domingo, 6 de febrero de 2011

Sol y playa / Francisco Parra *

Uno de mis profesores de Teoría Económica nos dijo a un grupo de alumnos en una ocasión: “la Ciencia Económica es cosa de gente mediocre, los inteligentes de verdad estudian Ciencias Exactas, Físicas, Astrofísica o similares”. No se debe hacer uso textual del “comentario de café” de aquel profesor. Cierto es que grandes cerebros de la Humanidad han consagrado sus neuronas a la Ciencia Económica. 

Lo que aquel profesor quería transmitirnos con aquel exagerado comentario es que, gran parte de la base de la Ciencia Económica, se basa en principios muy simples. Muy simples si, pero no por ello poco importantes. En ocasiones, en nuestro afán por encontrar salida a determinadas situaciones, siendo coherentes con nuestras ideas, tendemos a rizar el rizo y tergiversar las cosas hasta límites insospechados, aún a riesgo de equivocarnos y tomar decisiones erróneas. Esto ocurre con frecuencia en las manifestaciones, actitudes y acciones de economistas alineados con la izquierda o la derecha política. Esto es lo que se suele llamar vicio ideológico.

El vicio ideológico ha sido lo que probablemente ha llevado a este gobierno que padecemos a hacerlo todo al revés en un primer momento, para luego intentar enmendarlo deprisa y corriendo. El vicio ideológico y también una buena dosis de arrogancia y prepotencia. No es necesario ser un erudito para saber que la Economía Española está basada en el sector construcción y el turístico, al tiempo que tiene un problema de exceso de coste energético. Casi cualquiera, aunque sea de oídas, lo sabe.

Pues bien, desde 2.007 nuestro gobierno se ha dedicado a echar tierra, (por no decir otra cosas), sobre el sector construcción. Se ha estado acusando a dicho sector de ser un nido de especuladores, defraudadores, mafiosos, etc., al tiempo que se legislaba en contra del sector ya desde 2.007 y se alimentaba el ciclo bajista, que ya se veía venir por esas fechas en dicho sector. Por supuesto, no se ayuda al sector construcción ante la caída en cascada de grandes empresas del sector, tan solo se intenta poner algún parche, como tampoco se potencia al sector turismo. El denostado “turismo de sol y playa” no cuenta tampoco con la simpatía del gobierno y queda también abandonado a su suerte en el marco de la gran crisis internacional.

Pues bien, a sabiendas de la situación descrita y por puro vicio ideológico, se legisla favoreciendo la caída del sector construcción, (la Reforma de la Ley del Suelo que entra en vigor en 2.007 exige reservas de suelo del 35% para VPO y del 15% de cesión para los Ayuntamientos, medidas poco apropiadas para un sector que está entrando en crisis), no se potencia la construcción ni se le buscan alternativas a la edificación, no se potencia el turismo…  Sin embargo, se crean estímulos para la instalación de placas solares, produciendo un incremento del coste energético y se pretende que las ayudas a la I+D+I den resultados en el corto plazo y sean la solución a los problemas de España.

Pues va a ser que no. Como ya demostró David Ricardo hace mucho tiempo, (allá por el S. XVIII), dos países que se especializan en aquello que mejor producen, maximizan su producción si intercambian parte de sus producciones. Esto, que ya era cierto hace mucho tiempo, es ahora más cierto aún, dada la globalización en la que estamos inmersos. Visto a la inversa, el estudio de David Ricardo deja claro que, o te especializas en aquello en lo que eres eficaz o no encontrarás quien te compre.

La moraleja del estudio de David Ricardo se puede sintetizar en el famoso refrán castellano: “zapatero a tus zapatos”. Sin que se tome como alusión al apellido del Presidente del Gobierno, era fácil entender que, ante la que se avecinaba, España no iba a defenderse de la crisis fabricando microprocesadores, teléfonos móviles u ordenadores, sino haciendo lo que de verdad sabe hacer, aquello en lo que era realmente competitiva, es decir, ofreciendo servicios turísticos y mal que nos pese, sosteniendo al sector construcción. 

Las políticas de este gobierno, durante mucho tiempo, han colaborado al hundimiento de la construcción, no le han dado la importancia debida al “sol y playa”, han llevado a agravar el problema del coste energético y en suma, nos han llevado a una situación de falta de competitividad considerable, al tiempo que de exceso de desempleo y déficit público.

A lo mejor se debería haber potenciado la rehabilitación, para reconducir la actividad de un sector que estaba sobredimensionado y que es altamente intensivo en mano de obra, (por tanto vital para sostener el empleo). A lo mejor se podría haber ayudado a las constructoras a conseguir contratos en el exterior, (lo han hecho bastante bien por su cuenta..).

A lo mejor se debería haber promocionado España como destino turístico para los países emergentes como China, India, Rusia o Brasil, para suplir la reducción de turistas procedentes de nuestros mercados habituales. A lo mejor se debería legislar de forma que el visitante se sienta relajado y libre, en comparación con su país y no prohibiendo a diestro y siniestro. A lo mejor se debería haber ayudado al turismo mediante la ampliación de nuestra oferta de ocio tradicional. A lo mejor se tenía que fomentar la eficiencia energética en fábricas y hogares, en lugar de elevar el coste de producción subvencionando la energía solar. 

