VALENCIA.- Los gremios de libreros de Alicante, Castellón y Valencia estudiarán las acciones legales que podrían adoptar por los "impagos" del Consell, que ha "incumplido el pago a 50 días" de las cantidades correspondientes al bonolibro y les adeuda 31 millones de euros. Además, colocarán carteles en sus comercios para informar a los padres de que "si sus hijos tienen libros es gracias a que los libreros los han pagado, aunque ahora les pueda costar el cierre".
Así lo ha señalado la presidenta del Gremi de Llibrers de València, Glòria Mañas, que ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa acompañada de representantes de los gremios de libreros de Alicante y de Castellón, con el apoyo de distribuidores y editores.
Según Mañas, solicitaron por escrito a la Conselleria de Educación diversas reuniones para "abordar juntos la situación y buscar fórmulas para solucionar el problema", pero sólo obtuvieron como respuesta varias llamadas telefónicas de un director general para decirles que "hacen todo lo posible para pagar cuanto antes, pero la situación de tesorería es muy difícil". "Y una llamada no sirve como respuesta a una petición cursada por registro para que convoquen un encuentro y den explicaciones a todo el sector", ha reprobado.
La Conselleria de Educación fijó en 42,4 millones de euros su aportación en el curso 2011-12 a las medidas para favorecer la gratuidad de libros de texto del alumnado de enseñanza básica escolarizado en los centros públicos y concertados de la Comunitat, entre las que se incluye el bonolibro, con un importe máximo de 105 euros y una cuantía global de 31 millones de euros para este curso.
Desde el inicio de este programa en el curso 2007-2008, cada familia recibe en su colegio una cantidad por escolar en forma de un bono que debe canjear después por los libros correspondientes en los establecimientos autorizados y, hasta este momento, no habían tenido "ningún problema" para cobrar esas cantidades por parte del Consell. "Es el primer año en que no nos paga cuando debe y ni siquiera nos ha avisado con antelación para poder reaccionar", ha denunciado Mañas.
No obstante, esos establecimientos sí que han tenido que hacer frente a los recibos de septiembre y octubre de las editoriales. Según el representante del gremio de libreros de Castellón, Pere Duch, "los más afortunados han conseguido pagar gracias a créditos o a las reservas que tenían, en el caso de los establecimientos más grandes, pero muchos ni siquiera han logrado que les aprobaran esos créditos y han tenido que devolver los recibos".
Duch ha explicado que todas esas opciones generan "costes adicionales, ya sea gastos financieros o recargos por devolución de recibos", en un momento en el que "se estaba intentando sobrevivir a la crisis y lamentablemente, muchos no tendrán más remedio que cerrar, si no el mes que viene, dentro de tres meses", mientras que "los que puedan sobrevivir, se verán abocados a reducir plantilla e incluso a renunciar a vender libros de texto".
Además, ha alertado de que "esos impagos pueden cargarse por completo la campaña de Navidad", ya que "a muchos de los establecimientos que han devuelto recibos de los libros de texto, las editoriales les han cancelado la cuenta y no les suministrarán ningún producto hasta que no salden sus deudas".
"Esta situación afecta a todo el sector, en mayor o menor medida depende del tamaño del establecimiento, pero hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las librerías de la Comunitat son de tamaño pequeño y mediano, como sucede en todos los sectores", ha zanjado.
La presidenta del Gremi de Llibrers de València ha constatado que "habrá librerías a las que se les deberá 3.000 euros y otras a las que 60.000 e incluso 100.000 euros".
"Hemos pagado religiosamente las facturas que hemos podido atender, hemos puesto el trabajo y pagado los libros, pero ahora ya no se puede resistir más", ha subrayado.
En cuanto a las medidas anunciadas, Mañas ha precisado que, por un lado, harán las consultas jurídicas necesarias para "ver hasta qué punto el incumplimiento de pagar en un máximo de 50 días tiene repercusiones" y, por otro, realizarán distintas acciones para "hacer pública" su denuncia y "no se descarta" convocar concentraciones ante la Conselleria de Educación para protestar por su situación.
