Alarte (PSPV) pide a la Comisión Ejecutiva Federal la suspensión cautelar de militancia de Amorós

VALENCIA.- La secretaria de Organización del PSPV, Elena Martín, ha solicitado a la Comisión Ejecutiva Federal, siguiendo las instrucciones del secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, la suspensión cautelar de militancia para el ya ex portavoz socialista de la Diputación de Alicante, Antonio Amorós, hasta que "se esclarezcan hasta el último extremo todos los hechos ocurridos y las informaciones publicadas" que le vinculan al 'caso Brugal', la trama de presunta corrupción en torno a la adjudicación del servicio de tratamiento de basuras en la comarca de la Vega Baja.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, tras la comparecencia ante los medios de Amorós en Alicante, quien ha anunciado que deja su cargo de portavoz en la institución provincial alicantina, aunque mantiene las actas de diputado provincial y concejal en el Ayuntamiento de Elche, después de las informaciones periodísticas que aseguran que se encuentra imputado en el caso, que también afecta al presidente 'popular' de la Diputación, Jose Joaquín Ripoll.

Alarte, quien ha remarcado el derecho a la presunción de inocencia de Amorós, ha expresado su deseo de que éste "coopere con la justicia y colabore dando ejemplo como un ciudadano de bien".

"Esperamos que todo se aclare, que todo se investigue y que absolutamente todo quede esclarecido ante la opinión pública, ante los jueces y tribunales porque, sin duda alguna, ese será un bien para el conjunto de la sociedad, la fortaleza de las instituciones públicas y para la credibilidad del sistema democrático".

Preguntado por si el PSPV va a solicitar a Amorós que abandone su acta de concejal, Alarte ha explicado que esta decisión "no corresponde al PSOE", ya que el acta no pertenece al partido.

"Evidentemente desde el momento en que esta suspensión entre en vigor Antonio Amorós queda apartado del PSOE en tanto no se esclarezcan las informaciones publicadas" y "no puede presentarse en las listas" pero la decisión de renunciar al acta es "personalísima", ha insistido.

Ha agregado que con la suspensión ----que también acarrea automáticamente la apertura de un expediente disciplinario-- Amorós "deja de formar parte en plenitud de derechos del PSOE". "Y, por tanto, deja de ser nuestra responsabilidad en tanto la medida no sea levantada", ha dicho.

En este punto, ha recordado que durante su comparecencia de esta tarde --de la que Alarte ha dicho tener conocimiento-- ha manifestado su dimisión como portavoz socialista de la Diputación alicantina.

Asimismo, Jorge Alarte ha aseverado que si algún otro representante socialista se encontrara en la misma situación que Amarós "se actuará idénticamente igual".

Al respecto, e interrogado sobre José María Cataluña --cuyo nombre también aparece en el sumario de 'Brugal' pero que en la actualidad no desempeña cargo de responsabilidad en el partido-- ha hecho notar que las informaciones conocidas no tienen la misma "envergadura".

El líder de los socialistas valencianos, que ha informado de que el PSPV se personará en la causa "en defensa del interés general", ha agregado que no se ha reunido con Amorós --aunque ha estado "permanentemente informado"-- sino que esa tarea la ha desarrollado la secretaria provincial y el vicesecretario general del PSPV, Alejandro Soler.

Al mismo tiempo, Alarte ha retado al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, a que "tome nota" y expulse y suspenda de militancia al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a los presidentes de las Diputaciones de Alicante, José Joaquín Ripoll, y Castellón, Carlos Fabra, "y a otros 40 cargos más" por estar imputados en diferentes causas judiciales.

"Existen las responsabilidades políticas y la necesaria exigencia a los que ocupan un cargo político de mayor nivel de información y de transparencia", ha puntualizado.

El secretario general ha añadido que "hace mucho tiempo que en la Comunitat Valenciana la inmensa mayoría de los que dirigen el PP deberían haber dado ejemplo".