A lo mejor no había que gastar tanto y ni tan inútilmente desde el Estado, provocando un incremento cada vez mayor de la Deuda Pública. A lo mejor no eran los jubilados los que tenían que haber “pagado el pato” de los excesos del Gasto Público. A lo mejor todo esto y algunas cosas más se podían haber puesto en práctica ya en 2.007 y no esperar a 2.010. A lo mejor era más fácil de lo que parece.

Por supuesto que era inevitable entrar en una situación de crisis. El vendaval financiero que barrió el mundo a partir de 2.008 no podía pasar sin dejar graves consecuencias. La diferencia estriba en reaccionar a tiempo y en la línea adecuada o dejarse llevar por el vicio ideológico y llevar a cabo políticas que profundizaban más y más en los problemas que se nos venían encima. La diferencia es tener un 15% de desempleo o un 20%, tener un sector construcción en la UVI y arrastrando a las entidades financieras o tener un sector redimensionado pero sano. Los famosos problemas estructurales de la Economía Española no se solucionan en el corto plazo y desde luego no es un momento de grave crisis, el más adecuado para abordarlos.

Cuando todo va mal, todo es difícil, cuando todo es escaso, tenemos que hacer aquello que mejor sabemos, aquello en lo que realmente tenemos una experiencia larga y contrastada de buen hacer y de eficacia.

Lo siento, pero es el momento de volver al Sol y playa.

(*) Francisco Parra es economista

Gürtel pone a prueba el nuevo TSJ

VALENCIA.- El caso de los trajes, una de las derivadas de la trama Gürtel, en la que están imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres altos cargos de las cúpulas del Consell y del PP regional, afronta semanas decisivas. El juez José Flors dio por concluida la instrucción el 27 de enero al considerar que ya se habían practicado todas las diligencias necesarias para determinar si Camps y el resto de acusados recibieron durante varios años trajes y otros regalos por valor de miles de euros de la trama corrupta, lo que supone un delito de cohecho pasivo impropio.

El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano dio por terminada la investigación y emplazó a las partes a fijar sus posiciones sobre la apertura de juicio oral. Si tras recibir los escritos, lo que se espera para mediados de marzo, el magistrado resuelve ir adelante (y los pasos que ha dado hasta ahora apuntan a que así lo hará), el presidente del Consell se sentará en el banquillo de los acusados y será juzgado por un jurado popular.

La causa está sometida a fuerte presión política y mediática porque su evolución afectará a la designación de Camps como candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones de mayo, según publica 'El País'. En la causa también están imputados Ricardo Costa (ex secretario general del PP), Víctor Campos (exvicepresidente del Consell), y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo).

Desde que se conoció la decisión de Flors, el Partido Popular se ha esforzado en transmitir que la Sala Civil y Penal del TSJ dilatará la decisión del juez basándose en los recursos presentados por las defensas contra la denegación por parte del magistrado de la práctica de más pruebas. Se trata de una seguridad similar a la que el PP exhibió en otros momentos del largo procedimiento (se abrió en marzo de 2009), que después se demostró infundada. Su principal objetivo parece ser apuntalar la muy delicada posición de Camps.

Frente a esa visión, fuentes conocedoras del caso recalcan que, aunque quisiera, la Sala tendría serios problemas para retrasar a Flors. La Ley del Jurado establece en su artículo 27 que el magistrado ordenará practicar solo las diligencias "que considere imprescindibles para decidir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y no pudiesen practicarse directamente en la audiencia preliminar".

Flors ya consideraba que tenía suficientes argumentos para sentar a Camps en el banquillo en julio de 2009. La Sala, en aquel momento presidida por Juan Luis de la Rúa, optó, sin embargo, por archivar la causa con una argumentación que suponía vaciar de contenido el delito de cohecho pasivo impropio y que no discutía, en cambio, que el presidente valenciano hubiera recibido los regalos de la trama. La decisión recibió un sonado varapalo por parte del Tribunal Supremo, que desautorizó la decisión de la Sala y devolvió la causa a Flors en mayo de 2010.

Desde entonces y hasta el 27 de enero el juez ha sido más que generoso con la práctica de diligencias solicitadas por la defensa, a pesar de que muchas de ellas parecían tener como único objetivo demorar el procedimiento. Un ejemplo: la defensa de Camps solicitó que se incorporara a la causa una conversación grabada en prisión entre Pablo Crespo, número dos de la trama, y su abogado, porque consideran que beneficia a Camps. 

Flors lo rechazó porque las grabaciones habían sido declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero permitió que la defensa llamara a declarar a Crespo (lo hizo a través de un exhorto) y éste repitió lo mismo que en las escuchas anuladas. Pese a ello, la defensa ha seguido insistiendo y ese es uno de los recursos que la Sala tendrá que resolver el 8 de febrero y a los que se aferra el PP para adelantar que el caso volverá a retrasarse.

Las miradas vuelven a estar, sin embargo, fijas en la Sala, que ahora preside Pilar de la Oliva. En ese contexto, Fernando de Rosa, exconsejero de Justicia con de Camps y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acudió el viernes al TSJ. Oficialmente, para ser entrevistado en sus instalaciones dado que el consejo no dispone de sede en Valencia. De Rosa aprovechó, sin embargo, para charlar con algunos magistrados. De la Rúa lo recibió con un fuerte abrazo.

