Gobierno y PP temen que no haya una alta participación de inmigrantes en las elecciones locales

MADRID.- La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón y el director del PP en el Exterior, Alfredo Prada, han mostrado su preocupación por que "no haya una alta participación" de inmigrantes y emigrantes en las próximas elecciones del 22-M tras la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), según han explicado al término de una reunión.

   Así, Terrón ha apuntado que los representantes de Coalición Canaria (CC) con los que se ha reunido antes que con el director del PP en el Exterior "han mostrado su preocupación por el funcionamiento del nuevo sistema de voto para inmigrantes y emigrantes debido a que hay poblaciones de canarios concentrados en algunos países", como Venezuela.

   En este sentido, ha afirmado que "los emigrantes no podrán depositar su voto en un lugar que no sea el Consulado, a pesar de la propuesta realizada por CC", aunque Prada ha matizado que "podría habilitarse un centro regional, con la tutela del Ministerio de Exteriores, en el caso de que los emigrantes se vivan lejos" del Consulado.

   Por otro lado, Terrón ha indicado que esta reforma "genera nuevos procedimientos para favorecer la participación de los españoles que viven en el exterior" y que hay constancia de el primer paso del proceso de voto, que consiste en la recepción de la petición para activar el voto, se ha producido.

   "No se ha detectado nada anormal", ha afirmado, al tiempo que ha añadido que "aún no es posible adelantar datos sobre la posible participación en las próximas elecciones". En este sentido, Prada ha apuntado que "es imposible saber el dato sobre los inmigrantes y emigrantes que van a votar hasta que no se reciban todas las solicitudes confirmando la participación electoral", al tiempo que ha recordado que la fecha límite para presentar estas solicitudes de inscripción de voto es el próximo sábado 23 de abril.

   Además, Prada ha añadido que "hasta la fecha, la única cuestión abierta es el defecto de que se ha perdido el espíritu de la gratuidad". "El modelo cumple la normativa, pero obliga a pagar la solicitud y esto se puede mejorar", ha defendido, al tiempo que añadido que este sistema "es garantista y ofrece seguridad jurídica".

   También ha dicho que el objetivo de la reforma es "incentivar la participación de los españoles emigrantes" y que "las instituciones están para resolver las dudas e incertidumbres generadas con el nuevo sistema de voto".

   Asimismo, Terrón ha recordado que, de acuerdo con el artículo 50.1 de la LOREG, las campañas institucionales deben ser realizadas por las administraciones convocantes y que "en ningún caso el Gobierno podía realizar una campaña para informar sobre cómo se vota en las elecciones autonómicas". No obstante, ha añadido que el Ejecutivo ha ayudado al Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior en su campaña de información "en estricto cumplimiento de la ley".

   Por su parte, la directora general de Migración, Pilar Pin, ha abogado por un sistema de franqueo pagado que garantice la gratuidad del voto desde el exterior, de manera que el sistema de voto sea "más transparente y eficiente tras la primera vez que se lleva a cabo con la reforma de la Ley Electoral".

   Pin también ha aclarado que "el franqueo de la solicitud y del voto se devolverá, siempre y cuando se presenten los justificantes correspondientes dentro de un sobre cuando se envíen los votos al Consulado de España" en el país donde residan los emigrantes.

Flores espera que la UE inste al Gobierno a anteponer la inversión en el Corredor Mediterráneo al declararlo prioritario

VALENCIA.- El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, ha confiado en que la Unión Europea (UE) incluya el Corredor Mediterráneo entre los proyectos prioritarios de las redes transeuropeas de transporte y, con ello, "inste al Estado español a ejecutar esa infraestructura de forma prioritaria" y a "anteponerlo a otras inversiones".

   Flores considera "imprescindible y vital" que esa infraestructura sea contemplada entre las definidas como prioritarias el próximo mes de julio, ya que "obligará a los gobiernos de España y Francia a anteponer la inversión" en el Corredor, en un contexto en el que ve "difícil" que lleguen fondos europeos antes de la revisión de presupuestos de 2013 y en el que éstos se han visto "mermados".

   "Si la Unión Europea define el Corredor Mediterráneo como prioritario, será la propia UE la que inste a España a priorizar el Corredor porque reconocerá que es una infraestructura que beneficia a las regiones interesadas, a toda España y al conjunto de la UE", ha insistido Flores en la presentación de la revista Nexe dedicada al Corredor junto al presidente de Cámara Valencia, José Vicente Morata.

   El conseller también ve "imprescindible" para el futuro del modelo productivo de la región que el Ministerio de Fomento "fije un horizonte temporal para la conexión de la Comunitat Valenciana con Europa" a través de ancho internacional ferroviario.

