martes, 2 de noviembre de 2010

Las matriculaciones en la Comunitat Valenciana caen un 49,2%

VALENCIA.- Las matriculaciones de automóviles en la Comunitat Valenciana alcanzaron las 5.401 en octubre, lo que supone una caída del 49,2 por ciento, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac) y vendedores (Ganvam).

   Así, la caída de la región ha sido la cuarta más pronunciada, tras Galicia, con un descenso del 50,8 por ciento; Castilla y León, que ha registrado un descenso del 50 por ciento; y Cantabria, con un desplome del 49,5 por ciento en las matriculaciones.
   Asimismo, en lo que va de año, la Comunitat ha registrado un aumento en las matriculaciones del 11,8 por ciento, en relación con el mismo periodo de 2009, al registrar un total de 87.143 matriculaciones.
   A nivel nacional, las matriculaciones de automóviles alcanzaron 61.366 durante el pasado mes de octubre, lo que supone un desplome del 37,6 por ciento respecto al mismo mes de 2009 y el cuarto retroceso mensual consecutivo,
  Esta nueva caída, que sitúa el mercado español en niveles de hace quince años, se explica principalmente por el hundimiento del canal de particulares, que se desplomó por encima del 50 por ciento durante el pasado mes de octubre.
  En los diez primeros meses del año, las entregas de turismos y todoterrenos se situaron en 848.555 unidades, lo que representa aún un incremento del 9,4 por ciento en comparación con el mismo período del ejercicio precedente, aunque la tasa se va reduciendo "considerablemente" pese al efecto positivo del Plan 2000E en el primer semestre.
   Las dos patronales advirtieron de que las ventas de coches no sólo no se recuperarán en 2011, sino que se situarán por debajo de las 900.000 unidades, con lo que el mercado acumulará tres ejercicios consecutivos por debajo del millón de unidades y en niveles de principios de los noventa.

Gecen critica que la Generalitat autorice las redes abatibles para cazar aves

CASTELLÓN.- El grupo ecologista Gecen ha criticado este martes que la Conselleria de Medio Ambiente autorice las redes abatibles o 'enfilats' "bajo la excusa de capturar aves vivas para el canto".

   Los ecologistas han asegurado en un comunicado que las redes abatibles o 'enfilats' acaban con más de 600.000 aves paseriformes (verderón, verdecillo, jilguero, pardillo, pinzón, entre otras.), además de decenas de rapaces diurnas como gavilanes o cernícalos.
   "Bajo la excusa de capturar aves vivas para el canto, la Conselleria da autorización a cientos de cazadores que masacran la avifauna, siendo plenamente conocedora de la realidad del 'enfilat', que constituye la segunda forma más efectiva, tras el parany, de matar aves protegidas para usos gastronómicos", ha aclarado Gecen.
   Según esta asociación, "las aves que se capturan en otoño no sirven para cantar, pues tienen el canto viciado, es decir, han aprendido de su entorno notas que las hacen inútiles para los concursos de cantos -la excusa para capturarlos-, pero no para degustarlos en una paella o fritos", por lo que -han añadido- "todos aquellos pájaros que se capturan en otoño son destinados al consumo y no al canto".
   "Todo esto la Conselleria lo sabe y lo permite, son cómplices activos de una masacre, de la ilegalidad", según el colectivo ecologista, que ha pedido que "no se permita la captura de aves en 'enfilat' en otoño y se anulen dichas autorizaciones".
   Gecen ha explicado que las aves para el canto "han de proceder de la cría en cautividad, por lo que ya está bien de avalar, apoyar y aplaudir, con conocimiento de causa, a un grupo de matarifes de aves".

Casi el 18% de las oficinas de Valencia se encuentran vacías

VALENCIA.- Casi el 18 por ciento de las oficinas de Valencia se encuentran vacías, según se desprende del último informe de la consultora inmobiliaria Jones Lang LaSalle sobre el mercado de oficinas de Valencia correspondiente al tercer trimestre de 2010, que también revela que las rentas han sufrido un ajuste de entre un 10 y un 15 por ciento con respecto a hace un año. 