En la judicatura no es ningún secreto que De Rosa es amigo de Pilar de la Oliva, la nueva presidenta del TSJ, a quien conoce desde su época en el juzgado de instrucción. Y es también de sobra conocido que De Rosa mantiene una estrecha relación de amistad con el propio Camps, a quien conoce desde los tiempos de Alianza Popular. Fernando de Rosa mantiene una relación privilegiada con el jefe del Consell, de cuyos Gobiernos ha formado parte, siempre en la Consejería de Justicia. En septiembre de 2008, De Rosa renunció para ser nombrado miembro del órgano de gobierno de los jueces a instancias del jefe del Consell y de Federico Trillo.

La estrecha relación que une al presidente de la Generalitat con De Rosa se evidenció pronto. Tras estallar el caso Gürtel en febrero de 2009, De Rosa tardó solo dos semanas en posicionarse. En una entrevista en Canal 9, el vicepresidente del CGPJ elogió la honorabilidad de Camps y advirtió que el juez Baltasar Garzón podría estar cometiendo un delito de prevaricación si no se inhibía en la investigación de la trama de corrupción que afecta al PP. Manifestaciones que le obligaron a pedir disculpas ante las críticas recibidas.

Un escándalo que se agrandó tras conocerse que Camps y De Rosa habían mantenido, al menos, dos encuentros tras estallar el caso Gürtel. El primero, en el domicilio particular del vicepresidente del CGPJ, una semana después de la detención de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado en Valencia de la trama. La segunda, en el Palau de la Generalitat tras difundirse que la Fiscalía Anticorrupción implicaba a Camps en el caso.
Desde entonces, De Rosa ha actuado de manera más prudente, aunque las relaciones con De la Rúa han sido estrechas y la Generalitat no ha dudado en agasajar al vicepresidente del CGPJ cada vez que ha podido, como cuando el pasado mes de septiembre le entregó el premio Justicia.

Pilar de la Oliva, la nueva presidenta del TSJ, sustituyó a De la Rúa al frente del TSJ en diciembre con un mensaje crítico con la corrupción y de defensa de la justicia como un servicio público que debe volcarse en solucionar los problemas de los ciudadanos y no responder a ningún otro tipo de intereses. El ritmo que ha tomado el caso de los trajes pondrá a prueba esa declaración de principios y el rechazo manifestado hacia las influencias externas. El capital de imagen con el que cuenta el tribunal valenciano no es, por ahora, muy alto, a pesar de que la sustitución de De la Rúa por De la Oliva actuó como válvula de escape para rebajar la apariencia de politización con que se marchó el expresidente.

Las fuentes consultadas afirman que Flors ha completado una instrucción muy garantista y muy difícil de atacar. Las pruebas practicadas durante la instrucción señalan que los trajes que Camps compró en una tienda de Madrid fueron abonados con fondos de las cuentas de las empresas que de la trama corrupta. La versión ofrecida por el jefe del Consell de que él pagó los trajes en metálico no ha sido avalada por ningún empleado del comercio, más bien al contrario. Y los obsequios coincidieron en el tiempo con la adjudicación por parte de la Generalitat de numerosos contratos, que no respetaron la normativa, a Orange Market, la firma de la trama que dirigía El Bigotes.

Para paralizar nuevamente la causa y desautorizar otra vez el trabajo realizado por Flors, la Sala tendría que contar con sólidos argumentos jurídicos (que los observadores cercanos no aprecian). Lo contrario situaría en el ojo del huracán a un tribunal todavía afectado por el correctivo que le aplicó el Tribunal Supremo, con la revocación por unanimidad de los cinco magistrados del archivo anterior.

Si la causa sigue su camino con normalidad, hacia mediados de marzo concluirá el plazo de cinco días dado a cada una de las partes (fiscalía y PSPV como acusaciones, y las cuatro defensas) de forma sucesiva (es decir, 30 días hábiles alargados por breves demoras procesales). Es posible que se incorporen nuevos documentos (como el que el fiscal ha pedido que el juez del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, envíe al TSJ valenciano) en la audiencia preliminar con la que concluirán los plazos dados a las partes. En ese acto, o dentro de los tres siguientes, Flors dictará un auto en el que decidirá si Camps, Costa, Campos y Betoret deben sentarse en el banquillo.

El Tribunal de Cuentas ordena esclarecer las irregularidades en Emarsa

VALENCIA.- El Tribunal de Cuentas ha ordenado que se proponga el nombramiento de un delegado instructor para determinar las posibles irregularidades contables y financieras en Emarsa, tras la denuncia interpuesta por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) en relación con las irregularidades en torno a la depuradora de Pinedo.

El tribunal retoma de esta manera las diligencias que había archivado debido a "la falta de concreción de los hechos que pudieran haber dado lugar a un saldo deudor injustificado" en la citada empresa, al haberse subsanado "los defectos de forma y fondo" de la denuncia original, que fue interpuesta en agosto del año pasado por los socialistas.

El Tribunal de Cuentas entendió que la denuncia hacía referencia a una serie de hechos que "podrían ser objeto de presunta responsabilidad contable", por lo que se acordó oír al ministerio fiscal y al representante legal de la Emshi sobre la procedencia de delegado instructor o el archivo de las actuaciones.

