VALENCIA.- La
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia ha denunciado
"radical" y "contundentemente" las prácticas "bestiales" por parte de
diferentes entidades bancarias y fondos buitre que afectan "a miles de
familias" en España: "No paran de llamar por teléfono. No salgo de casa
por miedo", ha asegurado una de las afectadas.
Así
lo ha evidenciado este martes en rueda de prensa a los medios uno de los
portavoces de la PAH en la Comunitat Valenciana, José Luís González,
quien ha estado acompañado por cuatro familias que se declaran víctimas
de acoso inmobiliario y por la coordinadora del área de apoyo en crisis
en Psicólogos sin fronteras, Inés Dualde.
"Intentan
crear un entorno hostil y humillante con la intención de forzar que la
persona que habita en la vivienda tome la decisión de abandonarla", ha
aseverado González.
Las
cuatro familias se encuentran en una situación similar: tras no poder
pagar la hipoteca de la casa o el alquiler, fueron amparados por una
moratoria que les permitía residir en el piso durante un tiempo en el
que la ley obliga a los futuros compradores a respetar ese periodo de
uso y disfrute de la familia que vive en el domicilio y que no está
siendo respetado.
Mari
Carmen, de 61 años y vecina del barrio de Monteolivete de Valencia,
vive desde hace 10 años de alquiler social debido a su estado, que le
impide trabajar, y por ello recibe ingresos gracias a la renta
valenciana de inclusión.
Según
ha relatado, con todos los pagos al día y sin deber "ni una peseta",
recibió un burofax en el que se le informaba de que su casa había sido
vendida a un fondo buitre y que disponía de unos meses para abandonar la
vivienda: "Me quedé pasmada. No puedo entender cómo, si vives en una
casa, no debes nada y tienes un contrato en vigor, pueden decirte de
golpe y porrazo que han vendido tu casa", ha manifestado.
Tras
ponerse en contacto con la plataforma consiguió prorrogar la moratoria
durante otro año pero, aún así, asegura que continúa sufriendo acoso
inmobiliario "constante" y "diario" por parte del fondo buitre. "No
paran de llamar por teléfono. No salgo de casa por miedo. Te amenazan",
ha señalado.
"He
salido esta mañana y lo primero que he hecho ha sido llamar a mi vecina y
decirle: '¿Vas a estar en casa? Por favor, échale un ojito a mi casa'.
Porque me da miedo. Porque esto es diario. ¿Dónde voy? ¿Qué hago?
Señores, si ustedes tienen que aumentar un poquito el alquiler, háganlo.
¿Pero cómo me van a echar a la calle? Yo no tengo dónde ir", ha
expuesto Soto.
En
el caso de otro afectado, Adrián, compró un vivienda que estuvo pagando
durante diez años hasta que enfermó, no pudo continuar pagando pero pudo
apoyarse en la moratoria de vivienda para poder continuar con su
familia en la vivienda.
Un
día, ha explicado, encontraron que su piso estaba publicado en una
página de venta y desde ese momento sufre llamadas "coaccionándole" y
"amenazándole", la cerradura de su casa ha sido forzada y recibe visitas
de compradores potenciales.
Asimismo,
ha comentado que, incluso, ha llegado a sufrir amenazas por parte de
dos personas que se encontraban frente a su domicilio. "Desde ese
momento no dejamos nunca la casa sola y siempre se queda alguien
dentro", ha indicado.
"Los
niños lo llevan peor y llega un punto en el que no puedo soportar que
mis hijos vivan en esta atmósfera y han tenido que irse a Rumanía
rompiendo lazos aquí en Valencia con el colegio y el deporte", ha
relatado.
Mari
Carmen Salcedo, miembro de la PAH, ha dado a conocer la historia de
María, una octogenaria que junto a su marido antes de la crisis
económica del 2008 solicitó un crédito inmobiliario que una vez iniciada
la crisis no pudieron seguir pagando.
En
2019 fallece su marido y decide irse a pasar las Navidades con su hijo
pero enferma y con la llegada de la pandemia continua en casa de su hijo
hasta que, una vez estabilizada la situación sanitaria, decide volver a
su domicilio.
Al
llegar al domicilio, Salcedo cuenta que tanto María como su hijo no
pudieron acceder al interior porque les habían cambiado la cerradura.
Después de denunciarlo frente a la Guardia Civil, consiguieron entrar al
piso y se encontraron con él completamente vacío: "50 años de la vida
de María terminaron a la basura. Si no llega su hijo a acogerla se
encontraría con una mano delante y otra detrás", afirma.
Por
su parte, José Luís González ha exigido a los diferentes partidos
políticos que "no jueguen a estrategias partidistas con el derecho a la
vivienda, sino que tengan un comportamiento conjunto, planificado y
definido y comprometido con el derecho a la vivienda".
En
esta línea, ha anunciado varias medidas que por parte de la plataforma
van a poner en marcha y que van a presentarles el próximo 8 de noviembre
al gobierno valenciano con quien tienen una reunión concertada.
Entre
ellas, ha citado: "Alargar la moratoria de hipotecas y de alquileres
para que la gente no se vea en la calle; que haya actuaciones de
viviendas frente a las 3,8 millones de viviendas que están vacías en
España; obligar a los fondos buitre a hacer alquiler social y que los
políticos creen un marco de solidaridad entre la población y la gente".
Preguntado
por los datos de personas en la Comunitat Valenciana que estén acogidas
a una moratoria hipotecaria o de alquiler, ha destacado que los últimos
datos con los que se cuentan son de España en 2017, donde se recogía
que había 30.000 familias bajo esta situación.
En
este sentido, el portavoz de la PAH ha indicado que, a pesar de no
disponer de los datos de acoso inmobiliario, "no hay familia a la que no
acosen" ya que es "una práctica muy extendida", ha subrayado.
Finalmente,
la coordinadora del área de apoyo en crisis en Psicólogos sin
fronteras, Inés Dualde, quien presta ayuda a varias de las familias
afectadas, ha puesto en relieve que esta situación de coacciones,
presiones y amenazas constantes provoca que "aumente el estrés que les
genera ansiedad, depresión, ataques de pánico y una indefensión y miedo
de pensar que los recursos que tenían en el día a día los han perdido".
