domingo, 16 de septiembre de 2012

Los presupuestos de la Generalitat para 2013 se basarán en la optimización de programas y en la contención del gasto

VALENCIA.- Los criterios que la Generalitat valenciana tendrá en cuenta a la hora de elaborar los presupuestos autonómicos para 2013 son la optimización del número de programas presupuestarios y la contención y racionalización del gasto público.

   Así se recoge en la orden 5/2012, de 14 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2013. Esta orden, que se publica este lunes en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), entrará en vigor el martes.
   Según se recoge en la norma, el capítulo I, de gastos de personal, tomará como referencia el coste anual estimado de los puestos adscritos a cada programa presupuestario a fecha 30 de junio de 2012, mientras que el capítulo II, gastos de funcionamiento, cuantificará las proyecciones efectuadas en cumplimiento del artículo 2 de la Orden de 22 de marzo de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se regula el procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, y los compromisos documentados con acuerdo de Consell.
   Asimismo, en los capítulos IV, VI, VII y VIII de gastos se deberán incluir la aportación de la Generalitat a los gastos de funcionamiento o de explotación de las entidades autónomas, empresas de la Generalitat y restante sector público.
   La Conselleria de Hacienda y Administración Pública, basándose en los resultados del examen y ajustes previstos en los apartados anteriores, y teniendo en cuenta lo especificado en el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat, remitirá al Consell el correspondiente anteproyecto de Ley de Presupuestos para el ejercicio 2013. Una vez aprobado, se elevará a las Corts Valencianes.
   La orden publicada en el DOCV señala que los presupuestos de ingresos y gastos de las entidades autónomas de carácter mercantil, industrial, financiero o análogo, las sociedades mercantiles de la Generalitat, las entidades de derecho público y las entidades del sector público autonómico fundacional, se estructurarán de acuerdo con los criterios funcionales, orgánicos y territoriales señalados con carácter general y se ajustarán, en cuanto a los criterios económicos, a las normas específicas de carácter contable que les son de aplicación.
   Del mismo modo, los órganos competentes para la elaboración de los Presupuestos para el año 2013 formularán sus propuestas a través de cuatro documentos. Uno de ellos es la propuesta de anteproyecto de presupuesto, que consiste en un documento en el que se razonan sintéticamente los objetivos y medidas que sirven de soporte a las propuestas presupuestarias que formule el departamento, al nivel de conselleria, entidades autónomas y empresas.
   También se contemplan las propuestas relativas al articulado del anteproyecto de Ley de Presupuestos; las propuestas puntuales y observaciones; y los importes presupuestarios de gastos e ingresos, que se registrarán en el módulo Nepal, mediante el que se obtendrán todas las magnitudes monetarias de los presupuestos y el conjunto de fichas presupuestarias correspondientes a la estructura de los presupuestos de gastos por programas.
   Los presupuestos de la Generalitat para 2013 indicarán de la manera más explícita posible los objetivos a medio y largo plazo que resuman la proyección de la empresa y marquen su estrategia de actuación.
   Por su parte, los objetivos perseguidos para el presupuesto del año 2013 se concretarán mediante magnitudes cuantificables que permitan al gestor y a los órganos de control interno o externo evaluar su eficacia.
   Adicionalmente, la Conselleria de Sanidad aportará diversos informes. Referente a las farmacias, presentará un estudio económico que incluirá una estimación del número de recetas dispensadas y su coste unitario en el año 2013, en base a los ejercicios de 2007 a 2012.
   Esta estimación distinguirá las recetas atribuidas a los afiliados activos de las correspondientes a población protegida y desplazados, pensionistas y otros colectivos, así como una distribución territorial de las recetas y el gasto dispensado.
   Sanidad también aportará un estudio económico que estime el coste de los servicios concertados por centro, el número de personas y actos de atención concertada efectuados y su coste unitario durante 2012 y su previsión para el ejercicio 2013.
   Además se recogerá, para cada centro gestor y programa, el número de efectivos de personal y su coste, según su relación jurídica, grupo y, en su caso, nivel; distinguiendo los efectivos reales existentes en el momento de la proyección de nómina efectuada en el mes de junio del ejercicio de 2012, así como la totalidad de sus gastos ordinarios de funcionamiento con el detalle de conceptos de gasto.
   Tal y como se contempla en las disposiciones finales de la orden, se autoriza a la Dirección General de Presupuestos para dictar cuantas instrucciones considere necesarias para la aplicación de la presente orden.
   Todo ello, sin perjuicio de que, en el ámbito de las empresas públicas y las fundaciones del sector público de la Generalitat, definidas en el decreto ley del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen Económico Financiero del Sector Público Empresarial y Fundacional, la Secretaria Autonómica del Sector Público Empresarial pueda dictar cuantas instrucciones complementarias considere.
   La relación de personas jurídico públicas recogida en el anexo III tiene carácter indicativo. En este sentido las diferentes 'conselleries' serán responsables de remitir tanto los anteproyectos de presupuestos correspondientes a las entidades autónomas, empresas, fundaciones y consorcios que a fecha de la publicación de la presente orden estuviesen en funcionamiento, como la de aquellas cuya puesta en marcha estuviese prevista con antelación al 1 de enero de 2013.
   No obstante, sin menoscabo de las necesarias actuaciones que puedan derivarse de lo establecido en el Plan de Racionalización y Reestructuración de Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat.