El pasado 10 de enero se subsanaron los defectos de forma y fondo. La subsanación consiste, según el auto, en que se han cuantificado "los daños supuestamente causados al Emshi" en 4.765.515 euros, por servicios facturados por las empresas Microprocesadores Valencia, Sofitec Informática, Mantenimiento Valmasmark, Construcciones y Reformas Rocarfort, Notec, Printergreen, Hispavas y Francisca Ruiz San Jerónimo.

Además, se concreta que la acción ejercitada debe dirigirse contra el presidente del consejo de administración de Emarsa, Enrique Crespo, el gerente de la sociedad, Esteban Cuesta, y el director financiero de la empresa, Enrique Arnal.

El Tribunal de Cuentas concluye que examinados los hechos objeto de las presentes diligencias, "en todos ellos existen, al menos indiciariamente, supuestos que no pueden ser considerados como manifiestamente no susceptibles de generar alcance en los fondos públicos" de la Emshi. 

En este sentido, ordena que se proponga a la Comisión de Gobierno del tribunal el nombramiento de un delegado instructor, para determinar, tras las oportunas actuaciones de averiguación, "la existencia de un presunto alcance en los fondos públicos".

Ripoll desautoriza a Amor y asume la revocación de su candidatura

BENIDORM.- Alcaldable por una noche. Ese ha sido el nimio lapso de tiempo que ha perdurado la nominación de Gema Amor, presidenta local del PP de Benidorm, para encabezar la lista de los populares en las municipales de mayo en esa ciudad. Amor, con el respaldo del comité local del PP, que ella preside, se proclamó candidata la noche del viernes. Al mediodía de ayer, el comité regional del PP revocó la propuesta y en su lugar designó al ex alcalde Manuel Pérez Fenoll.

La defenestración de Amor estaba pactada de antemano entre los dos sectores del PP alicantino: los ripollistas, liderados por el líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y los campistas, afines al jefe del Consell, Francisco Camps, y que tienen en Pérez Fenoll a uno de sus peones emblemáticos.
El líder del ripollismo encajó ayer sin rechistar la decisión del comité electoral regional de revocar la candidatura de Amor y, en paralelo, llegó a desautorizar la iniciativa de su pupila por mantener hasta el final su pugna por la nominación. "Tenemos que respetar los estatutos, y los estatutos marcan lo que marcan", manifestó Ripoll en declaraciones recogidas por Radio Alcoi, de la Cadena Ser. "Lamento que no hayamos alcanzado el consenso necesario para evitar esta rectificación [la anulación de la candidadutura de Amor]", añadió. A juicio de Ripoll, lo coherente era que el comité de Benidorm hubiera propuesto la candidatura de Manuel Pérez Fenoll, "como habíamos hablado", puntualizó.
La nominación de Pérez Fenoll en detrimento de Gema Amor supone de facto el entierro político del ripollismo (último bastión del antiguo zaplanismo, que tenía en Benidorm su feudo mayor). Ripoll, lastrado por el caso Brugal -está imputado por cinco delitos, entre ellos por cohecho- confirmó el viernes que había pactado a cambio de mantener en su puesto, la presidencia de la Diputación de Alicante. 
Otras fuentes populares aseguran que el pacto es otro: integrarse en una candidatura que le permita el aforamiento judicial.La defenestrada por la dirección regional Gema Amor calificó ayer de "curioso" que se haya interpretado su actitud como "un desafío o un reto", según recoge 'El País'.
"Me he limitado a cumplir escrupulosamente los estatutos del partido respetando a los órganos de dirección", añadió para reafirmar que su nombre fue propuesto el viernes por el comité electoral del PP de Benidorm, en el que obtuvo seis votos a favor y tres en contra. "Querer ser alcaldesa de Benidorm no puede considerarse un desafío", explicó.
Amor recalcó que la desilusión que ella misma manifiesta "se ha extendido a muchos militantes" y advirtió de que el nombramiento de Manuel Pérez Fenoll como candidato aboca a que "el futuro electoral del PP de Benidorm ya no dependa tanto de la dirección local y tenga que asumir un mayor protagonismo la regional", dijo. "Tengo la conciencia tranquila, he hecho lo que creía", señaló, y anunció que deja su futuro en manos de un "periodo de reflexión".
Benidorm ha sido en las últimas jornadas el centro de la batalla por las listas electorales de los dos grandes partidos: PP y PSPV. En el bando socialista, el órdago lanzado por el concejal tránsfuga del PP, José Bañuls, le ha generado réditos inmediatos. Su entorno anunció/amenazó el pasado jueves, una vez más en un periódico gratuito de tirada local, que estaba molesto porque no podía presentarse como independiente en la lista del PSPV y que estaba dispuesto a dimitir de su cargo, lo que hubiera dejado en minoría al Gobierno de Agustín Navarro. Luego, desapareció 24 horas.
Y, cuando el regidor díscolo reapareció el viernes por la mañana, dijo que "no ha pasado nada". Y algo más: "Todavía no ha aparecido la lista", que votó la asamblea local esa misma noche. No hubo que leer entre líneas porque quedaba poco tiempo. Siete horas después, su secretaria, Mari Carmen Martínez, apareció en el séptimo lugar de la candidatura socialista, por delante de tres de los actuales concejales. Era el puesto que pensaba haber ocupado Bañuls.
Pero no todo el problema era la lista. Bañuls también había mantenido bloqueada la aprobación de los presupuestos de 2011 reclamando un notable incremento de algunas partidas para sus delegaciones. El viernes, después de que Navarro y Bañuls sellaran un acuerdo que ponía fin, de momento, a las hostilidades, fueron convocados dos plenos extraordinarios: uno para aprobar los presupuestos y otro para volver a intentar la rescisión del contrato por el que la empresa ParkControl 2000 gestiona la grúa y la zona azul de la ciudad.
El Gobierno aprobó el pasado 31 de mayo rescindir este contrato, pero la mercantil interpuso un recurso. El juzgado decretó la suspensión cautelar del acuerdo. La primera consecuencia fue que Bañuls no ha podido volver a convocar un nuevo concurso público para adjudicar el servicio y ante la posibilidad de que concluya el mandato sin poder hacerlo, ha obligado a sus compañeros de Gobierno a volver a votar otra rescisión contractual porque ParkControl adeuda 1,14 millones a la Agencia Tributaria y 115.000 a la Seguridad Social, estando por resolver la anterior.