   Ha defendido, en este sentido, que el futuro de la competitividad de la Comunitat Valenciana pasa por incrementar el porcentaje de transporte de mercancías por ferrocarril para convertir a sus puertos "en una alternativa a los del norte de Europa". En la actualidad, en España se transporta por tren un 3 por ciento de la carga total, frente al 17 por ciento de la media europea.

   Flores ha reivindicado que la puesta en servicio del Corredor Mediterráneo en la Comunitat "no puede esperar al 2020", sino que es "imprescindible" que llegue en 2015, por lo que ha instado a priorizar la inversión de 5.000 millones necesaria para ejecutarlo, frente a los 50.000 presupuestados para el eje en toda España.

   Así, ha abogado por habilitar un doble itinerario diferenciado para mercancías y pasajeros de alta velocidad, con prioridad para los trenes internacionales y en condiciones de liberalización, que enlace todo el Mediterráneo desde Algeciras hasta la frontera francesa, para conectar después con el centro y norte de Europa hasta Estocolmo, con sus consiguientes variantes para evitar cuellos de botella en áreas urbanas importantes y accesos a puertos y terminales logísticas.

   Respecto a la conexión de Barcelona con la frontera francesa por ancho internacional, en servicio desde diciembre, ha dicho que es "un acierto si se produce dentro de un programa para su implantación en toda España o todo el Corredor", pero que supondría una "diferencia inaceptable en las condiciones de competitividad" si se hace "de forma aislada" y se deja el resto del Corredor para 2020.

   Mario Flores ha reivindicado que la "equidad territorial debe presidir la acción del Estado en infraestructuras" y ha abogado por "dejar de lado debates estériles" que "separan" para centrarse "en lo importante, en los intereses estratégicos de la Comunitat Valenciana".

   En la misma línea, Morata ha defendido la suma de esfuerzos para lograr que el Corredor Mediterráneo sea incluido como eje prioritario en las redes transeuropeas de transporte y ha resaltado que esa infraestructura, que podría llevarse a cabo en ocho años y con un presupuesto "realmente ajustado", constituye un factor clave de competitividad que beneficia al conjunto de la economía española.

   En su opinión, "la creación de un corredor ferroviario exclusivo para las mercancías contribuirá a potenciar el comercio internacional en una economía globalizada" y permitirá que los puertos del Mediterráneo aumenten su potencial de conexión y capten tráfico marítimo "entre Asia y el mercado europeo, que ahora mismo transita a través de los puertos del Norte de Europa".

   Flores ha ratificado su apuesta por los modelos de colaboración público-privada para el desarrollo del proyecto y ha insistido en el interés y la rentabilidad del eje que, solo en España, aglutina el 44,6 por ciento del PIB y a más de 20 millones de habitantes.

   No obstante, ha alertado del riesgo de ofrecer a la iniciativa privada grandes paquetes de inversión por la dificultad para obtener financiación, en particular si se incluye el túnel pasante proyectado en Valencia, por lo que ha abogado por ofrecer aquellos tramos en superficie que presentan menos incertidumbre en cuanto a su coste.

   A preguntas de los medios, ha constatado que una solución provisional adecuada sería la instalación de un tercer carril ferroviario.

   La revista NEXE-Debats Valencians, editada por la Asociación Cívica Valenciana Tirant lo Blanc, aborda desde una perspectiva multidisciplinar el debate sobre la articulación del Corredor Mediterráneo.

   Su director académico, el profesor Josep Vicent Boira, ha valorado haber logrado reunir a los máximos responsables instituciones, así como a empresarios y representantes del mundo económico y del ámbito académico, con el objetivo de analizar la situación actual y los frentes abiertos que pueden afectar al desarrollo del Corredor.

   "Es importante tener ya un mapa, fecha y factura" de lo que costará esa infraestructura, ha resaltado Boira, quien también se ha mostrado partidario de priorizar la ejecución de tramos como el enlace Valencia-Castellón-Tarragona.

Units per Valencia asegura que Miralles "se ha vendido al PP y ha traicionado a todo el valencianismo"

VALENCIA.- El secretario general de Units per Valencia (UxV), Carles Choví, ha criticado al presidente de Unió Valenciana (UV), José Manuel Miralles, por pedir el voto para el PPCV y ha asegurado que el dirigente de UV "se ha vendido al PP y ha traicionado a todo el valencianismo". 

   Choví, en un comunicado, ha señalado que Miralles, "que hace unas pocas semanas anunció a los militantes de su partido que Unió Valenciana no se presentará a las próximas elecciones del 22 de mayo, sorprende ahora a todos pidiendo el voto para el partido de la madrileña calle Génova".

