CÓRDOBA.- Los inspectores de Hacienda del Estado proponen inspeccionar a los alcaldes y a los concejales de urbanismo de los ayuntamientos con una población superior a los 50.000 habitantes, un total de 141 municipios, y a aquellos otros representantes públicos que hayan adoptado importantes medidas urbanísticas, con el fin de evitar casos de corrupción.
Esta es una de las principales medidas de un total de 49 que propone la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado en un documento sobre 'Fraude, corrupción y blanqueo de capitales en España', que su presidente, José María Peláez, ha presentado en Córdoba con motivo del Congreso Nacional de la organización.
Peláez indicó que es necesario incluir en el plan de inspección que cada año elabora la Agencia Tributaria a todos estos representantes públicos, incluso llegando a las posibles ramificaciones familiares, así como llevar a cabo medidas complementarias de investigación necesarias para descubrir la posible utilización de testaferros o sociedades pantalla.
La inclusión de alcaldes y concejales en dicho plan se realizaría al finalizar cada mandato electoral de cuatro años o, en su caso, en el momento del cese. Además, los inspectores precisan que los criterios del plan han de ser públicos para evitar "suspicacias" de utilización política de la medida.
"El fraude y la corrupción no alcanza sólo al área fiscal. Es una lacra general, como últimamente han puesto de manifiesto casos de todos conocidos relacionados con el mundo financiero y político", reza el texto de los inspectores.
En la misma línea, apuestan por desarrollar con la mayor urgencia las medidas preventivas contempladas en la nueva Ley del Suelo para evitar los casos de corrupción, así como por la reforma del Código Penal para endurecer las penas por delitos contra la ordenación del territorio.
Junto con esta medida, abogan por establecer la obligatoriedad de remitir a la Agencia Tributaria la información obrante en los registros de bienes patrimoniales de cada entidad local, así como de cualquier registro oficial de este tipo existente en otros órganos e instituciones.
Los inspectores de Hacienda proponen también la atribución a la Agencia Tributaria de la competencia legal para el seguimiento patrimonial de aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción y que no hayan reintegrado sus bienes y dinero procedentes de los mismos. La aprobación de una Ley Anticorrupción es otra de las propuestas de este colectivo para evitar el fraude, especialmente la relacionada con el sector inmobiliario.
También en materia de paraísos fiscales apuestan por un gravamen del 24% para todo movimiento de fondos que tenga como origen o destino un territorio calificado como paraíso fiscal, así como por la prohibición de que las entidades bancarias españolas tengan filiales o sucursales en dichos territorios, salvo que suministren a Hacienda toda la información concerniente a las mismas.
Actuaciones de incógnito
En cuanto al fraude en el IVA, los inspectores de Hacienda quieren que se les permita realizar actuaciones inspectoras sin necesidad de identificarse y de incógnito, y poder reflejar así en las diligencias los hechos que resulten de la constancia personal de los inspectores, dado el ofrecimiento tan alto que existe actualmente de servicios sin factura o sin IVA.
En materia de deslocalización dentro del territorio nacional, los inspectores de Hacienda proponen modificar la normativa de cesión de tributos a las comunidades autónomas para garantizar que, en el supuesto de cesión de los tributos estatales, la normativa reguladora sea de aplicación homogénea en todo el territorio nacional.
El presidente de los inspectores destacó que se trata de evitar casos como el del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, prácticamente suprimido en algunas comunidades, lo que está motivando que haya contribuyentes que cambien de forma ficticia de residencia para eludir el pago de este tributo.
"En el momento actual, el ejercicio de las competencias normativas atribuidas a las comunidades ha sido utilizado con tal desigualdad de criterios que incitan al fraude mediante la deslocalización de las personas en otras comunidades para aprovecharse de las ventajas de los tipos impositivos menores", subraya el documento.
Las propuestas de los inspectores incluyen también un conjunto de medidas para evitar la ingeniería financiera, entre las que se encuentran la creación de una responsabilidad solidaria de los despachos de abogados o asesores fiscales que "inciten a la comisión de delitos fiscales" y tipificar como un nuevo delito en el Código Penal la conducta consistente en el ofrecimiento al mercado de servicios idóneos para el fraude tributario.
Creación de una Oficina Nacional Antifradue
Finalmente, apuestan por la creación de una Oficina Nacional Antifraude que, bajo la dependencia funcional de la Agencia Tributaria, integre, otre otros, a funcionarios de la Inspección de Hacienda, del SEPLAC y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ministerio Fiscal.
Esta oficina se crearía a partir de la existente Oficina Nacional de Investigación del Fraude, ampliando sus competencias y su despliegue territorial, mediante la creación de 100 unidades de investigación en todas las comunidades.- (EP)
