jueves, 9 de julio de 2009

Fomento se compromete a ejecutar como "tramo único" el eje AVE Cantábrico-Mediterráneo

MADRID.- El Ministerio de Fomento ejecutará las obras de la Alta Velocidad en el eje Cantábrico-Mediterráneo como "tramo único", simultáneamente, para "evitar discriminaciones" entre comunidades, anunció hoy el titular del Departamento, José Blanco.

De este modo, se desarrollarán al mismo tiempo las obras en el tramo Zaragoza-Castejón-Pamplona y Logroño. Así, "la Alta Velocidad llegará en las mismas condiciones y tiempo a las comunidades de ese entorno", según detalló Blanco.

Blanco recibió hoy al presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, en un encuentro valorado de forma positiva por ambas partes. Sanz incluso percibió un "cambio" en las relaciones con Fomento, gracias al nuevo ministro, y aventuró un clima de entendimiento.

El ministro transmitió "tranquilidad" en una cuestión que, según reconoció, "preocupa" en la Comunidad riojana. Por eso, añadió, "hay voluntad de contemplar partidas y de licitar" para que la superestructura (que contempla cuestiones como la electrificación, señalización o telecomunicaciones) se haga como un "proyecto único".

El tramo Zaragoza-Castejón, explicó, contempla una inversión de 470 millones de euros, y el de Castejón-Logroño, un total de 254 millones. Por tanto, concluyó, se prevé un gasto público de 724 millones euros.

El futuro del AVE, dijo el ministro, "es un objetivo y prioridad del Ministerio". En este sentido, aseguró que La Rioja está "entre los planes del Ministerio", con la "firme voluntad de resolución de las cosas".

"Hay voluntad", reiteró, "por parte del Gobierno de que los compromisos sean inversión".

En el encuentro, el presidente del Gobierno riojano, Pedro Sanz, también pidió al ministro de Fomento la construcción de una estación intermodal en Calahorra, para la que Blanco se mostró dispuesto a ceder "sin problemas" los terrenos necesarios. No obstante, explicó que será necesaria la firma de un convenio con Adif.

Respecto a la gratuidad de la autopista AP-68, el ministro avanzó que se firmará un convenio para que, a partir del 1 de enero del año que viene, el Gobierno central co-financie, al cincuenta por ciento, el tramo que, hasta ahora, financia en solitario el Gobierno riojano.

Blanco insiste en que España propondrá la inclusión del Corredor Mediterráneo en la red transeuropea

MADRID.- El ministro de Fomento, José Blanco, trasladó hoy al comisario europeo de Transportes y vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, que la inclusión del Corredor Mediterráneo como proyecto prioritario dentro de la red transeuropea de transportes, será una de las principales iniciativas que España pretende impulsar aprovechando la presidencia española de la Unión Europea que se desarrollará en el primer semestre de 2010.

Ambos mantuvieron un encuentro de trabajo esta tarde en la sede del Ministerio de Fomento, durante el que Blanco explicó al responsable europeo su intención de establecer una "cooperación eficaz, productiva e imaginativa" con la CE, de manera que la presidencia española del 2010 "sea un éxito y redunde en beneficio de todos los estados miembros".

Entre las iniciativas legislativas que espera que impulse la CE, Blanco mencionó el apoyo a los expedientes europeos que permitan incrementar el transporte de mercancías por ferrocarril, la mejora del transporte marítimo a través de las autopistas del Mar, y mediante la eliminación de barreras y simplificación de controles en los puertos.

También el reforzamiento de la seguridad aérea en el transporte, mediante el impulso a la propuesta de directiva sobre tasas aeroportuarias de seguridad, al tiempo que planteará la modificación del régimen de la Agencia Europea de Seguridad Marítima y un incremento de la eficiencia y la seguridad del tráfico por carretera.

En esta lista figuran además el impulso al sistema de navegación por satélite Galileo, y potenciación de los sistemas inteligentes de transporte (ITS).

