueza de España sea totalmente circular, además de ser radial".
El acto ha sido inaugurado por Boluda, quien ha subrayado que la suma de asistentes ha demostrado que "todos vamos a una" y ha añadido que para que esta reivindicación tenga éxito hay que "desterritorializarla".
"Es determinante que catalanes, valencianos, murcianos y andaluces defendamos todos y cada uno de los kilómetros del corredor, porque en el trazado completo está la competitividad y el beneficio para el conjunto de España", ha añadido.
Ha asegurado que el objetivo es "completar la actual España radial con la españa circular, ya que son compatibles", porque si bien la capital española es "muy importante, el resto de regiones deben ser atendidas también, porque mejorándolas avanzará el conjunto del país".
El presidente de la patronal valenciana ha cuestionado la existencia de voluntad política para la ejecución del corredor y añade que aunque el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha dado fechas, a los empresarios les parecen "tardías", aunque ha valorado que "ya hay un equipo trabajando y unos compromisos que cumplir, lo cual ya es un avance".
No obstante, ha advertido que el próximo junio se realizará una valoración de los "once hitos identificados como imprescindibles para el avance de la infraestructura", momento en el que se verá si "la voluntad política se traduce en hechos".
El presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Diego Martínez Cano, ha dado a los asistentes la bienvenida "a la isla de Almería", en alusión al "aislamiento ferroviario" de la provincia con respecto al resto de España, ya que ha mantenido que es la provincia "más castigada" en lo que a infraestructuras se refiere.
"Estoy firmemente convencido de que la distancia no es el problema, porque Almería no está lejos. El problema es que las administraciones no han movido ni un milímetro para que estemos más cerca del resto de España", ha precisado.
Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha sostenido que el Corredor Central y el Mediterráneo no son "incompatibles", y ha abogado por darle protagonismo al Campo de Gibraltar y Algeciras, de forma que ha ofrecido repetir el "éxito" del encuentro de Almería con otro "gran acto" en esta ciudad gaditana.
Ha sostenido que de esta forma se podrá "acreditar la complicidad" de ambos proyectos y eliminar "cualquier tipo de excusas o competencias falsas entre los dos, que son inexistentes".

800 empresarios reivindican en Almería el Corredor Mediterráneo

ALMERÍA.- Unos 800 empresarios de Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana y Cataluña participan este miércoles en Almería en el tercero de los encuentros organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) para reivindicar el Corredor Mediterráneo y sumar apoyos a esta causa, tras las citas de Tarragona, donde participaron más de 300 empresarios y Murcia con más de 500 asistentes.

Los Encuentros por el Corredor Mediterráneo, impulsados por AVE, tienen como finalidad escenificar la importancia y necesidad de la infraestructura y concienciar a la sociedad civil para que se implique en su reivindicación. Tras los encuentros de Tarragona y Murcia, Almería acogerá esta última parada del Road Show por las comunidades autónomas bañadas por el Mediterráneo, antes del chequeo semestral sobre el estado de las obras que tendrá lugar en el mes de junio.

Uno de los principales objetivos que se persigue es trabajar para que, en las infraestructuras en general, y las ferroviarias en particular, se complete la actual España radial con una circular, que conecte mejor a los territorios y haga más competitivo y próspero a nuestro país.

Canal de comunicación
Además, se dará a conocer el canal de comunicación www.elcorredormediterraneo.com, que permite al usuario navegar de forma interactiva a través de la primera grabación que se realiza en helicóptero por todo el trazado ferroviario, desde la frontera francesa hasta Algeciras por la costa, escogiendo el tramo que más le interesa.

Este nuevo canal de comunicación cuenta con producción audiovisual propia, extensiones en las redes sociales y está concebido para concienciar a la población sobre "la situación de parálisis que sufren las obras ferroviarias en la cornisa mediterránea, demostrar cómo afecta a su vida cotidiana y hacer un riguroso seguimiento".

#QuieroCorredor
Además del canal de comunicación, AVE ha puesto en marcha la iniciativa #QuieroCorredor, una campaña de recogida de firmas, que en estos momentos llega prácticamente a las 6.000 adhesiones, que tiene el objetivo de sumar a la sociedad civil a la iniciativa.

Los presidentes de AVE y de la Cámara de Comercio de Almería, Vicente Boluda y Diego Martínez Cano, respectivamente, abrieron el Encuentro, que cerrará el presidente de la CEA José Manuel González de Lara. Además, durante el encuentro tendrá lugar un diálogo entre empresarios en el que está previsto que participen los empresarios Vicente Boluda (Boluda Corporación Marítima y AVE), Ignacio Osborne (Grupo Osborne e IEF), José García Carrión (Grupo García Carrión), José Cano García (Asempal y Deretil) y José Mª Bonmatí (Aecoc).