"Creo sinceramente que nosotros no debemos dar excusas a nadie por convicción, por coherencia y porque esta es nuestra manera de entender la política para que nadie desvíe la atención sobre lo único que es absolutamente cierto: que el caso Brugal no es más que una parte más del tsunami y la gota fría de corrupción que Camps y el PP han extendido a lo largo de la Comunitat", ha sentenciado.

Espinosa dice que la bajada de la cosecha y el alza del consumo llevarán el precio de la uva a la normalidad

TOLEDO.- La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, ha considerado que este año la vendimia tiene "un escenario muchísimo mejor que el año pasado", puesto que la disminución de la cosecha y el aumento de las exportaciones y del consumo interior debería llevar a "una normalidad absoluta" en el precio de la uva.

"Tenemos calidad, tenemos menor cantidad, estamos empezando a vender mejor, se está consumiendo un poco más y todo debería llevarnos a una normalidad absoluta", ha señalado Espinosa tras ser preguntada por los medios sobre los precios para este año en la vendimia.

En este sentido, ha explicado que puede haber una disminución de un 20 por ciento en las cosechas y que se están dando ratios de exportaciones mayores que los del año pasado, así como se ha incrementado porcentualmente el consumo nacional.

Además, preguntada sobre las quejas de las asociaciones agrarias respecto a los informes de Competencia, Espinosa ha declarado que "muchas veces no somos capaces de aplicar correctamente las normas de Competencia" y ha expresado "desde luego se pueden firmar contratos, puede haber contratos donde figuren precios, no existe ningún problema", ya que "lo que prohíbe Competencia es que haya una concertación de precios".

Así, ha pedido "tranquilidad" y ha señalado que si los agricultores tienen alguna duda pueden pedir información al Ministerio, así como a Competencia, que "nos ayudará para que se puedan firmar contratos, pueda haber normalidad y que todos cumplamos la Ley", ha manifestado Espinosa.

Finalmente, ha indicado que a nivel europeo el sector lácteo puede ser el primero con una normativa específica que "facilite que a nivel de Competencia la aplicación de la norma sea igualitaria en todos los estados miembros y con algunos elementos de mayor flexibilidad".

Los ayuntamientos recibirán 1.200 millones de los ingresos del Estado en 2011, un 9,2% más

TOLEDO.- El secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, ha avanzado que la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado va a crecer en torno a un 9,2% en 2011, lo que va a suponer que las entidades locales recibirán unos 1.200 millones de euros netos, que podrán invertir "en lo que consideren oportuno".

En declaraciones a los medios antes de inaugurar en Toledo el I Congreso de Pequeños Municipios, organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Zarrías ha señalado que a esos 1.200 millones se añadirán otros 300 millones, "teniendo en cuenta la liquidación que deben de hacer el 1 de enero de 2011, como consecuencia de la liquidación del año 2007".

"Eso supondrá que el año próximo se distribuirán en todos los ayuntamientos del país una cifra que supera los 1.500 millones de euros", dinero que recibirán "en un momento en que el Presupuesto General del Estado decrece en torno al 6,6% y los ministerios en torno a un 15%" y que las inversiones "van a descender en 2011 un 30%".

Zarrías ha dejado claro que ese incremento del 9,2% llegará a las corporaciones locales "de forma indeterminada", siendo los propios ayuntamientos los que podrán destinarlo "a lo que quieran", y citó como ejemplo el pago de proveedores o el pago de nóminas.

Esta opción se suma a la del endeudamiento, que deberá dirigirse a financiar inversiones y que se pondrá en marcha gracias a la modificación del artículo 14 del Decreto Ley aprobado en mayo por el Gobierno, "que va a permitir que aquellos ayuntamientos que estén por debajo del 75% en lo que es la deuda viva puedan endeudarse de acuerdo a la normativa que en este momento existe".

Zarrías ha destacado que estas iniciativas van a motivar "que los ayuntamientos puedan cofinanciar diferentes proyectos de carácter plurianual o en los que exista la necesidad de una cofinanciación de los ayuntamientos con las comunidades autónomas o con la Unión Europea a través de los fondos europeos".

