Pumpido defiende la investigación de los ERE por la Fiscalía y dice que "llegaremos al final en Valencia"

VALENCIA.- El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se ha referido este viernes a los presuntos expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares de la Junta de Andalucía y ha defendido que la Fiscalía los está analizando "exhaustivamente" y "está cumpliendo con rigor su obligación de apoyar, facilitar e impulsar la instrucción judicial", aseverando que "llegaremos hasta el final, en Sevilla y en Valencia, en Madrid y en Asturias".

   Durante su intervención en Sevilla en un desayuno informativo de la tribuna 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', Conde-Pumpido ha puesto de manifiesto que "los que haya delinquido serán acusados, y procuraremos que sean condenados y que cumplan su condena", tras lo que ha recordado el caso de Baleares, "donde el riguroso trabajo de la Fiscalía Anticorrupción ha llevado, incluso, a la autodisolución del partido Unión Mallorquina".

   "Este partido tuvo una gran relevancia política como partido bisagra, y sus principales dirigentes están hoy implicados en numerosos procesos penales", ha añadido el fiscal general del Estado, para señalar que, a su juicio, todo esto "supone una muestra más de la eficaz y contundente actuación que ha realizado la Fiscalía para erradicar la corrupción, venga de donde venga".

   También se ha referido el fiscal general del Estado al hecho de que el Pleno del Parlamento andaluz rechazase, con los votos en contra del PSOE-A y el apoyo de IULV-CA, la petición del PP-A de creación de una comisión de investigación ante la presunta existencia de ayudas públicas concedidas a empresas en crisis, gestionadas al margen de lo dispuesto en la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y ha aseverado que "es un tema político que deberán resolver los políticos, no soy quien para dar consejos sobre decisiones parlamentarias".

   Cuestionado por las críticas sobre la "doble vara de medir" que utilizaría el Ministerio Público según el color político de las personas implicadas en casos de corrupción, Cándido Conde-Pumpido ha respondido que "tenemos una doble vara de medir, una para los delincuentes y otra para los inocentes, y ahí se acaba todo". "Ahora resulta, no sé si tendrá algo que ver la proximidad de unas elecciones, que nos dicen otra vez, con gran aparato mediático, que hacemos cosas en no sé qué procedimientos y no hacemos nada en otros", ha apostillado.

   "Pregunten a los fiscales de Sevilla, seguro que ellos sí saben lo que los supuestamente mejor informados y los informadores no parecen saber", según ha proseguido Conde-Pumpido, quien se ha referido así al presunto intento de cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla, señalando que la Fiscalía hispalense "recibió una denuncia por parte de la Junta, tuvo dos meses para realizar las diligencias de investigación y las inició de manera inmediata".

   De este modo, y según ha relatado, el Ministerio Público tomó declaración a "sospechosos y testigos, pidió un informe policial, analizó la cinta, pidió una auditoría de las subvenciones que se habían realizado a Mercasevilla y también una relación de las subvenciones que se habían hecho desde la Delegación Provincial de Empleo". "La Fiscalía realizó una actividad incansable e intensa durante dos meses, pero después se presentó una denuncia que suspendió la investigación, y a partir de ese momento la investigación es judicial", ha agregado.

   Tras insistir en que la Fiscalía "está trabajando de manera muy activa", pues al trabajo del fiscal de delitos económicos de Sevilla se ha sumado el de otro fiscal, ha puesto de manifiesto que la investigación "que nosotros iniciamos ha dado lugar a cinco procedimientos distintos, en uno de los cuales --el presunto intento de comisiones-- ya hay escrito de acusación" contra cuatro personas, entre ellas el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas.

   Por todo ello, ha defendido que "no hay pasividad y se ha actuado con toda diligencia", transmitiendo "el malestar de la Fiscalía por que se pueda cuestionar su imparcialidad". "La defensa de los acusados se tiene que hacer dentro del procedimiento, no entramos en el debate político, pero si en esos debates se quiere descalificar a la Justicia, se está cometiendo un grave error y se está poniendo en cuestión todo el sistema", ha sentenciado.