   "Esta es la traición al valencianismo político más grande desde el retorno de la democracia" y, en su opinión, "una oscura maquinación, un contubernio antivalenciano, para dejarnos sin un partido político que nos defienda", ha declarado Choví.

   "Que sepan Miralles y el PP que los valencianistas tienen claro a quién votar el 22 de mayo. Units per Valencia es ahora la fuerza valenciana real, la única opción que puede garantizarnos una política pensada por y para los valencianos", ha añadido.

   Choví ha mostrado su extrañeza por el hecho de que Miralles apueste por el Partido Popular cuando, "la gran mayoría de sus compañeros, de sus co-militantes de Unió Valenciana, se han venido a Units per Valencia (UxV) y se presentarán por nuestro partido en las próximas elecciones".

   Ana Calatayud (Carcaixent), Ricardo Carratalá (Torrent), José Morera y José Luís Melero --aún secretario general de UV-- (Silla) o María Amparo Giner (Benicull) son sólo algunos de los ejemplos de colectivos locales de Unió Valenciana que se han integrado en Units per Valencia "y más aún anunciaremos los próximos días", ha avanzado Choví.

   UxV ha llamado a "todos los valencianistas a apoyar a Units per Valencia" y "no dejar que el Partido Popular nos deje sin una fuerza valenciana que nos represente". 

"Unidos volveremos a ser lo que fuimos", ha concluido.

Cospedal pide "derecho a la presunción de inocencia" para "todo el mundo", en alusión al PP valenciano

MÁLAGA.- La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dejado claro este martes que "todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia", en relación con las listas de la formación a las Corts Valencianes para las elecciones del 22 de mayo, que incluyen a varios cargos del Partido Popular presuntamente implicados en casos de corrupción.

   Tras un encuentro con los candidatos del Partido Popular para el Ayuntamiento de Málaga, que encabeza el actual alcalde, Francisco de la Torre, y ante las preguntas de los periodistas, la 'número dos' del PP ha señalado que las listas ya están elaboradas, eludiendo profundizar más en esta cuestión.

   El Comité Electoral Nacional del PP ratificó el pasado viernes, sin ningún cambio, las listas a las Corts Valencianes aprobadas por el PPCV y en las que figuran cargos imputados en distintos procesos judiciales.

   Es el caso del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, ambos imputados en el llamado caso de los trajes presuntamente regalados por la trama Gürtel.

   En la lista del PPCV al Parlamento regional también está el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, imputado por un presunto delito de prevaricación en la construcción de un aparcamiento junto los Jardines de Monforte.

   En esas candidaturas se incluyen también nombres relacionados con distintos procesos judiciales abiertos como Sonia Castedo, Luiz Díaz Alperi, Milagrosa Martínez, Vicente Rambla, David Serra o Yolanda García.

La plataforma de proveedores rechaza la propuesta de Sanidad por no concretar los pagos

VALENCIA.- La Plataforma de Proveedores de la Sanidad Pública Valenciana ha rechazado la propuesta que les ha traslado la Conselleria de Sanidad para abonar, según esta asociación, los más de 1.300 millones que les adeuda porque "pese a las buenas intenciones", "no tiene virtualidad práctica alguna" ya que no concreta los pagos de 2011. "Sería pan para hoy, hambre para mañana", señala. 

  Así, en un comunicado la Plataforma argumenta que la propuesta de sanidad puede ser "un balón de oxígeno"  para muchos, pero advierte de que "si no se soluciona al mismo tiempo" el cobro de lo que suministran este 2011 "este esfuerzo económico no servirá de nada" y "dentro de unos meses estaremos en las mismas o peores circunstancias y muchos de nuestros asociados no podrán llegar a dicho plazo".

    Sanidad entregó el pasado viernes una propuesta de pago después de que la plataforma alertara de que si no les pagaban los miles de millones que la generalitat les debe podían cortar el suministro. Sin embargo, tras estudiar este lunes la oferta la Junta de Gobierno ha decidido rechazarla ya que "no aborda de forma concreta y explícita la solución al 2011" con lo que "no soluciona el problema, simplemente lo retrasa" y al respecto lamenta que la Conselleria "demora esta espinosa cuestión" hasta que pasen las próximas elecciones autonómicas pese a que conoce la "situación límite" en la que se encuentran.

   Por ello, han anunciado que continuarán con sus reivindicaciones y de hecho insistirán ante la propia Conselleria de Sanidad y ante la Conselleria de Economía y Hacienda, y han pedido también reuniones a las Consellerias de Bienestar Social y Justicia, también implicadas en morosidad en el pago de las facturas de miembros de esta Asociación. Al respecto, critica que tengan que intercambiar las opiniones a través de la prensa en lugar de en reuniones.