Asimismo, asisten empresarios como Juan Roig, Eduardo Baamonde, Artur Carulla, Ignacio Ferrero, Javier Godó Muntañola, Francisco Martínez-Consentino, Javier Moll, José Terradellas, Federico Michavila, Quico Catalán y Tomas Fuertes. También, del mundo patronal y cameral de toda la cornisa mediterránea, entre los que estarán, José Manuel González de Lara, Antonio Ponce Fernández, José Mª Albarracín, Pedro García Balibrea, Francisco Gómez Andreu, Salvador Navarro, Josep Antoni Belmonte y Juan Bautista Riera Fernández.

martes, 9 de mayo de 2017

Baldoví, diputado de Compromís por Valencia, el líder político mejor valorado de España

MADRID.-El portavoz de Compromís en el Congreso y diputado por Valencia, Joan Baldoví, sigue siendo el líder político más valorado por los ciudadanos, con una nota de 4,54 puntos en el CIS, muy por encima de la que recibe el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con una calificación de 2,9.

Así consta en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que, como es habitual, evalúa al jefe del Ejecutivo y a todos los portavoces parlamentarios del Congreso, a excepción del caso del PSOE, en el que pregunta por el presidente de la gestora, Javier Fernández.

Según este sondeo, los dirigentes políticos más valorados tras Joan Baldoví son Xavier Domènech, de En Comú Podem (4,27); Alberto Garzón, de IU (4,26); y el portavoz del PNV, Aitor Esteban, con una nota de 4,25.

Ninguno de los cuatro grandes partidos aparece hasta el quinto puesto, que ocupa el socialista Javier Fernández con una nota de 4,12.
El líder de Ciudadanos (Cs), Albert Rivera, ocupa el séptimo lugar con 3,68, mientras que el de Podemos, Pablo Iglesias, se sitúa en el undécimo, con un 3. Mariano Rajoy se coloca en el puesto 13 de los dieciséis de la clasificación, con la citada nota de 2,91.
En el sexto lugar de esta lista está la portavoz de Bildu, Marian Beitialarrangoitia (3,98), y tras Albert Rivera (puesto 7) se sitúan Alexandra Fernández, de En Marea (3,36), y los canarios Ana Oramas (CC), con un 3,28, y Pedro Quevedo (NC), con un 3,11. El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se sitúa en décimo segundo lugar con una nota de 2,96.
Los tres últimos puestos de esta clasificación los ocupan Íñigo Allí, de UPN (2,88); Francesc Homs, del PdeCat -quien ya no está en el Congreso por haber sido inhabilitado- (2,61); e Isidro Martínez Oblanca, de Foro, con un 2,49

Sabadell es el segundo banco detrás del Popular en deuda derivada del ladrillo

MADRID.- La di­ges­tión del la­drillo por parte de la banca es­pañola re­sulta mucho más pe­sada de lo que se es­pe­raba por parte de al­gunos de sus res­pon­sa­bles. Los prin­ci­pales bancos aún so­portan casi 94.000 mi­llones de ac­tivos du­dosos o ad­ju­di­cados al cierre del primer tri­mestre y se re­duc­ción se li­mita a tan sólo un 3,5% de media res­pecto al cierre del pa­sado ejer­ci­cio. Por en­ti­da­des, el Banco Sabadell se acerca al Popular, pri­mero, en deuda acu­mu­lada por el efecto la­dri­llo, según desvela hoy https://www.capitalmadrid.com