La Generalitat cierra 2010 con un déficit financiero de 379,9 millones de euros, un 2,38% del presupuesto

VALENCIA.- La Generalitat cerró el ejercicio 2010 con un déficit financiero de 379,9 millones de euros, lo que supone un 2,38 por ciento del presupuesto definitivo, que finalmente ascendió a 15.914 millones de euros.

   Así lo ha explicado el vicepresidente segundo del Consell y titular de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde presentó el balance de liquidación de las cuentas de 2010, que incluyen solo las Consellerias y no el resto de organismos públicos de la Generalitat, cuyos datos se conocerán a partir del 30 de junio.

   Los ingresos no financieros han alcanzado los 11.742 millones de euros, mientras que los costes no financieros han ascendido a 14.291 millones de euros. Teniendo en cuenta la evolución de los ingresos y gastos de los capítulos I a VIII del presupuesto, la diferencia entre ambos flujos deja un resultado negativo de 2.857 millones de euros.

   Asimismo, el vicepresidente económico ha destacado que si a esto se le añade la variación neta de pasivos financieros --que se derivan del endeudamiento autorizado por el Consejo de Ministros-- el saldo presupuestario del ejercicio asciende a 361,4 millones de euros.

   Gerardo Camps ha destacado que gracias a las "medidas de austeridad" impulsadas por el Ejecutivo valenciano, los gastos no financieros han descendido en 558,1 millones de euros. Al respecto, ha indicado que la reducción más importante se ha producido en gasto corriente, que ha bajado un 7,2 por ciento, y esto se ha hecho "sin comprometer ni el gasto social, que ha aumentado, ni el nivel de inversión pública". En este sentido, ha hecho referencia al Plan de Inversión Productiva en Municipios.

   El conseller ha señalado que a pesar de esta "drástica" reducción de los gastos, "la actual situación de crisis económica y la insuficiencia manifiesta del actual modelo de financiación" han provocado que los ingresos no financieros hayan disminuido en 1.393 millones de euros, lo que representa una reducción del 10,6 por ciento. Esta disminución, según Camps, sitúa los niveles de ingresos de la Generalitat en cifras similares a las del año 2006.

   De los 1.393 millones de euros menos de ingresos no financieros, "1.357 millones corresponden a la disminución de los ingresos que recibimos en virtud del actual modelo de financiación", ha aseverado Gerardo Camps, quien ha cuantificado en una reducción del 13,93 por ciento los ingresos que obtiene la Comunitat del actual modelo de financiación.

   El vicepresidente segundo del Consell ha comparado los datos de la Generaliltat con los de la Administración General del Estado, cuyos ingresos no financieros han aumentado. Al respecto, Camps ha tildado de "paradoja" que estos ingresos en las comunidades autónomas haya descendido, mientras que los del Estado hayan aumentado. Además, la disminución de gastos "es mayor en el caso de la Comunitat Valenciana que en el de la Administración General del Estado", ha indicado.

   Gerardo Camps ha criticado que las entregas a cuenta para las comunidades autónomas para el ejercicio 2010 comunicadas por el Gobierno central, en función de la aplicación del actual modelo de financiación, "han resultado claramente inferiores a los ingresos que el Estado ha tenido en virtud de la subida del IVA y de la mejora de recaudación del IRPF".

   En este sentido, ha denunciado que el Estado "está centrifugando déficit a las comunidades autónomas, para que su déficit del ejercicio parezca menor de lo que es". No obstante, ha advertido de que, cuando llegue la liquidación del año 2010, "será positiva para las comunidades y, entonces, el Estado tendrá que transferirles más fondos de los que ahora ha reconocido en las entregas a cuenta".

   En opinión del conseller, "si el Estado hubiera previsto unas entregas a cuenta para 2010 conforme a los ingresos que ha tenido en este ejercicio, el déficit de las comunidades autónomas sería menor y el del Estado sería mayor".

   El vicepresidente ha puntualizado que la tasa variación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en cuanto a ingresos del Estado ha ascendido un 4,9 por ciento y el IVA un 46,20 por ciento.