   En ese sentido, afirma que "la única realidad al día de hoy" es que los Bancos con los que tiene la Generalidad concertado el riesgo (crédito) para cubrir la modalidad de Confirming "tienen todo el riesgo cubierto y Hacienda no puede dar el visto bueno para qué se paguen las facturas del 2011 que ya están contabilizadas".

"O sea, seguimos sin cobrar", señalan.

    La Plataforma, que agradece y valora "en su justa medida el interés" que ha tenido la Conselleria, reitera no obstante que "carecen de cualquier interés o intencionalidad política" ya que su  único interés pasa por "una planificación de pagos firme y realista que nos permita no solo salir de la angustiosa situación económica en las que estamos inmersos, sino buscar una solución de futuro que nos permita seguir subsistiendo y mantener la viabilidad de nuestras empresas". Así, exponen que aunque el desfase presupuestario puede ser a causa de la falta de financiación adecuada por parte de la Administración Central "esto no es nuestra culpa".

    Esta asociación ha aclarado que sólo mantuvieron una única reunión con la Conselleria, el pasado día 5 de Abril, en la que trasladaron que "no podemos seguir suministrando sin tener idea de qué y cuándo vamos a cobrar".

"Nosotros no podemos soportar a nuestras espaldas el crédito que necesita la Generalidad", recalcan al tiempo que apuntan que a la Generalidad "incumbe la consecución del crédito que necesite y que lo revierta a las empresas(al menos mientras no se pueda cumplir la Ley de Morosidad" y que "los Proveedores no tenemos más capacidad de crédito, y aunque la tuviéramos son los Bancos los que no admiten más facturas a cargo de la Generalidad".

    Los responsables del Área Económica de Conselleria, señalan, les contestaron que iban a elaborar un documento transaccional para ser firmado por ambas partes, que les remitieron el pasado 7 de abril en el que les detalla sus planes de pago a corto, medio y largo plazo.

   Sin embargo, señalan que este recorte de deuda "no es fruto de nuestra negociación" sino que, como el propio director general Eloy Jiménez les confirmó "esta operación la tienen en marcha desde hace más de un mes".

"Ellos ya tenían decidido hasta dónde se paga y quién queda fuera del corte", recriminan. De hecho, en la primera operación prevista hay empresas de la Plataforma que "se quedan fuera y no cobrarán nada hasta que se plantee la segunda operación" es decir, "no se nos ha ofrecido nada que la propia Conselleria no tuviera previsto hacer y como puede comprobarse no adquiere compromiso alguno respecto de las fechas y los plazos", apostilla.

Luna cree que el informe del Síndic demuestra que Blasco "colaboró con las operaciones que hubo detrás de la ONG Cyes"

VALENCIA.- El portavoz del grupo parlamentario socialista, Ángel Luna, considera que el informe de la Sindicatura de Comptes sobre dos expedientes de ayudas de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadana a la ONG Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes), realizado a petición de las Corts, pone de manifiesto que el titular de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, "ha mentido" y "ha colaborado de manera clara con las operaciones que hubo detrás de la Fundación Cyes".

   Luna ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa, acompañado de la portavoz adjunta del Comité Electoral Nacional del PSPV, Clara Tirado, en relación al informe del Síndic de Comptes que destaca que la Conselleria rechazó "debidamente" justificantes aportados por la ONG en relación con la adquisición y arrendamiento de terrenos e inmuebles, aunque cree que los expedientes deberían completarse en relación con gastos por importe de 1,1 millones de euros para que queden acreditados los medios o formas de pago utilizados.

   El portavoz del grupos socialist, quien ha enumerado las "irregularidades" respecto a los expedientes de ayudas a la cooperación, ha asegurado que el informe del Síndic de Comptes también "confirma todas y cada una de las acusaciones que los socialistas, especialmente Clara tirado", han hecho en las Corts.

   Asimismo, ha recordado que Blasco "dijo que se iría a casa si hubiera habido irregularidades". Al respecto, ha señalado que el escrito del Síndic pone de manifiesto que "las ha habido de todos los colores, desde el principio desde el procedimiento, hasta el final", por lo que le ha preguntado si "mantiene lo que dijo o no", es decir, "si se va o no se va".

   Ángel Luna también ha preguntado al conseller de Solidaridad "¿para quién eran los pisos que se compraron con dinero de las dos subvenciones?. ¿Que trama o que pseudopartido político iba a tener su sede en estos dos pisos?", le ha interrogado.

   Sobre este asunto, ha manifestado: "estamos acostumbrados a las dos cosas viniendo de la Conselleria de Blasco: tramas en torno a las subvenciones públicas y partidos políticos para confundir al electorado".