Tras detallar la lista de cuestiones que España considera que deberán abordarse de forma prioritaria durante el primer semestre de 2010, Blanco ha ofrecido a Tajani su "máxima colaboración" y le ha invitado a presenciar el calado del túnel ferroviario de Pajares en Asturias, que tendrá lugar el próximo sábado 11 de julio.

El PSPV cree que "no es ético" pedir que se modifique el Código Penal e insiste en que Camps tiene que dimitir

VALENCIA.- La Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE consideró hoy que "no es ético exigir la aplicación de la ley cuando nos favorece y, al mismo tiempo, solicitar que se modifique el Código Penal cuando se ha infringido alguna de las normas".

Insistió en que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, debe dimitir para "evitar el permanente escarnio en el que ha sumido a la Comunitat Valenciana y para poner fin a la peor crisis institucional".

La formación política, que se expresó en estos términos en un comunicado, exigió "el cese inmediato de cualquier presión directa o indirecta hacia los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que componen la sala de lo Civil y Penal".

En este sentido, el PSPV tildó de "intolerables" las declaraciones realizadas ayer por el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, quien expresó su "convicción personal" de que Francisco Camps "no va a tener que sentarse delante de la Justicia.

Según la formación socialista, "cualquier intento de condicionar lo que libremente han de resolver los órganos jurisdiccionales no puede considerarse más que desvergüenza".

El PSPV manifestó que confía "plenamente" en la Constitución, en la Democracia y en el Estado de Derecho, y subrayó que "es insultante manifestar que uno o varios magistrados del Alto Tribunal valenciano archivarán sin más la causa por sus supuestas afinidades políticas o posicionamientos ideológicos", puesto que este partido tiene "confianza plena en la imparcialidad de los magistrados del TSJCV".

Asimismo, la Comisión Ejecutiva socialista destacó que la aplicación de las leyes "ha de ser igual para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin excepciones".

Al respecto, indicó que "no es ético exigir la aplicación de la ley cuando nos favorece y, al mismo tiempo, solicitar que se modifique el Código Penal cuando se ha infringido alguna de las normas aduciendo lo injusto de condenar a una persona 'honesta e intachable', como dijo ayer Blasco y como opina Rita Barberá".

"El Código Penal no se modifica a interés de los imputados o de los presuntos delincuentes al solo efecto de que consigan la impunidad para continuar cometiendo delitos", recalcó el PSPV, quien añadió que "afortunadamente", la separación de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial "impide la injerencia entre unos y otros ámbitos, pese a los intentos del Partido Popular y de Rita Barberá de utilizar los peores métodos de Silvio Berlusconi y de regímenes no homologables a nuestra Democracia".

El PSPV-PSOE manifestó su deseo de que "deben esclarecerse los hechos investigados por el TSJCV para que se conozca la verdad", y precisó que "el cohecho impropio es un delito tipificado por el Código Penal actual y, más que a nadie, a los representantes de los poderes públicos les es exigible el respeto y el cumplimiento de las leyes".

Por último, la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV reiteró que Francisco Camps debe dimitir "para evitar el permanente escarnio en el que ha sumido a la Comunitat Valenciana y poner fin a la peor crisis institucional a la que ha condenado a todos los valencianos y asumir las responsabilidades políticas en las que ha incurrido con independencia del resultado del proceso judicial".

El PSOE no cree una "gilipollez" la implicación "en una de las tramas de corrupción más importantes de España"

VALENCIA.- La secretaria de Organización del PSPV-PSOE, Elena Martín, manifestó hoy que "no es una ninguna gilipollez estar implicado en una de las tramas de corrupción más importantes de nuestro país", dijo en referencia al caso Gürtel, la supuesta trama de corrupción y tráfico de influencias en la que están implicados varios miembros del Partido Popular.

Elena Martín se expresó en estos términos, a través de un comunicado, tras conocer las declaraciones del presidente del PP en el País Vasco, Antonio Basagoiti, en las que indicó que la acusación al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, es "una verdadera gilipollez".

Al respecto, Martín criticó "la doble vara de medir de los populares", puesto que "mientras a algunos los hacen dimitir para que no se vea empañada la imagen del partido, a otros los defienden con uñas y dientes, justificando lo injustificable y poniendo ejemplos y calificativos que hacen dudar de la rectitud y coherencia de los populares".