   En cambio la tasa de variación de esos mismos impuestos en virtud de las entregas a cuenta que el Estado para 2010 comunicó que iban a producirse a las comunidades autónomas, en el caso de la Comunitat era de un -26,03 por ciento y de un -26,03 por ciento, respectivamente, tal y como ha manifestado Gerardo Camps.

   El titular de Economía ha explicado que la estimación que el Gobierno valenciano tiene del cierre de contabilidad es que se colocará "algunas decimas por encima" del objetivo marcado del 2,4 por ciento.

   A su juicio, esto se debe al "castigo" a la Comunitat Valenciana por el nuevo modelo de financiación y al "error" o "falta de ajuste total de las entregas a cuentas para 2010 hecho por parte de la Administración General del Estado a a las comunidades autónomas".

   Por último, Gerardo Camps ha querido responder a quienes acusan a la Generalitat de "falta de transparencia", como la secretaria de Economía y Empleo del PSPV, Cristina Moreno, afirmando que la valenciana ha sido "la primera comunidad autónoma en presentar la liquidación de su presupuesto del ejercicio 2010" y ha añadido que ha remitido toda la información al Ministerio de Economía.

Autorización


El Consejo de Ministros ha autorizado a la Comunitat Valenciana a realizar operaciones financieras a largo plazo, hasta un importe máximo de 141,9 millones de euros, mientras que a la Comunidad Autónoma de Aragón se le autoriza a realizar emisiones de deuda pública y tomar préstamos en moneda extranjera, hasta un importe máximo de 58 millones de euros.
   Los importes que se autorizan resultan conformes a los límites de endeudamiento que se derivan de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera en materia de endeudamiento de las comunidades autónomas y a los planes económico-financieros de reequilibrio presentados por dichas comunidades, y tienen por finalidad cubrir las amortizaciones ordinarias a largo plazo del primer semestre de 2011, por lo que no supondrán un aumento del nivel de endeudamiento al final del ejercicio.
   Estas operaciones de endeudamiento se autorizan según lo establecido en la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas y en la Ley Orgánica 5/2001, complementaria de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

Alarte no retirará la campaña de las naranjas podridas, a las que identifica con Camps, Fabra, Ripoll y Castedo

ALICANTE.- El secretario general del PSPV y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jorge Alarte, ha defendido la campaña 'Otro camino es posible', en la que aparecen imágenes de naranjas en diferentes estados de putrefacción, y ha aclarado que "las naranjas podridas son (Francisco) Camps, Carlos Fabra, Joaquín Ripoll y Sonia Castedo". Así, ha asegurado que no retirará la campaña hasta el 22 de mayo, cuando las naranjas "podridas" se vayan "de esta tierra". 

   En un encuentro informativo ofrecido este viernes en Alicante, Alarte ha mostrado su satisfacción por las reacciones creadas en el PP por esta campaña y ha considerado que el "objetivo" se ha "cumplido", ya que, según ha dicho, los 'populares' están "tan nerviosos que pones una zanahoria y Camps sale detrás".

   Así, ha asegurado que el PSPV no prevé retirar la campaña hasta el 22 de mayo, "en que todas las naranjas podridas de esta tierra se vayan".

"Por eso hemos querido contrastar las naranjas podridas,  --que según ha indicado corresponden al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo--, con las naranjas sanas, que somos más y somos la inmensa mayoría de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana", ha explicado.

   En este sentido, ha celebrado que esta iniciativa haya creado "un gran debate" y haya centrado el discurso en la Comunitat. "Lo que queremos es más y más debate, también queremos las naranjas sanas, y que se hable de las naranjas podridas", ha apuntado.

   Así, el PSPV pretende que la gente "pueda elegir y decidir cuál de las dos naranjas quiere: la de Camps, la de la vergüenza, el autoritarismo, la falta de democracia, la del paro y la especulación, o la nuestra, que es la de la inmensa mayoría de los valencianos, que es la del empleo, la formación, la democracia y la pluralidad".

   En cuanto a las críticas vertidas por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), cuyos responsables han rechazado la utilización de naranjas podridas en esta campaña, Alarte ha agradecido "la participación de AVA en el debate". 

"Apreciamos las opiniones hasta cuando son críticas, porque siempre sirven para que nos podamos explicar mejor", ha comentado al respecto.