   Del mismo modo, se ha preguntado "¿dónde están los de Cyes, que no salen a dar la cara y a decir éstas son mis cuentas?" y ha contestado que "ni están ni se les espera". Asimismo, ha señalado que "a la vista de que no se han justificado 1.100.000 euros, habrá que declararlo" pero, sin embargo, ha criticado que la Conselleria no ha hecho "nada", solo "tratar de confundir como siempre".

   "Con el informe en las manos esperamos con absoluta tranquilidad  las querellas que Blasco nos ha anunciado" tanto a Ángel Luna como a Clara Tirado, ha resaltado el portavoz del PSPV.

   Luna ha explicado que el informe de la Sindicatura de Comptes sobre dos expedientes de ayuda a la cooperación con Nicaragua de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadaní dice que la ONG Cyes "ni se presentó en red ni acreditó de ninguna manera la experiencia que tenía que acreditar para este concurso". Por ello, "ni siquiera podía concursar" y, por tanto, "ni siquiera debería haber sido admitida a concurso".

   En cuanto a los pisos, al "objeto del problema", el dirigente socialista ha indicado que, según el escrito del Síndic, "estaban contemplados desde el principio en la solicitud del proyecto y seguían contemplados en la reformulación del proyecto que se hizo el 30 de octubre de 2008".

   Asimismo, ha señalado que los justificantes admitidos por la Conselleria como sustitutivos del importe de los pisos "son en realidad, como dice el informe, aportaciones locales de los socios nicaraguenses del proyecto, nunca aportaciones o facturas que puedan justificar el dinero recibido de las subvenciones".

   En este sentido, ha señalado que es "imposible que ese 1.100.000 euros que acreditaron con este tipo de facturas y demás documentos de valor probatorio equivalentes sea dinero que han recibido de las fundaciones que han empleado en algo relativo a la operación".

   También se ha referido a la cuarta "irregularidad" a la que hace referencia el informe y que, a su juicio, es "escandalosa" y es que "se cobraron las subvenciones el 11 de septiembre de 2008, cuando la reformulación de los proyectos se realizó el 30 de octubre del mismo año".

   Es decir, la Conselleria de Solidaridad pagó íntegramente las subvenciones, que ascendían a 1.600.000 euros, "un mes y medio antes de que se recibieran los proyectos reformulados". Al respecto, se ha preguntado "¿cómo es posible que sucedan cosas de este tipo cuando las empresas valencianas están abosulutamente asfixiadas por la morosidad de la Generalitat?". "Es incomprensible, salvo que haya una voluntad política muy férrea detrás", ha sentenciado.

   Ángel Luna se ha referido también al voto particular de uno de los síndics de la Sindicatura, que se abstuvo y, recogiendo la información del informe, lo valoró de una manera diferente. Según los escritos de este síndic, "debido a lo abultado de los gastos de asesorí, que ascienden a 416.000 euros, hubiera sido preciso acceder a la documentación contable y de otra índole de la ONG".

   Además, el voto particular dice que los gastos de gestión del proyecto de 136.000 euros son de fecha 15 de abril de 2009 y la factura "está emitida por una sociedad cuyas operaciones comenzaron el 23 de marzo de 2009", entidad que, por tanto, "podía haber tenido dificultades para participar en la planificación empresarial de unos proyectos iniciados el 3 de noviembre de 2008".

   Para Ángel Luna, "estas son las tramas habituales que se producen en torno a Blasco esté en la conselleria que esté". "Las personas son intercambiables, son siempre las mismas que sirven para trabajar en una ONG, para fundar una fundación, para fundar una empresa de asesoramiento o para hacer lo que sea, solapándose los tiempos, los lugares y los trabajos", ha subrayado.

El IPC regional sube siete décimas en marzo y la tasa interanual se sitúa en el 3,6%

VALENCIA.- El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió siete décimas en marzo en la Comunitat valenciana en relación al mes anterior, con lo que la tasa interanual se mantuvo en el 3,6%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

  De este modo, el incremento del IPC en la Comunitat Valenciana es exactamente igual al experimentado en España, donde la tasa interanual, que coincide con la avanzada por el indicador adelantado del IPC, publicado el pasado 30 de marzo, alcanza por segundo mes consecutivo su valor más elevado desde octubre de 2008, mes en el que también se situó en el 3,6%, tras iniciar 2011 con un repunte del 3,3%.

   En la Comunitat Valenciana, la rúbrica que más creció el mes pasado fue la de Vestido y Calzado (2,8 por ciento más), debido al comportamiento de los precios de la temporada primavera-verano, seguida del Transporte (1,4 por ciento más) provocada por la subida de las tarifas de los carburantes y lubricantes.