De igual modo, la representante socialista se preguntó "si tener dentro del partido un imputado por cohecho es una gilipollez, ¿que es para los populares un político ejemplar?". Además, cuestionó si Basagoiti "también estará de acuerdo con la famosa frase de la película Forrest Gump", en la que se afirma que "tonto es el que hace tonterías".

Tal vez, agregó, "lo que el líder del PP vasco pretende es aplicar esa expresión a su compañero de partido imputado por cohecho, el jefe del Consell, pero con un matiz un poco más peyorativo". En ese sentido, añadió que "posiblemente, si está acusado de una gilipollez es porque ha hecho el peor encargo de trajes de su vida".

La dirigente socialista hizo hincapié en que "no es una cuestión de tres trajes, como intentan hacer ver unos cuantos populares, sino que de lo que estamos hablando es de decencia política, algo de lo que carece Camps".

Así mismo, lamentó el comentario de Basagoiti, ya que "demuestra que no conoce la realidad de la política valenciana".

"Aquí no hay una situación política de normalidad democrática, las Corts no funcionan, la manipulación de la televisión autonómica, Canal 9, es 'vox populi', y para colmo los máximos responsables políticos de la Generalitat mienten descaradamente a los ciudadanos y ciudadanas", reprobó.

La Fiscalía pide imputar a supuestos líderes de la trama Gürtel

VALENCIA.- La Fiscalía Anticorrupción solicitó hoy jueves al juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que amplíe su auto dictado esta semana y cite como imputados a los supuestos líderes de la trama de corrupción Francisco Correa, Álvaro Pérez - conocido como "el Bigotes" - y Pablo Crespo.

En el auto emitido el 6 de julio, el magistrado José Flors, que instruye el caso en su vertiente valenciana, consideró que hay indicios racionales de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps y su número dos, Ricardo Costa, pudieron cometer un presunto delito de cohecho.

Flors afirmó que no había lugar al sobreseimiento libre y el archivo de la causa, y convocó a Camps, Costa y otros dos imputados, José Víctor Campos y Rafael Betoret, a comparecer el próximo día 15 de julio a las 10.30 horas.

"La Fiscalía comparte plenamente el contenido del Auto, si bien considera que la conducta de quienes entregan y reciben dádiva debe ser objeto de enjuiciamiento en el mismo procedimiento", dijo la Fiscalía en un comunicado.

Una vez realizado el trámite de la comparecencia, el instructor podría abrir juicio oral con un jurado popular contra el presidente valenciano, el secretario general del PP en Valencia y los otros dos implicados: Campos, que fue vicepresidente del Consell, y Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación Valenciana.

El Partido Popular de Valencia emitió posteriormente un comunicado en el que anunció que recurrirá el auto y pedirá el archivo de la causa, al considerar que "las acusaciones vertidas no han sido probadas".

El "caso Gürtel" ha salpicado a altos cargos del PP que supuestamente habrían obtenido dinero y regalos a cambio de adjudicar contratos a la empresa dirigida por Correa, encarcelado como presunto cabecilla de la trama.

El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que inició la investigación del caso, indicó en unos autos que el PP de la Comunidad Valenciana recibió 420.000 euros por favorecer a una empresa de Correa. Además, Camps y Costa habrían recibido pagos en especie, en trajes de tiendas de lujo, según el juez.

El caso Gürtel tiene otras dos vertientes. Una en el Tribunal Supremo, donde se investiga la parte del caso relativa a dos aforados del Partido Popular a nivel nacional, el senador Luis Bárcenas, que a su vez es el tesorero del partido, y el diputado Jesús Merino.

El resto sigue en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El PSPV dice que las "reiteradas" mentiras de Costa le inhabilitan para seguir en política

CASTELLÓN.- La vicesecretaria general provincial del PSPV-PSOE en Castellón, María José Salvador, manifestó hoy que "las reiteradas mentiras de Ricardo Costa sobre los trajes supuestamente regalados y sus amistades con los cabecillas de la trama Gürtel le inhabilitan para seguir en política, porque no hay nada peor en un cargo público que engañe a la ciudadanía sin el más mínimo pudor".