   Por otra parte, Alarte se ha mostrado convencido de que el anuncio de Francisco Camps de reducir a diez el número de consellerias si gana de nuevo las elecciones, "es mentira", porque "si quisiera hacerlo de verdad" no debería esperar al 22 de mayo, sino que debería hacerlo "mañana".

   Además, en su opinión, con esta propuesta "Camps se ha quedado corto", porque debería recortar "hasta un 50 por ciento y dejar el total de consellerias en siete y una vicepresidencia".

El Consell aprueba el Decreto que reconoce el carácter tradicional de las fiestas que usan la pirotecnia

VALENCIA.- El Consell ha aprobado el Decreto que reconoce el carácter religioso, cultural o tradicional de las manifestaciones festivas de la Comunitat Valenciana que hacen uso de la pirotecnia como pueden ser las Fallas, las Hogueras de San Juan, la Magdalena, la Cordà o las fiestas de Moros y Cristianos, entre otras festividades, por lo que quedan excluidas de la normativa europea sobre artículos pirotécnicos y su uso y/o adaptación.

   El texto especifica como manifestación festiva de carácter religioso, cultural o tradicional las fiestas mayores, patronales o de barrio de los diferentes municipios de la Comunitat, en las que, "de manera habitual u ocasional, pero siempre de modo ritual, se utilicen artificios de pirotecnia", según un comunicado de la Generalitat.

   Asimismo, efectúa una clasificación de las manifestaciones festivas y distingue tres grupos: el primero atañe a espectáculos y actividades que sólo pueden efectuar profesionales expertos --las mascletàs, la cremà, los castillos de fuegos artificiales o la 'corretraca', entre otros--; el segundo hace referencia a aquellos artificios de pirotecnia que pueden realizar personas expertas no profesionales necesariamente (la cordà, el correfoc o la despertà) y por último, celebraciones que puede efectuar "todo el mundo para celebrar o conmemorar algún evento de carácter familiar que no requiere de la autorización por parte de las autoridades competentes (tracas, baterías o trueno de las categorías 1,2 y 3)".

   Además, otra de las novedades del Decreto aprobado por el Consell es que rebaja las edades para el uso de material pirotécnico. De esta forma, los productos con marcado CE de Categoría 1 --de muy baja peligrosidad y nivel sonoro insignificante (bombetas, mini petardos, bengalas)-- podrán ser utilizados por los niños a partir de ocho años y los de Categoría 2 por niños a partir de 10 años, ya que también se tratan de artículos de baja peligrosidad y bajo nivel sonoro, que deben dispararse al aire libre en zonas delimitadas como pueden ser los chinos, las fuentes o los voladores.

   Para ello, los padres deberán autorizan a sus hijos menores a utilizar el material y manifiestan disponer de "formación suficiente para que no se produzcan accidentes". En cuanto se publique el Decreto en el Diario Oficial de la Comunitat (DOCV), la Conselleria de Gobernación colgará en su web la hoja de autorización, que también se encontrará disponible en los edificios PROP.

   Este Decreto viene motivado por el Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, que aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, norma estatal que incorpora al ordenamiento español la Directiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, sobre la puesta en el mercado de artículos pirotécnicos.

   El Reglamento permite a las comunidades autónomas su adaptación, con lo que la Generalitat h"a querido preservar, a través de este Decreto, las tradiciones tan arraigadas que existen en la Comunitat y que emplean la pirotecnia".

El crédito seguirá escaso en España durante algunos años

MADRID.- El número de cajas de ahorros deberá reducirse desde 17 hasta un solo dígito, porque el sistema financiero sigue teniendo exceso de capacidad, según varios expertos del Observatorio Económico de la Fundación Faes, quienes coinciden en vaticinar que España volverá a sufrir una nueva crisis de deuda y registrará un estrechamiento del crédito durante los próximos años.

   El presidente del Centro Internacional de Investigación Financiera del IESE, Juan José Toribio, defendió que existe un exceso de capacidad instalada y que 17 cajas "son demasiadas", por lo que las fusiones en este sector se encuentran aún lejos de terminar.