   También ascendieron los precios de Ocio y la Cultura (0,9 por ciento); de Otros Bienes y Servicios (0,4 por ciento), a causa del incremento de las tarifas de los seguros; y Vivienda (0,4 por ciento), los alimentos y las bebidas no alcohólicas y Hoteles, cafés y restaurantes (ambas con un 0,3 por ciento).

   Por su parte, tanto Menaje como Bebidas Alcohólicas y el Tabaco  se incrementtaron un 0,2 por ciento, la Medicina (0,1 por ciento) mientras que Comunicaciones y Enseñanza se mantuvieron estables.

   Según los datos del INE, la mayoría de las comunidades autónomas incrementa su tasa anual en una décima o la mantienen con respecto al mes pasado. Por su parte, el mayor descenso de la tasa anual corresponde a Baleares (3 por ciento), con una bajada de tres décimas.

Luna muestra su "alegría" por su absolución y dice que el PP "ha perdido"

VALENCIA.- El portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, ha expresado su "alegría" después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) lo haya absuelto del delito de encubrimiento, aunque ha señalado que se trata de algo "lamentable" desde el punto de vista público porque "supone que el Gobierno valenciano no ha cumplido con sus obligaciones democráticas". Asimismo, ha destacado que el PP "ha perdido".

   Luna ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa en la que ha comparecido junto al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, para valorar la sentencia del TSJCV en la que absuelve al síndic socialista del delito de encubrimiento del que le acusaba la acusación particular --ejercida por el PP-- por el informe que exhibió en la cámara valenciana sobre el 'caso Gürtel' y que estaba bajo secreto de sumario.

   Para el portavoz del grupo parlamentario socialista, hoy hay "una razón más que para todos aquellos que tienen cuentas que pedirle al Gobierno valenciano le pidan esas cuentas". "Es posible hacerlo", ha subrayado.

   Luna ha destacado que si la Generalitat "cumpliera con sus obligaciones, diera explicaciones sobre cómo utiliza el dinero público, contestara a los diputados de la oposición y remitiera acceder a los expedientes de contratación públicos, nunca hubiéramos llegado a este procedimiento".

   Asimismo, ha indicado que en este procedimiento "se ha jugado con el concepto de ejemplaridad". Al respecto, ha indicado que los 'populares' "han jugado a la ejemplaridad del castigo" y los socialistas "a la ejemplaridad del derecho a pedir explicaciones". "Han perdido", ha subrayado.

   "Es posible que los ciudadanos se sientan reconfortados por la posición que los tribunales han determinado en este procedimiento que se ha seguido contra mi", ha manifestado Luna. Asimismo, ha añadido: "felicidades para todos, sobre todo para el futuro y para la capacidad de seguir reivindicando aquello que por ley, por Constitución y por Estatuto nos corresponde".

   Del mismo modo, ha señalado: "lo lamento por aquellos que han tenido tan mal perder que todavía hoy públicamente manifiestan que los tribunales les han dado la razón, cuando resulta que el que está absuelto soy yo y los que no han triunfado por su querella han sido ellos".

   Por su parte, Jorge Alarte, quien ha asegurado que los socialistas están viviendo unas horas de "satisfacción y de alivio por Ángel Luna y por el éxito de la democracia", ha resaltado que la absolución del síndic del PSPV "evidencia que no hay que tener miedo a Camps, que desde el discurso de la dignidad, de la honradez y de la ética la verdad acaba imponiéndose y el Estado de Derecho acaba funcionando".

   Del mismo modo, ha exigido a "Rajoy, Trillo, Camps y a todo el PP en la Comunitat Valenciana y en España" que "cesen en su actividad de acoso y de degradación de la vida democrática valenciana, de empequeñecer nuestras libertades públicas y de poner en cuestión todo, hasta el derecho de los parlamentarios a exigir explicaciones".

   "Rajoy y Trillo deben saber que Camps y Blasco son incompetentes hasta para montar calumnias, mentiras y difamaciones", ha resaltado Alarte, quien ha indicado que el presidente nacional del PP "debe saber que este camino no le llevará a ningún sitio".

   El secretario general del PSPV, en nombre de todos los socialistas, ha dado las "gracias" a Ángel Luna "por cumplir su papel y su responsabilidad". En este sentido, ha indicado que "no es el trago de ir a un juicio penal algo agradable ni para la persona que lo vive ni para su familia".

   Al respecto, ha agradecido al portavoz parlamentario "su entereza, serenidad, firmeza democrática y el servicio que en favor de la sociedad valenciana, de su dignidad, de la honradez, de la credibilidad de nuestras instituciones y de la fortaleza de nuestra democracia ha hecho denunciando la corrupción a lo largo de estos años y soportando esta operación de acoso".

