martes, 8 de junio de 2010

El uso de Internet podría reducir un 30% los gastos de la Administración española

MADRID.- Las Administraciones Públicas españolas podrían reducir sus gastos entre un 27 y un 32 por ciento si utilizasen todo el potencial de Internet y las nuevas tecnologías, según un estudio que está preparando la fundación del PSOE, IDEAS, y que se dará a conocer después del verano.

Este dato lo adelantó hoy el director de IDEAS, Carlos Mulas, durante el acto 'Gobierno abierto, transparencia y participación', en el que se puso como ejemplo el proyecto del Gobierno vasco 'Irekia' que permite a los ciudadanos acceder a información, enviar propuestas y hacer trámites con la administración autonómica.

Mulas precisó que este ahorro de gastos, que oscilaría ligeramente en función del ritmo de aplicación de las nuevas tecnologías, se lograría principalmente informatizando procesos y, al mismo tiempo, coordinando las distintas administraciones --con iniciativas como el expediente sanitario único para toda España-- y, por otro lado, usando Internet para mejorar la interacción con los ciudadanos, lo que agilizaría los procesos legislativos.

Por su parte, la secretaria de Innovación del PSOE, María González, subrayó que la puesta en marcha del gobierno electrónico "abierto" requiere una inversión económica pequeña pero "muy rentable en materia ciudadana y de eficiencia". A su juicio, hay que aprovechar la actual crisis para promover un "cambio de mentalidad" para hacer una administración "abierta" a la participación de los ciudadanos.

Además, los responsables socialistas destacaron que una administración transparente y que da acceso a la información pública "dinamiza" la economía porque allana el camino y da oportunidades de negocio a la empresa privada.

En la clausura del acto, el ex ministro y vicepresidente ejecutivo de IDEAS, Jesús Caldera, destacó el potencial de Internet para "controlar" a los gobiernos durante los más de 1.400 días que separan unas elecciones de otras y avisó además que, en un "contexto de crisis y de austeridad" como el actual, el control y la transparencia del gasto público cobran "especial relevancia" para los ciudadanos.

Para Caldera, el derecho a acceder a la información pública es "esencial" en las sociedades democráticas, y también para "luchar contra la corrupción" y lograr "eficiencia en los recursos económicos". "Necesitamos que los gobiernos de todo tipo sean más transparentes y que acepten y sean permeables a las demandas de los ciudadanos", añadió.

En este sentido, González confió en que el Gobierno apruebe de manera "inminente" su llamada Ley de Transparencia y en que ésta sea una "ley valiente" que dé amplio acceso a la información de todas las administraciones.

No obstante, la directora de Irekia, Nagore de los Ríos, subrayó que esta ley será un "apoyo" a las administraciones públicas, pero que su retraso "no es una disculpa" para que las administraciones no vayan avanzando en transparencia. Es más, advirtió de que, incluso cuando la ley esté lista, algunas administraciones "no lo van a estar".

"La ley es imprescindible, pero también hace falta voluntad y tejer complicidades", resumió González.

"Para el 'gobierno abierto, el acceso a la información tendría que estar superado, hablamos de ir un paso más allá: partiendo de la información, lograr participación y colaboración", añadió.

El tránsito de buques crece un 2,3% en nuestra zona marítima

MADRID.- El tránsito de buques por los 46 puertos de interés general del Estado ascendió a 37.698 unidades en el primer cuatrimestre del año, lo que representa un incremento del 6,2% respecto al mismo periodo de 2009, informó hoy Puertos del Estado.

Según detalló el organismo dependiente del Ministerio de Fomento, las unidades de arqueo bruto --el peso de los barcos-- se incrementó un 2,1%, hasta superar los 514 millones de toneladas.

En concreto, la fachada marítima Norte, que engloba a los puertos de Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón y Avilés, contabilizó 2.499 buques, un 17,3% más, en tanto que la fachada marítima de Galicia (Ferrol-San Cibrao, A Coruña, Vilagarcía de Arousa, Marín y Ría de Pontevedra y Vigo) sumó 1.931 buques, con un incremento del 5%.

Por su parte, la fachada Suratlántica (Huelva, Bahía de Cádiz y Sevilla) registró un descenso del tráfico del 1,5%, hasta 1.394 buques.

Los puertos de la fachada marítima Surmediterránea (Bahía de Algeciras, Málaga, Motril, Almería, Ceuta y Melilla) atendieron a 13.513 buques (+2,4%), mientras que los de la fachada marítima de Cataluña y Levante (Cartagena, Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona y Barcelona) contabilizaron 6.842 buques (+2,3%).