   Así, la renta máxima de salida de la zona céntrica (CBD) está en los 16 euros el metro al mes en la actualidad, mientras que en la zona secundaria, la renta máxima de salida se sitúa en los 14 euros, han detallado las mismas fuentes.
   "La diferencia entre rentas máximas y mínimas se debe normalmente a la calidad del inmueble, siendo aquellos inmuebles exclusivos de última tecnología y que ofrecen mayores servicios a sus arrendatarios, donde la renta solicitada es mayor", según indica Sonia Antolín, directora de la oficina de Jones Lang LaSalle en Valencia.
   Con respecto a la oferta, del stock total del mercado de oficinas en Valencia, cifrado actualmente en algo más de 630.000 m2, la tasa de disponibilidad actual es de un 17,23 por ciento. Este ratio disminuye significativamente en la zona CBD, donde la disponibilidad actual se fija en un 7,67 por ciento.
   De acuerdo con la consultora, el mayor número de metros cuadrados de oficinas está en esta zona, lo que marca una clara tendencia de las empresas a buscar espacio en ella.
   En la zona secundaria, la tasa de disponibilidad aumenta hasta el 19,43 por ciento, si bien hay inmuebles en los que la ocupación es absoluta o muy alta. Esto sucede, sobretodo, en los ejes ubicados de Cortes Valencianas, Paseo de la Alameda/Avenida de Francia y Avenida de Aragón, áreas muy demandadas por las empresas después de la zona CBD.
   La tasa de disponibilidad en zona periferia marca un valor mayor, superior al 30 por ciento, debido principalmente a que existen desarrollos con un gran número de metros cuadrados de oficinas.
   "Respecto a la oferta futura, la zona que más metros aportará al mercado es la periferia, donde hay inmuebles finalizados a la espera de la licencia ambiental y de actividad que se computarán a partir de ese hito. El reajuste de rentas, que prevemos continúe en los próximos meses, ha permitido que las empresas puedan optar a establecer sus sedes en edificios emblemáticos con condiciones excelentes", explica Antolín.
   La demanda durante 2010 ha experimentado una ligera mejora respecto al año pasado, pero se mantiene en niveles bajos, según el informe. Se han realizado muchas operaciones de cambio de ubicación de un inmueble a otro por parte de las empresas, lo que ha afectado a los niveles de ocupación de los propios inmuebles, pero no se ha visto acompañada de la solicitud de espacio de nuevas empresas, algo que hubiera supuesto una mayor contratación.
   La demanda media de oficinas ha oscilado este tercer trimestre entre los 100 y 200 m2, procedentes en alto número de la reducción de espacio por parte de los usuarios. Durante el segundo trimestre de 2010 se firmaron operaciones de alquiler de más de 1.000 m2, correspondientes a cambios de ubicación. Además, según la consultora, existe una demanda de superficie inferior a los 100 m2 que se ha visto satisfecha. No obstante, ésta se prevé que se mantenga en estos niveles bajos durante los próximos meses.
   Según datos del informe, durante este tercer trimestre han existido pocas operaciones en rentabilidad debido a que mercados más estables, como Madrid y Barcelona, han sabido ajustar sus mercados de inversión inmobiliaria más rápidamente a la situación económica de lo que ha pasado en Valencia, atrayendo a los inversores, hasta de los propios locales de Valencia.
   La rentabilidad mínima exigida se encuentra sobre el 6% por ciento en inmuebles prime, con multi-inquilinos y contratos de un mínimo de dos o tres años de obligado cumplimiento por cumplir. El estado de conservación de los inmuebles, así como la eficiencia energética de los mismos, son puntos cada vez más tenidos en cuenta por los inversores, pese a las mínimas operaciones llevadas a cabo.
   "La incertidumbre de las empresas respecto al futuro les hace más cómodo la alternativa del alquiler, donde se puede ampliar o disminuir superficie de una manera más ágil. De manera extraordinaria, actualmente, hay empresas que están analizando la compra de algún activo para uso propio, aprovechando la circunstancia de ajuste de precios. Además, hay pocos activos que cumplan los requisitos solicitados por los inversores, no obstante antes de fin de este año es posible que se produzca alguna operación de venta en rentabilidad", finaliza Antolín.

El PSPV cree "insoportable" la comparación de la gestión de la visita del Papa a Valencia con la de Cataluña y Galicia

VALENCIA.- El secretario de Acción Electoral del PSPV, Víctor Sahuquillo, ha señalado que cuanto más se acerca la visita de Benedicto XVI a Santiago de Compostela y Barcelona, "más insoportable se hace la comparación con la vergonzante gestión de julio de 2006".

   Sahuquillo, en un comunicado, ha apuntado que todavía esperan las "explicaciones y disculpas del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, al Papa ante un caso que aún avergüenza a los valencianos y valencianas" por la organización de dicho evento.
   El dirigente socialista ha destacado las "irregularidades registradas en la última visita del Papa a la Comunitat, cuya gestión está siendo investigada dentro del 'caso Gürtel'" y ha señalado al respecto que Camps "se está cubriendo de gloria al negarse a dar ningún tipo de justificación sobre los 14 millones de euros que se llevó la trama corrupta Gürtel con este acto".
   "Mientras todas las ciudades que han acogido actos similares han probado y justificado cada uno de los gastos que ha supuesto la organización de dichos eventos, el Gobierno de Camps sigue empeñado en dañar la imagen de la Comunitat Valenciana, haciendo oídos sordos a las voces que reclaman explicaciones y disculpas", ha agregado.
   Para Sahuquillo, Francisco Camps "demuestra no tener problema en mostrarse públicamente como el irresponsable político que es, perjudicando la imagen de los valencianos y valencianas que creen en la Iglesia Católica y la del conjunto de la comunidad".