   Alarte ha explicado que han decidido celebrar en las Corts Valencianes la rueda de prensa, en lugar de en la sede del PSPV de la calle Blanquerías, "para hacer un llamamiento público simbólico a defender el papel de las Corts y del grupo parlamentario socialista que durante esta dura legislatura ha tenido un papel complicado y difícil".

   En su opinión, "se ha producido una operación de persecución política contra el grupo parlamentario socialista", así como contra "el cumplimento de sus obligaciones de exigir explicaciones y responsabilidades sobre dónde está y en qué se ha gastado el dinero de los valencianos".

   Preguntado por si existe "doble vara de medir" por parte de la justicia por la diferencia de plazos en la que se llevan a cabo los procesos, Alarte ha señalado: "nosotros somos demócratas y creemos en el Estado de Derecho". Por ello, "no vamos a hacer ninguna valoración crítica sobre ninguna actuación de la justicia", ha puntualizado.

   Asimismo, ha hecho hincapié en que "al final, la verdad y la democracia se acaban imponiendo" y, en esta línea, se ha mostrado convencido de que el próximo 22 de mayo, fecha de las elecciones municipales y autonómicas, "la verdad y la democracia se impondrán".

Cospedal: "Mandar directamente a galeras a las personas por un presunto cohecho impropio es complicado"

ALMERÍA.- La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado este martes que resulta "complicado" el "mandar directamente a galeras" a alguien porque se le impute un delito como el cohecho impropio y ha defendido la candidatura de su partido en la comunidad valenciana ya que "ellos dicen que son inocentes y el PP cree en ellos" en alusión, entre otros, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa.

   En respuesta a un pregunta formulada por los asistentes al Foro Joly Andalucía en el que ha participado en Almería, De Cospedal ha asegurado que los cargos que se imputan a los implicados en el caso 'Gürtel' son asuntos que "no están sancionados ni siquiera con penas de cárcel sino con multas" y ha hecho referencia de nuevo a su condición de "imputados, que no condenados aunque a veces se nos olvide en este país".

   Tras esgrimir de nuevo que "todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia", ha precisado que en las listas del PP en Valencia "hay tres personas imputadas" que, ha resaltado, "dicen que son inocentes y creemos en ellos" al tiempo que, pese a asegurar no querer caer en el "y tú más", ha señalado que en Andalucía existen un centenar de cargos públicos del PSOE "imputados y más de 31 son cabezas de lista".

   "En Valencia están imputados por delitos como el cohecho impropio, que es que te regalen algo por la condición que tienes pero sin que hagas nada a cambio por este regalo. Mandar por esto directamente a las personas a galeras es complicado por muy duras que sean las campañas", ha aseverado De Cospedal.

Arenas pide un pacto entre partidos para decidir la inclusión de imputados en candidaturas

ALMERÍA.- El presidente del PP-A y vicesecretario general de Política Territorial, Javier Arenas, ha abogado este martes por que las formaciones alcancen un acuerdo con respecto a la participación de cargos públicos imputados en la vida política y sobre "si se debe o no respetar la presunción de inocencia" a la hora de incluirlos en candidaturas.

   Arenas ha trasladado esta propuesta al ser interpelado por la presencia de hasta cuatro imputados en la lista con la que el PP concurre en las elecciones autonómicas en Valencia y ha expresado que los partidos políticos "deberíamos tomar todos una decisión al respecto".

   Sin entrar en consideraciones sobre la candidatura que encabeza el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha subrayado que el PSOE-A "tiene más de cien imputados en Andalucía" y ha personalizado en la lista del PSOE a la Alcaldía de Jerez de la Frontera (Cádiz).

El TSJCV absuelve a Luna del delito de encubrimiento por el informe que exhibió en las Corts sobre el 'caso Gürtel'

VALENCIA.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha absuelto al portavoz socialista en las Corts Valencianes, Ángel Luna, del delito de encubrimiento del que le acusaba la acusación particular --ejercida por el PP-- por el informe que exhibió en la cámara valenciana sobre el 'caso Gürtel' y que estaba bajo secreto de sumario. Contra esta decisión cabe la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el palzo de cinco días a partir de la última notificación.

   En una sentencia de 13 páginas, hecha pública este martes, una semana después de la celebración del juicio contra Luna, la sala --formada por la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva y los magistrados José Flors y Juan Climent-- considera que en este caso no existen elementos probatorios que permitan afirmar la "concreta finalidad de impedir el descubrimiento del delito que el tipo penal por el que se acusa exige".

   Así, sostiene que la explicación ofrecida por Luna --que afirmó desconocer quién le hizo llegar el informe y que perdió interés en el documento en papel exhibido cuando pudo acceder a él en soporte informático cuando se personó como parte en la causa instruida en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid-- "no permite afirmar que fuera precisamente el impedimento del descubrimiento del delito de revelación de secretos la finalidad perseguida" por él y considera que también es "razonable" la explicación de que perdió interés en el documento.