Para Salvador, "lo lógico es que el señor Costa, al igual que Camps, salieran inmediatamente a desmentir a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cuando no tuvo pudor en decir públicamente que regalar unos pocos trajes no debería ser delito, porque, al no desmentirla, son ellos los que han quedado por mentirosos, ya que, en sede parlamentaria y en reiteradas ruedas de prensa, han afirmado hasta la saciedad que sí pagan sus trajes".

Para la vicesecretaria general del partido, "Castellón se merece mucho más que unos dirigentes del PP acorralados por la Justicia por escándalos de corrupción que en otros sitios habría provocado dimisiones fulminantes, porque es difícil de creer que a una persona como Carlos Fabra, a la que la Fiscalía Anticorrupción pide cárcel; o una persona como Costa, que está a punto de sentarse en el banquillo por haber recibido presuntamente regalos de empresas que se han llevado adjudicaciones millonarias, sigan en el cargo y sólo condicionen sus decisiones a la resoluciones judiciales"

"Se olvidan de que, como políticos, tienen la obligación de responder ante la opinión pública", añadió la socialista en un comunicado.

Salvador lamentó que "mientras estos señores, tal y como apuntan las investigaciones judiciales, se beneficiaban de sus cargos públicos, la provincia de Castellón ha recibido durante catorce años la marginación de una Generalitat que sólo ha tenido ojos para Valencia y Alicante, con la Copa América, Terra Mítica, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Circuito de Cheste, Ciudad de la Luz, Circuito de Fórmula 1, mientras que aquí han estado diez años prometiendo Mundo Ilusión para, al final, ni siquiera explicar por qué no se hace".

Lladró presenta un nuevo ERE que afectará a 220 trabajadores, el 40% de la plantilla

VALENCIA.- Porcelanas Lladró, empresa valenciana perteneciente al grupo Lladró, ha presentado un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá la extinción del 40 por ciento de la plantilla, ya que afectará a 220 trabajadores, de los 500 con lo que cuenta en la actualidad, según fuentes de la compañía.

Desde la empresa señalaron que la principal motivación para presentar un nuevo expediente es "la necesidad brutal de reajustar las estructuras de la compañía" dado que está "sobredimensionada".

Asimismo, argumentó que la crisis económica ha afectado de forma "inesperada" a la producción de 'Porcelanas Lladró', que si bien ya experimentaba una caída, se ha visto incrementada por la coyuntura económica actual.

Este ERE se suma a otro en la misma empresa que se presentó en octubre y que supuso la extinción de otros 275 trabajadores de las áreas de producción de las empresas Porcelanas Lladró y Arte y Porcelanas.

Por otro parte, los trabajadores afectados por el Expediente que afecta a Lladró Comercial y Daisa se concentraron hoy en la puerta principal de la fábrica, situada en Tavernes Blanques para protestar por las condiciones del ERE y reclamar la reapertura de la negociación por parte de la dirección de la empresa.

La portavoz del sindicato CSI.F en Lladró, Encarna García, explicó, que la empresa "cerró las negociaciones" hace días y rechazó debatir la propuesta "alternativa" que presentó el Comité de Empresa.

Los sindicatos critican que la empresa únicamente se compromete a pagar 23 días por año trabajado, hasta un total de 450 días, frente a las indemnizaciones por despido del ERE de Porcelanas Lladró y Nao, hace cinco meses, en los que los empleados afectados percibieron 40 días por año trabajado, para un máximo de 1.200 días.

El ERE actual afecta a 79 trabajadores de Lladró Comercial y Daisa.

García señaló que los sindicatos son "conscientes del problema económico" de la compañía y de la "falta de solvencia", por lo que sugirieron que se contratara a los trabajadores como "fijos discontinuos", para que, en lugar de tener un contrato de 12 meses al año, pasaran a trabajar menos tiempo.