El Banco de España ya alertaba hace unos días sobre este problema, más acuciante en algunas entidades que en otras.
El empacho de ladrillo, o la "resaca" según los términos del ministro Cristóbal Montoro al referirse a la deuda pública, por parte de la banca española supone todavía 93.725 millones de euros en sus balances, a tenor de los datos presentados por los siete bancos que cotizan en el selectivo al cierre del primer trimestre.
Desde luego, la "evacuación", según los términos que utilizan sus propios directivos, de esos activos improductivos se produce a un ritmo menor al deseado, aunque algunos de los consejeros delegados de los grandes bancos consideren que el lastre inmobiliario irá a menos en los próximos trimestres por la recuperación del sector inmobiliario.
Si se compara la cifra conjunta ofrecida por los principales bancos al cierre de marzo con la que acumulaban al cierre de 2016, la reducción se limita a 3.388 millones de euros, un 3,48% menos.
El Banco de España, en su último Informe de Estabilidad Financiera, cifraba en 190.000 millones de euros el total de activos improductivos de todo el sector financiero, con una reducción anual del 9%. El supervisor advierte de que este lastre impide una recuperación de la rentabilidad perseguida por todas las entidades, con unos ROE por debajo del coste de capital.
Las coberturas de dichos activos se han incrementado a lo largo de la crisis y ya suponen como media algo más del 50%, aunque varían según la situación de cada uno de los bancos. Eso sí, dichas provisiones suponen una merma sustancial en los resultados individuales de cada entidad que pueden desembocar en pérdidas frente a los beneficios que pudieran obtener por su actividad puramente bancaria.
"No queremos ser un banco inmobiliario", sentenciaba hace algunas semanas el consejero delegado del Popular, Ignacio Sánchez Asiaín, antes de la presentación de las cuentas de su grupo correspondientes al primer trimestre del ejercicio.
Pese a esas pretensiones, el caso del Popular es el más grave entre los principales bancos españoles, ya que hasta marzo el volumen de activos improductivos se eleva hasta los 36.839 millones de euros, algo por debajo de los más de 37.000 millones que soportaban al cierre del pasado ejercicio. Su consejero delegado busca la fórmula para poder acelerar el ritmo para aliviar esa enorme carga.
De hecho, el Popular más que duplica la cifra de activos improductivos del segundo banco peor situado, como es el Sabadell que cuenta con un esquema de protección de activos (EPA) por la integración de la intervenida CAM. El grupo presidido por José Oliu soporta 18.275 millones de activos problemáticos, de los que 8.968 millones de euros son adjudicados.
Santander y BBVA, los dos grandes grupos internacionales, rondan los 10.000 millones de euros en ese tipo de activos, mientras que Caixabank se sitúa algo más por debajo (7.600 millones de euros). Pese al traspaso de activos a la Sareb o banco malo, Bankia soporta todavía una losa de unos 11.000 millones de euros.
Bankinter es el que goza de una posición más desahogada, ya que su exposición al inmobiliario se ha reducido algo por debajo de los 511 millones de euros. Esta entidad es la que se ha visto menos afectada por el pinchazo de la burbuja del inmobiliario a lo largo de toda la crisis y sus coberturas (48% de problemáticos) se comparan en igualdad con aquellos que más peso de ladrillo tienen en sus balances.

miércoles, 19 de abril de 2017

El gran eje ferroviario europeo para mercancias Algeciras-San Petesburgo / Ángel Tomás *

Al analizar algunas de las grandes inversiones públicas que han impulsado el crecimiento de la economía a corto plazo, pero que han conducido a crisis casi insoportables y endeudamientos de muy larga amortización, causa, cuando menos, preocupación y curiosidad por conocer si los nuevos proyectos se llevan a cabo previamente un estudio exhaustivo de los cinco principios básicos que la economía pública y privada exige:
1.- Análisis de su necesidad, prioridad y oportunidad. 2.- Precisión de sus ventajas prioritarias e incompatibilidades. 3.- Cuantificación y programación financiera. 4.- Rentabilidad creciente y su sostenibilidad. y 5.- Plan asumible de amortización de la inversión patrimonial proyectada. De este estudio dependerá una toma de decisiones justa y eficaz. No olvidemos, como señaló Keynes, que las ideas son a veces más poderosas que los grupos de presión. Por eso es muy importante precisar el rigor con el cual se conforma el clima de opinión.

Muchas son las inversiones públicas terminadas, en vía de ejecución o simplemente proyectadas, que incumplen total o parcialmente los cinco puntos expresados en el párrafo anterior. Los gestores de esa política económica, olvidando también el rigor presupuestario, llegaron a resultados negativos o "recesión de balances", como lo definiera el economista Richard Koo, ante el desequilibrio económico que sufrió su país como consecuencia de una burbuja extraordinaria. La creación de objetivos estructurales debe ser generador del crecimiento nominal del PIB, superior al tipo de interés de la deuda pública.

Con independencia de las inversiones necesarias para el interés colectivo, el sostenimiento de ciertos sectores y la cobertura de los servicios sociales y sanitarios, se hace imprescindible conocer los estudios de impulso a la competitividad general y de costos por unidad y kilómetro (no publicados hasta ahora), que facilitará a las empresas exportadoras españolas de los distintos sectores de la actividad económica el Gran Eje Ferroviario Multimodal de Alta Velocidad Algeciras-Andalucía-Murcia-Valencia-Cataluña-Avignon-Metz-Hamburgo-Copenhague-Estocolmo Helsinki-San Petersburgo, y ramales más importantes de su área de influencia.

Es indudable que el corredor como eje de dinamismo económico emergente añadirá valor a nuestra infraestructura de comunicaciones y potenciará, como tecnología punta, tanto el transporte interior de viajeros como el turismo nacional. El transporte ferroviario de mercancías, históricamente siempre ha sido objeto de preocupación e innovación, pues la logística, como componente de los costos y sobre todo en las relaciones comerciales internacionales, debe ser competitiva, segura y eficiente.