Por la fachada marítima de Baleares transitaron 2.314 buques, con un incremento del 4,4%, y por la de Canarias (La Luz, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de Tenerife, La Estaca, Los Cristianos, San Sebastián de La Gomera y Santa Cruz de La Palma), 9.205 buques (+14,9%).

El Ministerio destacó que el incremento del número de buques y de su tamaño "se ha visto correspondido con la puesta en servicio, entre abril de 2004 y diciembre de 2009, de 30,6 kilómetros de nueva línea de atraque, 836 hectáreas de superficie de agua abrigada, y 710 hectáreas de superficie terrestre para atender el almacenamiento de mercancías.

El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) de Fomento, por lo que respecta a los puertos y el transporte marítimo, ha supuesto una inversión de 5.566 millones de euros.

La mayor parte de las inversiones portuarias contempladas en el PEIT tienen como objetivo incrementar un 75% la capacidad de los puertos españoles, a fin de hacerlos más competitivos y dar respuesta a las necesidades de comercio marítimo del país.

Fallece a los 88 años el poeta valenciano José Albi

VALENCIA.- El poeta José Albi (Valencia, 1922) ha fallecido a los 88 años, según informó hoy la Asociación Valenciana de Escritores y Críticos Literarios (CLAVE), de la que el autor era presidente de honor. El entierro del escritor se llevó a cabo a las 12.00 horas de esta mañana en la localidad alicantina de Dénia.

El colectivo de escritores valencianos expresó, a través de un comunicado, su "dolor" por el fallecimiento de Albi, y le definió como "un referente fundamental de la poesía valenciana y una gran persona, gran poeta y gran impulsor de la cultura y actividades literarias".

CLAVE, que adelantó que próximamente se celebrará un acto poético en su memoria, manifestó a los familiares y seres queridos del autor su más sentido pésame, así como su deseo de que los sesenta años de trabajo lírico de Albi "sean recordados por la sociedad".

Ante sus versos 'cualquier despedida es un trozo de mar que el tiempo arrastra por las remotas islas del olvido', la asociación garantizó que velará por la pervivencia de la obra del poeta.

José Albi Fita nació en la ciudad de Valencia en 1922 e inició sus estudios en la población de Sueca, donde conoció al escritor Joan Fuster.

La lectura de 'Marinero en tierra' de Rafael Alberti despertó en él la poesía, aunque también estudió derecho en Valencia y Deusto. En Italia amplió estudios de arte con los profesores Federigo Zeri y el marqués de Lozoya.

En 1949 creó el Introvertismo, movimiento poético de raíces surrealistas y publicó, bajo pseudónimo, sus 'Diez claves introvertistas'. De su producción poética destacan 'Vida de un hombre', 'Odisea' y 'Elegía atlántica', entre otros títulos.

Además realizó en colaboración con Fuster la recopilación y edición de una 'Antología del Surrealismo español' y otra de la poesía de Ángel Crespo. Su novela 'El silencio de Dios' obtuvo el premio Gabriel Miró en 1958, según figura en el artículo que le dedica la 'Gran enciclopedia de la Comunidad Valenciana'.

Escasa incidencia en la Comunitat de la huelga de funcionarios

VALENCIA.- El seguimiento en la Comunitat Valenciana de la huelga general del sector público convocada por CCOO, UGT y CSI·F, y secundada posteriormente por otros sindicatos, para protestar contra los recortes salariales incluidos en el plan extraordinario del Gobierno central para reducir el déficit público, es que la jornada discurrió con "absoluta normalidad", salvo incidentes puntuales registrados entre piquetes informativos y agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, cuando los manifestantes trataban de cortar la avenida Tarongers de Valencia, y la V-30 en el acceso sur al puerto de la ciudad.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, el seguimiento de la huelga general de la función pública fue del 6,07 por ciento en la Comunitat Valenciana, con mayor incidencia en el sector de justicia, donde crece hasta el 15,49 por ciento.

Por el contrario, el sector en el que menos apoyos recibió fue en el sanitario, con un seguimiento del 3,64 por ciento, mientras que se situaron en un punto intermedio el sector universitario, con un 4,71 por ciento; los funcionarios del Consell, con un 6,07 por ciento; y entes dependientes de la Generalitat, con un 5,26 por ciento.