Estas dos medidas, que son las "más importantes que se recogen en los Presupuestos Generales del Estado para 2011" y que "inciden directamente en la vida de los ayuntamientos", se unen al mantenimiento en 2011 del fondo destinado a las pequeñas poblaciones --las que no llegan a la cifra de 150 euros por habitante-- y a todo lo referente a los planes provinciales de las diputaciones provinciales.

El secretario de Estado de Cooperación Territorial, que ha indicado que esto "se ha discutido con la FEMP", ha recordado que el Gobierno durante 2009 y 2010 "ya depositó en los ayuntamientos la friolera de 13.000 millones de euros" para que pudieran llevar a cabo mejoras importantes en sus municipios "con criterios puramente objetivos, haciendo caso omiso a lo que ocurre en otras administraciones que establecen baremos de entrega de dinero en función del color político de los ayuntamientos".

Ha reconocido que los ayuntamientos "tienen que dar respuesta a los problemas del día a día y eso supone esfuerzos financieros importantes" y de ahí que, aunque "habrá que esperar a tiempos mejores" para buscar un nuevo sistema de financiación, esto va a permitir que "buena parte de los proyectos que los ayuntamientos tenían al inicio de la legislatura" puedan salir adelante.

En este punto, y ante las críticas del PP, Zarrías ha comentado que "si el Partido Popular se caracterizó por algo en su etapa de gobierno" durante los ocho años de José María Aznar, fue "por acribillar a los ayuntamientos", a los que "les retiró el IAE, sin compensación, y puso en marcha un sistema de financiación "que no ha servido para nada".

"Si hay alguien que debe permanecer con la boca cerrada en estos momentos cuando habla de financiación y apoyo a los ayuntamientos son aquellos que durante ocho años se dedicaron a machacar a las corporaciones locales", ha precisado.

Respecto al Congreso, Gaspar Zarrías ha considerado que es el "lugar idóneo" para poder analizar con los representantes de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes de todo el país las novedades que los PGE van a introducir y que afectan directamente a la vida local y la vida municipal.

"El gobierno de España tiene claro, muy claro, el papel determinante que en nuestro país juegan los ayuntamientos", ha señalado Zarrías, convencido de que "dar respuesta a los problemas lleva consigo financiación y lleva consigo buscar dinero de donde no lo hay".

Por eso, ha explicado, "en el mes de mayo adoptamos una serie de decisiones que en aquel instante eran absolutamente necesarias, era un esfuerzo colectivo en el que todas las administraciones públicas teníamos que hacer todo lo que estuviera en nuestras manos para reducir el déficit, y esas medidas han permitido que hoy, cuando comenzamos a discutir los Presupuestos, la situación económica, de forma pequeña, se ha movido de forma positiva" y eso "nos lleva a que en los PGE el compromiso del Gobierno de España con ayuntamientos vaya a ser importante".

Fecoval asegura que hace "más de un año" que trabaja con la Conselleria para buscar soluciones al cobro de las obras

VALENCIA.- La Federación de Empresas Contratistas con la Administración Pública (Fecoval) ha asegurado este viernes en un comunicado que desde hace "más de un año" que está trabajando "conjuntamente" con la Conselleria de Economía para "buscar soluciones efectivas al cobro de las obras" y subraya que, a lo largo de los últimos 25 años, ha desarrollado su actividad en estrecha colaboración con la Generalitat Valenciana.

Según Fecoval, esta colaboración "es la que ha permitido a las empresas valencianas ganar tamaño y mejorar en términos de competitividad, dando incluso el salto a otros mercados nacionales e internacionales" y ha añadido que esta realidad "ha sido expresada por la federación en múltiples ocasiones".

En este sentido, afirma que las discrepancias entre la administración y las organizaciones empresariales --que califica de "habituales" en una relación entre patronal y administración--, "se han solucionado siempre a través de los cauces correspondientes". En esta línea, señala que Fecoval "seguirá impulsando las mesas de diálogo como vía efectiva en sus relaciones con las administraciones públicas".