No es nueva la preocupación política por conseguir un trazado continuo, y de enlace con los principales puertos españoles, para su conexión con los países del sur de Europa. Ya los romanos la iniciaron con la llamada Vía Augusta conectando en la Península los puertos de Tarraco y Gades, que constituían los de mayor actividad de todo el litoral mediterráneo.
A principio del siglo XX el transporte de mercancías lo absorbía mayoritariamente el ferrocarril utilizando su red administrativa de "despachos centrales", si bien, la recogida de la paquetería a las empresas hasta las estaciones ferroviarias de salida y su distribución posterior desde las de llegada hasta las ubicaciones de los destinatarios, corrían a cargo de las agencias concesionarias de transporte terrestre.
Este sistema mixto fue absorbido posteriormente casi íntegramente, y en especial para la carga fraccionada, por las grandes agencias de transporte por carretera, una vez que todo el territorio nacional contó con una red casi integral de autopistas y carreteras nacionales, como así ocurrió en casi toda Europa. Las agencias vienen cumpliendo un excelente servicio puerta a puerta.

FERRMED es una asociación internacional multisectorial sin ánimo de lucro, constituida en el 2004, para la mejora de la competitividad y desarrollo europeos sostenible a través de la promoción de sus "Estándares FERRMED", y la reducción de las emisiones de gases que afectan al cambio climático.
Entre sus objetivos principales se encuentran: a). Impulsar el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias para mercancías y sus conexiones de los puertos y aeropuertos con sus respectivos "interlands", b). Promover el desarrollo ferroviario para mercancías en la red principal del Gran Eje FERRMED, c). Mejorar la competitividad en la Unión Europea mediante la aplicación de los principios "R+D+4i", y d). Proyectar reformas en la red ferroviaria multimodal de mercancías y sus sistemas de explotación en sus puntos más débiles, realizando los estudios necesarios orientados al mercado, tanto a nivel regional, como nacional y europeo.

Encontrar un eje de dinamismo económico emergente, fue uno de los objetivos que se planteó Europa, y en base de ello se han cubierto algunas etapas esenciales, pero aún restan otras de vital importancia lastradas por: los protocolos diferentes por unificar, la conectividad uniforme internacional, una burocracia excesiva y lenta, las trabas aduaneras sin resolver, las incompatibilidades técnicas de la electrificación, y el elevado coste de la unificación de los anchos de vías existentes, que en Europa Central (sistema UIC) es de 1.435 milímetros, mientras que en España es de 1.668 milímetros. Sin olvidar la actual política restrictiva de las finanzas europeas, obligada por el alto endeudamiento y los efectos de la crisis mundial, aún no completamente superada.

La Red Ferroviaria Principal Trans-Europea, como igualmente nuestro Corredor Mediterráneo de alta velocidad, requieren: doble plataforma con separación de tráfico, uno para sincronización logística y otro para movilidad de viajeros (AVE), cambio de estaciones a semimodales y su alargamiento a 1.000 metros obligado por la nueva longitud de trenes de mercancías , y adaptar nuestro ancho de vías al europeo.

Los estudios de FERRMED estiman que la Gran Red absorberá el 35% del tráfico terrestre de mercancías, especialmente de larga distancia, con el fin de equilibrar de forma óptima todos los modos de transporte y su complementariedad. Sin embargo, aún gestionando solo el 35% del transporte y en especial para cargas completas y semirremolques, su costo de tarifa para fraccionadas habrá de ser competitivo con el camión.
Esto, hasta hoy, resulta para algunos empresarios de difícil comprensión, ya que el ferrocarril precisa en la recogida en origen y en su distribución final al cliente el auxilio de vehículos de carretera, costos a incorporar a los gastos generales, consumo de energía y amortizaciones de la alta inversión patrimonial del ferrocarril. Sería importante que se hicieran públicos los estudios analíticos de los precios finales de tarifa unidad-kilómetro del ferrocarril para el transporte de mercancías, y así cumplir con uno de los principios básicos expuestos al principio.

España cuenta con una de las flotas de transporte internacional por carretera más importantes de Europa, especialmente en plataformas refrigeradas para la distribución a larga distancia de frutas y hortalizas en fresco, que ponen en destino en la UE el producto en un tiempo máximo comprendido entre 48 a 72 horas. Las empresas líderes del sector han reforzado su potencia asociándose a otros grupos de la misma actividad del exterior, formando conjuntos logísticos de gran volumen y eficacia para el grupaje de mercancías. Ejemplo de ello son las española Primafrio y su asociada francesa Réseau Primaver, que en conjunto mueven más de 2.200 camiones.