Una empresa de fotocopias denuncia al Consell por impago

VALENCIA.- La empresa encargada del mantenimiento y del servicio que prestan las fotocopiadoras instaladas en los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana ha denunciado ante la Sindicatura de Greuges el impago del contrato suscrito con la Generalitat desde 2007, y que ascendía a 71.810 euros en 2009.

La institución fiscalizadora ha recomendado a la Consejería de Justicia que abone las cantidades que adeuda a la mercantil "con la mayor brevedad", pese a que la Generalitat ha justificado el impago en su "falta de disponibilidad presupuestaria". La empresa AGFA fue contratada por Justicia para prestar el servicio de mantenimiento de fotocopiadoras y de fotocopias que se realizan con sus equipos de reproducción en los órganos judiciales, registros civiles, fiscalías y clínicas médico-forenses.
Según la queja remitida al Síndic, José Cholbi, el contrato de AGFA expiró a finales de 2007. Pese a ello, la empresa ha seguido atendiendo el parque de máquinas, una actividad que ha generado facturas por valor de 71.810 euros en abril de 2009, como resultado de aplicar "los mismos costes que se acordaron en la adjudicación". "La cantidad es importante y el retraso hace que, en estos momentos de crisis, nuestra empresa necesite recuperar el importe pendiente", apuntan desde AGFA.

Alarte suma otro desdén al PP / J.J. Pérez Benlloch

En una de sus descripciones de la democracia, Winston Churchill decía que ésta consiste en doblegarse de vez en cuando a las opiniones de los demás. El presidente Francisco Camps, a pesar de sus juveniles querencias liberales, parece ignorar o no compartir el criterio del eminente político inglés. 

Nuestro dirigente pertenece a la casta innumerable de los gobernantes que, al pairo de la hegemonía partidaria, no dan el brazo a torcer y ni agua al adversario. Tanto más cuando, en este caso, el electorado que le ha venido avalando y cuyo respaldo se le pronostica ampara tan fatuo desdén hacia sus discrepantes. Ni el talante personal ni la necesidad le conminan, pues, a dialogar y transigir con sus oponentes. Tanto más cuando se arriesga a que le mortifiquen a raíz de sus propias desventuras judiciales y los escándalos que se han prodigado en su partido.

Por otra parte, estamos ya en los prolegómenos de la campaña electoral y el PP no está para ruidos que le distraigan. Antes del 20 de marzo -fecha límite para la publicidad de actos que puedan confundirse con la propaganda- se han de exprimir las posibilidades que le otorga la Generalitat para difundir los méritos reales o aparentes de este gobierno. 

Las consejerías ya han -o están en ello- organizado las habituales "tormenta de ideas" para movilizar al votante transmitiéndole las bondades y eficiencias de esta legislatura y, obviamente, las del presunto candidato, el molt honorable. Digamos de paso que resultará ciertamente curioso constatar asimismo los incumplimientos, fracasos, ocultamientos y despilfarros que han jalonado estos cuatro años de autocracia popular, tarea que, como es lógico, le incumbe a la oposición política y a cuantos observen la vida pública sin las anteojeras del fanatismo.

No obstante, estas elementales observaciones, el PSPV se obstina en tender puentes con el Consell y con su titular para abordar conjuntamente las -según dice- "necesarias y urgentes reformas de nuestra economía". Un propósito plausible, pero una iniciativa y, sobre todo, una insistencia que se nos antoja patética después de los plantones y evasivas con que los populares torean a los socialistas, reducidos al papel de mendicantes que buscan afanosamente una foto que los solemnice como parte negociadora de lo que no es sino una fantasía en este final de la legislatura. 

Arreglados van si esperan obtener en las urnas algún rendimiento de estos encuentros frustrados. Para completar la parodia, el intrépido Jorge Alarte, líder alternativo, se encomienda por carta a un cogollo de fuerzas vivas valencianas -patronales, universitarios, sindicalistas, financieros y etcétera- para delatarles la cerrazón y arrogancia de su huidizo interlocutor. También les subraya la gravedad de la crisis, lo que no deja de ser un recurso retórico que disfraza la queja.