El comunicado de Fecoval se produce tras la polémica suscitada a raíz de las declaraciones realizadas el pasado martes por el secretario general de Fecoval, Eduardo Beut, quien aseguró que la administración central paga "con total puntualidad" los trabajos mientras que la obra financiada por la Generalitat vía presupuestaria "está siendo abonada entre 190 y 220 días" y que, "en las empresas públicas, llega a situaciones auténticamente difíciles", con plazos de pago de "hasta dos años".

Asimismo, apuntaba que el Consell contrae esa deuda con las entidades financieras a las que se ha subrogado el crédito de cobro, lo que "complica mucho el sistema" porque se llega a superar el "límite de riesgo" que establecen los bancos para las diferentes instituciones.

El conseller de Infraestructuras y Transportes, Mario Flores, se mostró el miércoles "sorprendido" y "molesto" con las declaraciones y les reclamó una "rectificación" de sus críticas a los pagos porque "es de bien nacidos ser agradecidos".

Banco de Valencia adquiere el 88% del capital del Grupo Nordkapp

VALENCIA.- Banco de Valencia ha superado el 88 por ciento del capital del Grupo Nordkapp, constituido por una Sociedad de Valores, una Sociedad de Gestión de Instituciones de Inversión Colectiva --básicamente SICAV's-- y una Sociedad de Inversión en Capital Desarrollo, según ha informado la entidad en un comunicado.

Nordkapp cuenta con 41 profesionales y gestiona más de 571 millones de patrimonio a través de 28 SICAV's, cinco Fondos de Inversión, dos Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre --un fondo y una sociedad--, dos Planes de Pensiones y alrededor de 900 carteras de sus casi 1.000 clientes.

En el año 2005, la Sociedad de Valores inició la intermediación en Bolsa como miembro de la Bolsa de Valencia --por donde canaliza sus operaciones--, lo que le ha reportado en el último ejercicio cerrado más de 9.700 millones intermediados.

El Grupo Nordkapp, con oficinas en Valencia, Madrid y Pamplona, se constituyó en 2003, conformando su accionariado tanto clientes, como directivos y otros socios institucionales --Inversiones Ibersuizas, Libertas 7-- entre los que destacaba el 15 por ciento del Banco de Valencia en el capital fundacional, que ahora se eleva por encima del 88 por ciento.

La última transacción por el 54 por ciento del capital del Grupo Nordkapp se ha realizado mediante el canje de acciones de Nordkapp Sociedad de Valores, por acciones de Banco de Valencia.

Tras la operación se mantendrá la estructura directiva de la compañía, con la Presidencia ejecutiva de Enrique Lucas y la Dirección General de Ramiro Martínez-Pardo. La previsión de Nordkapp es terminar el ejercicio con un beneficio neto de un millón de euros.

Sólo el 4% de los municipios no podrá endeudarse en 2011

MADRID.- Únicamente el 4% de los 7.595 municipios españoles --excluidos los de País Vasco y Navarra-- tiene una deuda superior al 75% de sus ingresos, por lo que no podrán seguir endeudándose en 2011, de acuerdo con el nuevo criterio establecido por el Ministerio de Economía y Hacienda y según los datos del colectivo de técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha).

Los datos de deuda, referidos a 2009, ponen de manifiesto que sólo 310 ayuntamientos contarán con esta restricción para el próximo año por tener un mayor nivel de endeudamiento que sus vecinos, después de que Economía haya rectificado la prohibición total para solicitar nuevos créditos el próximo año.

A pesar de ser un porcentaje pequeño de ayuntamientos, entre estos municipios se encuentran algunos tan importantes como Madrid (con una deuda del 159% de sus ingresos), Valencia (106,6%), Málaga (127%), Córdoba (101,6%) o Santander (100,2%).

También se encuentran en esta situación ciudades como Ávila (11,3%), Cuenca (82,8%), Jaén (120,5%), Teruel (187,1%), Huelva (88,2%), Zaragoza (115,35%), Cádiz (82,8%), Tarragona (97%), Santiago de Compostela (77,7%), Lleida (90,2%), Murcia (77,2%) o Ceuta (89,6%).