Blanco transmite a presidentes de Cámaras de Barcelona y Valencia el "total apoyo" al Corredor Mediterráneo

MADRID.- El ministro de Fomento, José Blanco, ha trasladado este martes a los presidentes de las cámaras de comercio de Barcelona y Valencia, Miquel Valls y José Vicente Morata, su "total apoyo" al Corredor Mediterráneo.

   Asimismo, el ministro les ha transmitido que "próximamente" presentará el estudio técnico global del Corredor, desde Algeciras a Port Bou, a todas las comunidades autónomas implicadas, según han informado fuentes de la Cámara de Comercio de Barcelona en un comunicado.
   Por su parte, la petición concreta que los presidentes de Barcelona y Valencia han trasladado al Ministro es que hace falta dotar al Corredor de una plataforma ferroviaria de doble vía, exclusiva para el transporte de mercancías con ancho de vía internacional y conexión con los principales puertos y nodos logísticos.
   Los datos de la Cámara de Comercio indican que el notable desarrollo económico del Corredor Mediterráneo se traduce en un volumen elevado de transacciones comerciales y que dependen, en buena medida, de la competitividad de las empresas ubicadas en el Corredor.
   En este sentido, el 55 por ciento del volumen de mercancías transportadas en España se realizan por el Corredor Mediterráneo, y el tráfico marítimo español se lleva a cabo mediante los puertos del Corredor, tráfico que se ha incrementado un 39 por ciento en los últimos nueve años, una cifra superior al incremento de la media del conjunto de puertos españoles, que ha sido del 22 por ciento.
   El Corredor Mediterráneo representa una de las zonas españolas de más dinamismo en el últimos años, pero para mantener su crecimiento y desarrollo "se deben superar las barreras" que imponen las infraestructuras que, como la ferroviaria, resultan "insuficientes" para la competitividad de las empresas españolas", según las cámaras de comercio.

Salgado ve una "herramienta útil" que las CC.AA. fijen techos de gasto

MADRID.- La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha calificado de "herramienta útil" que las comunidades autónomas fijen techos de gastos para consolidar sus cuentas públicas, si bien ha dejado claro que esta decisión es competencia de los gobiernos regionales y no del Ejecutivo central. 

   "Estoy de acuerdo con que si son las propias CC.AA. las que quieren establecer sus propios techos de gastos, será una herramienta útil", aseguró la ministra de Economía a una pregunta en la sesión de control en el Senado del senador 'popular' José Manuel Barreiro, quien responsabilizó al Gobierno del desequilibrio fiscal de las regiones por la devolución de los anticipos.
   Salgado reiteró que esta decisión corresponde a las comunidades, que deciden sobre sus ingresos y gastos, mientras que recordó que los objetivos de déficit se negocian y aprueban en el marco del Consejo de Política Fiscal. "Austeridad y reformas; reformas que también sirvan para incrementar ingresos", aconsejó.
   Salgado fue más allá y afirmó que la propuesta del PP de imponer un techo de gasto a las regiones no tiene "ningún viso" de adaptarse a la Constitución, al tiempo que instó al senador 'popular' a controlar las cuentas de las comunidades en las que gobierna su partido. "Traten de implantarlo (techo de gasto) en donde gobiernan: en Valencia, en Madrid, en Galicia...Díganselo", clamó.
   Mientras, Barreiro volvió a cuestionar el cuadro macroeconómico del equipo de Salgado, al tacharlo de "no real", y achacó la devolución de 27.000 millones de euros a la que están obligadas las regiones a una "equivocación" del Ejecutivo. "Es un problema real porque ustedes se han equivocado", subrayó.

Consell, patronal y sindicatos firman un "pacto industrial" hasta 2015 para impulsar innovación

VALENCIA.- El Consell ha suscrito este martes un "pacto industrial" con la patronal autonómica Cierval y los sindicatos CCOO-PV y UGT-PV, vigente hasta 2015, a fin de sumar esfuerzos para impulsar "la innovación, la internacionalización y la competitividad" de los sectores industriales de la Comunitat Valenciana, así como para "sentar las bases de un modelo económico de futuro". 