A este respecto, más le valdría al mentado dirigente darnos noticia de sus propuestas y recetas para afrontar los problemas que nos acucian. Apostaríamos que a buena parte de su electorado actual y potencial le gustaría constatar que su programa no es meramente una simbiosis del de la derecha y que en puntos cruciales, como la privatización de los servicios y las coberturas sociales, es reconocible la impronta socialista, queremos decir de la izquierda posible. Pero, claro, también pudiera ser que ya no sean tales sus referentes ideológicos y que tampoco le importe sumar un desdén tras otro.


Compromís pide que las entradas al Bioparc, el Hemisféric y el Oceanogràfic sean gratis para los residentes en la Comunitat

VALENCIA.- El grupo parlamentario Compromís en las Corts Valencianes ha presentado una proposición no de ley en la que pide que las  entradas para poder acceder al Bioparc València, el Hemisfèric, el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe y el Oceanogràfic sean gratuitas para los residentes en la Comunitat Valenciana. 

   En el texto, la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, considera "importante" la gratuidad del acceso, porque su precio "imposibilita" la entrada a estas infraestructuras "de muchas familias y niños que no pueden hacer frente al coste". Por ello, Compromís propone "articular políticas de igualdad de oportunidades" al respecto.
   Oltra explica que los gastos realizados por la Generalitat "en diferentes acontecimientos de masas, cuya repercusión es de dudosa rentabilidad y sobre cuyos costes totales el Consell se niega reiteradamente a facilitar información", tienen "una repercusión negativa en el bolsillo de todos los ciudadanos".
   Al respecto, indica que el dinero que la Generalitat gasta en estos "grandes acontecimientos e infraestructuras megalíticas culturales o de ocio no repercuten en el precio que los ciudadanos  valencianos, que debemos pagar para visitar o participar en estos acontecimientos, a pesar de haberlas pagado con los impuestos".
   Así, Mònica Oltra destaca que los beneficios indirectos que "se presuponen, pero que nunca se demuestran, no sirven para paliar los altos costes de mantenimiento de estas infraestructuras y mucho menos los ingresos de las entradas que pagan los ciudadanos", ya que considera que éstos "sirven para sufragar una parte mínima de los costes, dado que sobreviven básicamente de las subvenciones públicas".
   Por ello, entiende que tendría una "repercusión mínima" en las  cuentas de las infraestructuras que se eliminara el pago de entradas a los residentes en la Comunitat, tal como tienen establecido otras autonomías, otros municipios y otros países de la Unión Europea, "en los que los ciudadanos que costean las infraestructuras después no deben pagar para disfrutarlas", ha manifestado.
   Asimismo, la parlamentaria de Compromís, en la proposición no de ley, critica el anuncio del patronato de la Fundación Comunitat Valenciana Palau de les Arts Reina Sofia de ofrecer un 5 por ciento de descuento a los viajeros que lleguen a Valencia con el AVE.
   "Resulta curioso que no sea el AVE el que, para promoverse, ofrezca descuentos, sino al contrario, que la fundación se dedique a promover el AVE", critica Oltra, quien señala que, además, en la práctica, esto supone que "una infraestructura subvencionada con  los impuestos de los valencianos nos saldrá más cara a nosotros que a otros ciudadanos del resto del Estado".

Más de 8.000 personas firman para pedir guarderías gratuitas en la Comunitat

VALENCIA.- Más de 8.000 personas han firmado este fin de semana apoyando una Iniciativa Legislativa Popular, impulsada por Compromís, para pedir unas guarderías infantiles de cero a tres años gratuitas, según han informado la formación política en un comunicado.

   Las mesas y puntos de recogida de firmas que han puesto en plazas y calles de más de 80 poblaciones de la Comunitat Valenciana han hecho posible que más de 8.000 personas hayan dado su apoyo a esta iniciativa.
   El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Enric Morera, ha participado activamente en la recogida de firmas en la ciudad de Valencia, donde también han acudido la portavoz adjunta de la formación, Mònica Oltra, el candidato a la Alcaldía de Valencia, Joan Ribó y el resto de miembros de la candidatura de Compromís per València.
   Morera ha subrayado que "los ciudadanos entienden que esta propuesta también trata de fomentar una igualdad que no existe en la actualidad con otras autonomías, donde no pagan para llevar sus niños a las guarderías y aquí sí que lo hacemos".
   Los otros diputados de Compromís, Josep Maria Pañella y Mireia Mollà, han participado en la recogida de firmas de sus circunscripciones electorales y Mollà ha informado que volverá a salir con los compañeros de Compromís per Elx el próximo día 11 por la mañana para captar nuevos apoyos a la ILP en la ciudad ilicitana.

El juez interroga este viernes al arquitecto Santiago Calatrava por imputado en el caso Palma Arena

PALMA.- El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, instructor del caso Palma Arena, interrogará este viernes al arquitecto valenciano Santiago Calatrava, imputado en esta causa por haber sido presuntamente favorecido de forma ilegal por el anterior Govern del PP al serle adjudicada la elaboración, por encargo del entonces presidente Jaume Matas, de un anteproyecto de la Ópera en Palma, por el que cobró 1,2 millones de euros.