La UJI pide a Gobernación que paralice las sanciones a los estudiantes que participaron en los incidentes

CASTELLÓN.- El Rectorado de la Universitat Jaume I ha solicitado a la Consellería de Gobernación la paralización de las sanciones administrativas que puedan derivarse a los estudiantes que participaron en los incidentes ocurridos en la inauguración del edificio Espaitec 2 el pasado 10 de septiembre, ya que entiende que, si procede, éstas serán impuestas por la propia Universidad. 

   El Rectorado ha reiterado en un comunicado su condena a cualquier tipo de violencia y ha hecho un llamamiento a toda la comunidad universitaria a ejercer el derecho de protesta y crítica "desde el respeto y la manifestación pacífica de las ideas".
   La UJI se ha manifestado así tras las indagaciones llevadas a cabo, como consecuencia del procedimiento informativo que abrió sobre los hechos ocurridos en el campus entre un grupo de manifestantes y agentes de la Policía que derivaron en una serie de daños materiales y personales.
   El Rectorado ha recopilado información de la Consellería de Gobernación de la Generalitat Valenciana, de la Subdelegación del Gobierno, de los trabajadores del edificio de Espaitec II, de los guardias de la seguridad privada del campus y de las asociaciones estudiantiles convocantes de la concentración.
   Así, el Rectorado ha insistido en que no solicitó previamente al 10 de septiembre de 2012 la presencia preventiva ese día de ningún agente de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado por entender que no era necesaria su intervención en este acto, y así lo hizo saber a la Subdelegación del Gobierno en Castellón.
   A la vez, ha aclarado que la presencia de miembros de la Policía en el campus --concretamente de una unidad de la Policía Nacional adscrita a la Policía Autonómica-- se debió al hecho de que venían acompañando, en su trabajo de escolta y seguridad, "como es habitual", al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, y otros miembros del Gobierno valenciano.
   También explica el Rectorado que la entrada de un grupo de personas, "entre los que había algunos estudiantes y otros que no lo eran", en el garaje del edificio, así como otros intentos no autorizados de acceso al mismo --con el uso de escaleras para llegar a la terraza--, "llevó a los guardias de la seguridad privada del campus a solicitar el apoyo de los agentes de la Policía Autonómica allí presentes".
   El comportamiento de los manifestantes, en opinión del servicio de seguridad del campus y de trabajadores de empresas acomodadas en Espaitec, fue "claramente violento" y exigió la intervención policial para poder ponerle fin, mientras que la intervención de la Policía fue, según el estudiantado, "desproporcionada, provocando daños personales en los manifestantes, que han presentado 14 partes de lesiones".
   Después de la intervención de la Policía Autonómica, ésta solicitó la presencia de agentes de refuerzo de la Policía Nacional, que no fue autorizada por el Rectorado al entender que la situación no lo requería, según la UJI.