Por provincias, en Valencia obtuvo un seguimiento en justicia del 18,54 por ciento; del 4,58 por ciento en educación; del 3,55 por ciento en sanidad; y del 4,06 por ciento entre los funcionarios del Consell. En Alicante siguió prácticamente el mismo esquema, con un 9,84 por ciento en justicia; un 5,04 por ciento en educación; 5,38 por ciento en funcionarios del Consell.

En la provincia de Castellón, el seguimiento de la convocatoria de huelga en justicia fue del 18,72 por ciento; en el servicio sanitario del 2,55 por ciento; entre los docentes de un 4,1 por ciento; y en el caso de los funcionarios del Consell, de un 0,92 por ciento.

El delegado del Gobierno en la Comunitat, Ricardo Peralta, cifró en un 11,7 % por ciento el seguimiento de la huelga por parte de los funcionarios de la Administración General del Estado en la Comunitat, por parte de 1.491 del total de 12.796 trabajadores.

Por provincias, según Peralta, el seguimiento fue del 10 por ciento en Alicante, del 6,7 por ciento en Castellón y del 13,1 por ciento en Valencia.

En el caso de las estimaciones realizadas por CCOO-PV, UGT-PV y CSI·F, los datos de seguimiento en la Comunitat suben notablemente engre más de 230.000 empleados públicos que estaban llamados a secundar la huelga.

En concreto, el paro fue secundado por un 71 por ciento de los funcionarios de la Administración autonómica y por el 60 por ciento de los trabajadores dependientes de la administración central, mientras que en la local alcanzó un 86 por ciento.

Por sectores, en justicia alcanzó un 87 por ciento; en sanidad, un 73 por ciento; y en la enseñanza, un 65 por ciento; sanidad, un 73 por ciento, según las cifras que manejan los sindicatos, quienes destacaron el seguimiento del 100 por ciento alcanzado en las Autoridades Portuarias de Valencia y Castellón.

En el puerto de Alicante, la Autoridad Portuaria cifró el seguimiento en un 67,12 por ciento y el comité de empresa lo elevó hasta el 80 por ciento.

Por su parte, desde Intersindical Valenciana, USOCV, ANPE, IGEVA, SPPLB, CESMCV, SI-CV, ACAIP y SIAT, organizaciones con 650 delegados en las administraciones públicas valencianas y mayoritarias en sectores como enseñanza, seguridad pública y sanidad, cifraron el seguimiento en torno al 72 por ciento en la Comunitat Valenciana.

El PSPV exige a Barberá la retirada de símbolos franquistas en cumplimiento de la Ley de memoria histórica

VALENCIA.- El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia exigió hoy al equipo de gobierno que dirige la alcaldesa, Rita Barberá, la "retirada de los símbolos franquistas que perduran en la ciudad en cumplimiento de la conocida como Ley de Memoria Histórica".

Así, el concejal del PSPV Juan Soto anunció la presentación de una moción al respecto al próximo pleno municipal e informó de que la Comisión de Vivienda, Grandes Proyectos y Urbanismo celebrada ayer otorgó licencia al Ministerio de Defensa para retirar los símbolos de la dictadura ubicados en los edificios de Capitanía General y del Gobierno Militar.

"Sería deseable que Barberá tomara esta iniciativa por convicción democrática, pero hasta ahora ha sido imposible lograr su condena política a la dictadura. Por ello, si no quiere hacerlo desde la convicción, que lo haga al menos desde su responsabilidad como alcaldesa y en cumplimiento de la ley", afirmó el representante socialista.

Soto recordó que, de hecho, la Ley de Memoria Histórica, en vigor desde diciembre de 2007, establece en su artículo 15.1 que "las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

Por tanto, explicó, "no se trata de algo discutible que dependa de la voluntad de cada gobernante, sino que es un imperativo legal retirar los vestigios anacrónicos de exaltación de un régimen autoritario y dictatorial y sustituirlos por símbolos democráticos".

Tanto es así --subrayó-- que el Gobierno ya ha obtenido licencia para intervenir en el edificio de Capitanía General, donde ya ha retirado la estatua ecuestre y donde se retirará el escudo franquista y de sustituirá por uno constitucional, y Gobierno Militar, donde se eliminarán los elementos anticonstitucionales del escudo, como el águila de San Juan y el yugo y las flechas, y se añadirá la flor de Lys.

Además, el Gobierno retirará de la Capilla de San Vicente Ferrer, en el edificio de Capitanía, una lápida de mármol en la que se lee: "Esta capilla fue profanada y utilizada como polvorín por los marxistas (1936-1939) y restaurada por las fuerzas nacionales. A la liberación de Valencia, en desagravio al santo que habitó esta celda capilla y en memoria de nuestros caídos se dedica esta lápida. Valencia, 18 de julio 1943".