   Junto a Calatrava, quien ha negado públicamente los cargos que se le imputan, entre ellos el supuesto pago de comisiones por recibir el encargo por parte del Ejecutivo autonómico, también están citados el diputado y ex conseller del PP Francesc Fiol, así como al ex secretario general de la Conselleria de Educación y Cultura Sebastián Vanrell; el ex gerente del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales (Ibisec) Andreu Obrador; el ex jefe de servicios de arquitectura de la Conselleria de Relaciones Institucionales, Aleix Reynés, y la arquitecta de este departamento, Pilar Mesquida, también como imputados.
   El juez considera, en una providencia dictada el pasado viernes, que todos ellos pudieron colaborar en la "ilícita" contratación de Calatrava. Según hace constar el magistrado en la providencia de citación del arquitecto, de las investigaciones practicadas hasta el momento "racionalmente se desprende que Calatrava pudiera haber resultado ilícitamente favorecido" como administrador de la mercantil Santiago Calatrava AG por la adjudicación de este proyecto.
   Sin embargo, en un escrito remitido a través de su abogado, Francisco de Vega, el arquitecto recuerda que fue Matas quien solicitó sus servicios para realizar un desarrollo inicial de la remodelación del Moll Vell, que culminase con el levantamiento de un teatro de la Ópera, lo que fue perfilándose en varias reuniones de trabajo en la sede del Ejecutivo autonómico, en las que estuvieron presentes tanto Matas como Calatrava y su equipo.
   Además, asevera que se le entregó un 'render' (vídeo de realidad virtual) al Govern sobre la remodelación de la Bahía de Palma, requerida "personalmente" por el presidente, junto a dos maquetas que recogían el desarrollo del Moll Vell, la Ópera y la Bahía. Trabajos que fueron complementados por bocetos y dibujos de reordenación del tráfico y desarrollo urbanístico de ambos espacios, "todo ello como parte del compromiso, atendido en tiempo y forma, de entregar el anteproyecto".
   Cabe recordar que el anteproyecto de la ópera de Palma, que costó un total de 1,2 millones de euros al Ejecutivo balear, no se llegó a ejecutar debido a una prohibición por parte de la Junta Electoral en 2007, puesto que se pretendía presentar poco antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año.

Alarte dice que el PSPV respeta "la voluntad unánime de los militantes" en la candidatura de Benidorm

VALENCIA.- El secretario general del PSPV y candidato a la presidencia de la Generalitat, Jorge Alarte, ha afirmado este domingo en referencia a la candidatura socialista en Benidorm que su agrupación no practica "el autoritarismo ni dentro ni fuera" del partido. "Nosotros respetamos la voluntad unánime de los militantes y eso es lo que han decidido", ha sentenciado. 

   Alarte se ha pronunciado en estos términos al ser preguntado por los medios sobre la candidatura socialista al Ayuntamiento de Benidorm liderada por el actual alcalde, Agustín Navarro, que accedió al poder en septiembre de 2009 tras prosperar una moción de censura con la ayuda del tránsfuga 'popular' José Bañuls.
   "Nosotros no somos como el Partido Popular, que va subvirtiendo por ahí la voluntad democrática de los militantes. Nosotros no vamos anulando las decisiones del PP de Alaquàs, ni las decisiones del PP en Benidorm", ha indicado Alarte.
   El líder del PSPV se ha referido así a la decisión del Comité Electoral del PPCV de designar al ex alcalde de Benidorm Manuel Pérez Fenoll como candidato a la Alcaldía, a pesar de que el Comité Electoral Local eligió el viernes a la presidenta local del partido, Gema Amor, así como a la designación de Josep Pons en Alaquàs después de que la ejecutiva local nombrara a Honorat Cases.

Alarte señala que Camps hace "justo lo contrario" de "las cosas que dice Rajoy"

VALENCIA.- El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha señalado este domingo que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, hace "justo lo contrario" de "las cosas que dice Rajoy" en su decálogo de medidas contra la crisis, al tiempo que ha reiterado la "voluntad sincera de los socialistas para tender la mano y afrontar la difícil situación por la que atraviesa la Comunitat".

   Alarte se ha pronunciado en estos términos tras ser preguntado por los medios por una eventual reunión con el jefe del Consell. En este sentido, el candidato socialista a la Generalitat ha manifestado de nuevo la voluntad de su partido para "tender la mano" a Camps.
   Asimismo, ha subrayado que "el problema de esta Comunitat radica en la ineficacia del presidente Camps para gobernar y formular propuestas económicas concretas" y que este hace "justo lo contrario" de lo que dice el presidente del PP, Mariano Rajoy. "Sencillamente, nos mienten los dos", ha lamentado.
   En este sentido, ha explicado que la política del Gobierno valenciano "no hace otra cosa que contradecir punto por punto el decálogo que el líder del PP, Mariano Rajoy, pretende poner en valor" y ha desgranado algunas de las "incongruencias" entre el programa del PP nacional y la "inacción" de Camps.
   "Mientras Rajoy habla de reducir entes autonómicos o asesores, el PPCV de Camps sitúa a la Comunitat como la sexta de España con el mayor número de entes adscritos al Consell, 146, además de 14 consellerias, tres vicepresidencias y 9.236 trabajadores que trabajan en la administración pública, de los que 800 son de libre designación", ha indicado el socialista.
   Según Alarte, "a ello se suma, por ejemplo, una televisión pública que está en quiebra, que Camps quiere mantener y que Rajoy quiere cerrar; además de un vergonzante liderazgo de nuestra autonomía por su nivel de deuda respecto al PIB".

