MADRID.- El anunciado relevo en el Banco de España,
habida cuenta de que el actual gobernador, Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, abandona el cargo el día 10 de junio, puede abrir un nuevo
conflicto jurídico entre dos leyes sobre si el candidato debe o no
comparecer previamente ante el Congreso para ser examinado.
Esta situación deriva de la Ley de 2006 de Conflicto de Intereses
de los Altos Cargos, que dejó establecido que los candidatos a los
órganos constitucionales y reguladores debe ser sometidos a un examen en
el Congreso "con carácter previo al nombramiento" para certificar su
idoneidad para el puesto y la ausencia de incompatibilidades.
El conflicto jurídico ya se produjo con el presidente del Consejo
de Estado, José Manuel Romay Beccaría, que no se sometió a examen previo
porque el Gobierno, cuando le nombró, optó por seguir la ley específica
de la institución, más antigua que la de 2006 pero de mayor rango por
su carácter orgánico.
Ante las protestas del PSOE, al final el Gobierno congeló el
nombramiento hasta que Romay Beccaría compareció en el Congreso, donde
pasó el examen sin problemas, y fue después cuando ya tomó posesión.
Con el Banco de España puede suceder ahora lo mismo, según
aseguran fuentes parlamentarias. La ley del organismo
regulador, de 1994, establece que el gobernador será nombrado por el
Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, y que, "con carácter
previo", el ministro de Economía y Hacienda habrá de informar al
Congreso sobre el candidato.
En cambio la citada ley de 2006 da a entender que quien debe ser
examinado con carácter previo es el propio candidato a gobernador, pues
habla de que el examen de idoneidad es exigible al "presidente y los
miembros de los órganos rectores de cualquier organismo regulador y de
supervisión".
La cuestión es que no hay mucho tiempo para decidir el
procedimiento, habida cuenta de que Fernández Ordóñez ha anunciado su
marcha para el día 10 y se espera que su sustituto esté ya en su
despacho al día siguiente, lunes 11 de junio, cuando recibirá los
resultados de las auditorías independientes sobre el sector financiero
encargadas a dos empresas extranjeras.
Los ajustados plazos harían por tanto necesario que socialistas y
'populares' negociaran esta decisión a lo largo de esta próxima semana,
especialmente si es necesario que el candidato comparezca en la Cámara
baja, si bien la presidenta de la Comisión de Economía, Elvira
Rodríguez, ha confirmado que este órgano no tiene
prevista ninguna sesión hasta la semana siguiente.
En todo caso, se espera que esta vez el relevo en la cúpula del
Banco de España se haga con consenso entre los dos grandes partidos, con
opción a que el PSOE pueda aportar nombres para el puesto de
subgobernador.
Hasta ahora despuntan tres nombres para suceder a Fernández
Ordóñez: Luis María Linde, que acaba de ser nombrado consejero y cuya
edad no le permitiría completar su mandato (todo gobernador debe dejar
el cargo al cumplir 70 años); Fernando Bécquer, consejero autonómico y
alto cargo del PP en los noventa y actualmente directivo de Iberdrola
pero también de la nacionalizada Bankia; y José Luis González Páramo,
que acaba ahora mandato en el Banco Central Europeo (BCE).
Como subgobernador y a sugerencia del PSOE se ha mencionado a
Vicente Salas, el consejero del Banco de España que ha sido relevado
hace sólo una semana.
Los socialistas se fían de la palabra del ministro Luis De Guindos
de que elegirán a alguien con un "perfil profesional y adecuado" y
esperan que no haya motivo para que tener que protestar. Por el mismo
motivo, también confían en que el PP no les ponga trabas al nombre que
propongan como subgobernador.
Lo que sí han acordado los dos grandes partidos es negociar los
nombramientos lo más cerca posible a la sucesión para evitar
filtraciones y situaciones de interinidad. Ahí se decidirá quién
presenta la propuesta al Parlamento, si es el ministro Luis De Guindos,
como parece más probable, o se habilita una comparecencia del candidato a
gobernador.