   La presentación de la Estrategia de Política Industrial 2010-2015 (EPI), que contempla una inversión de 1.100 millones de euros, ha tenido lugar en un acto presidido por el jefe del Consell, Francisco Camps, en el que han firmado ese documento el vicepresidente primero y conseller de Industria, Comercio e Innovación, Vicente Rambla; el presidente de Cierval, Rafael Ferrando; y los secretarios generales de CCOO-PV, Paco Molina, y de UGT-PV, Conrado Hernández.
   El programa marca cinco grandes objetivos para los próximos cinco años encaminados a que la Comunitat cuente con "una industria más competitiva" y con "mayor peso en la economía", tales como doblar el gasto empresarial en I+D+i, pasando del 1,12 por ciento al 2,3 por ciento en 2015; incorporar 11.000 investigadores y gestores de la innovación en el sector privado hasta 2015; y crear nuevas empresas de base tecnológica hasta alcanzar las 10.000 en 2015.
   Además, tiene previsto diversificar la base industrial y de servicios hacia actividades emergentes de elevado valor añadido, superando en 2015 el 25 por ciento de trabajadores empleados en sectores de intensidad tecnológica alta, así como incrementar el peso de las empresas exportadoras en un 50 por ciento hasta alcanzar el 6,5 por ciento en 2015.
   Para lograrlo, articula 30 medidas distribuidas en seis ejes: personas, innovación, diversificación, crecimiento empresarial, internacionalización y apuestas estratégicas, entre las que figuran un plan de simplificación administrativa de ayudas a empresas; la creación de una Oficina de proyectos empresariales de I+D+i y de la Agencia Valenciana del Emprendedor; incentivos a la cotización de empresas valencianas en el Mercado Alternativo Bursátil y programas de incorporación de nuevas empresas a la internacionalización.
   Camps ha señalado que las "dos grandes consignas" de la Comunitat Valenciana son "fabricar y cultivar", al tiempo que ha abogado por trabajar "todos juntos" y "más unidos que nunca" para la defensa del sector industrial y para el aumento de la competitividad mediante la innovación, la incorporación de mano de obra cualificada en todos los niveles y la apuesta por la formación profesional.
  Rafael Ferrando ha recalcado que "a partir de ahora se abre una fase de trabajo intenso para dar respuestas a las necesidades de la sociedad" en la que espera contar con la "correspondiente acogida" de esas actuaciones en los presupuestos de la Generalitat para 2011.
   Además, ha valorado la contribución de los agentes económicos y sociales para alcanzar ese pacto industrial, mediante una "aportación consciente, voluntaria y comprometida", y ha remarcado que dicho documento les "obliga" a comprometerse con el desarrollo de esa política industrial. "A partir de ahora, todos a trabajar", ha dicho.
   Paco Molina se ha mostrado satisfecho del "proceso de diálogo claro, nítido y sincero" para diseñar esa estrategia y ha urgido a aumentar el peso de la industria en el PIB.
   En declaraciones a los medios, ha señalado que "es el Consell el que tiene la responsabilidad de hacer bueno" lo que han "comprometido" y ha remarcado que ese acuerdo "tiene que significar un punto de partida" para "iniciar un compromiso, para retomar cuestiones que no se tendrían que haber abandonado nunca y para comprometer si cabe más recursos y más posibilidades".
   Molina ha constatado que "los recursos son insuficientes" y que "otras comunidades autónomas están haciendo apuestas mucho más importantes" en materia de política industrial, aunque ha primado la relevancia de sumarse a la EPI para impulsar un sector que, por cada empleo que crea, genera otros cuatro de carácter indirecto.
   En su intervención, Hernández ha subrayado que "es tiempo para la industria", como "pilar fundamental para el presente y el futuro" de la Comunitat, y ha resaltado que el acuerdo alcanzado permitirá contar "a medio plazo" con "una mejor industria", con "empleo de calidad" y, en definitiva, con una región "próspera" y "de futuro".
   Hernández ha destacado tras el acto que este pacto "es el primer éxito en la Comunitat Valenciana de la huelga del 29 de septiembre" y ha asegurado que se mantendrán "vigilantes" para velar por un buen "desarrollo" y "aplicación" del acuerdo, que les permita "salir de la crisis con una industria lo más potente posible".
   También ha reconocido que la dotación para política industrial "no es suficiente", aunque lo ha achacado a la crisis y ha remarcado que "es más importante la presencia de los sindicatos en este pacto de la industria" porque antes no les "dejaban participar". Además, ha indicado que "a medida que mejore la situación", esa cuantía "se podrá implementar" en el Observatorio de la Industria.

CCOO-PV y UGT-PV critican que el Consell no convoque oferta pública de empleo en 2011

VALENCIA.- Los secretarios generales de CCOO-PV, Paco Molina, y de UGT-PV, Conrado Hernández, han criticado este martes la decisión del Gobierno valenciano de no convocar oferta pública de empleo en 2011, por considerar que esta medida va "absolutamente a contracorriente de lo que necesitan las personas en la actualidad", en palabras de Molina.