Al nombrar como ventajas entre el ferrocarril y la carretera el mayor consumo de energía y emisión de CO2 de esta última, sería conveniente recordar la necesidad de cambiar el catenario a 25.000 voltios, y el alto consumo de los futuros trenes por su longitud, velocidad, peso y carga. Paralelamente la legislación europea exige al camión la reducción del consumo energético, y de manera especial la emisión del CO2, que técnicamente se está consiguiendo progresivamente por varios sistemas, por ejemplo, entre otros, instalando el sistema "dgid Dual fuel", que emplea como combustible gas natural licuado (GNL) y gasoil. Si bien, el ferrocarril consume energía eléctrica, su obtención ya los produjo en origen.

Unámonos a FERRMED, apoyemos sus objetivos, pero profundicemos en el estudio hasta compatibilizar e innovar los dos grandes sistemas de transporte terrestre.

(*) Economista y empresario

sábado, 8 de abril de 2017

Crean en Valencia un medicamento genético que hace efectiva la vacuna contra el cáncer

VALENCIA.- Investigadores de la Facultad de Medicina de la  Universitat de València y del hospital La Fe han desarrollado un medicamento genético que hace efectiva la vacuna contra el cáncer y que  en un año podría estar listo para probarse en humanos si se contara con  la financiación necesaria.
 
El  catedrático de Farmacología de la UV y farmacólogo clínico de La Fe  Salvador Aliño, encabeza el grupo de investigación que trabaja en  el desarrollo de este medicamento, que ha demostrado su eficacia contra  el melanoma en animales y que podría aplicarse a cualquier tipo de cáncer.
 
Hasta el momento se ha logrado que las vacunas sean  eficaces de forma preventiva, es decir, si se aplican previamente a la  implantación del tumor éste no se desarrolla, pero ese sistema   implicaría vacunar a toda la población de todos los tipos de cáncer,  algo que para Aliño no es asumible para nadie.
 
Sin embargo,  añade que si se aplican una vez el cáncer está implantado la vacuna no  es efectiva, debido a que cuando se desarrolla un tumor el organismo  genera "cierto grado de tolerancia" al mismo que las vacunas no son capaces de anular.
 
Por ello, los investigadores valencianos,  entre los que se encuentran, además de Aliño, María José Herrero, Antonio Miguel y Luis Sendra, han trabajado en el desarrollo de un  medicamento genético (con células modificadas genéticamente) que permita  "silenciar" los genes responsables de esa "tolerancia" al tumor, para después aplicar la vacuna.
 
Con el sistema desarrollado, publicado en la revista "OncoTargets and Therapy" y que ha demostrado su  eficacia en ratones, el organismo recupera la actividad antitumoral y  neutraliza las células infectadas, con lo que el cáncer se cura.
 
Según  explica Aliño, el bloqueo de la molécula CTLA4 (una de las responsables  de esa tolerancia al tumor) usando anticuerpos dirigidos contra  proteínas en la superficie de la célula, ha mostrado una respuesta  antitumoral eficaz, pero existe otra molécula, la Foxp3, ubicada en el  interior de la célula, que también es responsable de esa "tolerancia".
 
Por  esta razón, el objetivo de este equipo investigador era evaluar si  combinar la vacunación terapéutica con el silenciamiento de los genes que codifican estas moléculas de ubicación tanto extra como intracelular  mejoraba la respuesta antitumoral, algo que han demostrado, de momento,  en animales.
 
Este trabajo, aseguran, ha demostrado que la  vacuna de células tumorales, combinada con el silenciamiento de genes  Foxp3 o CTLA4, puede aumentar la eficacia de la vacunación antitumoral  terapéutica. El siguiente paso sería lograr los mismos resultados con genes humanos en laboratorio, pero el problema, según relata Aliño, es que "no hay financiación para desarrollar el medicamento de silenciamiento en genes humanos".
Este farmacólogo calcula que el medicamento podría estar terminado en un año si se tuviera la financiación necesaria, que estima en unos 50.000 euros, correspondientes al trabajo de una persona durante todo un año, pero lamenta las dificultades que tienen los investigadores para lograr fondos.
 
A partir de ahí, quedaría obtener la autorización de la Agencia del Medicamento para hacer los ensayos clínicos en pacientes y poder poner en el mercado una terapia efectiva contra al cáncer, una de las enfermedades que más muertes causa tanto en hombres como en mujeres, y que se prevé que afecte a una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres.
 
Salvador Aliño defiende que las vacunas contra el cáncer son "una alternativa muy atractiva" pues su potencial terapéutico es "muy elevado" y tienen un riesgo "muy bajo", y recuerda que en su desarrollo han contribuido muchos investigadores desde antes de 1990.
 