De este modo, argumentó que la compañía "se beneficiaría porque no tendría que pagar las indemnizaciones", al tiempo que "se prescindiría de los trabajadores durante dos o tres meses al año", explicó la dirigente del CSIF, quien recordó que en la mayor parte de los trabajadores tienen ya una "edad avanzada" y llevan empleados en Lladró "mucho tiempo".

La portavoz sindical consideró que "si la empresa tiene medios económicos insuficientes, debería dedicarlos a mantener los puestos de trabajo y a aumentar la producción". No obstante, reprochó que la dirección "ha cerrado las negociaciones" y quiere que el Comité de Empresa "acepte sus condiciones".

Por su parte, desde la dirección de la compañía expresaron que sí que se estudió la propuesta alternativa de los sindicatos, pero ésta "no solventaba el problema de la estructura sobredimensionada" del grupo.

Asimismo, añadieron que las indemnizaciones que pueden pagar es "cuestión de los recursos" de los que dispone la empresa, y si en el pasado "se intentó cumplir" con las condiciones de los sindicatos, en esta ocasión no pueden aceptarlo porque la economía del grupo está "mermada".

Los representantes de los sindicatos y de la dirección de la empresa se reunirán mañana a las 12.00 horas con el director general de Trabajo, Román Ceballos, para que éste intente mediar en la resolución del ERE.

De Cospedal especula ahora sobre el grado del tipo penal por el supuesto cohecho de Camps

MADRID.- La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, afirmó este jueves que en el "hipotético" caso de que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, hubiera recibido regalos es "muy discutible" hasta "donde tiene que llegar el tipo penal" y "muy complicado" establecer "una línea divisoria" sobre los obsequios que reciben los cargos públicos.


En declaraciones a RNE, De Cospedal defendió que "hasta el momento no se ha acreditado" que Camps no haya pagado los trajes por los que se le implica en el caso 'Gürtel', y dijo dar más "credibilidad" a la palabra del presidente de la Generalitat que a la del sastre José Tomás, que "ha cambiado cinco veces de palabra".

Tras recordar que en un Estado de Derecho se tiene que demostrar la culpabilidad y no la inocencia, la 'número dos' del PP apuntó que el último auto del juez encargado de la trama valenciana del caso 'Gürtel', José Flors, dice que en el caso de que "hubiera habido regalos no son a cambio de favores políticos".

"No son a cambio de nada", indicó, para exponer el respaldo de la dirección 'popular' al recurso que presentará el presidente de la Generalitat.

"Pero en el hipotético caso de que estuviéramos hablando de algún tipo de regalo es algo muy discutible hasta donde tiene que llegar el tipo penal o los límites en este asunto", precisó De Cospedal, quien ve "muy complicado" hablar sobre los obsequios que reciben los responsables públicos por razón de su cargo.

En cualquier caso, mostró su "apoyo sin fisuras" a Camps.

Un "malentendido"

Por su parte, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, subrayó hoy que cree en la "honestidad" y el "comportamiento" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y señaló que "esto ha sido un malentendido", en relación a la imputación del jefe del Consell en el 'caso Gürtel'.

Rus opinó que el presidente "se encuentra bien" y apuntó que se trata de una persona "prudente" que "siempre ha actuado de la misma manera y que está esperando a que la Justicia diga sí o no".

Preguntado por cuál debería ser la actuación del jefe del Consell en caso de que se no se acepte el recurso de Camps contra el último auto, Rus indicó que eso "ya me lo explicará él. Si fuera yo ya te lo diría, pero como no soy yo".

"Cada uno tiene una manera de ser y de pensar y el presidente, en todo momento, ha sido una persona moderada que no se ha alterado y está tranquilo", aseveró.

En este sentido, recordó que en el "lío" con el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, cuando "todos estábamos nerviosos, él no se puso nervioso".

Rus indicó que "ahora tenemos que respetar su posición. Él está muy tranquilo y en su momento, cuando la Justicia dicte, él dirá lo que hay que hacer".

"Creo en su persona, en su honestidad y en su comportamiento", por lo que, a título personal consideró que "esto ha sido un mal entendido".