Un nuevo informe ratifica que Terra Mítica y otras empresas defraudaron 4,4 millones con facturas falsas

VALENCIA.- Un nuevo informe elaborado de manera independiente por un inspector de la Agencia Tributaria, tras pedírselo el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, ratifica en líneas generales el primer escrito de Hacienda, en el que se denunciaba que una veintena de empresas, entre ellas Terra Mítica, había defraudado entre 2000 y 2001 un total de 4,4 millones con facturas falsas, según han informado fuentes próximas a la investigación.

   El magistrado decidió solicitar este nuevo informe después de que algunas partes integradas en el procedimiento criticaran que el informe elaborado por la Agencia Tributaria podía ser parcial, puesto que ésta también forma parte de la causa.
   Así, consideró conveniente solicitar de oficio un informe objetivo a un inspector técnico de la Agencia Tributaria, para contrastar el primer escrito. En este nuevo texto, el inspector ha ratificado el contenido de las actuaciones originarias por el que la Agencia Tributaria tramitó un expediente que posteriormente dio lugar a la denuncia interpuesta por la Fiscalía contra una veintena de empresas, entre ellas Terra Mítica, por el presunto fraude fiscal.
   El juzgado ha citado esta semana a 11 empresarios imputados --a parte de los 24 que ya figuraban en la causa por estafa, malversación, blanqueo de capitales y delito fiscal-- por su vinculación con la trama. Está previsto que el nuevo informe también sea ratificado estos días.
   En concreto, estos empresarios prestarán declaración los próximos días 10 y 11 de febrero, tras ser imputados por el juez el pasado mes de noviembre de 2010, en una de las últimas diligencias que ha practicado, según han recordado las mismas fuentes. Los llamados a declarar son los responsables de las mercantiles Denia 2010 C-N-L, Waldrom, Gamaparc, Construcciones y Servicios Javier Ribes, Eurogrup Ailyng, Desarrollo Gran Vía, Ximo Duald y Trabajos Auxiliares del Siglo XXI.
   Esta imputación se produjo después de que en septiembre, el magistrado invalidase el acuerdo de nulidad de parte del procedimiento de este caso --únicamente en lo referente al delito tributario-- en cumplimiento con dos resoluciones judiciales que sostenían que faltaba el trámite de audiencia previa de los interesados con la Agencia Estatal Tributaria.
   El juez acordó la nulidad de esta parte del procedimiento, tal y como solicitaron las defensas, que afectaba al delito tributario y no a otro tipo de infracciones penales que pudieran derivarse de las investigaciones. Contra esta resolución hubo diferentes recursos, entre ellos el de Fiscalía, y el magistrado, finalmente, revocó su decisión.

Divulgación Médica y de Salud, nuevo blog especializado, editado por 'Newsletter del Siglo XXI'

Noticias médicas, sanitarias y de salud en español como exponentes del avance científico en el diagnóstico, tratamiento y curación, seleccionadas para el público en general por periodistas profesionales universitarios. Es el contenido y la orientación del nuevo blog especializado, editado por 'Newsletter del Siglo XXI'.

Carlos Romero Caramelo, nuevo gran canciller de la Universidad 'Cardenal Herrera' - CEU

MADRID.-La XCVIII Asamblea General, que se ha celebrado en el Colegio Mayor de San Pablo en Madrid, ha elegido este sábado a Carlos Romero Caramelo como nuevo presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, cargo que ostentará durante los próximos cuatro años. Romero ha logrado reunir 147 votos frente a los 133 del hasta ahora presidente, Alfredo Dagnino Guerra.

Se trata de la segunda vuelta de las votaciones, ya que el pasado 7 de diciembre se celebraron unas primeras elecciones en las que tanto Romero como Dagnino empataron a 125 votos cada uno.

Este cargo conlleva también el de presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y gran canciller de las universidades CEU Abat Oliba (Barcelona), Cardenal Herrera (Valencia) y San Pablo (Madrid).

Carlos Romero Caramelo, de 59 años, casado y padre de dos hijos, es consejero local del Centro de Madrid y capitán de navío del Cuerpo General de la Armada en situación de reserva. Asimismo, ha sido secretario técnico y vicesecretario general de la ACdP y desde el año 2007 es director de las Jornadas Católicos y Vida Pública, de las que se han celebrado más de 70 hasta por numerosas diócesis españolas.

La ACdP, fundada hace un siglo por el padre jesuita Ángel Ayala, es una agrupación de seglares católicos reconocida por la Conferencia Episcopal Española e inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, que está presente en veintiuna diócesis de toda España. Orientada a la propagación de la fe católica y al apostolado, actualmente es promotora, entre otras obras, de la Fundación Universitaria San Pablo CEU y promueve el Congreso y las Jornadas Católicos y Vida Pública.