No obstante, añade, ha sido en la última década cuando se han logrado "éxitos relevantes", primero con las vacunas preventivas utilizando células tumorales modificadas genéticamente, y más recientemente, combinado esta terapia con el silenciamiento de genes implicados en la tolerancia al tumor.

martes, 21 de marzo de 2017

El Estado tendrá que pagar 1.494 millones a 'Abertis' por la caída de tráfico en la AP-7


MADRID.- Abertis ha logrado una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justicia de Madrid frente al contencioso que mantiene desde 2015 con el Ministerio de Fomento por el que grupo reclama 1.494 millones de euros por derechos de cobro de peaje en un tramo de la autopista AP-7.

El contencioso queda ahora pendiente de que Fomento decida si recurre este fallo y del proceso paralelo abierto que sigue en el Tribunal Supremo.
No obstante, en caso de que finalmente todas las instancias judiciales les den la razón a Abertis, al término de la concesión de la AP-7 en 2021, la compañía tendría derecho a cobrar de Fomento los 1.494 millones de euros acumulados hasta ahora por compensación de tráficos, más el importe que se sume hasta entonces a esta cantidad, además de otros 769 millones por las obras realizadas en la vía.
Por el momento, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado "íntegramente" todo el recurso que Abertis planteó en 2015 contra Fomento. Así, ratifica que el grupo estaba contabilizando correctamente un derecho de cobro de peaje en contra del criterio del Ministerio.
El contencioso tiene su origen en 2006, cuando Abertis alcanzó un acuerdo con Fomento, ratificado mediante Real Decreto en Consejo de Ministros, por el que la compañía de concesiones se comprometía a realizar ampliaciones y mejoras en la AP-7 y a aplicar descuentos en los peajes, a cambio de que el Estado asumiera el riesgo del tráfico de la autopista si el volumen de usuarios no alcanzaba ciertos niveles.
No obstante, en 2011 el Ministerio comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo, especialmente sobre las compensaciones por tráfico. Según Abertis, Fomento indicó entonces que no consideraba la compensación por tráfico como parte del saldo del convenio y, además, planteaba dudas respecto a la forma en que la compañía lo estaba contabilizando en sus cuentas.
El grupo lo registraba como activo financiero, lo que le permitía incluirlo cada año en sus cuentas y además generaba un derecho de cobro, mientras que Fomento defendía que se trataba de un activo intangible.
Abertis planteó entonces un recurso contra esta consideración de Fomento, que este Departamento rechazó en junio de 2015, lo que llevó a la empresa a recurrir en septiembre de ese año al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, órgano judicial que en una sentencia con fecha del pasado 7 de marzo, da ahora la razón a la compañía.
En paralelo, en 2015 el grupo de concesiones también elevó el contencioso al Tribunal Supremo. La compañía tomó esta decisión después de que remitiera un escrito al Consejo de Ministros para pedir que "ejerciera su potestad de interpretación de contrato de la AP-7 en relación con la compensación de los tráficos", y el Consejo de Ministros lo desestimara por "silencio administrativo".
A pesar de lograr el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Abertis asegura que mantendrá su actual criterio de prudencia contable respecto al derecho de cobro de la AP-7.
La compañía contabilizaba este derecho como activo financiero desde que firmó el convenio con Fomento en 2006 y hasta que comenzó el contencioso con el Ministerio en 2015. Entonces, la compañía empezó a registrarlo como activo financiero y a realizar provisiones, criterio que mantendrá hasta que se resuelva todo el proceso judicial.
Este contencioso se suma a otro que Abertis también tiene con Fomento en el Supremo, por el desequilibrio económico que presenta un tramo de la AP-7 en Valencia, en este caso por la construcción de vías alternativas libres de peaje.

jueves, 9 de marzo de 2017

Otro familiar de la viuda de Vicente Sala pudo ser el autor de los disparos

ALICANTE.- Otro familiar directo de Carmen Martínez, la viuda asesinada de Vicente Sala, ex presidente de la CAM, a comienzos del pasado mes diciembre, pudo ser el autor de los disparos que acabaron con su vida, según la última hipótesis policial que maneja ya la investigación judicial y ha trascendido hoy.

Fuentes próximas a la investigación explican así que Miguel López, uno de los tres yernos de Carmen permanezca todavía en prisión desde el pasado 10 de febrero como sospechoso, al menos, de complicidad por haber preparado con cierto tiempo el escenario del crimen y de conspirar con otros famiiares directos de la víctima para acabar con ella desde hace meses, convencidos de que había perdido la cabeza y eso les perjudicaba patrimonialmente.