   En este sentido, también vaticinó que el beneficio de las entidades financieras será menor en el futuro y que el crédito necesariamente tiene que "estrecharse" más, por lo que éste seguirá siendo uno de los problemas "más graves" de la economía.

   A su juicio, la crisis se podría haber evitado con una mejor previsión de la situación y resaltó que a pesar de las medidas puestas en marcha para resolver la situación del sistema financiero existe un problema de fondo, la valoración de sus activos.

   Toribio explicó que si se valoraron a 'cero' el sistema estaría en quiebra, y si se valoran a '100', supondría que la banca no tiene problemas de solvencia ni de liquidez, por lo que insistió en que "el reto" de los supervisores es ver "con qué tino" se valoran esos activos.

   Asimismo, resaltó que uno de los problemas a los que se seguirán enfrentando las entidades será la liquidez, ya que "es díficil" renovar el vencimiento de los bonos en el mercado, no sólo porque el tipo de interés es más alto, sino también porque existe un problema de confianza.

   Por su parte, el profesor del IE Business School Fernando Fernández resaltó que el mercado internacional no entiende el concepto de cajas de ahorros y que deben transformarse en bancos para poder captar capital.

   A su juicio, las cajas "han muerto de éxito" y han cumplido su papel muy bien, pero ahora deben adaptarse al nuevo escenario. En este sentido, valoró que todas las medidas del Gobierno para paliar la situación del sistema financiero han fracasado, y que el dinero que se ha prestado a las entidades, en algunos casos, no se recuperará, porque no podrán pagar y tendrán que ser intervenidas.

   Además, criticó que se dé dinero a los mismos gestores de entidades que no han sabido gestionarlas, y defendió que los inversores quieren una solución concreta para las cajas, no un amplio abanico para que elijan las propias entidades.

   Asimismo, consideró que las cajas necesitarán más de 20.000 millones para recapitalizarse "porque los activos tóxicos valen más cero, que 100", y consideró que entre las posibles soluciones a tener en cuenta se encuentran la de "convertir las cajas en sociedades anónimas", y lograr un "régimen jurídico para las fundaciones", con el fin de evitar que sigan controladas por las comunidades autónomas.

   Fernández también consideró necesario imponer un calendario obligatorio de privatización de las entidades e intervenir o liquidar a aquellas entidades que lo necesiten. En este sentido, recalcó que el sistema financiero será nacionalizado parcialmente y que España necesitará la ayuda europea.

   Este experto también señaló que el consejo europeo de marzo, donde ser abordará la ampliación del fondo de rescate, será clave para los denominados países periféricos, como España, y coincidió con el resto de expertos en que se producirá una nueva crisis de deuda en los próximos meses.

   El presidente de la Comisión de Economía de CEOE, José Luis Feito, también resaltó que las cajas necesariamente deberán reducir más su número, "hasta un dígito", y que no sólo se fusionarán con bancos españoles, sino también extranjeros.

   En cuanto al crédito, Feito reconoció que España es dependiente del crédito por el gran número de pymes que componen el tejido empresarial español, pero hizo hincapié en que "la culpa de que no se canalice el crédito no es de la banca, porque, incluso, hacen más de lo que pueden".

   Feito defendió que a las entidades financieras no se les presta dinero y que los recursos que captan no son suficientes para cubrir la demanda de financiación, a lo que se une el alto endeudamiento de las familias.

   En este sentido, resaltó que no es incompatible el crecimiento económico con la falta de crédito, ya que se puede obtener financiación mediante la exportación, pero resaltó que sí es incompatible con la generación de empleo si el crecimiento que se logra no es fuerte.

   Asimismo, Feito insistió en que el mayor deterioro del crédito que se produzca en España en los próximos meses dependerá de cómo afronten las autoridades europeas y españolas el ataque a la deuda que se producirá en los próximos meses.

   El presidente de la Comisión de Economía de la CEOE también coincidió en que la reestructuración financiera se ha acometido "tarde" y que se está regulando en exceso, cuando éste fue uno de los principales detonadores de la crisis. A su juicio, esto se produce por miedo a que se den nuevos problemas en el corto plazo.