"El Gobierno ya ha cumplido su parte. Ahora le toca a Barberá", consideró Soto, para quien la retirada de símbolos "debería ser un proceso natural, pacífico y sin trauma, desde la aceptación de la simbología democrática".

"Cada vez más gobiernos municipales y autonómicos del Partido Popular aplican de manera normalizada la ley tanto en la retirada de simbología como de honores a Franco. Barberá esta cada vez más sola dentro de su propio partido", lamentó Soto.

El edil censuró que en la ciudad "perduran numerosos símbolos de la dictadura", como los escudos ubicados sobre las puertas principales de los colegios públicos Teodoro Llorente, Padre Manjón y San Juan de Ribera, el monolito situado en el grupo de viviendas Antonio Rueda, la cruz en memoria de los caídos ubicada bajo el arco de la plaza del Mar, o los escudos ubicados sobre los rótulos de las calles Colón, Marqués de Dos Aguas.

El representante socialista consideró "especialmente grave" la presencia de los escudos en colegios, "pues los centros educativos son espacios en los que los niños y niñas crecen y se forman en libertad y en democracia y respeto a los derechos humanos, por lo que carece de sentido que convivan con símbolos que agreden la conciencia democrática y representan la censura, la falta de libertades, la persecución, la tortura y que tienen un encaje imposible en una ciudad democrática", defendió.

"El gobierno municipal de Barberá no puede continuar siendo un reducto de resistencia que se niega a condenar la dictadura franquista, a aplicar la ley y a normalizar la simbología democrática", afirmó el edil, para quien "la simbología de un país democrático como España tiene que estar plenamente identificada con los valores de la libertad, los derechos humanos, el respeto y la dignidad".

"Ya no puede alegar el valor patrimonial de los inmuebles en los que se ubican los escudos. El edificio de Capitanía General está declarado Bien de Interés Cultural y aún así el Gobierno ha demostrado que se puede retirar el escudo", concluyó.

El TSJCV pide al TSJM un informe sobre la firmeza de la inhibición de la parte de supuesta financiación irregular

VALENCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha acordado solicitar al magistrado instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, un informe sobre la firmeza del auto de inhibición parcial de la parte de supuesta financiación irregular del PPCV. Según informó el TSJCV en un comunicado, la Sala sólo podrá valorarlo jurídicamente y adoptar un pronunciamiento en el momento en que esta resolución del TSJM sea firme.

Pedreira se inhibió parcialmente a favor del tribunal valenciano el 26 de mayo con el objeto de evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración Pública Valenciana.

Además, Pedreira señalaba en su resolución que la inhibición se realizaba ante la posiblidad de que haya una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia y los investigados en el TSJM.

Paralelamente, la Sala del TSJCV ha trasladado al juez instructor José Flors el testimonio de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo (TS) el pasado 17 de mayo, que reabre la 'causa de los trajes' que afecta al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y otros altos cargos del PP en relación con la trama 'Gürtel', para que continúe la tramitación del procedimiento.

Las mismas fuentes indicaron que la Sala, tras recibir la sentencia del TS, ha trasladado al instructor el testimonio de la misma, junto con los autos, sus anexos y soportes informáticos, para que continúe la tramitación del procedimiento, tal y como establece el fallo.

El TS acordó el pasado 12 de mayo reabrir la causa, con lo que estimaba los recursos presentados por la Fiscalía y el PSPV contra la decisión que adoptó el pasado mes de agosto el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de sobreseer la causa abierta al presidente de la Generalitat, al ex secretario general del PPCV Ricardo Costa; al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y al jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafel Betoret, en contra del criterio que había mantenido el magistrado instructor.

Según el TS, para la comisión de un supuesto cohecho pasivo por el que estaban siendo investigados Camps y los otros altos cargos del PPCV "basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración a la función o cargo desempeñado" y indicaba que hasta este momento el tribunal valenciano no ha cuestionado "la potencialidad de que la entrega de prendas de vestir pueda considerarse dádiva a efectos del delito de cohecho impropio", una cuestión, la de la cuantía de los regalos, de la que el auto valenciano no se ocupaba especialmente y que deberá ser ahora aclarada.

Asimismo, afirmaba que la jurisprudencia citada en el auto de sobreseimiento "no abona la relación causal defendida por la Sala de lo Civil y Penal" del tribunal valenciano - que es necesaria una acción de la autoridad pública consecuencia de la dádiva para que haya delito- "sino más bien al contrario, que para el cohecho pasivo impropio basta con la aceptación de un regalo entregado en consideración a la función o cargo desempeñado".