El testimonio en sede judicial de Antonia Martínez, hermana de Carmen, sigue siendo crucial para la investigación en marcha por el juzgado nº 7 de los de Alicante, de guardia y personado en el lugar de los hechos minutos después del crimen. El odio hacia la mujer y no otra cosa parece el móvil elemental en este caso, que ya ha cumplido tres meses de pesquisas y que sigue girando en torno a la familia como núcleo del que probablemente salió el asesino.

La brigada de la Comisaría central de Alicante, junto a la Policía Judicial y miembros de una brigada especializada del Ministerio del Interior vienen trabajando directamente a las órdenes del juez José Luis de la Fuente y del comisario-jefe, Alfonso Cid, para poder arrojar resultados más concretos en los próximos días.

Según el avance de esos resultados pendientes de prueba, pudo ser un descendiente directo de Carmen quien acabó materialmente con su vida, puede incluso que asistido de otro familiar directo que colaboró en la huida del autor de los dos disparos con un arma manipulada. Se descarta así la primera hipótesis de un sicario de pistola con silenciador.

viernes, 10 de febrero de 2017

Prisión sin fianza para el yerno de Vicente Sala, expresidente fallecido de la CAM

ALICANTE.- El titular del juzgado nº 7 de Alicante ha decretado hoy el ingreso en prisión provisional y sin fianza de Miguel López al considerarle el presunto asesino de su suegra y viuda del expresidente de la extinta Caja Mediterráneo (CAM) Vicente Sala, según han confirmado fuentes jurídicas.

El sospechoso, marido de la hija pequeña de la fallecida (María del Carmen Martínez, de 72 años), ha mantenido su inocencia en el interrogatorio ante el juez José Luis Lafuente, que se ha prolongado durante tres horas y media y donde ha estado acompañado por su abogado.
López fue detenido el pasado miércoles por la mañana a la salida de su domicilio como presunto autor de los dos disparos que causaron la muerte de su suegra en el concesionario que el propio arrestado regenta en Alicante, hecho ocurrido el pasado 9 de diciembre.
Al término de la comparecencia, el arrestado ha sido conducido de nuevo por agentes de la Policía Nacional a los calabozos de los juzgados de Alicante y de alli a la cárcel de Fontcalent.
La declaración judicial de López, con gran seguimiento de los medios de comunicación, se ha producido horas después de que el juez Lafuente decretara el levantamiento del secreto de sumario.

Urgente control a la importación de cítricos / Ángel Tomás *

La UE no protege adecuadamente la producción citrícola de la Europa meridional, y en especial la española, que ostenta el liderazgo mundial en calidad y garantía fitosanitaria basado en un esmerado cultivo y un excelente y probado control profesional sanitario. La opinión pública ha sido partícipe en los últimos meses de los perniciosos efectos de suscribir un tratado comercial comunitario con países terceros (Comunidad de Estados Sudafricanos), firmado a espalda del sector y sin un informe de impacto previo. 
Las destructivas consecuencias para los cítricos europeos vienen dadas por: - el solapamiento de las producciones bilaterales para su venta en fresco o su procesado industrial en zumos, - una competencia desleal de costes de producción, medioambientales y sociales, - unas aplicaciones fiscales desequilibradas, - las nuevas ventajas arancelarias para sus exportadores, y - la ruptura del manido principio de preferencia comunitaria.

No aplicar severamente la regulación comunitaria en materia de control fitosanitario de las importaciones procedentes de países terceros o hacerlo de manera permisiva con algunos Estados miembros importadores, con nula o escasa sensibilidad y carentes de producción que proteger, genera continuos impactos negativos a la industria española. 

A título de ejemplo, sólo durante el último trimestre, el sector citrícola nacional ha conocido tres nuevas y graves amenazas foráneas, como consecuencia de la laxitud del control sanitario en ciertos puertos de entrada: - en noviembre se confirmó en Mallorca la presencia de una bacteria, la Xylella fastidiosa, que podría ser letal para los cítricos, olivos y otros frutales y que sólo dos meses después ya se considera que está expandida por todo el archipiélago, - en diciembre, se localizó en Alicante otra peligrosa plaga también desconocida en estas latitudes, el llamado 'trip del té', y - recientemente, las autoridades lusas confirmaron a las españolas que el insecto que porta la enfermedad citrícola más devastadora del planeta, el ‘citrus greening’ (que ya ha puesto contra las cuerdas a potencias productoras como Florida, Brasil o China) ha sido detectado en Aveiro (Portugal), a sólo 450 km de las plantaciones citrícolas de Huelva.

