VALENCIA.- La Sindicatura de Comptes ha entregado en las Corts el Informe Especial sobre las Competencias en la Fiscalización de Entidades Locales, que analiza la actividad desarrollada respecto al sector público local desde que el órgano de control externo asumió competencias plenas en 2003, en el que solicita un régimen sancionador para penalizar la no rendición de cuentas de estas administraciones, ya que se han detectado "importantes incumplimientos de la normativa en la gestión de fondos públicos".
En el documento entregado por la entidad fiscalizadora concluye que el actual control que se realiza sobre las entidades locales resulta "insuficiente" y está condicionado por a falta de medios personales, materiales y normativos. Al respecto, recuerda que la Sindicatura carece de competencia para sancionar a quienes incumplen la obligación de rendir cuentas o colaborar, según ha informado en un comunicado.
Asimismo, el informe denuncia que, además de la no rendición de cuentas, "de forma generalizada, las entidades fiscalizadas no aprobaron en el plazo legal ni el presupuesto ni su liquidación". De éstos, sólo el 11,3 por ciento aprobaron el presupuesto en el plazo legal pero, ninguno con población superior a 5.000 habitantes.
La Sindicatura de Comptes considera así que el control es "insuficiente", por lo que se ha marcado como objetivo fiscalizar un porcentaje superior al 40% del presupuesto público local en un periodo de cinco años.
La institución no obstante, se ha puesto de manifiesto diversas "debilidades" para desarrollar esta labor, como son la "falta de una adecuada fiabilidad de la contabilidad, la segregación de funciones del personal y la insuficiencia en la realización de las funciones del control interno", ya que "es frecuente que el interventor tenga doble actuación como gestor y fiscalizador".
Además, influye negativamente en las funciones de control interno "la dependencia excesiva respecto de los órganos gestores, no solo retributiva, sino también disciplinaria o de provisión de puestos de trabajo".
El informe finaliza con una serie de recomendaciones a los órganos legislativos, a las entidades locales y a la Generalitat. En el primer caso, recomienda clarificar el sector público local para determinar el régimen al que está sujeto, así como aclarar la adscripción para evitar la ausencia de control en entidades participadas por varias administraciones.
Aconseja una modificación sustancial de la regulación de la Cuenta General para que incluya todos los entes públicos locales y para que se recorte los plazos de formación, aprobación y rendición. Además, pide dotar a la Sindicatura de medios personales y normativos, a través de un régimen sancionador efectivo que contemple medidas disciplinarias o sanciones económicas para quienes no rindan cuentas.
En este sentido, pide a la Generalitat, que haga uso de la facultad para establecer como requisito indispensable para la concesión de subvenciones y ayudas a las entidades locales que éstas hayan presentado la Cuenta General, debidamente aprobada, a la Sindicatura de Comptes.
Entre sus recomendaciones al legislador, incluye que se cree un registro único de cuentas y de información contable para evitar disfuncionalidades y que se iguale el control interno de las entidades locales al del Estado, de forma que exista independencia en las funciones.
Además, solicita que la tramitación parlamentaria de los informes de entidades locales de carácter general sea propia y específica, como ocurre con la Cuenta General de la Generalitat.
La Sindicatura de Comptes realiza dos tipos de actuación. En primer lugar, anualmente, examina las cuentas generales de las entidades locales que presentan sus cuentas, y elabora un informe global. En este sentido, el objetivo de la Sindicatura es fomentar la rendición de cuentas, que actualmente se sitúa en torno al 90 por ciento, para impulsar así la transparencia y el cumplimiento de los plazos y obligaciones legales.
En esta línea, el órgano de control ha ido introduciendo modernizaciones, como la presentación telemática o el acuerdo con el Tribunal de Cuentas para la rendición en un acto único, y busca el apoyo de organismos relacionados con las entidades locales, como las diputaciones provinciales, colegios profesionales de funcionarios o la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
El segundo tipo de actuación es la fiscalización específica por organismo o por área. De estas actuaciones se han realizado un total de 265 fiscalizaciones, de las que 207 se han hecho una vez asumidas las competencias en 2003. El 89 por ciento (235) del total de fiscalizaciones corresponde a ayuntamientos, a los que en el 32 por ciento de los casos se les ha fiscalizado al menos dos veces.