   Así lo han señalado ambos en declaraciones a los periodistas al ser preguntados por el anuncio efectuado el pasado jueves en rueda de prensa por el vicepresidente segundo y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, de que la Generalitat no tiene previsto realizar oferta pública de empleo el próximo ejercicio, sino que recurrirá al concurso de traslados.
   Al respecto, Conrado Hernández ha asegurado que no comparten ese criterio y que, de hecho, les "parece muy mal" la decisión adoptada por el Consell.
   El líder de UGT-PV ha reivindicado que "tendría que haber oferta de empleo pública" para el próximo ejercicio, puesto que, en su opinión, "el empleo público es muy importante para dar estabilidad a la Comunitat Valenciana y para crear un empleo de calidad".
   Paco Molina ha reprobado que esa medida va "absolutamente a contracorriente de lo que necesitan las personas en la actualidad" y ha insistido en que "nunca se ha resuelto una situación de crisis tan larga en el tiempo, de tanta intensidad y tan violenta si no ha habido un respaldo, un compromiso y un impulso de carácter público".
   En su opinión, "el capital privado está desaparecido en la actualidad", por lo que "alguien, de manera transitoria, tiene que impulsar a los sectores económicos y a las inversiones productivas generadoras de empleo y dar protección a las personas". "Y eso no lo puede hacer nadie que no sea desde el ámbito público", ha subrayado.
   El secretario general de CCOO-PV ha apuntado asimismo que los presupuestos de la Generalitat para 2011 "no son unos presupuestos ni válidos ni útiles para resolver los problemas que tienen las valencianas y los valencianos" en el actual contexto de crisis, por lo que, a falta de la evaluación detallada del departamento técnico, la opinión del sindicato será "desfavorable" a esas cuentas.
   Molina ha criticado que el Consell, "en una época de restricción y caída de los ingresos brutal", opte por "cerrar las transferencias y las inversiones de la manera que lo hace" y por "no comprometer más recursos" para las personas que "más están sufriendo" la crisis, como los "más de 600.000 vaencianas y valencianos que no tendrán ningún ingreso en su unidad familiar" a finales de 2010.
   "Y no podemos continuar diciendo que se hace una política fiscal e impositiva justa en la actualidad", ha agregado.
   Molina ha incidido en que "la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía se hace ahora más necesaria que nunca". Por este motivo, considera que "hace falta que se incrementen los recursos para generar más posibilidades económicas para la industria, pero también de protección para las personas, que son las víctimas de una crisis que no han generado".
   Además, ha apuntado que "es imprescindible para el sostenimiento y generación de empleo que fluya el crédito", por considerar que "el mayor drama que tiene la económica es que no fluye el crédito ni para personas ni para empresas" dado que implica "una pérdida de empleo y de industria que difícilmente se podrá recuperar".

El Tribunal de Cuentas investiga un posible descubierto en el Ayuntamiento de Riba-roja

VALENCIA.- El Tribunal de Cuentas sigue juicio contable por un posible descubierto en los fondos del Ayuntamiento del municipio valenciano de Riba-roja como consecuencia de irregularidades detectadas en relación con los consumos de combustible de los vehículos municipales en los ejercicios 2007 y 2008.

   Así lo ha hecho público este tribunal en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), para dar cumplimiento de lo acordado por la consejera del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento del tribunal, por providencia de fecha 14 de octubre, dictada en el procedimiento de reintegro por alcance en el ramo de entidades locales.
   En el texto, el Tribunal afirma que investiga al consistorio de Riba-roja con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos personándose en forma dentro del plazo de nueve días.

Versión del PSPV
El PSPV de Riba-roja ha afirmado que el consistorio tiene más de 60.000 euros en gastos de combustible sin justificar desde 2007 a octubre de 2009, según ha comentado el portavoz de los socialistas, Roberto Raga.
   A este respecto, Raga ha comentado que desde 2007 el Ayuntamiento ha ido facturando dinero por combustible en vehículos que estaban incluso de baja, y también ha puesto como ejemplo que a un ciclomotor que admitía unos dos litros de gasolina se le ha hecho una factura por 50 litros. El encargado de autorizar estas facturas, según ha comentado el socialista, "era un cargo de confianza del alcalde".
   Como consecuencia de estas presuntas irregularidades, ha indicado que la interventora del consistorio puso en conocimiento del juzgado lo que estaba ocurriendo, y ha afirmado que se ha abierto una investigación en la que el PSPV está personado como acusación popular.

Sobredosis de aeropuertos aunque la rentabilidad social y económica de algunos está por ver

MADRID.- La explosión de los vuelos baratos en España y el motor turístico que suponen es uno de los factores que ha dado lugar en los últimos años a una formidable expansión aeroportuaria. El año pasado, de los 55,2 millones de llegadas de turistas internacionales, más de la mitad (el 54%) lo hicieron con aerolíneas de bajo coste, mientras que en 2003 sólo significaron 10 de 44,7 millones de visitas, publica hoy 'El País'.