El juez reanudará en octubre los interrogatorios del caso Nóos, entre ellos el de González Pons

PALMA.- El juez instructor de las pesquisas en torno al Instituto Nóos, José Castro, prevé reanudar en octubre los interrogatorios sobre la actividad presuntamente delictiva llevada a cabo por esta entidad cuando al frente de la misma se encontraban el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y su exsocio Diego Torres. Entre las citaciones que contempla acordar el magistrado se encuentra la del vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.

   Así lo han informado fuentes de la investigación, que han precisado que el titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma prevé emplazar a declarar para el próximo mes a una decena de testigos en Valencia, quienes ya fueron citados hace meses pero que, por diversos motivos, finalmente no acudieron a su cita con el instructor del caso Nóos.
   En cuanto a González Pons, después de que el pasado 14 de mayo fuese suspendida su comparecencia en calidad de testigo por problemas de agenda, está previsto que el exconseller de la Generalitat Valenciana vuelva a ser citado de cara a noviembre en Madrid, según han señalado las mismas fuentes, que han indicado de esta forma que, por el momento, el juez instructor no ha fijado la nueva fecha para el interrogatorio del dirigente 'popular'.
   Y es que los investigadores buscan esclarecer cuál fue el papel que el dirigente del PP jugó al frente de la empresa que presidía -la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana- cuando en diciembre de 2005 firmó, por seis millones de euros, un convenio con Nóos para la preparación de la candidatura de la Comunidad Valenciana como sede de la primera edición de los Juegos Europeos. Una iniciativa que, pese a los 382.203 euros que acabó percibiendo el Instituto, nunca llegaría a celebrarse.
   En concreto, en el acuerdo aparecen plasmadas las firmas de González Pons, del exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos así como del propio Torres.
   Tal y como reza el convenio, la intención de la empresa dependiente de la Generalitat pasaba por contar con la colaboración de Nóos en el diseño de "un gran evento polideportivo de carácter internacional y de nueva creación, cuya primera edición se dispute en Valencia, que permita potenciar y proyectar la imagen de la Comunidad Valenciana en el mundo como referente en la organización de grandes eventos deportivos", denominado genéricamente Juegos Europeos.
   Sin embargo, nada de lo que contemplaba el documento se llevó finalmente a cabo -contratación de asesores conocedores de la problemática olímpica de 45 países, confección del dossier de la candidatura, favorecer la presencia del proyecto en foros internacionales-, a pesar de que el Instituto Nóos acabó percibiendo por el convenio un total de 382.203 euros procedentes de los fondos de la Generalitat.
   De hecho, el área jurídica de la Administración pública ya indicaba en un informe fechado el 21 de diciembre de 2005 que, puesto que el convenio establecía una previsión de financiación para los años 2006 y 2007, se trataba de un expediente de tramitación anticipada del gasto por lo que su eficacia quedaba condicionada a la efectiva existencia de crédito "adecuado y suficiente". Precisamente, por estos hechos prevé ser citado a declarar González Pons.
   Mientras tanto, los investigadores se están planteando la posibilidad de citar de nuevo al Duque de Palma así como a su exsocio  -quien el pasado mes de febrero se acogió a su derecho de no declarar-, lo que se materializaría en caso de que el informe encargado a la Agencia Tributaria y la respuesta de las tres comisiones rogatorias libradas a Andorra, Luxemburgo y Suiza arrojen nuevos datos en torno a la actividad supuestamente delictiva llevada a cabo a través de Nóos.
   Es más, la Fiscalía Anticorrupción no descarta que nuevas pruebas incriminen a la Infanta Cristina en el marco de estas pesquisas ya que, si bien hasta el momento no se han hallado elementos incriminatorios contra ella, su posible inculpación en los hechos pasa también por la respuesta del informe Hacienda sobre los ingresos percibidos por Nóos y del resultado de las tres comisiones. "Si algo sale de las comisiones u otras pruebas, nada está descartado", señalaron fuentes del Ministerio Público.