Para Gestha, el nuevo criterio de Economía de restringir el endeudamiento de las corporaciones locales con un endeudamiento superior al 75% es "engañosa", dado que no se consideran las deudas que puedan tener las sociedades públicas o privadas constituidas por los consistorios.

Además, este colectivo señala que los criterios para la aplicación de esta medida pueden basarse en una "pura trampa", ya que permite un mayor endeudamiento a los ayuntamientos que hayan empleado "ingeniería financiera para maquillar" su deuda y cumplan con los nuevos requisitos.

En la distribución por comunidades autónomas, Cataluña, con 85 municipios, encabeza la lista de regiones con mayor número de ayuntamientos que no podrán endeudarse el próximo año, seguida de Comunidad Valenciana (51), Andalucía (47), Aragón (37), Castilla y León (31), Castilla-La Mancha (11), Madrid (10), Murcia (8), La Rioja (7), Galicia (6) y Baleares, Canarias y Cantabria, con 4 ayuntamientos cada una. Asturias y Melilla son las únicas regiones que no tienen ningún municipio que supere el 75% de deuda.

Gestha atribuye la "crítica" situación que atraviesan las cuentas de los consistorios a la caída de la recaudación derivada de la crisis financiera actual y a la recesión económica que "ha hecho mella" en una de sus principales fuentes de ingresos como era el sector constructor e inmobiliario.

Por ello, los técnicos de Hacienda instan al Ejecutivo a mejorar la vía de los ingresos mediante una lucha "más eficaz" contra la economía sumergida, una de las mayores bolsas de dinero negro de la Unión Europea que actualmente supone que 245.000 millones de euros, el 23,3% del PIB, escapen al control del fisco.

La Unió prevé un descenso medio de cosecha de uva del 30%

VALENCIA.- La Unió de Llauradors prevé un descenso medio de cosecha del 31 por ciento en el conjunto de las tres zonas productoras vitivinícolas de la Comunitat Valenciana en una nueva campaña marcada por los bajos precios para los productores.

En Utiel-Requena, el descenso puede ser del 40 por ciento; del 20 por ciento en Valencia, mientras que en Alicante se prevé una subida de producción del 5 por ciento.

Según los datos de la organización agraria, de 308 millones de kilos en la pasada campaña se puede pasar a 213 millones de kilos en la actual, que se ha iniciado ya en algunas zonas, aunque de forma generalizada lo hará "en unos días".

No obstate, La Unió ha apuntado que la calidad de la uva es "excelente".

La organización atribuye la bajada de cosecha a las condiciones climatológicas adversas --pedriscos en mayo, junio y julio-- y al abandono voluntario de explotaciones ante la "falta de rentabilidad". Por ejemplo, señala que en la zona vitivinícola más importante de la Comunitat Valenciana, Utiel-Requena, han desaparecido en los últimos cinco años unas 9.000 hectáreas de viñedo.

Además, unas 3.300 se han arrancado en el conjunto de la Comunitat Valenciana entre los años 2009 y 2010 con ayudas procedentes de la OCM que finalizan el próximo año.

En este sentido, ha subrayado que el ritmo de abandono de hectáreas de viñedo en la Comunitat Valenciana en los últimos años es "constante" ante la falta de rentabilidad. La Unió ha precisado que, sin embargo, el descenso de cosecha "no se traduce en un incremento de los precios".

Así, en estos momentos, la media de las cotizaciones de la uva reflejan unos precios que se sitúan en la horquilla de los 0,12 y 0,15 euros por kilo. En un año normal los costes de producción medios oscilan los 0,37 euros por kilo pero en la campaña actual pueden subir hasta la cantidad de 0,50 porque, a pesar del descenso de cosecha, "se han aumentado los tratamientos por las adversas condiciones climatológicas".

En la comarca de Utiel-Requena, precisamente donde mayor descenso de cosecha se prevé, las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas han acordado este jueves paralizar la vendimia hasta lograr unos precios razonables para los agricultores, así como iniciar un proceso de movilizaciones de protesta. En esta línea, las cooperativas han decidido no abrir sus puertas para la entrada de uva hasta que no se garanticen unos precios "más justos" para los productores.