En España hay 48 aeropuertos y un helipuerto dependiente de AENA. Además, el Gobierno catalán ha impulsado este año la base de Lleida, vecina del ya mencionado de Huesca (de uso comercial desde 2006 y a donde solo vuela Pyrenair, según figura en la web de AENA). La inversión privada, además, ha alumbrado uno en Ciudad Real (que ha suspendido pagos) y hay dos más en marcha: uno en Murcia y otro en Castellón. La Comunidad de Madrid añade leña: tiene suelo reservado para una base aérea internacional en Campo Real.
Se trata de instalaciones pequeñas, con escasos vuelos y pasajeros, que pugnan por poner su territorio en el mapa turístico. La cuestión es si habrá suficiente público para tanta infraestructura. AENA también ha ampliado en los últimos años Barajas (con la Terminal 4) y El Prat (T-1), además de Málaga.
Una de las últimas inauguraciones ha sido la de la nueva terminal del aeropuerto de León (una base militar con actividad comercial desde 1999 que el año pasado movió a algo más de 92.000 pasajeros). La nueva zona ha supuesto una inversión de 29 millones de euros, y multiplica la capacidad de 180 a 580 usuarios por hora. Cuando hace unos días lo inauguró, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó: "Este aeropuerto ahora pasa a tener una longitud de 3.000 metros; es decir, se sitúa entre los aeropuertos de primer nivel, de primera categoría, por ejemplo, como el de Málaga, que es el cuarto en el ranking de los aeropuertos de España".
La cuestión es: ¿hacía falta? A la vista del número de aeropuertos y el tráfico que mueven (ver gráfico), y las estrecheces presupuestarias derivadas de la crisis -el propio Gobierno ha dejado claro que ha acabado el festín de obra pública y apela a una mayor racionalidad-, crece el número de expertos que pone en tela de juicio el sentido de tanta infraestructura. AENA calcula que su deuda se situará en unos 13.000 millones de euros este año (el pasivo quedó en 11.412 millones en 2009) y calcula que dejará los números rojos en 2014. ¿Tiene España demasiados aeródromos?
"La respuesta está en la relación entre el coste y los beneficios (no solo económicos, sino también sociales) de la instalación. Así que hay que mirar caso por caso. Da igual el número de habitantes o la cercanía con otros, lo que importa es el resultado del coste-beneficio", insiste Ofelia Betancor, profesora del departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 
Betancor forma parte de un grupo de trabajo de Evaluación Económica de los Proyectos de Transporte, con fondos del Ministerio de Fomento, entre otros, que diseña un protocolo para medir la necesidad de una obra por previsión de demandas, costes, efectos, equidad social...
"Intuyo que algunos de los aeropuertos pueden no ser necesarios, pero hay que estudiar cada caso y preguntarnos: ¿cuál es el problema de conexión de esta zona?, ¿qué alternativas posibles de transportes hay y cuál es la más eficiente? Y entonces, escoger. No optar por impulsar una infraestructura sin saber exactamente por qué", añade.
Los aeropuertos se justifican por una necesidad de conectividad. Hay algunos pequeños en islas, como por ejemplo en La Gomera (34.609 pasajeros en 2009) cuyo resultado de explotación arroja unas pérdidas de 84 euros por pasajero, pero son necesarios para garantizar la conectividad.
¿Es también una necesidad básica para León, por ejemplo? Fuentes de AENA defienden que "León era una ciudad mal comunicada con Madrid y otros puntos. El AVE no había llegado cuando se proyectaron las obras, y la nueva terminal brinda muchas posibilidades de desarrollo económico, como pasó en su día con los aeropuertos de Reus o con Girona".
No solo AENA sucumbe al embrujo de los aeropuertos. El de Alguaire (Lleida) solo cuenta con la actividad de las aerolíneas Vueling y Ryanair los fines de semana, aunque está previsto que en breve aterrice también Pyrenair. En ocho meses ha movido a unos 50.000 pasajeros y el gobierno cree que tiene un recorrido mayor que otros muchos aeródromos españoles pequeños.
Para animar a las aerolíneas, la Generalitat y la Diputación pagan hasta 1,6 millones al año en subvenciones a estas aerolíneas. Además, el concurso público que lanzó el Gobierno para hallar un gestor aeroportuario privado quedó desierto (debía invertir 20 millones y pagar un canon anual de 2,2 millones para pilotar el aeropuerto durante 25 años).