Por otro lado, se refirió, a preguntas de los periodistas, a las comparación de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, entre las anchoas que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, regala al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los trajes recibidos supuestamente como regalo por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Rus, en este sentido, explicó que "todo esto se ha sobrevalorado" y ha sido como un "boomerang" porque "a mí, si me regalan puros me los fumaré", aseguró.

El presidente de la Diputación provincial insistió en que "a mí, cuando me han regalado una caja de puros me los he fumado" y cuando le han preguntado quién ha sido, la respuesta fue: "no lo sé, me los he fumado y como era humo ha volado".

"Y si te lo comes, te lo comes", apostilló en relación a las anchoas.

Camps no quiere oir en persona como el juez concreta su imputación por presunto cohecho

VALENCIA.- El magistrado del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, José Flors, ha admitido los escritos presentados por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el portavoz del PP en las Corts y secretario general del PPCV, Ricardo Costa, y el ex vicepresidente y conseller, Víctor Campos, para no estar presentes el próximo miércoles en el acto de comparecencia de concreción de imputación, que acordó el instructor en su último auto.


Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, estos tres imputados --el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turisme y actual responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret, no ha realizado ninguna petición en este sentido-- han presentado escritos en los que expresan su renuncia a estar presentes en este acto porque consideran que está suficientemente garantizado su derecho de defensa.

Además, alegan que conocen los hechos que se les imputan y que, por tanto, están suficientemente instruidos sobre los hechos que constituyen el objeto de imputación. El magistrado instructor ha admitido la petición y, por ello, no estarán presentes en el acto señalado para el próximo miércoles.

El magistrado instructor dictó el pasado lunes un auto en el que considera que los hechos que investiga del 'caso Gürtel' atribuidos al jefe del Consell y al resto de imputados pueden ser objeto de delito de cohecho pasivo impropio y ordenaba continuar la causa por los trámites previstos para el Tribunal del Jurado.

Flors señaló para el próximo 15 de julio a las 10.30 horas la celebración de la comparecencia prevenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, en la que las acusaciones deberán concretar la imputación y las defensas podrán alegar lo que estimen oportuno, --incluida la petición de sobreseimiento--, así como pedir diligencias de investigación.

El magistrado rechazó en ese auto el sobreseimiento libre y archivo de la causa, que se había solicitado por parte de los imputados, "por existir suficientes indicios racionales para estimar que los hechos objeto del procedimiento" que se imputan al presidente de la Generalitat, a Costa, Campos y Betoret "pudieran ser constitutivos de un delito de cohecho previsto y penado en el artículo 426, primer inciso, del Código Penal".

Flors acordó continuar la tramitación del procedimiento "con el mismo objeto por el que se dispuso su incoación, por los trámites del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana" y señala para la celebración de la comparecencia prevenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado el próximo día 15 de julio, a las 10.30 horas.

Las defensas de Camps y Costa anunciaron su intención de recurrir en apelación el auto ante la sala de lo Civil y Penal del alto tribunal valenciano, aunque el recurso no tiene carácter suspensivo de la comparecencia señalada para el próximo miércoles. El plazo para la presentación de los recursos es de cinco días y, posteriormente, existe un nuevo plazo de cinco días para impugnaciones.

Probablemente agotarán el plazo de cinco día fijado para presentar los recursos cuyo hilo argumental se basará, entre otros puntos, en insistir en que no hay ninguna prueba que implique a los imputados y en las contradicciones que se han evidenciado a los largo del proceso, en concreto las que ha manifestado José Tomás, 'el sastre' en las diferentes declaraciones realizadas, según diversas fuentes.

El PP ha cerrado filas en torno a Camps tanto a nivel nacional como regional, asegura que aguantará hasta el final y que en el partido no se habla de dimisión. Sin embargo, en privado, algunos dirigentes muestran la conveniencia de que el presidente dejara el cargo en caso de no prosperar el recurso para evitar que se siente en el banquillo siendo el jefe del ejecutivo valenciano y del PPCV.

Los dirigentes populares valencianos se muestran optimistas y confían en que el recurso sea aceptado e incluso algunos, como el conseller de Inmigración, Rafael Blasco, aseguró ayer que su apreciación personal es que finalmente Camps no se sentará en el banquillo.