   En este caso, señala que las dos versiones que se producen en este caso --del PP y del fiscal y la defensa-- "vienen razonadas y son hipótesis sostenibles, si bien no se han acreditado en la prueba practicada más allá de toda duda razonable y en términos bastantes para quebrar la presunción de inocencia". Por ello, ante estas dos hipótesis posibles, el tribunal "no puede optar por la más desfavorable, sino en todo caso por la que resulte más acorde con el principio 'pro reo'".

   El PP acusaba a Luna de un delito de encubrimiento del artículo 451,2 del Código Penal, y solicitaba una condena de inhabilitación especial para empleo o cargo público durante dos años y nueve meses y una multa de 17 meses y 15 días con una cuota diaria de 50 euros; mientras que fiscal y defensa pedían la libre absolución.

   La sala ha considerado probado que el 24 de marzo de 2010, Ángel Luna, en su condición de diputado en las Corts Valencianes, exhibió desde la tribuna durante una intervención parlamentaria un informe policial que estaba declarado secreto en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y cuyo contenido sustancial ya se había publicado con anterioridad en varios medios, y también posteriormente.

   El carácter secreto del informe se levantó el 5 de abril y el síndic socialista fue parte en el TSJM desde el 7 de mayo de 2010. El 20 de diciembre, antes de ir a declarar por primera vez por esta causa en el TSJCV, se interesó a través de su escolta sobre cómo accedían los sobres con documentos a la Cámara valenciana, una pregunta que, a su vez, el escolta la trasladó a los servicios de seguridad de la cámara.

   Asimismo, estima probado que Luna fue requerido en dos ocasiones para que aportara el documento, una cuando se le investigaba por revelación de secretos y más tarde cuando la causa se centró en encubrimiento, sin que atendiera los requerimientos ni aportara el documento exhibido. El síndic socialista alegó desconocer quién se lo hizo llegar y afirmó que perdió interés en el informe cuando pudo acceder a él en soporte informático cuando se personó en el TSJM. El tribunal también considera probado que las Corts no guarda registro de quién llega o dónde se entregan los documentos ni de su contenido.

   La sala explica en la sentencia que la modalidad del encubrimiento por el que se formula acusación abarca las conductas de aquellos que, con posterioridad a la comisión de un delito sin haber intervenido en él como autor o cómplice, intervenga "ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, con el objeto de impedir el descubrimiento del mismo".

   Al mismo tiempo, no exige el conocimiento o identificación del autor del hecho encubierto, sino que es "bastante" la percepción por el encubridor de la existencia de hechos delictivos, sobre cuyo cuerpo, efectos o instrumentos venga en realizar conductas de ocultamiento, alteración o destrucción, con la finalidad de impedir su descubrimiento".

   En este caso, la sala indica que un ejemplar del informe del 'caso Gürtel' llegó a manos de Luna, por lo que "alguna persona" debió realizar un delito de revelación de secretos, y lo exhibió en las Corts. Del carácter de secreto, tuvo conocimiento antes de ser llamado por la sala para que lo entregara o cuando fue parte en el TSJM.

   Según la sala, el documento en cuestión es el objeto material de un delito de relevación de secretos y el hecho de que no se aportara "tal vez podría ser reveladora de una actividad de ocultación del dicho objeto material, si así se acreditara con los oportunos medios de prueba, sin que conste si se ha alterado o destruido, ni tampoco se haya acreditado que tenga o carezca tal documento de idoneidad para el descubrimiento de dicho delito de relevación de secretos o de su autor o autores, autoría ésta cuyo conocimiento por el acusado no ha resultado acreditada de la prueba practicada".

   En esta línea, apunta que la configuración del tipo penal del delito por el que se acusa a Luna exige que la conducta "de ocultación, alteración o destrucción del cuerpo, efectos o instrumento del delito lo sea para impedir su descubrimiento".

   La acusación popular alegaba que no entregar el documento es ocultación para impedir el descubrimiento del delito y se apoyaba en las indagaciones del síndic sobre el modo en que se controla la llegada de sobres a las Corts y a las explicaciones ofrecidas por Luna. sin embargo, para la sala, esta estimación no ha quedado acreditada y se trata de una "hipótesis razonada pero no la única posible a la vista de la prueba practicada".

   Para la sala, de esta prueba practicada "no se desprende la imposibilidad ni la inconsistencia de la justificación dada por el acusado a la no aportación" del documento,, y añade que en casos como éste, la finalidad de encubrimiento "no viene determinada por la no aportación o por la manifestada pérdida de disponibilidad del documento objeto material del delito".