El director de Puertos y Aeropuertos de la Generalitat de Cataluña, saca pecho: "Cuando lanzamos el concurso, en enero, era el peor momento de la crisis económica y las empresas, aunque estaban interesadas, no tenían apoyo de la banca, así que, de momento, hemos cambiado por un contrato de gestión por dos años", defiende Balaguer.
Cada esquiador que pasa una semana, calcula la Generalitat, realiza un gasto medio de 1.000 euros. "El aeropuerto es un motor económico para Lleida. Además, tenemos que ver bien de qué estamos hablando: la inversión ha sido de 95 millones, y la de Ciudad Real de 300 millones", enfatiza. Y cada kilómetro de vía de AVE cuesta entre 12 y 30 millones de euros en construcción.
Vueling anuló la ruta de Lleida a París por falta de clientes y ahora conecta con Palma y con Barcelona, que se encuentra a tan solo 160 kilómetros de distancia. El primer vuelo de esta corta ruta, previsto para el pasado domingo, tuvo que cancelarse porque solo dos personas habían comprado billetes. La aerolínea participada por Iberia dice que ese vuelo se programó por error, ya que la inauguración está prevista para el 5 de noviembre. A los clientes afectados les cambiaron el billete por dos pasajes en AVE, ya que el tren de alta velocidad también conecta ambas ciudades.
Fuentes cercanas a la estrategia de la aerolínea explican que estos enlaces "sirven para alimentar los vuelos desde Barcelona a otras ciudades europeas". Ayer Vueling se estrenó en el aeropuerto Quijote, de Ciudad Real, con un vuelo a Barcelona y mañana lo hará con otro a París.
AENA también apoya las nuevas rutas en aeropuertos emergentes, con ventajas de espacios publicitarios y tasas más atractivas: las de León, por ejemplo, bajarán un 22%. Es decir, que las tasas pueden ser más baratas en un aeropuerto, pero para todas las compañías por igual.
Germà Bel, catedrático de Economía Aplicada y experto en infraestructuras, se ha significado muchas veces al cuestionar la conveniencia de algunas inversiones potentes como el AVE o la proliferación de aeropuertos y la estructura radial de las redes de transporte. En su reciente libro España, capital París se despacha: "La sobreinversión realizada por AENA ha sido muy exagerada. Es difícil encontrar en el mundo ejemplos de expansiones aeroportuarias con un coste realtivo (y absoluto) tan elevado como las realizadas recientemente en Madrid-Barajas y en Barcelona-El Prat. Si acaso, las realizadas en Dubai y Pekín. Por teléfono, Bel profundiza: "¿Cada provincia debe tener un aeropuerto? ¿Es este un equipamiento de primera necesidad, como lo es un hospital o una universidad? Una cosa es garantizar la movilidad en un territorio y otra garantizarla por todos los medios de transporte existentes. Esa debe ser una decisión colectiva, no hay un análisis técnico detrás".
Un aeródromo es rentable a partir de medio millón de pasajeros anuales, según un estudio europeo de 2002 que cita el catedrático, pero el interés social también justifica la inversión. "La cuestión es si es una necesidad social para todos. Serán inversiones de primera necesidad", ironiza Bel, "pero, desde luego, lo son para muy poca gente".
"Algunos de estos proyectos responden a una política de construcción nacional, no de transporte, y eso es lo que permite explicar que se quiera poner un aeropuerto en cada provincia", remacha.
Castellón lo tendrá. El aeródromo está, en principio, a pocos meses de inaugurarse, después de 13 años proyectado. Ha supuesto una inversión de 155 millones y Air Nostrum ha mostrado interés por operar en él. Lo ha impulsado la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana a través de la sociedad Aerocas.
El retorno del esfuerzo se verá con el tiempo. Matilde Mas, catedrática de Fundamentos de Análisis Económico y experta del Instituto Valenciano de Análisis económicos (IVIE), recalca que "el boom de las aerolíneas de bajo coste ha hecho que la gente se mueva mucho y todos quieran un aeropuerto. Pero no es lo mismo lugares muy turísticos que otros". Además, "si solo opera una compañía en un aeropuerto, los precios son muy elevados y no haces precisamente un favor a la gente".
En el mundo de las infraestructuras se suele decir que una gran obra puede convertirse en un elefante blanco. La expresión se refiere a esos animales raros y costosísimos como una especie de regalo que requiere tal cuidado y manutención que, lejos de resultar una bendición, pueden resultar más costosos que el beneficio social o económico que generan. El reto que tienen las administraciones es lograr que ninguno de los aeropuertos se convierta en uno de esos elefantes.