Asimismo, el PSPV ha expresado su intención de recurrir la decisión judicial con el objeto de que se contemplen otros delitos además del de cohecho pasivo impropio, entre los que estarían el de financiación ilegal o malversación de caudales públicos, y que comparezcan consellers y la presidenta de las Corts Valencianes, Milagrosa Martínez, que contrataron con Orange Market y Easy Concept, dos de las empresas de la trama investigadas.

Los magistrados que estudirán el recurso son José Francisco Ceres, Juan Montero Aroca y el presidente de la sala, Juan Luis de la Rúa, quien se encuentra en funciones como presidente del TSJCV tras finalizar su mandato el pasado lunes.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es quien debe nombrar al nuevo presidente --cargo para el que De la Rúa podría presentarse a la reelección--. La Comisión Permanente del CGPJ tiene para ello que convocar el concurso para la provisión de la plaza, que se publica en el BOE, para lo que no existe un plazo determinado. Los candidatos tienen entonces un plazo de 20 días naturales para presentarse.

A partir de ahí, la Comisión de Calificación del CGPJ elabora una terna de candidatos --si la hubiera-- que pasa al pleno del órgano de gobierno de los jueces para que, por mayoría de tres quintos, se reeliga o se designe al presidente. Los plazos, por tanto, dependen del Consejo y mientras tanto, De la Rúa seguirá al frente del alto tribunal valenciano, en funciones.

El PSPV exige a Valmor "un ejercicio de transparencia" para que haga públicos todos sus contratos

VALENCIA.- El portavoz del grupo parlamentario socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, exigió hoy a los responsables de Valmor Sports "un ejercicio de transparencia" porque, dijo, "quienes se benefician de apoyos y contratos públicos deben aceptar que están sujetos a la fiscalización y al control por parte de los representantes de los ciudadanos".

Luna señaló, a través de un comunicado, que Valmor Sports es una empresa que, "tanto por la forma y el momento de constitución como por toda su actuación relacionada con la Fórmula 1, ha gozado de un trato del que lo menos que se puede decir es que ha sido privilegiado por parte de la Generalitat valenciana", de tal manera que, a su juicio, "la confusión entre lo público y lo privado ha resultado claramente perceptible".

A este respecto, y frente a las "amenazas" de Valmor Sports de "iniciar acciones legales si se siguen vertiendo acusaciones falsas en torno a su actuación", el portavoz del PSPV-PSOE en las Corts subrayó que los socialistas "hemos intentado obtener respuestas por los cauces parlamentarios en relación con las ventajas y privilegios que ha obtenido Valmor Sports en su actividad y no las hemos obtenido".

Por tanto, según Luna, si Valmor Sports "pretende disipar todas las sospechas que existan en torno a su actuación y en torno a sus vinculaciones, no tiene más que hacer públicos todos los contratos que ha efectuado en el desarrollo de su corta actividad, tanto con empresas públicas o sociedades directa o indirectamente públicas como con empresas privadas de todo tipo radicadas dentro o fuera de España".

"Mientras por parte de Valmor Sports no se haga ese ejercicio de transparencia, no podrán lamentar las especulaciones que puedan darse en relación a sus actividades", remarcó.

Ángel Luna destacó que todo aquel "que se beneficia de apoyos públicos que pagamos todos los valencianos debe aceptar que esté sujeto a la fiscalización y al control por parte los legítimos representantes de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana".

La empresa Valmor Sports avanzó ayer, a través de un comunicado, que emprenderá acciones legales "si se siguen vertiendo acusaciones falsas" sobre su actuación en la organización del Gran Premio de Europa de Fórmula 1 celebrado el pasado verano por primera vez en la ciudad de Valencia.

Los responsables de Valmor consideran que estas acusaciones se enmarcan en una "campaña" que responde a "intereses políticos que tratan de perjudicar la celebración de este evento".

Valmor Sports insiste que "no ha tenido ni tiene ninguna relación directa o indirecta con las empresas relacionadas con la trama Gürtel, cuyas actividades son completamente ajenas a Valmor Sports", según señaló en su comunicado.