La Unió reclama al Ministerio de Medio Rural y a la Conselleria de Agricultura medidas para evitar la pérdida "creciente" de ingresos entre los viticultores. La organización considera que no se utilizan "de forma adecuada" por parte del Ministerio de Medio Rural las medidas de apoyo incluidas dentro de la Organización Común de Mercado (OCM) para salir de la crisis y opina que "se debería haber permitido la vendimia en verde y ahora, pese a lo que diga la ministra Elena Espinosa, sería necesaria una destilación de crisis".

También subraya que se debería plantear la concesión de ayudas de 'minimis' que ofrece la Unión Europea, cifradas en unas 15.000 euros por explotación para casos de crisis de mercados. En la actual situación, según La Unió, "se deben priorizar además todas las medidas en los profesionales que quieren seguir manteniéndose en la actividad" y propone una Ley de Márgenes Comerciales que evite la "disparidad de precios" del vino entre el origen y el destino.

En relación con la Conselleria de Agricultura, sostiene que debería "ser capaz de poner en marcha un plan de choque en el sector vitivinícola valenciano que evite el deterioro progresivo que sufre el sector en los últimos años, sobre todo en algunas zonas donde la situación de los viticultores es dramática porque este año apenas van a tener apenas ingresos".

En su opinión, "son necesarias desde el punto de vista autonómico medidas de concentración de la oferta, de mejora de la calidad, de promoción y comercialización, de información y transparencia del mercado (el observatorio de precios anunciado hace años sigue sin funcionar), la agilización del pago de las ayudas y un contrato con precios justos para los viticultores".

En el caso de Requena-Utiel, se esperan unos 128 millones de kilos por los 213 millones de kilos de la pasada campaña, que es la cifra para esta campaña de toda la Comunitat Valenciana y los descensos oscilarían entre el 40 y el 60% (Venta del Moro). En la DO Valencia, calculan una bajada del 20% con una cosecha que ronde los 46 millones de kilos de producción cuando en la pasada fueron 57. Los mayores descensos se dan en la zona de la Vall d'Albaida y en el Alto Turia.

Por contra, en la DO Alicante se prevé un aumento del 5%, con unos 40 millones de kilos de producción por los 38 de la pasada campaña. En la zona del moscatel de la Marina Alta sí puede haber un descenso del 15% en la producción.

Sáenz de Santamaría prefiere "no adelantar acontecimientos" si Camps se sienta en el banquillo acusado de cohecho

MADRID.- La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que prefiere "no adelantar acontecimientos", en el caso de que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se sentara en el banquillo de los acusados por cohecho en relación con el 'caso Gürtel', y ha reiterado tanto su apoyo como el del presidente del partido, Mariano Rajoy, al presidente valenciano.

"No me gusta adelantar acontecimientos porque en esta vida uno ve muchas cosas respecto al fin y a las conclusiones de los procesos judiciales. Camps tiene el apoyo de mi partido y de su presidente, que lo ha reiterado", ha afirmado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

Preguntada por la incertidumbre que existe sobre el futuro de Camps, que todavía no ha sido nombrado candidato de modo 'oficial', la portavoz del PP ha remitido a las competencias de la Dirección Nacional del partido y a los "órganos correspondientes" que decidirán "en el momento y en su tiempo".

Asimismo, ha recordado que Rajoy ya ha dado su apoyo a Camps, y ha indicado que tanto el candidato valenciano como el resto de candidatos a otras Comunidades serán puestos de manifiesto por el partido "en su momento", y a su juicio, "serán los mejores".

Sobre la posibilidad de generalizar la decisión de no incluir en listas electorales a militantes imputados, iniciada por el presidente 'popular' de Baleares, José Ramón Bauzá, Sáenz de Santamaría ha indicado que son las direcciones regionales las que, en cada caso, "tomarán las decisiones oportunas y pertinentes en beneficio del partido".