El PP convierte la Comunidad Valenciana en 'reino' de la impunidad

VALENCIA.- Un año de suspensión rebajado a 10 meses. Esa ha sido toda la factura política que, de momento, ha pagado el PP por los casos de corrupción destapados en la Comunidad Valenciana . La lista de implicados incluye al presidente de la Generalitat y los presidentes de las Diputaciones de Castellón y Alicante, todos ellos imputados, a seis consejeros vinculados en una u otra medida, además de cerca de una docena de alcaldes o ex alcaldes que han sido también imputados por el juez o acusados por la fiscalía. Y ni una sola dimisión, resalta 'El País'.

El caso Gürtel se llevó por delante a nueve altos cargos, además de otros intermedios, en la Comunidad de Madrid. Cuatro alcaldes, un diputado nacional, dos autonómicos, un consejero de la presidenta Esperanza Aguirre y un senador dejaron sus puestos. Todos sus nombres están incluidos en las diligencias de una investigación que destapó una importante trama corrupta encabezada por Francisco Correa y vinculada a distintos Gobiernos del PP.
De la misma manera que aparecieron los nombres de los cargos madrileños, se escribieron los de los cargos del PP valenciano. Protagonizaron significativas conversaciones telefónicas y, en algunos casos, fueron señalados por los jueces como presuntos autores de algunos de los delitos más graves que puede cometer un cargo público. Pero no pasó nada. Ni una dimisión.
Una cacareada suspensión de militancia al entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, fue la única señal de una inexistente reacción, ya que solo afectó a uno de los entonces 20 dirigentes salpicados por la corrupción.
Para entonces, la senda ya estaba marcada por el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que lleva casi siete años imputado. El código ético del PP cayó en desuso y la imputación dejó de ser motivo de expulsión del partido. Ni siquiera una sentencia contraria es un tope a la vida política en el PP. "La sentencia no es firme hasta el último estado", dijo Fabra, en referencia al Tribunal Europeo de Estrasburgo que, como ha dicho en alguna ocasión, es al que recurrirá en el caso de que la justicia española lo considere culpable.
Desde el inicio del caso Fabra se han celebrado cinco procesos electorales y, uno detrás de otro, Carlos Fabra ha mantenido su mayoría. Con ese valor, el presidente de la Diputación de Castellón ha exigido, y conseguido, el apoyo de la dirección del PP valenciano y, por extensión, el del PP nacional, con Mariano Rajoy a la cabeza. Ese mismo valor ha sido el exhibido por Camps en Valencia y Joaquín Ripoll en Alicante ante la dirección nacional, que no se ha atrevido a imponer otras conductas éticas o, al menos, estéticas, ante la ostentación de unas encuestas que vaticinan que el PP revalidará su victoria en la Comunidad Valenciana.
La explicación a esta falta de reacción social puede encontrarse en la catedrática de Ética, Adela Cortina, que considera que uno de los defectos característicos de la sociedad valenciana es el "meninfotisme", traducible como "pasotismo" que, en cualquier caso, explica como defecto, "porque somos poco beligerantes", y virtud, "porque llevamos la tolerancia metida en los huesos". La cuestión es que en la sociedad valenciana no cala la idea de que la corrupción no tiene porqué ser parte de la política.
Al margen del amparo de las encuestas, los cargos del PP implicados en casos de corrupción han pasado a empuñar, públicamente, un mismo arma de defensa, que no es otra que el ataque a policía, investigadores, incluso fiscales, señalándolos como brazos ejecutores de una supuesta estrategia socialista. Y con esta argumentación despliegan un mismo discurso en el que hablan de "campañas orquestadas" y de la presunción de inocencia, sin diferenciar la responsabilidad judicial con la política.
Las consecuencias del destapado caso Brugal en Alicante también han evidenciado el afianzamiento de la impunidad entre los cargos del PP. "¿Por qué algunos de los integrantes socialistas implicados en el caso Brugal renuncian a sus cargos con tan poco avance procesal?", se preguntó extrañado el vicesecretario de Comunicación del PP, el valenciano Esteban González Pons. "Es que nosotros no somos unos sinvergüenzas", le contestó el secretario de los socialistas valencianos, Jorge Alarte.
El caso es que la Comunidad Valenciana ocupaba, hace años, un lugar en el mapa de autonomías señaladas por la modernidad. Actualmente, ni los grandes eventos programados por el Gobierno valenciano, colapsado por su deuda y su necesidad de tapar las continuas noticias relativas a la corrupción, logran que la percepción que el resto del país tiene de la Comunidad Valenciana sea otra que la de una autonomía claramente marcada por los escándalos políticos.
Los décimos de lotería premiados de Carlos Fabra; el "amiguito del alma" con el que Camps se dirigía a El Bigotes, implicado en una trama con la que todo el mundo aprendió cómo se dice correa en alemán; viajes en yate con empresarios alicantinos que luego resultaron adjudicatarios de concursos públicos; y fundaciones que gastan el dinero en pisos en lugar de hacerlo en cooperación internacional son algunos de los méritos de los cargos del PP, que siguen cobrando sueldos públicos, por los que la Comunidad Valenciana se ha convertido en capital de la impunidad política.