Por efecto directo de la globalización de los intercambios comerciales -no debidamente controlados en los puertos de llegada europeos- se estima que cada poco más de un año se introduce en el sector citrícola español una nueva plaga o enfermedad. Cualquiera de las que portan recurrentemente los agrios de Sudáfrica en sus envíos a la UE (como el citado citrus greening, el hongo 'Citrus black spot' o la polilla C. Leucotreta) cuestionaría la viabilidad de nuestra citricultura, un sector que cada año genera un volumen de negocio superior a los 4.000 millones de euros, más de 3.000 de ellos en exportaciones.

Como en toda actividad económica que cubra un consumo necesario y que contribuya al crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y de la Renta per Cápita (RPC), surge inevitablemente la competitividad altamente agresiva. Si además, el sector no solamente crea riqueza sino que contribuye a mejorar la salud humana y satisfacer la necesidad alimentaria, como es el caso, surge el "plagio destructivo" y la "ambición especulativa desmedida", ilegal y creadora de un dumping que exigiría la indemnización compensatoria jurídicamente indiscutible de una actividad que se desarrolla en una tierra fértil, un clima único y un agricultor técnicamente preparado, amante de su oficio y continuador de las experiencias de sus antepasados; sin olvidar la pérdida de riqueza del Patrimonio Nacional, del consumo y de nuestra balanza exterior.

En septiembre de 2014, ante la amenaza de nuevos rechazos - por razones fitosanitarias o incluso de un nuevo bloqueo de sus exportaciones decidido por Bruselas- , Sudáfrica acordó con las autoridades holandesas cómo flexibilizar los controles en sus puertos. Se pactó con la principal plataforma de importación hortofrutícola de aquel país una inspección previa a la comunitaria (la oficial) y se acordaron, según consta en cartas remitidas por la Citrus Growers Associatión of Southern África (CGA) a importadores europeos, "protocolos y procedimientos creativos y flexibles” con la inspección oficial holandesa (la comunitaria).

Nótese el caso ciertamente cuestionable de Holanda, cuya inspección fitosanitaria oficial es realizada a través de una concesión del Estado por la entidad privada Kwaliteits Controle Bureau (KCB), cuyo consejo de administración está enteramente compuesto por los importadores de frutas y hortalizas holandeses. Se trata pues de un caso inédito con respecto al resto de Europa, donde estos controles son realizados por un cuerpo específico de funcionarios de alta cualificación. 

Es decir, que los exportadores sudafricanos pudieron negociar y lograron efectivamente dulcificar el prescriptivo control de plagas y enfermedades en el principal puerto de entrada europeo con los principales interesados en evitar tales problemas, los importadores de los Países Bajos. La decisión posterior para evitar más problemas fitosanitarios en destino fue sencilla, dirigirse hacia los puertos con controles más laxos: Rotterdam para los envíos en fresco hacia la Europa continental, a los puertos ingleses para los destinados, principalmente, a la transformación en zumos para las islas, o en mucha menor cantidad al país luso para su posterior distribución a los mercados españoles y del sur de Francia.

Gracias a la permisividad de la UE y a la connivencia con la inspección holandesa, británica y posiblemente la portuguesa (que acumularon el 50, el 24 y el 8 por ciento de las importaciones citrícolas europeas de 2016 procedentes de Sudáfrica), sus exportadores han conseguido reducir drásticamente los rechazos fitosanitarios en frontera, pero no el riesgo de poder expandir sus plagas y enfermedades.

No debe olvidarse, además, que gracias al nuevo acuerdo comercial con la UE han logrado eliminar bastantes componentes en sus costos, legitimando una competencia desleal –social y medio ambiental- con la producción europea. Entre otros cabe destacar: el fraude fiscal en origen, los costos sociales y de producción insuficientes, y la eliminación de derechos arancelarios para sus exportaciones a Europa. De seguir así se arrebatarán los beneficios a nuestros agricultores, llevándoles a la ruina de sus fincas agrícolas y a la posible quiebra.


SOLUCIONES


Determinados grupos del sector están reaccionando y estiman la posible necesidad de acudir a la vía judicial internacional que obligue a los tres miembros beneficiarios a someterse a la regulación Comunitaria de control fitosanitario.

Sin embargo, el Comité de Gestión de Cítricos (CGC) propone la siguiente y razonable solución:

1.- Que la CE haga cumplir los reglamentos de control y medidas preventivas fitosanitarias que garanticen la misma cualificación e independencia profesional de forma homogénea en todos los puertos de entrada de la UE para evitar que las importaciones se concentren en los menos rigurosos. 
2.- Que, siguiendo las recomendaciones científicas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), imponga controles y medidas preventivas a las importaciones se concentren en los menos rigurosos.
3.- Que, siguiendo las recomendaciones científicas de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), imponga controles y medidas preventivas a las , Australia o Japón.


(*) Economista y empresario