El TS ordenaba el reenvío de las actuaciones al instructor de la causa en Valencia, José Flors, "para que continúe su tramitación en la forma legalmente procedente" y señalaba que en este momento del proceso existe aún la posibilidad de que las partes soliciten nuevas diligencias de prueba, tras lo cual debería pronunciarse el instructor de la causa.

Las comunidades tendrán que devolver al Estado unos 20.000 millones

MADRID.- El nuevo director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, ha adelantado que las comunidades autónomas tendrán que devolver al Estado casi dos puntos de PIB (unos 20.000 millones de euros) por los anticipos a cuenta recibidos en el año 2009 y una vez que se realice la liquidación de los mismos (en 2011).

López Carbajo hizo esta estimación durante su primera comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, donde dedicó parte de su intervención a explicar la cantidad que adeudan comunidades autónomas y entidades locales por la diferencia que existe entre las entregas a cuenta recibidas en los años 2008 y 2009 y la liquidación final de esos ejercicios (en 2010 y 2011).

El nuevo director de la Agencia Tributaria explicó que el Estado concede estos anticipos en función de los Presupuestos de cada ejercicio y las previsiones que contemplan los mismos, y dos años después liquida esos anticipos para ver si las cantidades adelantadas han sido las adecuadas.

En 2007, los anticipos resultaron insuficientes y llevaron al Estado a pagar 6.000 millones adicionales a las comunidades en el momento de la liquidación del ejercicio. En 2008, la cifra de liquidación será negativa y rondará los 5.700 millones para las comunidades autónomas y los 1.612 millones para las entidades locales, según López Carbajo.

En 2009, las cifras serán también negativas y "mucho más importantes" que las de 2008 debido a la crisis económica y a la caída de la recaudación, entre otras cosas. Esto provocará que las comunidades tengan que devolver casi dos puntos de PIB al Estado y las entidades locales unos 4.000 millones, aunque no lo tendrán que hacer hasta el año 2012 y a lo largo de 60 mensualidades.

Preguntado por la liquidación 2010, López Carbajo no quiso adelantar cifras y se limitó a decir que no es previsible que este año se dé una situación "parecida" a la ocurrida en 2008 y, "por supuesto", a lo que sucedió en 2009.

Por otro lado, el director de la Agencia Tributaria se refirió también a los cambios fiscales que ha introducido el Gobierno en los últimos tiempos, y aseguró que elevarán en 7.160 millones de euros la recaudación.

En concreto, la subida de IVA que incluyen los Presupuestos de 2010 y que entrará en vigor en el mes de julio aportará 1.900 millones de euros, mientras que el último incremento de los Impuestos Especiales --aprobado en junio de 2009-- elevará la recaudación en 1.190 millones.

La supresión parcial de la deducción de 400 euros en el IRPF aportará unos 3.670 millones de euros y la elevación de los tipos de ahorro permitirá incrementar la recaudación de IRPF en 280 millones y la del Impuesto de Sociedades en 120 millones de euros.

Sobre la evolución de los ingresos en lo que queda de año, López Carbajo aventuró que se podrán cumplir las previsiones planteadas en los Presupuestos de 2010 (unos 155.000 millones), aunque la distribución de dichos ingresos puede variar respecto a lo planteado inicialmente.

Así, tanto la recaudación del Impuesto de Sociedades como la de IRPF serán inferiores a las previstas, aunque estos descensos serán compensados con un mejor comportamiento del IVA, que se recuperará más de lo que había planteado el Ejecutivo gracias al incremento de los tipos en la segunda parte del año y a la menor petición de devoluciones.

En concreto, sobre el Impuesto de Sociedades, López Carbajo admitió que puede haber una "significativa desviación" respecto a previsión presupuestaria, aunque descartó que este cambio esté relacionado con comportamientos fraudulentos a lo largo de 2009 ó 2010.

En cuanto al IRPF, achacó la mejora del impuesto a la eliminación parcial de la deducción de 400 euros, que supuso un gasto de casi 6.000 millones en 2008 y que benefició a más de 15,5 millones de contribuyentes.

Tras la supresión parcial de la deducción, el coste de la misma se reducirá a unos 500 millones y los afectados a 2,9 millones de contribuyentes (2,3 millones de asalariados, 470.000 pensionistas, algo más de 40.000 desempleados y unos 110.000 empresarios).